El poder detrás del poder: las mineras beneficiadas si se reforma la Ley de GlaciaresPor Ana Chayle
Desde Catamarca
El proyecto del gobierno de Javier Milei para reformar la Ley de Glaciares encendió las alarmas a lo largo de toda la cordillera de los Andes, pero no sorprendió. "Esta es una pulseada muy vieja", afirma Raúl Orduña, integrante de la Asamblea por el Agua del Valle de Calingasta, de San Juan, y hace un recorrido histórico por el veto de la entonces presidenta Cristina Fernández y los recursos de inconstitucionalidad que presentaron grandes corporaciones mineras como Barrick Gold y Xtrata Cooper. Así, el proyecto de modificación se inscribe como una nueva estrategia de las empresas "para derribar la ley o flexibilizarla, modificarla o desnaturalizarla", manifiesta Orduña.
Porque no hay dudas: "La reforma es un pedido de las grandes corporaciones". Los afirman a Tierra Viva asambleístas de Jáchal y Calingasta (San Juan), Andalgalá (Catamarca), Chilecito (La Rioja) y Uspallata (Mendoza). Para Sergio Martínez, de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá, el proyecto legislativo demuestra claramente "el poder de influencia que tienen las multinacionales mineras, no sólo en el Ejecutivo nacional, sino en el Congreso de la Nación". Aunque podría resultar escandaloso, las empresas lo dicen sin sonrojarse: en 2020, Yamana Gold -entonces propietaria del proyecto Agua Rica, en Andalgalá- anunció un plan de comunicaciones "con el objetivo primario de contribuir a generar licencia social para operar e influir en el marco regulatorio".
De aprobarse, la reforma legislativa se sumaría a los beneficios impositivos que significa el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) -que se extendió un año- "para que el saqueo sea total", opina Analía Roggiano Voi, de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata. No es de extrañar que algunas de las empresas que solicitaron la adhesión al RIGI sean las que se encuentran cuestionadas por avanzar con proyectos en zonas hoy protegidas por la Ley de Glaciares.
Glencore, con sus proyectos MARA y El Pachón (en Catamarca y San Juan), BHP y Lundin Mining, al frente del proyecto Vicuña (San Juan), y McEwen Cooper en el proyecto Los Azules (San Juan), son algunas de las corporaciones que recibirían los beneficios de este "combo perfecto", armado por el gobierno nacional y promovido por gobernadores aliados, al mando en provincias que, paradójicamente, serían las primeras en sufrir las consecuencias de la afectación de glaciares: Mendoza, San Juan, Catamarca y Salta.
A medida de Vicuña
Entre los proyectos más promocionados por los gobiernos y sus medios repitentes, está Vicuña, de la canadiense Lundin Mining y la anglo-australiana BHP. Enclavado en el extremo noroeste de la provincia de San Juan, en el límite con Chile, Vicuña fusiona los proyectos Josemaría y Filo del Sol, de los que se pretende extraer cobre, oro y plata. Mientras el gobierno provincial afirma que la vida útil de Josemaría podría extenderse a 25 años, Lundin promociona una explotación que superaría los 70 años. Llamativa diferencia. Mientras, la vida útil de Filo del Sol sería de 14 años. Aunque el proyecto se promociona como aliado de la transición energética, sólo Josemaría consumiría más electricidad que todo San Juan.
Además, la Asamblea Jáchal No Se Toca denuncia que la explotación de Josemaría destruiría el glaciar GE110. La prueba está en el propio Informe de Impacto Ambiental (IIA) del proyecto, que grafica superpuestos el glaciar y el pozoque generarían las explosiones.
Saúl Zeballos, integrante de esa organización, relata el arduo trabajo que significó que ese glaciar fuera reconocido e incorporado al Inventario Nacional de Glaciares, en 2022. Sin embargo, el proyecto de reforma vuelve a ponerlo en peligro.
"BHP y Lundin Mining necesitan que se aprueben las modificaciones a la Ley Nacional de Glaciares, para que el gobierno de San Juan directamente desafecte ese glaciar del inventario nacional y, así, poder destruirlo sin consecuencias legales", afirma Zeballos.
En diciembre último, Vicuña presentó su solicitud para adherir al RIGI. En febrero, la empresa anunció una inversión de 7.000 millones de dólares hasta 2030, cuando tiene previsto comenzar la explotación. Mientras los funcionarios se palmean entre ellos, la corporación festeja "la "reducción de las tasas del impuesto a las ganancias y de retenciones, exención de derechos de importación, un régimen mejorado de IVA, estabilidad por 40 años desde el inicio de operaciones y acceso a arbitraje internacional en caso de disputas".
Lo último no es un detalle menor: BHP y Lundin enfrentan demandas en los territorios donde operan. Estas empresas acumulan denuncias por desastres ambientales, muertes, violencia y demandas laborales en Chile, Brasil, Australia y países de África. En noviembre de 2025, un Tribunal británico declaró a BHP como responsable del peor desastre ambiental en Brasil, que costó la muerte de 19 personas, desplazó a miles y contaminó un río.
Una puerta de entrada
"El glaciar El Potro es el más grande de todo el norte argentino y chileno", afirma Federico Garrot, guía turístico, montañista e integrante de la Asamblea por la Vida de Chilecito, y explica que el cuerpo de hielo se encuentra en un 40 por ciento en La Rioja y un 60 en el país vecino. En un informe publicado en 2012 por el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha) se lee: "Es tan grande el glaciar El Potro que podría darle a toda la población argentina un litro de agua cada día durante 30 años".
