Desmoronar el silencio cómplice para proyectar un pueblo libre y con memoria

El silencio se apoderó de la sociedad de la provincia del Chubut en general y Comodoro Rivadavia en particular; "silencio que puede ser leído como temor y complicidad". Ese concepto que pretendió teñir de olvido lo que ocurrió meses antes del golpe de Estado y durante los siete años de cruel oscurantismo se desmoronó pese a los esfuerzos negacionistas que tiñieron -y tiñen- el "trabajo" trasnochado de dirigentes de distintas organizaciones sociales. A 50 años del golpe de Estado, El Extremo Sur pidió a pensadores, abogados, escritores y docentes sus reflexiones.

Jorge Gil

Economista y ex rector de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

La memoria es un recuerdo de las mentes humanas que se transforma en social cuando se comparte. La verdad, por su lado, es intersubjetiva y, en tanto, la justicia instala la equidad en esas relaciones.

Por eso el lema Memoria, Verdad y Justicia forma un todo inescindible. La memoria es el ancla, la verdad es la revelación consensuada y la justicia es el instrumento operativo. Y ese lema es -cada día- constitutivo de la conciencia popular argentina.

Las desapariciones forzadas, las torturas, los robos de bebes, los vuelos de la muerte no son una leyenda negra, impregnaron la historia argentina en toda su dimensión humana y espacial, incluso la patagónica.

En ese contexto, Comodoro Rivadavia se comportó como una sociedad de silencio, que puede -de alguna manera- ser leído como temor y complicidad. Melancólica en reminiscencias y agotada en expectativas de cada día. No sólo por el agotamiento de sus recursos naturales sino por los olvidos de la memoria social. El pragmatismo siempre desecha los recuerdos.

Aunque hubo, al menos, pequeños destellos. Mis ya débiles imágenes apenas transitan algunas: en el ámbito de la Universidad Nacional de la Patagonia la Cátedra Libre de Derechos Humanos (2006) con la intervención del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; una placa universitaria (2013) -impulsada por el gremio docente- en recuerdo de desaparecidos en Chubut; una conmemoración (2015) Reparación de Legajos de Trabajadores de YPF, víctimas del Terrorismo de Estado en el museo del petróleo de la ciudad.

Demasiado poco para reivindicar un sentimiento social fundante. Demasiada prudencia. Demasiadas pruebas de inacción y desarraigo que llevaron a la idea de "Comodoro Rivadavia, sociedad enferma" impulsada por un reconocido (y olvidado) educador comodorense de los años ‘70 (Lino Marcos Budiño).

La justicia necesitó 50 años para condenar a responsables de crímenes de lesa humanidad. El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia dictó sentencia en la histórica Causa 8.008 por delitos de Lesa Humanidad en el Regimiento 8 durante la última dictadura cívico-militar.

Ha sido un soplo de luz y de esperanza. Una restauración histórica de la memoria, una reivindicación de la verdad y un avance de la justicia frente al cansancio agotador de los olvidos y las pretensiones absolutistas del exterminio de las ideas.

Teodoro Nürnberg

Fiscal federal de Comodoro Rivadava. Lideró la Unidad que llevó adelante la acusación en la Causa 8.008.

Desde la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, la posición del Ministerio Público Fiscal ha sido clara y directa, interviniendo en los juicios orales vinculados a violaciones de los derechos humanos durante la última dictadura militar. En esta región, la ahora Unidad Fiscal de Transición (antes Fiscalía General) ha intervenido en todos los procesos que llegaron a juicio, en cuyos debates orales se estableció la responsabilidad penal de numerosas personas. Vienen a la memoria los casos "Fano", "Masacre de Trelew", "Bel", "Azcui", "Groshaus" y más recientemente la "Causa "8008", en que se comprobó cómo funcionaba el esquema represivo en Comodoro Rivadavia, en similares condiciones que en el resto del país.

Desde la reapertura de los juicios, según datos oficiales de la Procuraduría dude Crímenes contra la Humanidad, 1.208 personas fueron condenadas. En la actualidad hay alrededor de 700 causas aún en trámite, datos estos que dan cuenta de la tarea realizada y la que resta.

