Ley de Glaciares: Milei va por la balcanización de los recursos naturales ofrendados a EEUUEl Gobierno limitó la participación en las audiencias públicas por los cambios en la ley de glaciares. Necesita acelerar el debate porque ya se comprometió ante las empresas estadounidenses en el marco del acuerdo por los minerales críticos firmado el pasado de febrero.
Por Sebastián Premici
"Ayer me llegó un mensaje por el cual me niegan la palabra en la audiencia pública por los cambios en la ley de glaciares. Ni pública ni verdadera audiencia. Los diputados de LLA buscan cercenar la palabra pública", advirtió la investigadora Maristella Svampa luego de haber recibido un correo electrónico que la dejaba afuera de las audiencias programadas para el próximo 25 y 26 de marzo. "Están diseñando las audiencias eligiendo a dedo los oradores, construyendo un falso equilibrio. Lo hacen un grupo de diputados con ´asesoramiento´ externo. Es un escándalo nunca visto en una audiencia pública. Menos del 0.5% de los inscriptos podrán hablar", agregó el ex diputado por Cambiemos Juan Carlos Villalonga, también excluido.
El oficialismo en la Cámara de Diputados se había visto obligado a convocar audiencias públicas previas al intento de tratamiento exprés en los cambios a la ley de glaciares. La respuesta fueron 100.000 inscriptos de todo el país para expresarse, en su mayoría, en contra del proyecto del Poder Ejecutivo "negociado" con un grupo de empresas mineras, los "asesores externos" de los que habló Villalonga. La maniobra para cercenar la participación popular fue comandada por Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, de acuerdo a una narración precisa realizada por el periodista Pablo Di Pierri en la LaPolíticaOnLine.
Ante el avasallamiento institucional, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Red Universitaria por la Crisis Climática (RUCC), el Centro de Estudios de Políticas Ambientales (CEPA), la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y Greenpeace presentaron una cautelar que recayó en el juzgado contencioso Nº 7, a cargo del juez Enrique Lavie Pico. Hubo una segunda presentación judicial realizada por Jonatan Baldiviezo y María Eva Koutsovitis ante el juzgado Contencioso N°5, cuyo juez Enrique Alonso Regueira se apuró en desestimar.
Las audiencias del próximo 25 y 26 de marzo serán una pantomima del Acuerdo de Escazú. La administración Milei requiere celeridad en el tratamiento de la norma - por eso no se agregan días o meses a las audiencias públicas - porque existe un compromiso previo con todo el complejo bélico y tecnológico de los Estados Unidos luego de la firma del "Instrumento Marco para el Fortalecimiento del Suministro en Minería y Procesamiento de Minerales Críticos" rubricado con los Estados Unidos el pasado 4 de febrero.
En uno de los puntos del acuerdo, la Argentina se comprometió a "implementar medidas destinadas a acelerar, simplificar o desregular los plazos y procesos de otorgamiento de permisos, incluidos aquellos necesarios para la minería, separación y procesamiento de minerales críticos dentro de sus respectivos sistemas regulatorios internos". La modificación a la ley de glaciares encaje dentro de este esquema.
Solo con Scott Bessent no alcanza
"Con el RIGI solo no alcanza", había dicho Marcelo Álvarez, director para Latinoamérica de Barrick Gold, durante un congreso de IAEF. No habían sido palabras al azar. La empresa viene planificando su revancha desde que recibió el fallo adverso de la Corte Suprema de Justicia en 2019 en el que se ratificaba la constitucionalidad de la norma sancionada en 2010.
"Las concesionarias tampoco han demostrado que la mera vigencia de la Ley de Glaciares genere una situación de incertidumbre que afecte al ejercicio de sus derechos; muy por el contrario, han reconocido que la vigencia de la Ley de Glaciares en nada impide, en la actualidad, el ejercicio de su actividad minera en las mismas condiciones de las que gozaban con anterioridad a la sanción de la referida norma", había establecido la Corte. Las empresas como Barrick Gold siempre buscaron romper el esquema de los presupuestos mínimos fijados por Nación. Esta podría ser su revancha.
Según recuerda Villalonga, excluido de las audiencias públicas por decisión de la cúpula de LLA en Diputados, en los años previos a la sanción de la ley de protección de los glaciares y ambientes periglaciales, "la Barrick Gold se hizo famosa por su intervención descontrolada en las áreas glaciares y periglaciares; más aún, porque algunos de sus proyectos contemplaban no solo la intervención sobre tales áreas sino que proponían trasladar glaciares".