Josemaría y Filo del Sol son apenas dos de los proyectos que se encuentran diseminados alrededor de este glaciar, señala Garrot. Años atrás, estos proyectos formaron parte del mega-emprendimiento Constelaciones, junto con Los Helados, Lunahuasi y otros. En caso de avanzar, la reforma de la Ley daría luz verde también para la explotación de estos yacimientos. Mientras Josemaría se encuentra a escasos tres kilómetros de este glaciar, otros como Lunahuasi estarían a pocos metros, e incluso uno de ellos, Cerro Blanco, debajo del gigante helado.
"Una de sus lenguas da origen al río Blanco, en el límite entre La Rioja y Catamarca", relata Garrot. Este curso de agua nutre al río Jáchal, en San Juan, y continuará su recorrido por Mendoza, San Luis, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires, hasta desembocar en el mar. Da nacimiento, así, a la cuenca del Desaguadero, la más extensa del país, y ofrece un ejemplo gráfico de algo que sostienen expertos y ciudadanos comunes: los glaciares y los ríos no reconocen fronteras políticas. Los daños, tampoco.
Glencore en las montañas de Andalgalá sin respetar la Ley de Glaciares
"Si se llegara aprobar esta pretendida modificación de la Ley de Glaciares, sería básicamente el certificado de defunción de Andalgalá", expresa, sin medias tintas, Sergio Martínez, técnico superior en Gestión Ambiental e integrante de la Asamblea El Algarrobo. Lo dice desde el oeste de Catamarca, primer territorio donde se implementó la megaminería a cielo abierto en el país y donde hoy está en marcha el proyecto MARA (Minera Agua Rica Alumbrera), de la corporación anglo-suiza Glencore.
Informes oficiales elaborados por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia), el Servicio Geológico Minero (Segemar) y el Ministerio de Ambiente de la Nación (luego de una inspección ocular en 2021), señalan la existencia de glaciares y ambiente periglacial en la zona del yacimiento Agua Rica. Sin embargo, a sabiendas de esto, funcionarios provinciales y nacionales suscribieron el acuerdo de integración de las mineras Agua Rica y Alumbrera y avalaron así un proyecto que infringe la Ley de Glaciares. Esto determinó el inicio de una causa federal por incumplimiento de sus deberes y que tiene a ocho funcionarios públicos con procesamientos firmes.
Con este antecedente, Martínez no duda y señala que dejar la decisión a las provincias "es básicamente poner a cuidar al zorro las gallinas". Y agrega que "en todos estos años, el gobierno de Catamarca no sólo no ha escuchado los informes del propio Estado, sino que ha dado vía libre a las mineras para que trabajen en zonas absolutamente prohibidas".
La amenaza de Filo Colorado
Pero el peligro va más allá, explica Martínez, porque "no solamente estaríamos ya ante la pretendida explotación de Agua Rica, sino también de Filo Colorado, que es otro yacimiento donde hay uranio y otros minerales como tierras raras, además de oro y cobre". Un informe del Cedha denunció, en 2011, que las actividades de exploración en este yacimiento, realizadas por la corporación anglo suiza Xtrata Cooper (adquirida por Glencore en 2013), ya habían dañado glaciares y ambiente periglacial, donde nace el río Candado, uno de los principales afluentes del río Andalgalá.
Para el asambleísta, hay un plan de explotación que abarca todo el cordón montañoso del Aconquija, lo cual implica un peligro no sólo para Andalgalá, sino también para otros poblados de Catamarca y Tucumán, que dependen de los ríos que nacen ahí. "Si uno ve los mapas de los pedimentos mineros que existen en Andalgalá, hay cuadrículas con números de expediente, que abarcan toda la zona de los Nevados del Aconquija", declara.
Avance minero en Calingasta
Situado en el extremo suroeste de San Juan, el departamento Calingasta ocupa el 25 por ciento del territorio provincial. Forma parte de la región de los Andes Centrales que, según el Atlas de glaciares de la Argentina, editado por el Ianiglia, "es conocida como una de las de mayor densidad de glaciares de escombros" a nivel mundial.
En este departamento se sitúan, también, los proyectos mineros Los Azules y El Pachón, que buscan extraer cobre en zonas donde la actual Ley Nacional de Glaciares lo prohíbe. "Donde están asentados esos proyectos, nace el río Blanco, principal afluente del río Los Patos", explica Raúl Orduña mientras grafica el recorrido: ese río es a su vez uno de los mayores aportantes del río San Juan, el principal curso de agua de la provincia y responsable de dar vida al Valle del Tulum, polo agrícola y urbano, que concentra a más del 73 por ciento de la población sanjuanina.
Orduña vive en Barreal, "el primer poblado, aguas abajo, de la zona donde están estos proyectos", indica. Es abogado, artesano y bioconstructor e integra la Asamblea socioambiental Agüita Pura por San Juan y la recién nacida Asamblea Por el Agua del Valle de Calingasta. No es casual la conformación de la asamblea calingastina en diciembre último, durante la embestida contra la Ley de Glaciares y el espaldarazo nacional a las corporaciones mineras: no sólo los ríos de la región nacen en los glaciares, sino que se estima que, por día, sólo El Pachón y Los Azules consumirán 120 millones de litros del agua que éstos proveen, subraya Orduña.