Esta jurisdicción no es ajena a ese estado de situación, existiendo la probabilidad que en este año se desarrolle otro debate oral por crímenes de Lesa Humanidad, tal como está ocurriendo en el resto del país.

La tarea desarrollada hasta el presente y la que resta realizar va más allá de las personas que transitoriamente ocupan los cargos. El compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia es un concepto que define la actuación de las oficinas del Ministerio Público en esta materia. Sólo de manera coordinada y comprometida con el rol que ocupamos y contando con el apoyo incondicional del Ministerio Público Fiscal y sus autoridades es que podemos cumplir con el mandato del artículo 120 de la Constitución Nacional, que nos impone promover la actuación de la justicia en defensa de la de los intereses generales de la sociedad en coordinación con las demás autoridades de la República.

Eduardo Hualpa

Abogado de Derechos Humanos.

La dictadura militar iniciada en 1976 representó el comienzo de una noche oscura para nuestro país. Si bien ya conocíamos los estragos de otros momentos nefastos en la región (como los fusilamientos en la llamada Patagonia Trágica en los años ‘20, o la Masacre de Trelew en 1972) el golpe militar del ‘76 inauguró una etapa con niveles de crueldad desconocidos.

La región patagónica también sufrió el ataque sistemático a la población, con epicentro en las organizaciones políticas y sociales. Chubut no fue la excepción: centros de detención clandestinos, detenciones ilegales, torturas, desapariciones y muertes también ocurrieron en nuestras latitudes.

Los juicios por las torturas ocurridos en la U6 de Rawson, la muerte de Mario Abel Amaya y la desaparición de Elvio Angel Bel, dan cuenta que en Chubut también actuó una dictadura sangrienta. El juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Regimiento 8 de Comodoro Rivadavia, es el hecho más recientemente juzgado, y deja en claro que la dictadura dejó su marca en todos los confines de nuestro país.

A medio siglo del inicio de la última dictadura militar, persisten algunas miradas que niegan la existencia de este plan siniestro pergeñado por la dictadura al servicio de poderes económicos y fácticos. Un gobierno nacional pretende discutir o justificar los hechos históricos, comprobados y juzgados con todas las garantías. Aparecen voces que pretenden discutir el número de las víctimas, relativizar la responsabilidad de las fuerzas armadas, y los sectores civiles y eclesiásticos que le dieron apoyo.

Es nuestra tarea honrar la memoria de quienes lucharon contra esa dictadura y por un país con igualdad y justicia. Debemos explicar, sobre todo a quienes nacieron en el presente siglo, la importancia de tener viva la memoria, y trabajar para que nunca más los argentinos tengamos que sufrir atrocidades como las cometidas en la dictadura.

No hay futuro en paz si no se juzgan los delitos de lesa humanidad. No hay futuro si no cuidamos la memoria de tanta lucha y tantas vidas truncadas por la dictadura. Y parte de esa memoria es tener presente que en Chubut también sufrimos una dictadura de siete años, y que esperamos que devuelvan a los niños apropiados.

Roberto llaiquel

Miembro Fundador del Grupo Pro Derechos de los Niños e Integrante de la Catedra Libre y Abierta de Derechos Humanos Universidad de la Patagonia San Juan Bosco.

Pensar la dictadura cívico militar que se instaló en nuestro país en el año 1976, con metodologías como los campos clandestinos de detención, tortura, vejaciones, y desaparición forzadas de personas, nos invita a reflexionar, un poco más allá de los efectos y daños sociales de los mismos.

Estableciendo los móviles e ideas que instaló la dictadura a través de estos siniestros hechos y que derivó en los 3.400 detenidos desaparecidos en nuestra región patagónica y Comodoro Rivadavia.

La Doctrina de la Seguridad Continental, impulsada por Estado Unidos en el contexto de la guerra fría y la instauración del modelo de la renta financiera internacional, fueron los argumentos que darían curso al "proceso de reorganización nacional".

El rol de las dictaduras fue la de disciplinar y quebrar las resistencias que ofrecían ya los movimientos políticos, enrolados en diferentes sectores, entre ellos trabajadores, estudiantes, medios de prensa, militantes de organizaciones políticas. Los cuales fueron criminalizados a través de los rótulos de guerrilleros o subversivos, a los que los decretos impulsados solicitaban el aniquilamiento de ese accionar.