A través de un folleto, la Barrick promocionaba el traslado de hielos glaciares al glaciar guanaco para compensar el daño ambiental contemplado en su proyecto.
Para los Estados Unidos tampoco alcanza solo con el RIGI. "El primero que pidió esta modificación fue Scott Bessent. El secretario del Tesoro dijo -en enero de este año- que las empresas estadounidenses quieren la entrada preferencial en la minera del litio, cobre y tierras raras. Esas mismas corporaciones son las que necesitan modificar la ley de glaciares para avanzar sobre zonas que hoy están protegidas", sostuvo el diputado Eduardo Valdés.
En San Juan, los proyectos mineros que presionan para modificar la Ley de Glaciares son Veladero, operado por Barrick Gold en sociedad con la estatal china Shandong Gold; el Proyecto Vicuña, de Lundin Mining y BHP; El Pachón, de Glencore; y Los Azules, de Río Tinto. Los buitres de BlackRock siempre presentes.
"En Mendoza, las autoridades provinciales aprobaron en 2025 ocho proyectos de exploración enteramente en ambiente periglacial, anticipando el tipo de decisiones que se multiplicarán si el proyecto de reforma fuera aprobado", puede leerse en el informe "10 mitos y falacias sobre la ley de glaciares", firmado por la Fundación Biodiversidad Argentina; el Círculo de Políticas Ambientales; FARN; la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, entre otros.
"La tierra (y el agua) que te da la vida"
"Cuando existen derechos de incidencia colectiva atinentes a la protección del ambiente -que involucran en los términos de la Ley de Glaciares, la posibilidad de estar afectando el acceso de grandes grupos de población al recurso estratégico del agua- la hipotética controversia no puede ser atendida como la mera colisión de derechos subjetivos, sino que debe ser abordada desde una perspectiva que integra de manera sistémica la protección de los ecosistemas y la biodiversidad", puede leerse en el considerando 17 del fallo de la Corte firmado por Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti.
Este es el espíritu central de la ley de glaciares, proteger el acceso al agua. El mito de la Argentina Pampa Húmeda es tan solo eso, un mito. Los glaciares son relevantes como reguladores de las cuencas hídricas sobre todo en un país que posee el 70% de su territorio catalogado como árido.
El informe "10 mitos y falacias sobre la ley de glaciares..." cita el caso de Catamarca, provincia que recibe entre 50 y 200 milímetros de precipitación anual en la Puna y la alta cordillera. "En ese contexto de aridez extrema, los glaciares y el ambiente periglacial -suelos congelados, permafrost y glaciares de roca o glaciares de escombros- son los principales reguladores hidrológicos de cuencas áridas", puede leerse en el documento citado.
La importancia hídrica es inherente a todo cuerpo de hielo. El concepto clave que introduce el proyecto oficial es el de "relevancia hídrica", donde las provincias y las empresas definirán cuál es la relevancia de cada cuerpo de hielo. Todo lo que fue inventariado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA)/CONICET) presenta relevancia hídrica.
"La relevancia hídrica es relativa al ambiente, no es absoluto, no se mide en litros de agua. La relevancia hídrica también se mide por la cantidad de agua que se infiltra en el sistema y puede ser utilizada en otros lugares. Por ejemplo, los bosques freatófilos del desierto se alimentan con el agua de la cordillera que les llega en forma subterránea. Es muy complejo definir esta idea de relevancia hídrica", argumentó Pablo Villagra, director del IANIGLA, durante un reportaje con El Destape.
Un pequeño glaciar en los Andes Desérticos puede tener relevancia grande porque es la única fuente de agua que reciben los pastores en las veras de las cordilleras, y quizás sea poco en términos absolutos, medido en litros de agua. Y acá está la clave. El IANIGLA detecta cuerpos de hielo y si los coloca dentro del inventario es porque ya son relevantes desde el punto de vista hídrico. Con los cambios que se proponen desde el Poder Ejecutivo serán las empresas mineras y el poder político de cada jurisdicción quien definirá la relevancia hídrica y podrá solicitarle al IANIGLA sacar del inventario el glaciar que no se ajuste a un determinado proyecto minero. La balcanización absoluta de los recursos naturales.
"No están explícitos los mecanismos por los que se determinará, por ejemplo, si los glaciares de escombros, que sí están inventariados, tienen o no relevancia hídrica y por lo tanto se podrán usar o no (para la actividad minera). Si querían eliminar la ambigüedad bajo el argumento de la seguridad jurídica, creo que no lo hicieron", concluyó Villagra.