Vía libre para Los Azules
Los Azules es el nombre de un yacimiento de cobre ubicado a 3500 metros sobre el nivel del mar, en plena cordillera de Los Andes. Está situado a unos 80 kilómetros al noroeste de la ciudad de Calingasta y a unos seis kilómetros del límite con Chile. Es propiedad de Andes Corporación Minera, una empresa subsidiaria de la firma canadiense McEwen Cooper, que posee más del 46 por ciento de las acciones, seguida por la automotriz neerlandesa Stellantis, la minera británica Río Tinto -con poco más del 18 y 17 por ciento, respectivamente- y otros accionistas.
En diciembre de 2024, el gobierno de San Juan aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto, que no es otra cosa que el permiso para iniciar la explotación, y anteriormente había aprobado el Informe de Impacto Ambiental (IIA). Todo pese a que aún "le falta un detallito muy importante, que es la cantidad de agua", apunta Orduña. Lo dice irónicamente, porque no es sólo un detalle: "El agua es el principal insumo de la actividad minera", explica. En su página oficial, la empresa admite que "las solicitudes de permiso de concesión de agua se encuentran actualmente en revisión con el gobierno provincial".
En sintonía, el Ejecutivo nacional aprobó la solicitud de adhesión al RIGI de Los Azules en setiembre de 2025, por un monto de 2672 millones de dólares. En su página oficial, la corporación McEwen Cooper afirma sin tapujos que esta adhesión, entre otros beneficios, le permitirá "simplificar los procedimientos aduaneros, incluidas las exenciones de derechos e impuestos para la importación de bienes de capital y la capacidad de dejar el producto de la exportación en cuentas bancarias extranjeras, disponibles para ser aplicados al pago de la deuda o cualquier otro objetivo".
Ya destruyen glaciares
Mientras los gobiernos provincial y nacional dan luz verde al proyecto, sobre Los Azules ya pesan denuncias por daños a glaciares y ambiente periglacial ocasionados durante la exploración. En un informe detallado, Juan Pablo Milana, doctor en Ciencias Geológicas especializado en Glaciología y Criogeología, enumera los daños en la zona del proyecto: más de 77 kilómetros de caminos, 82 plataformas de perforación y ocho kilómetros de zanjas en suelos congelados, once glaciares de roca y cuatro protalus lobes (formaciones periglaciales de escombros rocosos, nieve y hielo) intervenidos. Pero no son las únicas afectaciones, ya que cinco glaciares de roca y un glaciar descubierto han sido intervenidos en el camino de acceso minero, del que al menos 31 kilómetros atraviesan suelos congelados, según señala el mismo informe.
Este documento fue elaborado a pedido de los propietarios de la estancia Campos Cortez-Monroy, que mantiene desde hace años una demanda contra la corporación minera por evadir el pago de servidumbre. No es el único conflicto judicial que envuelve a McEwen en Argentina. Durante la pandemia por Covid-19, 220 empleados de la mina de oro y plata San José, en Santa Cruz, demandaron a la firma canadiense (que posee el 49 por ciento de las acciones) por reducirles en un 25 por ciento los salarios, tras labrar a sus espaldas un acuerdo con la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA).
Una larga pulseada contra la Ley de Glaciares
Xtrata Cooper fue la segunda empresa en presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Glaciares, porque frenaba el avance del proyecto El Pachón. En junio de 2019, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) rechazó la demanda y reafirmó el carácter constitucional de la ley. Para Orduña no es un dato menor que tanto Barrick Gold (a cargo de Pascua Lama y Veladero) como Xtrata Cooper (entonces propietaria de El Pachón) fueron acompañadas por el gobierno sanjuanino en sus demandas contra la ley.
El Pachón es un yacimiento de cobre, molibdeno y plata ubicado en Calingasta, a cinco kilómetros de la frontera con Chile, entre los 3600 y 4200 metros sobre el nivel del mar. Aunque la corporación anglo suiza Glencore -actual propietaria del proyecto- no presentó aún el Informe de Impacto Ambiental (IIA), el portfolio publicado por el gobierno nacional anticipa que empezaría a producir en 2034 y tendría una vida útil superior a los 40 años.
Según relata la empresa en su página oficial, los estudios de factibilidad de El Pachón concluyeron hace medio siglo (en 1977), pero "el contexto socioeconómico retrasó el avance del proyecto". Nada dice de la traba que significó, a partir de 2010, la Ley Nacional de Glaciares, aunque el propio CEO de Glencore en Argentina, Martín Pérez de Solay, admitió en una entrevista con el diario Tiempo de San Juan que "tenemos un glaciar en Pachón".
Pese a que el empresario minero minimizó la importancia del glaciar, podría estar refiriéndose a "un glaciar de escombros que tiene unos 36.000 metros cuadrados y que está en el open pit o tajo" que generaría la explotación del yacimiento, expone Orduña. Este glaciar aún no tiene un nombre, pero sí un número largo que lo identifica en los inventarios nacional y provincial. En febrero de 2023, el gobierno sanjuanino, entonces al mando de Sergio Uñac (Unión por la Patria), había "desafectado" el glaciar y solicitado al Ianiglia que hiciera lo mismo, aunque sin éxito. "Obviamente, esto les impidió hacer legal el desarrollo de El Pachón", señala Orduña.