Ese contexto general y el móvil de imponer el modelo económico, de la transferencia financiera internacional, provocó la necesidad de tomar el control total de aparato estatal, entre ellos el legislativo, judicial, y las fuerzas de seguridad.

La disolución del Estado de derecho, y colocar a los mismos como enemigo interno, permitió ensayar las metodologías represivas, las cuales fueron importados desde las Escuelas de las Américas, la guerra de Argelia y la misma Alemania nazi, a través del Decreto Noche y Niebla en donde dio nacimiento de la desaparición forzada de personas.

La Noche de los Bastones Blancos, en el contexto de las tomas de las universidades, en Comodoro Rivadavia por parte de los estudiantes se dio en el marco de un embrionario nacimiento de la Universidad Pública entre los años 1971 y 1974.

La Masacre de Trelew, en 1972, de integrantes de organizaciones políticas, detenidas y fusiladas en la base Almirante Zar, la desaparición de Elvio Angel Bel, en donde se probó el vínculo sistemático entre la Base y la Policía de la provincia. Y la sentencia de la Causa 8.008, han logrado instalar una ruptura en el proceso histórico y sistemático, cual es la de negar estos hechos, pese a los indicadores de un plan sistemático para detener y desparecer personas.

Pero lo que no logró hacer desaparecer la dictadura cívico militar y sus cómplices, pese al negacionismo sistemático y el silencio del no te metas, es la búsqueda incansable en todos estos años, de la ciudadanía, los movimientos sociales y políticos de derechos humanos de la Memoria, Verdad y Justicia.

Los mismo lograron tomar algunos principios rectores de derechos humanos, de los mismo, y al grito de "adonde vayan los iremos a buscar, en cualquier tiempo y lugar", no citan otro principio que es que los delitos de Lesa Humanidad no poseen plazos y tiempos de prescripción, y que adquieren delitos cuya caracteriza es la continuidad de los mismo.

Patricio Castillo Meisen

Abogado de Puerto Madryn, dirigente radical y estrecho colaborador de Hipólito Solari Yrigoyen.

A 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo resulta indispensable recordar que la represión no fue un fenómeno exclusivo de los grandes centros urbanos del país. Hemos escuchado testimonios en los juicios y hemos leído en el libro Nunca Más sobre Centros Clandestinos de Detención como la ESMA, Campo de Mayo, El Vesubio, La Perla o la Escuelita en Bahía Blanca. Durante muchos años se instaló en la Patagonia una imagen falsa, como si en esta región no hubiesen ocurrido estos hechos vinculados con el terrorismo de Estado. En nuestra provincia de Chubut también hubo secuestros, desapariciones, torturas, muertes, exiliados y un entramado de complicidades, judiciales y sociales que durante décadas permanecieron, en buena medida, silenciados.

La Causa 500 que tramitó en el Juzgado de Rawson contra guardia cárceles y directivos de la U6 se inició por el juez federal Beltrán Mulhall y concluyó 30 años después con la condena de algunos de los torturadores que permitió demostrar con claridad por qué la Unidad 6 de Rawson puso ser considera un verdadero campo de concentración. Y todo eso ocurrió con la complicidad del juez federal de Rawson Omar Delfor Garzonio, que tuvo su despacho frente a la cárcel entre los años 1973 y 1983. Garzonio había sido designado en comisión, para reemplazar al juez de la Constitución Alejandro Godoy, por decreto de la presidenta María Estela Martínez de Perón y permaneció en el cargo durante toda la dictadura hasta que lo reemplazo el doctor Beltrán Mulhall durante el gobierno de Raúl Alfonsín con acuerdo del Senado.

Pese a estos testimonios que se reunieron en la Causa 500 y en las causas que tramitaron por la muerte de Mario Abel Amaya y por el secuestro y torturas sufridas por el doctor Hipólito Solari Yrigoyen, que permitieron probar la complicidad de jueces, fiscales y médicos vinculados con la cárcel de Rawson; pareciera que nadie terminó de hacerse cargo de la responsabilidad de tantos vecinos que por su acción u omisión convalidaron secuestros, asesinatos y torturas. También la causa seguida por el secuestro y desaparición de Angel Bel demostró y condenó a integrantes de la Policía de Chubut por delitos de lesa humanidad.