La balcanización territorial
Los cambios en la ley de glaciares no son ajenos a los intentos de derogación de la norma pensada para prevenir la extranjerización de la tierra, o aquella que fija los presupuestos mínimos para el cuidado de los bosques, o establece limitaciones sobre territorios que hayan sufrido incendios (ley de manejo del fuego, impulsada por Máximo Kirchner durante el período del FdT).
Bajo el eufemismo de la "inviolabilidad de la propiedad privada" acuñada en el Pacto de Mayo, la administración Milei militariza los territorios y avanza con un plexo normativo del saqueo de los recursos naturales que sigue los lineamientos bélicos de la Doctrina Monroe de Donald Trump. Se terceriza el control territorial, lo que en la práctica significa una pérdida absoluta de soberanía.
El Instrumento Marco sobre los minerales críticos contempla el capítulo Cartografía geológica, a partir del cual el país se comprometió a "contribuir al mapeo de los recursos minerales en la Argentina y en los Estados Unidos, con el fin de respaldar cadenas de suministro de minerales críticos diversificadas".
Esto sucede al mismo tiempo en que los cambios en la ley de glaciares vacía de funciones al IANIGLA y desacredita el inventario de las reservas hídricas. De acuerdo al trabajo territorial de este organismo, se sabe que los glaciares están ubicados a lo largo de 4000 kilómetros, en la cordillera de los Andes, presentes en doce provincias, y que alimentan 36 cuencas hídricas y sus respectivas subcuencas. Del agua proveniente de los glaciares (descongelamiento) para consumo humano y para recarga de las 36 cuencas hidrográficas dependen unas 1800 localidades y 7 millones de personas.
A partir del proyecto del Poder Ejecutivo se podrá alterar el registro público del inventario de glaciares; las empresas mineras - en connivencia con las jurisdicciones provinciales - tendrán la potestad de solicitar la remoción de un glaciar o ambiente periglacial ya inventariado según nuevos criterios políticos vinculados a la "relevancia hídrica". La información clave sobre los recursos naturales del país quedará en manos privadas. De ahí la gravedad del mapeo geológico que el Gobierno argentino podría entregarle en bandeja a las empresas norteamericanas.
Fuente: El Destape
El Gobierno limitó la participación en las audiencias públicas por los cambios en la ley de glaciares. Necesita acelerar el debate porque ya se comprometió ante las empresas estadounidenses en el marco del acuerdo por los minerales críticos firmado el pasado de febrero.
Por Sebastián Premici
"Ayer me llegó un mensaje por el cual me niegan la palabra en la audiencia pública por los cambios en la ley de glaciares. Ni pública ni verdadera audiencia. Los diputados de LLA buscan cercenar la palabra pública", advirtió la investigadora Maristella Svampa luego de haber recibido un correo electrónico que la dejaba afuera de las audiencias programadas para el próximo 25 y 26 de marzo. "Están diseñando las audiencias eligiendo a dedo los oradores, construyendo un falso equilibrio. Lo hacen un grupo de diputados con ´asesoramiento´ externo. Es un escándalo nunca visto en una audiencia pública. Menos del 0.5% de los inscriptos podrán hablar", agregó el ex diputado por Cambiemos Juan Carlos Villalonga, también excluido.
El oficialismo en la Cámara de Diputados se había visto obligado a convocar audiencias públicas previas al intento de tratamiento exprés en los cambios a la ley de glaciares. La respuesta fueron 100.000 inscriptos de todo el país para expresarse, en su mayoría, en contra del proyecto del Poder Ejecutivo "negociado" con un grupo de empresas mineras, los "asesores externos" de los que habló Villalonga. La maniobra para cercenar la participación popular fue comandada por Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, de acuerdo a una narración precisa realizada por el periodista Pablo Di Pierri en la LaPolíticaOnLine.
Ante el avasallamiento institucional, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Red Universitaria por la Crisis Climática (RUCC), el Centro de Estudios de Políticas Ambientales (CEPA), la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y Greenpeace presentaron una cautelar que recayó en el juzgado contencioso Nº 7, a cargo del juez Enrique Lavie Pico. Hubo una segunda presentación judicial realizada por Jonatan Baldiviezo y María Eva Koutsovitis ante el juzgado Contencioso N°5, cuyo juez Enrique Alonso Regueira se apuró en desestimar.