Pero no sería el único glaciar en peligro. Según un informe publicado en 2011 por el la ONG Cedha, la explotación del yacimiento afectaría al menos 200 glaciares y una gran extensión de ambiente periglacial. Esta fundación llevó el caso incluso a tribunales internacionales: en 2011 denunció a la empresa ante el Punto Nacional de Contacto (PNC), en Australia, por violar las líneas directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para empresas multinacionales.
Aunque aún no presentó el Informe de Impacto Ambiental (IIA), el proyecto ya obtuvo la concesión de agua y solicitó la adhesión al RIGI, tanto para El Pachón como para MARA (en Catamarca). No serían trabas para obtener estos beneficios las denuncias que pesan sobre Glencore en todo el mundo. Su prontuarioabarca desde sobornos y manipulación de mercado en Nigeria, Camerún, Costa de Marfil, Guinea Ecuatorial, República Democrática del Congo, Brasil y Venezuela, hasta denuncias por financiamiento de lucha armada en Colombia, y corrupción, daños ambientales, evasión fiscal y desplazamiento de poblaciones en Perú y Colombia.
Además, Glencore ha sido señalada, en un informe de la relatora especial de Naciones Unidas, Francesca Albanese, como una de las empresas de la "economía del genocidio" en Gaza, Palestina.
Avanzada megaminera en Mendoza
Durante un discurso en Corrientes, en diciembre de 2025, el presidente Javier Milei volvió a cargar contra la Ley de Glaciares y afirmó que la idea de reformarla se la debía al gobernador mendocino Alfredo Cornejo (Cambia Mendoza). Precisamente en esta provincia es donde se registró la mayor embestida megaminera de los últimos años, con la aprobación exprés de 61 proyectos mineros en el llamado Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO) y del proyecto San Jorge, renombrado PSJ Cobre Mendocino, en Uspallata.
Casi desapercibido pasó, entre tantas aprobaciones, la implementación de la "Guía de la Autoridad Ambiental Minera de Mendoza: estudios de glaciares y ambiente periglacial en proyectos mineros", un protocolo que, en resumidas cuentas, busca habilitar la actividad minera en estas zonas. La guía se basa en un informe realizado por la consultora Mountain Pass, con sede en Estados Unidos, que ofrece servicios ambientales y geológicos a empresas mineras.
En sus conclusiones, puede leerse: "Si existe un sector de claro interés económico, se estiman las áreas a impactar en caso de una explotación (...). Ese sector (o sectores) a ser impactados ahora deben ser analizados por su potencial valor hídrico. Es muy probable que el porcentaje de área a ser impactada sea muy reducido y el valor hídrico poco significativo".
Este protocolo adquiere fuerza de ley una vez que se aprueba la DIA de cada proyecto. En contraste, las aprobaciones de MDMO I y II se lograron pese a los dictámenes técnicos del Ianiglia, que pidió rechazar 25 proyectos en total, por encontrarse en áreas glaciares y periglaciales. Los legisladores sólo rechazaron dos, mientras el resto de los proyectos -la mayoría de cobre- avanzan con el visto bueno del Gobierno.
Derechos en retroceso
Mientras la libertad para las empresas avanza, "en materia de derechos humanos estamos hablando de una legislación regresiva", apunta Martínez, y Orduña subraya "la inconstitucionalidad manifiesta del proyecto de ley, porque viola el principio de no regresión". Roggiano añade: "Son todas cosas que desprotegen a las comunidades. Todo el tiempo nos están sacando los acuerdos básicos que tenemos para que se desarrolle la vida en esta zona". Y trae a su relato la flexibilización de la Ley mendocina 7722, conocida como la "ley guardiana del agua".
En un escenario de cambio climático, con una advertencia por el retroceso de glaciares y de emergencia hídrica en varias provincias, el proyecto de reforma resulta "un contrasentido", define Zeballos. El asambleísta grafica el contexto con datos: en enero y febrero de este año, los ríos de San Juan "han traído el 40 por ciento menos que lo pronosticado". Y recuerda que "nuestros ríos son de régimen nivo-glaciar-periglacial" y por eso es tan importante proteger estos ambientes. Garrot explica que el permafrost no es simplemente suelo congelado: "Es el primero que da agua con los primeros calores, es lo primero que se empieza a derretir y armar esos cursos de agua".
Como si hiciera falta, Zeballos remarca que no se trata de una simple ley: "Está en juego la vida de nuestros pueblos, con todas las actividades que dependen del agua". Para Roggiano, desproteger las reservas hídricas equivale a "que nos estén echando" y Zeballos acompaña esa visión: "No queremos terminar alimentando las villas miserias de las grandes ciudades".
Mientras empresarios, funcionarios y medios afines endurecen el lobby minero, habitantes de todas las provincias se manifiestan en las calles y en las redes digitales contra la reforma de la ley, y se preparan para participar de una audiencia pública que, por la cantidad de personas inscriptas, ya es histórica. Y ante este ataque a las reservas de agua, los asambleístas coinciden en la necesidad de profundizar y unificar las luchas. "Esto no es nuevo -afirma Orduña- eso es un capítulo más y hay que resistir".