Después de tantos años de impunidad, la Justicia, que otro tiempo permitió con su inacción los hechos más aberrantes, encontró también una forma de reivindicarse: lo hizo con la Causa 8.008 tramitada para juzgar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos cometidas en el ámbito del Regimiento 8 de Comodoro Rivadavia. Así volvió a aparecer en escena la figura del juez federal de Rawson como parte del circuito represivo regional, fue un juez que no promovió una sola investigación seria sobre las torturas y las muertes que sucedían prácticamente frente a su ventana.

Es que la represión en la Patagonia no fue obra exclusiva de militares o policías, hubo también complicidades judiciales y hubo una parte de la sociedad que convivió con estos personajes siniestros, los trató como personas respetables y prefirió no preguntarse qué papel habían cumplido durante la dictadura.

Medio siglo después del golpe de Estado del '76 esta fecha tiene que seguir interpelándonos. Tiene que interpelar, en primer lugar, a los responsables directos, que deben seguir siendo nombrados; tiene que interpelar también a las instituciones que callaron, encubrieron o miraron para otro lado; pero también tiene que interpelarnos a nosotros mismos como parte de una sociedad que durante demasiado tiempo prefirió no ver lo que pasaba en Puerto Madryn, en Rawson, en Trelew o en Comodoro Rivadavia. Porque muchas veces los responsables no eran figuras lejanas o desconocidas, eran profesores de la universidad o de los colegios, eran los policías de la esquina, eran quiénes dirigían una cooperativa de servicios y también eran los médicos con los que las familias se atendían.

La Memoria, la Verdad -aunque duela- y la Justicia, aun cuando eso implique exponer el papel que algunos desempeñaron durante la dictadura, sigue siendo un compromiso con las nuevas generaciones para que puedan reconocer los discursos de odio como otra forma de violencia política y comprender la necesidad inclaudicable de respetar la vigencia de los derechos humanos, ya de cuarta generación, así como el sistema democrático y republicano de gobierno.

Silvia Pechi

Militante por los derechos humanos. Referente de familiares de la Masacre de Trelew y responsable de la APDH Este de Chubut y del Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura.

Los organismos de derechos humanos llamamos a movilizarse este 24 de marzo en cada plaza del país con una foto de un detenido, detenida, desaparecido, desaparecida, tamaño A4, pegada en un cartón y colocada en el pecho, con una consigna que digan dónde están.

Será una forma de visibilizar los rostros de los compañeros y las compañeras detenidas desaparecidas en la última dictadura, interpelando a quienes todavía, después de 50 años, siguen perpetuando el daño de lo que significa la ausencia.

Dónde están es la consigna que históricamente las madres y los familiares utilizaron y han sostenido siempre y, que a pesar de todo lo que se ha conseguido, sigue igual de vigente. Los juicios y castigos siguen siendo una deuda con nuestra democracia.

Esta consigna es para aquellos y aquellas que militan en negacionismo, pero también es una consigna para el Estado, porque él es el único responsable de haber instalado el terror en la dictadura.

Los pactos de silencio de los genocidas y sus cómplices están intactos. Los hijos desobedientes de los represores tienen información y sabemos fehacientemente que hay gente viva que sabe qué pasó, qué hicieron, cuáles fueron los últimos momentos de nuestros compañeros y de nuestras compañeras.

El testimonio de los sobrevivientes de los Centros Clandestinos de Detención es la prueba concreta del plan sistemático de exterminio. Un ejemplo, la Causa 8.008, donde Ramón Torres Molina, un compañero que fue funcionario y responsable del Archivo Nacional de la Memoria, en el juicio, que se llevó adelante en Comodoro Rivadavia, relató su historia y ese relato fue clave para identificar el lugar donde se produjeron los hechos.