Las audiencias del próximo 25 y 26 de marzo serán una pantomima del Acuerdo de Escazú. La administración Milei requiere celeridad en el tratamiento de la norma - por eso no se agregan días o meses a las audiencias públicas - porque existe un compromiso previo con todo el complejo bélico y tecnológico de los Estados Unidos luego de la firma del "Instrumento Marco para el Fortalecimiento del Suministro en Minería y Procesamiento de Minerales Críticos" rubricado con los Estados Unidos el pasado 4 de febrero.
En uno de los puntos del acuerdo, la Argentina se comprometió a "implementar medidas destinadas a acelerar, simplificar o desregular los plazos y procesos de otorgamiento de permisos, incluidos aquellos necesarios para la minería, separación y procesamiento de minerales críticos dentro de sus respectivos sistemas regulatorios internos". La modificación a la ley de glaciares encaje dentro de este esquema.
Solo con Scott Bessent no alcanza
"Con el RIGI solo no alcanza", había dicho Marcelo Álvarez, director para Latinoamérica de Barrick Gold, durante un congreso de IAEF. No habían sido palabras al azar. La empresa viene planificando su revancha desde que recibió el fallo adverso de la Corte Suprema de Justicia en 2019 en el que se ratificaba la constitucionalidad de la norma sancionada en 2010.
"Las concesionarias tampoco han demostrado que la mera vigencia de la Ley de Glaciares genere una situación de incertidumbre que afecte al ejercicio de sus derechos; muy por el contrario, han reconocido que la vigencia de la Ley de Glaciares en nada impide, en la actualidad, el ejercicio de su actividad minera en las mismas condiciones de las que gozaban con anterioridad a la sanción de la referida norma", había establecido la Corte. Las empresas como Barrick Gold siempre buscaron romper el esquema de los presupuestos mínimos fijados por Nación. Esta podría ser su revancha.
Según recuerda Villalonga, excluido de las audiencias públicas por decisión de la cúpula de LLA en Diputados, en los años previos a la sanción de la ley de protección de los glaciares y ambientes periglaciales, "la Barrick Gold se hizo famosa por su intervención descontrolada en las áreas glaciares y periglaciares; más aún, porque algunos de sus proyectos contemplaban no solo la intervención sobre tales áreas sino que proponían trasladar glaciares".
A través de un folleto, la Barrick promocionaba el traslado de hielos glaciares al glaciar guanaco para compensar el daño ambiental contemplado en su proyecto.
Para los Estados Unidos tampoco alcanza solo con el RIGI. "El primero que pidió esta modificación fue Scott Bessent. El secretario del Tesoro dijo -en enero de este año- que las empresas estadounidenses quieren la entrada preferencial en la minera del litio, cobre y tierras raras. Esas mismas corporaciones son las que necesitan modificar la ley de glaciares para avanzar sobre zonas que hoy están protegidas", sostuvo el diputado Eduardo Valdés.
En San Juan, los proyectos mineros que presionan para modificar la Ley de Glaciares son Veladero, operado por Barrick Gold en sociedad con la estatal china Shandong Gold; el Proyecto Vicuña, de Lundin Mining y BHP; El Pachón, de Glencore; y Los Azules, de Río Tinto. Los buitres de BlackRock siempre presentes.
"En Mendoza, las autoridades provinciales aprobaron en 2025 ocho proyectos de exploración enteramente en ambiente periglacial, anticipando el tipo de decisiones que se multiplicarán si el proyecto de reforma fuera aprobado", puede leerse en el informe "10 mitos y falacias sobre la ley de glaciares", firmado por la Fundación Biodiversidad Argentina; el Círculo de Políticas Ambientales; FARN; la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, entre otros.
"La tierra (y el agua) que te da la vida"
"Cuando existen derechos de incidencia colectiva atinentes a la protección del ambiente -que involucran en los términos de la Ley de Glaciares, la posibilidad de estar afectando el acceso de grandes grupos de población al recurso estratégico del agua- la hipotética controversia no puede ser atendida como la mera colisión de derechos subjetivos, sino que debe ser abordada desde una perspectiva que integra de manera sistémica la protección de los ecosistemas y la biodiversidad", puede leerse en el considerando 17 del fallo de la Corte firmado por Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti.
Este es el espíritu central de la ley de glaciares, proteger el acceso al agua. El mito de la Argentina Pampa Húmeda es tan solo eso, un mito. Los glaciares son relevantes como reguladores de las cuencas hídricas sobre todo en un país que posee el 70% de su territorio catalogado como árido.