Fuente: Noticias Ambientales
Por Ana Chayle
Desde Catamarca
El proyecto del gobierno de Javier Milei para reformar la Ley de Glaciares encendió las alarmas a lo largo de toda la cordillera de los Andes, pero no sorprendió. "Esta es una pulseada muy vieja", afirma Raúl Orduña, integrante de la Asamblea por el Agua del Valle de Calingasta, de San Juan, y hace un recorrido histórico por el veto de la entonces presidenta Cristina Fernández y los recursos de inconstitucionalidad que presentaron grandes corporaciones mineras como Barrick Gold y Xtrata Cooper. Así, el proyecto de modificación se inscribe como una nueva estrategia de las empresas "para derribar la ley o flexibilizarla, modificarla o desnaturalizarla", manifiesta Orduña.
Porque no hay dudas: "La reforma es un pedido de las grandes corporaciones". Los afirman a Tierra Viva asambleístas de Jáchal y Calingasta (San Juan), Andalgalá (Catamarca), Chilecito (La Rioja) y Uspallata (Mendoza). Para Sergio Martínez, de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá, el proyecto legislativo demuestra claramente "el poder de influencia que tienen las multinacionales mineras, no sólo en el Ejecutivo nacional, sino en el Congreso de la Nación". Aunque podría resultar escandaloso, las empresas lo dicen sin sonrojarse: en 2020, Yamana Gold -entonces propietaria del proyecto Agua Rica, en Andalgalá- anunció un plan de comunicaciones "con el objetivo primario de contribuir a generar licencia social para operar e influir en el marco regulatorio".
De aprobarse, la reforma legislativa se sumaría a los beneficios impositivos que significa el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) -que se extendió un año- "para que el saqueo sea total", opina Analía Roggiano Voi, de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata. No es de extrañar que algunas de las empresas que solicitaron la adhesión al RIGI sean las que se encuentran cuestionadas por avanzar con proyectos en zonas hoy protegidas por la Ley de Glaciares.
Glencore, con sus proyectos MARA y El Pachón (en Catamarca y San Juan), BHP y Lundin Mining, al frente del proyecto Vicuña (San Juan), y McEwen Cooper en el proyecto Los Azules (San Juan), son algunas de las corporaciones que recibirían los beneficios de este "combo perfecto", armado por el gobierno nacional y promovido por gobernadores aliados, al mando en provincias que, paradójicamente, serían las primeras en sufrir las consecuencias de la afectación de glaciares: Mendoza, San Juan, Catamarca y Salta.
A medida de Vicuña
Entre los proyectos más promocionados por los gobiernos y sus medios repitentes, está Vicuña, de la canadiense Lundin Mining y la anglo-australiana BHP. Enclavado en el extremo noroeste de la provincia de San Juan, en el límite con Chile, Vicuña fusiona los proyectos Josemaría y Filo del Sol, de los que se pretende extraer cobre, oro y plata. Mientras el gobierno provincial afirma que la vida útil de Josemaría podría extenderse a 25 años, Lundin promociona una explotación que superaría los 70 años. Llamativa diferencia. Mientras, la vida útil de Filo del Sol sería de 14 años. Aunque el proyecto se promociona como aliado de la transición energética, sólo Josemaría consumiría más electricidad que todo San Juan.
Además, la Asamblea Jáchal No Se Toca denuncia que la explotación de Josemaría destruiría el glaciar GE110. La prueba está en el propio Informe de Impacto Ambiental (IIA) del proyecto, que grafica superpuestos el glaciar y el pozoque generarían las explosiones.
Saúl Zeballos, integrante de esa organización, relata el arduo trabajo que significó que ese glaciar fuera reconocido e incorporado al Inventario Nacional de Glaciares, en 2022. Sin embargo, el proyecto de reforma vuelve a ponerlo en peligro.
"BHP y Lundin Mining necesitan que se aprueben las modificaciones a la Ley Nacional de Glaciares, para que el gobierno de San Juan directamente desafecte ese glaciar del inventario nacional y, así, poder destruirlo sin consecuencias legales", afirma Zeballos.
En diciembre último, Vicuña presentó su solicitud para adherir al RIGI. En febrero, la empresa anunció una inversión de 7.000 millones de dólares hasta 2030, cuando tiene previsto comenzar la explotación. Mientras los funcionarios se palmean entre ellos, la corporación festeja "la "reducción de las tasas del impuesto a las ganancias y de retenciones, exención de derechos de importación, un régimen mejorado de IVA, estabilidad por 40 años desde el inicio de operaciones y acceso a arbitraje internacional en caso de disputas".
Lo último no es un detalle menor: BHP y Lundin enfrentan demandas en los territorios donde operan. Estas empresas acumulan denuncias por desastres ambientales, muertes, violencia y demandas laborales en Chile, Brasil, Australia y países de África. En noviembre de 2025, un Tribunal británico declaró a BHP como responsable del peor desastre ambiental en Brasil, que costó la muerte de 19 personas, desplazó a miles y contaminó un río.
Una puerta de entrada
"El glaciar El Potro es el más grande de todo el norte argentino y chileno", afirma Federico Garrot, guía turístico, montañista e integrante de la Asamblea por la Vida de Chilecito, y explica que el cuerpo de hielo se encuentra en un 40 por ciento en La Rioja y un 60 en el país vecino. En un informe publicado en 2012 por el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha) se lee: "Es tan grande el glaciar El Potro que podría darle a toda la población argentina un litro de agua cada día durante 30 años".