La Masacre de Trelew, el preámbulo de lo que se instaló sistemáticamente luego en el ‘76, ese agosto de 1972, donde fusilaron a 19 compañeros y compañeras militantes revolucionarios. El testimonio de los tres sobrevivientes hizo que, 40 años después, se llevara adelante en Rawson el juicio donde declararon a la Masacre de Trelew crimen de lesa humanidad.

Todavía seguimos esperando que Estados Unidos, oh casualidad, un país que en la actualidad está muy relacionado con los argentinos y las argentinas; que Estados Unidos deporte a Bravo, el único genocida vivo responsable de la Masacre de Trelew, lo extradite y lo mande a nuestro país para ser juzgado, para que se siente en el banquillo de los acusados y sea declarado culpable como a los demás.

Ambos ejemplos que acabo de dar, hay muchos más en nuestro país, a lo largo de estos últimos 20 años se ha llevado adelante juicios y han sido condenados los genocidas; pero estos dos ejemplos los menciono porque son fallos históricos que reconocen a la represión que hubo en la Patagonia, en el extremo más austral de nuestro país.

Insisto, llenemos las calles de nuestras plazas o de nuestros lugares de encuentro a donde quiera que estemos en todo el país con la cara de nuestros compañeros y compañeras; y gritemos bien fuerte a donde están, que digan a donde están.

Edda Lía Crespo

Docente e Investigadora de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

De acuerdo con Emilio Crenzel (2025) desde el retorno a la democracia en la Argentina en 1983 la justicia se constituyó en el escenario donde se tramitaron las responsabilidades en el ejercicio de la violencia por parte de las cúpulas guerrilleras y del terrorismo de Estado por parte de las Juntas Militares que gobernaron el país entre 1976 y 1983.

El impacto que ha tenido dentro y más allá de los tribunales el proceso de judicialización del pasado reciente ha sido objeto de la producción académica. Uno de los temas centrales es el abordaje del proceso mediante el cual se conformó la verdad pública sobre el sistema de desaparición forzada, destacando el análisis de la retórica que caracterizó su denuncia y la cultura política que modeló el modo de presentar públicamente al crimen, a sus perpetradores y a las víctimas.

La prensa se encuentra entre los actores que contribuyen a que la justicia penal alcance un lugar protagónico en la elaboración de sentidos sobre las violaciones a los derechos humanos en el país. En este sentido, destaco la cobertura del primer juicio por lesa humanidad en Comodoro Rivadavia (Causa 8.008) realizada por El Extremo Sur a fines del año 2025. El seguimiento del juicio ha permitido visibilizar centros de detención clandestina en Comodoro Rivadavia, de acuerdo a lo planteado por Pablo Scatizza (2014) en la Norpatagonia. En ciudades de mediana o baja dimensión poblacional, estos centros de detención clandestina funcionaban como lugares de tortura, pero también eran de paso, formando parte la cartografía de la represión de la dictadura en el país.

Daniel Cabral Marques

Historiador, docente-investigador de la UNPSJB y de la UNPA.

El 24 de marzo de 1976 no fue un día de viento más en Comodoro Rivadavia. Fue el inicio del impacto de una maquinaria burocrático-autoritaria y militarizada que transformó la fisonomía social de la comunidad local. Mientras las radios transmitían los comunicados de la Junta Militar, en esta ciudad, el control se hizo sentir de inmediato: la paralización y ocupación de los sindicatos petroleros, la intervención de la Municipalidad y la vigilancia estricta sobre los campamentos de YPF y las empresas privadas del sector, fueron algunas de dichas manifestaciones.

Históricamente Comodoro era un punto estratégico para el esquema represivo en la Patagonia y estaba situado dentro de la Zona V que abarcaba el sur de la Provincia de Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, y Tierra del Fuego. En este territorio, se desplegó un sistema de inteligencia que no solo buscaba "subversivos" políticos, sino que intentaba desmovilizar y disciplinar las organizaciones obreras de los polos extractivos. El control de los yacimientos era vital para el proyecto económico de la dictadura; por eso, el gremialismo petrolero y los trabajadores de la energía fueron blancos primarios de ese proceso en estas áreas australes. En Comodoro Rivadavia la represión local tuvo sus particularidades. Los traslados se hacían desde el aeropuerto local o a través de la Ruta 3, conectando a los detenidos con centros clandestinos como "La Escuelita" de Bahía Blanca o el Penal de Rawson. No podemos olvidar el rol de las fuerzas de seguridad en la vigilancia de la Universidad de la Patagonia (creada en 1974), donde el control ideológico buscó desmantelar el pensamiento crítico en una comunidad que estaba creciendo.

