Milei prepara un mensaje de "reconciliación" para el 24 de marzoPor Luciana Bertoia
El Gobierno prepara una intervención en redes sociales para el 24 de marzo, con el objetivo de mostrar que, a 50 años del último golpe de Estado, se debe dar vuelta la página y avanzar hacia la reconciliación.
La intervención sería a través de dos videos que se difundirían el martes en los que se espera ver un diálogo entre hijos de militantes e hijos de militares que pregonan el olvido más que la memoria.
Hace tiempo que existen diálogos entre hijos de represores y familiares de víctimas del terrorismo de Estado. Son los que se producen entre quienes integran los distintos grupos de familiares "desobedientes", que rompieron con los mandatos de obediencia y silencio, y que buscan que haya juicio y castigo por lo sucedido durante la última dictadura.
La idea de un diálogo entre distintos sectores estuvo presente en el video que emitió la Casa Rosada en 2024. Allí estaban Fernanda Viola -hija de un militar asesinado en diciembre de 1974 e impulsora de un acuerdo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para declarar que las acciones de la guerrilla fueron crímenes de lesa humanidad-, Juan Bautista "Tata" Yofre -actual director de la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI)- y Luis Labraña -que se presenta como exmilitante e "inventor" de la cifra de los 30.000 desaparecidos.
El año pasado, el Gobierno había abandonado la lógica coral y dejó el monólogo en manos de Agustín Laje, que preside la Fundación Faro, desde donde buscan negar el golpe militar y decir que, en realidad, existió una "profundización de la dictadura peronista".
En 2025, Laje filmó su perorata en el Archivo Nacional de la Memoria (ANM), que tiene su sede en el espacio de memoria que funciona en lo que fue el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Este año, aseguraron fuentes oficiales, no hubo filmaciones en el predio.
También sostienen que no existirán pronunciamientos de la Subsecretaría de Derechos Humanos ni de los organismos que dependen de ella. Se frenó también el video que se pretendía estrenar en el Museo Sitio ESMA con la idea de poner el foco en la violencia previa al golpe y, de esa forma, responsabilizar a las víctimas que pasaron por ese campo de concentración por su destino. "Es una idea que no se va a materializar", insisten en el Ministerio de Justicia, que ahora conduce Juan Bautista Mahiques.
Mahiques tiene un problema. Quiere cambiar al subsecretario de DDHH, Joaquín Mogaburu, que llegó con el aval de Sebastián Amerio, hombre de confianza del asesor Santiago Caputo. Sin embargo, le está costando conseguir candidato.
Las razones del rechazo pueden dividirse en dos grupos. Por un lado, no es sencillo que alguien quiera aceptar un puesto en un Gobierno abiertamente negacionista, que usó estrados internacionales para denostar a los organismos de derechos humanos y relativizar los crímenes de la última dictadura. Por otro lado, tampoco resulta seductor un puesto de subsecretario. Eso es consecuencia de la decisión del Gobierno de desjerarquizar la política de derechos humanos.
Hubo conversaciones en el Gobierno para que la subsecretaría vuelva a convertirse en secretaría, aunque no están saldadas. Esta semana, un grupo de relatores de Naciones Unidas urgió a la Casa Rosada a dar marcha atrás con el desmantelamiento de las políticas de memoria.
En Justicia sostienen que podría haber una decisión esta semana sobre el reemplazo de Mogaburu -quien, si se confirma su salida, podrá volver a su cargo como secretario del Tribunal Oral Federal (TOF) 7, el que la semana pasada indagó a Cristina Fernández de Kirchner en la causa de los Cuadernos.
Pese a los intentos clausurantes de la administración de Javier Milei, el proceso de justicia se mantiene en pie. Según datos de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH), 1231 personas fueron condenadas desde 2006 y 250 resultaron absueltas. Más de 1000 están en investigación. Hay, en la actualidad, doce procesos en marcha.
Las provocaciones oficiales serán contestadas el martes desde las calles, donde se espera que sean millones que salgan, una vez más, a decir: Nunca Más.