Josemaría y Filo del Sol son apenas dos de los proyectos que se encuentran diseminados alrededor de este glaciar, señala Garrot. Años atrás, estos proyectos formaron parte del mega-emprendimiento Constelaciones, junto con Los Helados, Lunahuasi y otros. En caso de avanzar, la reforma de la Ley daría luz verde también para la explotación de estos yacimientos. Mientras Josemaría se encuentra a escasos tres kilómetros de este glaciar, otros como Lunahuasi estarían a pocos metros, e incluso uno de ellos, Cerro Blanco, debajo del gigante helado.
"Una de sus lenguas da origen al río Blanco, en el límite entre La Rioja y Catamarca", relata Garrot. Este curso de agua nutre al río Jáchal, en San Juan, y continuará su recorrido por Mendoza, San Luis, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires, hasta desembocar en el mar. Da nacimiento, así, a la cuenca del Desaguadero, la más extensa del país, y ofrece un ejemplo gráfico de algo que sostienen expertos y ciudadanos comunes: los glaciares y los ríos no reconocen fronteras políticas. Los daños, tampoco.
Glencore en las montañas de Andalgalá sin respetar la Ley de Glaciares
"Si se llegara aprobar esta pretendida modificación de la Ley de Glaciares, sería básicamente el certificado de defunción de Andalgalá", expresa, sin medias tintas, Sergio Martínez, técnico superior en Gestión Ambiental e integrante de la Asamblea El Algarrobo. Lo dice desde el oeste de Catamarca, primer territorio donde se implementó la megaminería a cielo abierto en el país y donde hoy está en marcha el proyecto MARA (Minera Agua Rica Alumbrera), de la corporación anglo-suiza Glencore.
Informes oficiales elaborados por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia), el Servicio Geológico Minero (Segemar) y el Ministerio de Ambiente de la Nación (luego de una inspección ocular en 2021), señalan la existencia de glaciares y ambiente periglacial en la zona del yacimiento Agua Rica. Sin embargo, a sabiendas de esto, funcionarios provinciales y nacionales suscribieron el acuerdo de integración de las mineras Agua Rica y Alumbrera y avalaron así un proyecto que infringe la Ley de Glaciares. Esto determinó el inicio de una causa federal por incumplimiento de sus deberes y que tiene a ocho funcionarios públicos con procesamientos firmes.
Con este antecedente, Martínez no duda y señala que dejar la decisión a las provincias "es básicamente poner a cuidar al zorro las gallinas". Y agrega que "en todos estos años, el gobierno de Catamarca no sólo no ha escuchado los informes del propio Estado, sino que ha dado vía libre a las mineras para que trabajen en zonas absolutamente prohibidas".
La amenaza de Filo Colorado
Pero el peligro va más allá, explica Martínez, porque "no solamente estaríamos ya ante la pretendida explotación de Agua Rica, sino también de Filo Colorado, que es otro yacimiento donde hay uranio y otros minerales como tierras raras, además de oro y cobre". Un informe del Cedha denunció, en 2011, que las actividades de exploración en este yacimiento, realizadas por la corporación anglo suiza Xtrata Cooper (adquirida por Glencore en 2013), ya habían dañado glaciares y ambiente periglacial, donde nace el río Candado, uno de los principales afluentes del río Andalgalá.
Para el asambleísta, hay un plan de explotación que abarca todo el cordón montañoso del Aconquija, lo cual implica un peligro no sólo para Andalgalá, sino también para otros poblados de Catamarca y Tucumán, que dependen de los ríos que nacen ahí. "Si uno ve los mapas de los pedimentos mineros que existen en Andalgalá, hay cuadrículas con números de expediente, que abarcan toda la zona de los Nevados del Aconquija", declara.
Avance minero en Calingasta
Situado en el extremo suroeste de San Juan, el departamento Calingasta ocupa el 25 por ciento del territorio provincial. Forma parte de la región de los Andes Centrales que, según el Atlas de glaciares de la Argentina, editado por el Ianiglia, "es conocida como una de las de mayor densidad de glaciares de escombros" a nivel mundial.
En este departamento se sitúan, también, los proyectos mineros Los Azules y El Pachón, que buscan extraer cobre en zonas donde la actual Ley Nacional de Glaciares lo prohíbe. "Donde están asentados esos proyectos, nace el río Blanco, principal afluente del río Los Patos", explica Raúl Orduña mientras grafica el recorrido: ese río es a su vez uno de los mayores aportantes del río San Juan, el principal curso de agua de la provincia y responsable de dar vida al Valle del Tulum, polo agrícola y urbano, que concentra a más del 73 por ciento de la población sanjuanina.
Orduña vive en Barreal, "el primer poblado, aguas abajo, de la zona donde están estos proyectos", indica. Es abogado, artesano y bioconstructor e integra la Asamblea socioambiental Agüita Pura por San Juan y la recién nacida Asamblea Por el Agua del Valle de Calingasta. No es casual la conformación de la asamblea calingastina en diciembre último, durante la embestida contra la Ley de Glaciares y el espaldarazo nacional a las corporaciones mineras: no sólo los ríos de la región nacen en los glaciares, sino que se estima que, por día, sólo El Pachón y Los Azules consumirán 120 millones de litros del agua que éstos proveen, subraya Orduña.