Hace pocas semanas, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia solicitó penas de hasta 19 años de prisión para tres ex militares, dos policías de la provincia de Santa Cruz y un prefecto, por crímenes de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 23 víctimas en el centro clandestino "Las Casitas" del Regimiento 8 de Infantería General O'Higgins de Comodoro Rivadavia, durante la época del terrorismo de Estado. En efecto, desde enero de 1976, en Comodoro Rivadavia, existieron no uno, sino varios centros clandestinos de detención utilizados bajo el control operacional militar. En esa línea pueden destacarse la sede de la Policía Federal Argentina, la delegación local de la Prefectura Naval Argentina, el Regimiento 8 de Infantería, el Batallón Logístico IX, la Compañía de Mantenimiento 181 y las comisarías locales que prestaban su colaboración para un arresto provisorio de las personas detenidas ilegalmente.

A 50 años de aquel golpe, los archivos y los juicios de lesa humanidad han permitido reconstruir lo que el miedo intentó sepultar. La memoria de Comodoro hoy se asienta sobre datos concretos: los operativos de "rastrillaje" en los barrios altos, las detenciones en plena calle y el exilio interno de tantos vecinos. Recordar hoy, en 2026, implica reconocer que el terrorismo de Estado tuvo una logística específica en nuestra geografía, diseñada para que el silencio fuera tan vasto como la estepa. La repatriación forzada de familias chilenas establecidas en la ciudad en el contexto del conflicto limítrofe por el Canal de Beagle en 1978 y el trauma ligado a la Guerra de Malvinas que hizo de Comodoro Rivadavia parte del teatro de operaciones, en 1982, fueron también expresiones contundentes de la etapa dictatorial en esta sociedad.

Hoy honramos la verdad histórica: el golpe no fue un error, fue un plan sistemático que en estas latitudes se ensañó con el tejido productivo y social. Mantener viva la memoria es el único antídoto para que la sombra de aquellos años, teñidos por la represión ilegal sistemática, por la expulsión arbitraria de sectores de la población chilena ante el inminente conflicto limítrofe con el vecino país y por la herida aún abierta de la Guerra de Malvinas, no vuelvan a oscurecer nunca más el futuro de esta ciudad.

Sin embargo, se abre ante nosotros un enorme desafío, el entender que la memoria de esos tiempos, poco a poco, se va transformando en historia, es decir que, por el paso de los años y los cambios generacionales, vamos avanzando en una transición donde la memoria sobre la última dictadura militar está dejando de ser "comunicativa" o "memoria viva" (con cada vez menos testigos directos de aquel proceso) para convertirse en "historia" o sea en una "memoria cultural objetivada" sostenida por un examen crítico de evidencias que busca comprender los procesos, incluso aquellos que nadie desea recordar. En ese camino que comienza a avisorarse el construir un ejercicio reflexivo crítico y profundo sobre las heridas de nuestra historia reciente, alejado de todo dogmatismo o rigidez, se torna un mandato imperativo para poder construir un puente de entendimiento sólido del pasado cercano sobre los nuevos argentinos.

Gabriel Carrizo

Profesor del Departamento de Historia, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, UNPSJB.

Hace unos años la periodista Mónica Baeza expresó una serie de interrogantes respecto al pasado dictatorial: "En Chubut no tuvimos muchos juicios por delitos de lesa humanidad, ¿qué pasó con esos juicios? ¿En Comodoro de verdad no pasó nada? Es una frase que escuchamos mucho: qué acá la dictadura no pasó. ¿Cómo no pasó nada si había un Centro de Detención en la ciudad?".

Esa sospecha por la supuesta inexistencia de violaciones a los derechos humanos en nuestra ciudad, a partir de lo acontecido en los estrados judiciales en diciembre del año pasado, comienza a revertirse. Y allí radica ni más ni menos el hito que marcó el juicio en el marco de la Causa 8.008: el de contradecir de manera contundente aquella imagen largamente instalada en cuanto a que esta ciudad del sur del país se encontraba alejada del aparato represor.