Fuente: Página/12
Por Luciana Bertoia
El Gobierno prepara una intervención en redes sociales para el 24 de marzo, con el objetivo de mostrar que, a 50 años del último golpe de Estado, se debe dar vuelta la página y avanzar hacia la reconciliación.
La intervención sería a través de dos videos que se difundirían el martes en los que se espera ver un diálogo entre hijos de militantes e hijos de militares que pregonan el olvido más que la memoria.
Hace tiempo que existen diálogos entre hijos de represores y familiares de víctimas del terrorismo de Estado. Son los que se producen entre quienes integran los distintos grupos de familiares "desobedientes", que rompieron con los mandatos de obediencia y silencio, y que buscan que haya juicio y castigo por lo sucedido durante la última dictadura.
La idea de un diálogo entre distintos sectores estuvo presente en el video que emitió la Casa Rosada en 2024. Allí estaban Fernanda Viola -hija de un militar asesinado en diciembre de 1974 e impulsora de un acuerdo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para declarar que las acciones de la guerrilla fueron crímenes de lesa humanidad-, Juan Bautista "Tata" Yofre -actual director de la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI)- y Luis Labraña -que se presenta como exmilitante e "inventor" de la cifra de los 30.000 desaparecidos.
El año pasado, el Gobierno había abandonado la lógica coral y dejó el monólogo en manos de Agustín Laje, que preside la Fundación Faro, desde donde buscan negar el golpe militar y decir que, en realidad, existió una "profundización de la dictadura peronista".
En 2025, Laje filmó su perorata en el Archivo Nacional de la Memoria (ANM), que tiene su sede en el espacio de memoria que funciona en lo que fue el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Este año, aseguraron fuentes oficiales, no hubo filmaciones en el predio.
También sostienen que no existirán pronunciamientos de la Subsecretaría de Derechos Humanos ni de los organismos que dependen de ella. Se frenó también el video que se pretendía estrenar en el Museo Sitio ESMA con la idea de poner el foco en la violencia previa al golpe y, de esa forma, responsabilizar a las víctimas que pasaron por ese campo de concentración por su destino. "Es una idea que no se va a materializar", insisten en el Ministerio de Justicia, que ahora conduce Juan Bautista Mahiques.
Mahiques tiene un problema. Quiere cambiar al subsecretario de DDHH, Joaquín Mogaburu, que llegó con el aval de Sebastián Amerio, hombre de confianza del asesor Santiago Caputo. Sin embargo, le está costando conseguir candidato.
Las razones del rechazo pueden dividirse en dos grupos. Por un lado, no es sencillo que alguien quiera aceptar un puesto en un Gobierno abiertamente negacionista, que usó estrados internacionales para denostar a los organismos de derechos humanos y relativizar los crímenes de la última dictadura. Por otro lado, tampoco resulta seductor un puesto de subsecretario. Eso es consecuencia de la decisión del Gobierno de desjerarquizar la política de derechos humanos.
Hubo conversaciones en el Gobierno para que la subsecretaría vuelva a convertirse en secretaría, aunque no están saldadas. Esta semana, un grupo de relatores de Naciones Unidas urgió a la Casa Rosada a dar marcha atrás con el desmantelamiento de las políticas de memoria.
En Justicia sostienen que podría haber una decisión esta semana sobre el reemplazo de Mogaburu -quien, si se confirma su salida, podrá volver a su cargo como secretario del Tribunal Oral Federal (TOF) 7, el que la semana pasada indagó a Cristina Fernández de Kirchner en la causa de los Cuadernos.
Pese a los intentos clausurantes de la administración de Javier Milei, el proceso de justicia se mantiene en pie. Según datos de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH), 1231 personas fueron condenadas desde 2006 y 250 resultaron absueltas. Más de 1000 están en investigación. Hay, en la actualidad, doce procesos en marcha.
Las provocaciones oficiales serán contestadas el martes desde las calles, donde se espera que sean millones que salgan, una vez más, a decir: Nunca Más.
Fuente: Página/12