El informe "10 mitos y falacias sobre la ley de glaciares..." cita el caso de Catamarca, provincia que recibe entre 50 y 200 milímetros de precipitación anual en la Puna y la alta cordillera. "En ese contexto de aridez extrema, los glaciares y el ambiente periglacial -suelos congelados, permafrost y glaciares de roca o glaciares de escombros- son los principales reguladores hidrológicos de cuencas áridas", puede leerse en el documento citado.
La importancia hídrica es inherente a todo cuerpo de hielo. El concepto clave que introduce el proyecto oficial es el de "relevancia hídrica", donde las provincias y las empresas definirán cuál es la relevancia de cada cuerpo de hielo. Todo lo que fue inventariado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA)/CONICET) presenta relevancia hídrica.
"La relevancia hídrica es relativa al ambiente, no es absoluto, no se mide en litros de agua. La relevancia hídrica también se mide por la cantidad de agua que se infiltra en el sistema y puede ser utilizada en otros lugares. Por ejemplo, los bosques freatófilos del desierto se alimentan con el agua de la cordillera que les llega en forma subterránea. Es muy complejo definir esta idea de relevancia hídrica", argumentó Pablo Villagra, director del IANIGLA, durante un reportaje con El Destape.
Un pequeño glaciar en los Andes Desérticos puede tener relevancia grande porque es la única fuente de agua que reciben los pastores en las veras de las cordilleras, y quizás sea poco en términos absolutos, medido en litros de agua. Y acá está la clave. El IANIGLA detecta cuerpos de hielo y si los coloca dentro del inventario es porque ya son relevantes desde el punto de vista hídrico. Con los cambios que se proponen desde el Poder Ejecutivo serán las empresas mineras y el poder político de cada jurisdicción quien definirá la relevancia hídrica y podrá solicitarle al IANIGLA sacar del inventario el glaciar que no se ajuste a un determinado proyecto minero. La balcanización absoluta de los recursos naturales.
"No están explícitos los mecanismos por los que se determinará, por ejemplo, si los glaciares de escombros, que sí están inventariados, tienen o no relevancia hídrica y por lo tanto se podrán usar o no (para la actividad minera). Si querían eliminar la ambigüedad bajo el argumento de la seguridad jurídica, creo que no lo hicieron", concluyó Villagra.
La balcanización territorial
Los cambios en la ley de glaciares no son ajenos a los intentos de derogación de la norma pensada para prevenir la extranjerización de la tierra, o aquella que fija los presupuestos mínimos para el cuidado de los bosques, o establece limitaciones sobre territorios que hayan sufrido incendios (ley de manejo del fuego, impulsada por Máximo Kirchner durante el período del FdT).
Bajo el eufemismo de la "inviolabilidad de la propiedad privada" acuñada en el Pacto de Mayo, la administración Milei militariza los territorios y avanza con un plexo normativo del saqueo de los recursos naturales que sigue los lineamientos bélicos de la Doctrina Monroe de Donald Trump. Se terceriza el control territorial, lo que en la práctica significa una pérdida absoluta de soberanía.
El Instrumento Marco sobre los minerales críticos contempla el capítulo Cartografía geológica, a partir del cual el país se comprometió a "contribuir al mapeo de los recursos minerales en la Argentina y en los Estados Unidos, con el fin de respaldar cadenas de suministro de minerales críticos diversificadas".
Esto sucede al mismo tiempo en que los cambios en la ley de glaciares vacía de funciones al IANIGLA y desacredita el inventario de las reservas hídricas. De acuerdo al trabajo territorial de este organismo, se sabe que los glaciares están ubicados a lo largo de 4000 kilómetros, en la cordillera de los Andes, presentes en doce provincias, y que alimentan 36 cuencas hídricas y sus respectivas subcuencas. Del agua proveniente de los glaciares (descongelamiento) para consumo humano y para recarga de las 36 cuencas hidrográficas dependen unas 1800 localidades y 7 millones de personas.
A partir del proyecto del Poder Ejecutivo se podrá alterar el registro público del inventario de glaciares; las empresas mineras - en connivencia con las jurisdicciones provinciales - tendrán la potestad de solicitar la remoción de un glaciar o ambiente periglacial ya inventariado según nuevos criterios políticos vinculados a la "relevancia hídrica". La información clave sobre los recursos naturales del país quedará en manos privadas. De ahí la gravedad del mapeo geológico que el Gobierno argentino podría entregarle en bandeja a las empresas norteamericanas.
Fuente: El Destape