Pero aquellas preguntas expuestas por la comunicadora social de alguna manera también interpelaban a quienes nos dedicamos al estudio del pasado, sobre todo en cuanto a nuestra responsabilidad en relación al aporte del conocimiento historiográfico acerca de temas que revisten gran complejidad. De allí que, en los últimos años, desde el Departamento de Historia no sólo se promovió el rescate de archivos personales (como el de la familia Trigo) vinculados con el pasado reciente para la elaboración de recursos educativos, sino que además se inauguraron distintas líneas de análisis.

Entre ellas podemos mencionar el estudio de las experiencias que atravesaron algunos miembros de la comunidad chilena, en el marco del conflicto con el vecino país por el Canal de Beagle entre 1978 y 1979. Estos hechos dolorosos marcaron profundamente a quienes sufrieron la adjudicación del calificativo de "sospechoso" por el sólo hecho de ser de nacionalidad chilena. Cuando la Junta Militar decidió no aceptar el laudo arbitral y movilizar las tropas en defensa de la soberanía en el canal de Beagle, pasando a posiciones directamente xenófobas que alertaban acerca del peligro que significaba la no integración a la comunidad nacional de los inmigrantes chilenos, no hicieron más que reforzar una estigmatización construida en Comodoro Rivadavia en años anteriores.

Luego del período de mayor tensión entre las dictaduras de Videla y Pinochet, se inició la persecución de habitantes de nacionalidad chilena en la ciudad, tanto en sus ámbitos laborales como en las instituciones educativas. Jóvenes chilenos o hijos de chilenos que concurrían a la escuela secundaria o a la Universidad fueron espiados, aquellos que trabajaban en empresas estatales fueron despedidos, y otros fueron deportados. Familias que habían llegado a la ciudad en décadas anteriores, y que se habían integrado a la comunidad, de pronto vieron interrumpida su cotidianeidad en el marco del terror dictatorial. De allí que algunos obispos patagónicos como el de Río Gallegos alertaba acerca de las impredecibles consecuencias que podía significar la materialización de un conflicto bélico en una región como la patagónica, con gran densidad de hijos e hijas argentinos y argentinas, de padres chilenos.

Por todo ello, a 50 años del golpe de Estado de 1976, conmemoramos esta fecha reafirmando una vez más la demanda de memoria, verdad y justicia, y manifestando el compromiso de seguir construyendo una historiografía que logre explicar lo que (nos) pasó, teniendo siempre como horizonte una reflexión crítica del pasado.

Gonzalo Pérez Álvarez

Doctor en Historia y profesor de la UNPSJB.

Lo primero que me surge como necesario remarcar a 50 años del golpe militar, que inauguró la última dictadura militar, es el carácter de clase del hecho, que no hay forma de pensar y de poner en contexto y de pensar en la larga duración o en el mediano plazo de lo que todavía estamos viviendo, yo creo que como herencia de esa dictadura, como parte de la derrota que vino de esa dictadura en todo el tejido social argentino.

Esto especialmente en torno a las organizaciones de la clase obrera y la masa obrera y explotada en términos generales, es que se trató de una dictadura de clase, con un claro sentido de clase y con evidente intento, lamentablemente exitoso, por lo menos en mi lectura, de lograr una reestructuración capitalista brutal de la sociedad argentina y de la estructura económica social, que generó una caída evidente en las condiciones de vida de los sectores populares y una mejoría en las condiciones de vida de los sectores más enriquecidos, y un reseteo casi total o en gran medida total; luego además en las siguientes democracias o en los siguientes regímenes constitucionales, correctamente, se siguió consolidando de esa reestructuración de las relaciones de fuerzas sociales entre las clases a favor de los grupos más concentrados de la economía.