Vía libre para Los Azules
Los Azules es el nombre de un yacimiento de cobre ubicado a 3500 metros sobre el nivel del mar, en plena cordillera de Los Andes. Está situado a unos 80 kilómetros al noroeste de la ciudad de Calingasta y a unos seis kilómetros del límite con Chile. Es propiedad de Andes Corporación Minera, una empresa subsidiaria de la firma canadiense McEwen Cooper, que posee más del 46 por ciento de las acciones, seguida por la automotriz neerlandesa Stellantis, la minera británica Río Tinto -con poco más del 18 y 17 por ciento, respectivamente- y otros accionistas.
En diciembre de 2024, el gobierno de San Juan aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto, que no es otra cosa que el permiso para iniciar la explotación, y anteriormente había aprobado el Informe de Impacto Ambiental (IIA). Todo pese a que aún "le falta un detallito muy importante, que es la cantidad de agua", apunta Orduña. Lo dice irónicamente, porque no es sólo un detalle: "El agua es el principal insumo de la actividad minera", explica. En su página oficial, la empresa admite que "las solicitudes de permiso de concesión de agua se encuentran actualmente en revisión con el gobierno provincial".
En sintonía, el Ejecutivo nacional aprobó la solicitud de adhesión al RIGI de Los Azules en setiembre de 2025, por un monto de 2672 millones de dólares. En su página oficial, la corporación McEwen Cooper afirma sin tapujos que esta adhesión, entre otros beneficios, le permitirá "simplificar los procedimientos aduaneros, incluidas las exenciones de derechos e impuestos para la importación de bienes de capital y la capacidad de dejar el producto de la exportación en cuentas bancarias extranjeras, disponibles para ser aplicados al pago de la deuda o cualquier otro objetivo".
Ya destruyen glaciares
Mientras los gobiernos provincial y nacional dan luz verde al proyecto, sobre Los Azules ya pesan denuncias por daños a glaciares y ambiente periglacial ocasionados durante la exploración. En un informe detallado, Juan Pablo Milana, doctor en Ciencias Geológicas especializado en Glaciología y Criogeología, enumera los daños en la zona del proyecto: más de 77 kilómetros de caminos, 82 plataformas de perforación y ocho kilómetros de zanjas en suelos congelados, once glaciares de roca y cuatro protalus lobes (formaciones periglaciales de escombros rocosos, nieve y hielo) intervenidos. Pero no son las únicas afectaciones, ya que cinco glaciares de roca y un glaciar descubierto han sido intervenidos en el camino de acceso minero, del que al menos 31 kilómetros atraviesan suelos congelados, según señala el mismo informe.
Este documento fue elaborado a pedido de los propietarios de la estancia Campos Cortez-Monroy, que mantiene desde hace años una demanda contra la corporación minera por evadir el pago de servidumbre. No es el único conflicto judicial que envuelve a McEwen en Argentina. Durante la pandemia por Covid-19, 220 empleados de la mina de oro y plata San José, en Santa Cruz, demandaron a la firma canadiense (que posee el 49 por ciento de las acciones) por reducirles en un 25 por ciento los salarios, tras labrar a sus espaldas un acuerdo con la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA).
Una larga pulseada contra la Ley de Glaciares
Xtrata Cooper fue la segunda empresa en presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Glaciares, porque frenaba el avance del proyecto El Pachón. En junio de 2019, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) rechazó la demanda y reafirmó el carácter constitucional de la ley. Para Orduña no es un dato menor que tanto Barrick Gold (a cargo de Pascua Lama y Veladero) como Xtrata Cooper (entonces propietaria de El Pachón) fueron acompañadas por el gobierno sanjuanino en sus demandas contra la ley.
El Pachón es un yacimiento de cobre, molibdeno y plata ubicado en Calingasta, a cinco kilómetros de la frontera con Chile, entre los 3600 y 4200 metros sobre el nivel del mar. Aunque la corporación anglo suiza Glencore -actual propietaria del proyecto- no presentó aún el Informe de Impacto Ambiental (IIA), el portfolio publicado por el gobierno nacional anticipa que empezaría a producir en 2034 y tendría una vida útil superior a los 40 años.
Según relata la empresa en su página oficial, los estudios de factibilidad de El Pachón concluyeron hace medio siglo (en 1977), pero "el contexto socioeconómico retrasó el avance del proyecto". Nada dice de la traba que significó, a partir de 2010, la Ley Nacional de Glaciares, aunque el propio CEO de Glencore en Argentina, Martín Pérez de Solay, admitió en una entrevista con el diario Tiempo de San Juan que "tenemos un glaciar en Pachón".
Pese a que el empresario minero minimizó la importancia del glaciar, podría estar refiriéndose a "un glaciar de escombros que tiene unos 36.000 metros cuadrados y que está en el open pit o tajo" que generaría la explotación del yacimiento, expone Orduña. Este glaciar aún no tiene un nombre, pero sí un número largo que lo identifica en los inventarios nacional y provincial. En febrero de 2023, el gobierno sanjuanino, entonces al mando de Sergio Uñac (Unión por la Patria), había "desafectado" el glaciar y solicitado al Ianiglia que hiciera lo mismo, aunque sin éxito. "Obviamente, esto les impidió hacer legal el desarrollo de El Pachón", señala Orduña.
Pero no sería el único glaciar en peligro. Según un informe publicado en 2011 por el la ONG Cedha, la explotación del yacimiento afectaría al menos 200 glaciares y una gran extensión de ambiente periglacial. Esta fundación llevó el caso incluso a tribunales internacionales: en 2011 denunció a la empresa ante el Punto Nacional de Contacto (PNC), en Australia, por violar las líneas directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para empresas multinacionales.
Aunque aún no presentó el Informe de Impacto Ambiental (IIA), el proyecto ya obtuvo la concesión de agua y solicitó la adhesión al RIGI, tanto para El Pachón como para MARA (en Catamarca). No serían trabas para obtener estos beneficios las denuncias que pesan sobre Glencore en todo el mundo. Su prontuarioabarca desde sobornos y manipulación de mercado en Nigeria, Camerún, Costa de Marfil, Guinea Ecuatorial, República Democrática del Congo, Brasil y Venezuela, hasta denuncias por financiamiento de lucha armada en Colombia, y corrupción, daños ambientales, evasión fiscal y desplazamiento de poblaciones en Perú y Colombia.
Además, Glencore ha sido señalada, en un informe de la relatora especial de Naciones Unidas, Francesca Albanese, como una de las empresas de la "economía del genocidio" en Gaza, Palestina.
Avanzada megaminera en Mendoza
Durante un discurso en Corrientes, en diciembre de 2025, el presidente Javier Milei volvió a cargar contra la Ley de Glaciares y afirmó que la idea de reformarla se la debía al gobernador mendocino Alfredo Cornejo (Cambia Mendoza). Precisamente en esta provincia es donde se registró la mayor embestida megaminera de los últimos años, con la aprobación exprés de 61 proyectos mineros en el llamado Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO) y del proyecto San Jorge, renombrado PSJ Cobre Mendocino, en Uspallata.
Casi desapercibido pasó, entre tantas aprobaciones, la implementación de la "Guía de la Autoridad Ambiental Minera de Mendoza: estudios de glaciares y ambiente periglacial en proyectos mineros", un protocolo que, en resumidas cuentas, busca habilitar la actividad minera en estas zonas. La guía se basa en un informe realizado por la consultora Mountain Pass, con sede en Estados Unidos, que ofrece servicios ambientales y geológicos a empresas mineras.
En sus conclusiones, puede leerse: "Si existe un sector de claro interés económico, se estiman las áreas a impactar en caso de una explotación (...). Ese sector (o sectores) a ser impactados ahora deben ser analizados por su potencial valor hídrico. Es muy probable que el porcentaje de área a ser impactada sea muy reducido y el valor hídrico poco significativo".
Este protocolo adquiere fuerza de ley una vez que se aprueba la DIA de cada proyecto. En contraste, las aprobaciones de MDMO I y II se lograron pese a los dictámenes técnicos del Ianiglia, que pidió rechazar 25 proyectos en total, por encontrarse en áreas glaciares y periglaciales. Los legisladores sólo rechazaron dos, mientras el resto de los proyectos -la mayoría de cobre- avanzan con el visto bueno del Gobierno.
Derechos en retroceso
Mientras la libertad para las empresas avanza, "en materia de derechos humanos estamos hablando de una legislación regresiva", apunta Martínez, y Orduña subraya "la inconstitucionalidad manifiesta del proyecto de ley, porque viola el principio de no regresión". Roggiano añade: "Son todas cosas que desprotegen a las comunidades. Todo el tiempo nos están sacando los acuerdos básicos que tenemos para que se desarrolle la vida en esta zona". Y trae a su relato la flexibilización de la Ley mendocina 7722, conocida como la "ley guardiana del agua".
En un escenario de cambio climático, con una advertencia por el retroceso de glaciares y de emergencia hídrica en varias provincias, el proyecto de reforma resulta "un contrasentido", define Zeballos. El asambleísta grafica el contexto con datos: en enero y febrero de este año, los ríos de San Juan "han traído el 40 por ciento menos que lo pronosticado". Y recuerda que "nuestros ríos son de régimen nivo-glaciar-periglacial" y por eso es tan importante proteger estos ambientes. Garrot explica que el permafrost no es simplemente suelo congelado: "Es el primero que da agua con los primeros calores, es lo primero que se empieza a derretir y armar esos cursos de agua".
Como si hiciera falta, Zeballos remarca que no se trata de una simple ley: "Está en juego la vida de nuestros pueblos, con todas las actividades que dependen del agua". Para Roggiano, desproteger las reservas hídricas equivale a "que nos estén echando" y Zeballos acompaña esa visión: "No queremos terminar alimentando las villas miserias de las grandes ciudades".
Mientras empresarios, funcionarios y medios afines endurecen el lobby minero, habitantes de todas las provincias se manifiestan en las calles y en las redes digitales contra la reforma de la ley, y se preparan para participar de una audiencia pública que, por la cantidad de personas inscriptas, ya es histórica. Y ante este ataque a las reservas de agua, los asambleístas coinciden en la necesidad de profundizar y unificar las luchas. "Esto no es nuevo -afirma Orduña- eso es un capítulo más y hay que resistir".
Fuente: Noticias Ambientales