Esto se vivió en todo el territorio argentino, también así en nuestra Patagonia y las luchas para modificar esto todavía son hoy más necesarias que nunca en estos momentos de profundo retroceso y que se puedan conquistar juicios que están a contramano de lo que está pasando en términos generales, en el caso de Comodoro Rivadavia, revisando los delitos de lesa humanidad en un momento donde el Gobierno nacional los reivindica enfáticamente y reivindica la última dictadura, aún con algunas vergüenzas, pero cada vez menos manifiestas. Es fundamental y es parte de la tarea que tenemos que seguir construyendo para en algún momento desde los sectores obreros y populares recuperar todo eso que hemos perdido.

Elena González

Militante, comunista e integrante del gremio docente universitario (ADU).

Qué bueno que hace un tiempo hayamos tomado la consigna que las AAA pasaron por la Patagonia y también por Comodoro Rivadavia, y lo mismo la dictadura.

Es importante que hayamos tomado conocimiento toda la población de lo sucedido. Me parece que hay que seguir trabajándolo mucho más, y la Causa 8.008 que se desarrolló el año pasado y concluyó este año es una evidencia de esto. En algún momento un grupo pequeño de compañeros y compañeras de distintos lugares fuimos señalando los Centros Clandestinos de Detención que hubo en la provincia del Chubut y en la Patagonia.

Nosotros en Comodoro Rivadavia, un poco en soledad, fuimos señalando a la Policía Federal, a la Prefectura, a la Seccional Primera y a mí me gustó una expresión del fiscal en la Causa 8.008 cuando dijo que este juicio no cierra, sino que abre todo un abanico de responsabilidades para los que tenemos que seguir militando Memoria, Verdad y Justicia.

Tenemos que encontrar quiénes han sido los responsables del mantenimiento y el fortalecimiento de esos centros clandestinos de detención, quiénes fueron los torturadores y también quiénes han sido los cómplices locales en cada uno de los casos.

Nosotros tenemos el compromiso de seguir con esta militancia y nos parece que es una necesidad que todos los ciudadanos y ciudadanas de cada una de las poblaciones de la Argentina sepan que vamos a tener que seguir luchando porque lo peor que nos puede pasar es que perdamos la memoria, así que a seguir compañero.

Viviana Ayilef

Poeta del Pueblo Mapuche e investigadora Universidad Nacional de la Patagonia.

En "Crónica detallada del 24 de marzo de 1976", Martín Kohan describe con minuciosidad la jornada de ese día desde su evocación de la infancia. El relato es absolutamente intrascendente en lo que tiene de cotidiano: nada pasa, y todo está sucediendo a la vez. En dos carillas, el autor describe las trivialidades en el marco de las cuales nada se destaca, un día "que ha quedado en blanco". ¿Cómo puede, alguien que no hace más que recordar; que tiene el ejercicio de relacionar; de señalar convergencias, indicios, huellas; que sabe leer como pocos, cómo pudo no detectar el instante de peligro? Esa es la clave de lectura. El texto cierra así: "Se diluyó, por lo que veo, en el fluir de los otros días. Colijo, por lo tanto, que ya estaba funcionando a pleno, en mi casa, en mi familia, en mi entorno, en mí, esa máquina tan poderosa, tan aceitada, tan decisiva: la de hacer que la vida y sus rutinas siguieran siempre adelante, como si tal cosa, como si nada".

Como si nada siguen, las vidas de las personas aun cuando los planes sistemáticos están sucediendo a metros de su almohada. Hectáreas de bosques milenarios arrasadas por el fuego; cursos de agua arriesgados a la contaminación; la tranquera abierta al extractivismo de los capitales extranjeros; cateos que se siembran en un territorio y luego desaparecen, como la punta de ovejas de Jessica Huisca en Laguna Fría; como Raymundo Pino, como Narciso Pino; como los vecinos del Chubutazo arrancados de sus casas por manifestar su defensa de las aguas, esa gesta colectiva. Dónde estamos ese pueblo ahora que se dio ese aleccionamiento porque a un pueblo entero no se lo puede apresar. ¿Dónde estamos, qué hacemos, cuáles son ahora nuestras prioridades, cómo vamos a cuidar las fuerzas de este territorio, con qué rostro vamos a mirar de frente a las otras vidas que están observando qué decisiones tomamos como humanos frente a este mal?

Leía en otro texto, de Teresa Andruetto: "Mirar en las vidas comunes, en lo que en ellas hay de pequeño y de íntimo, para comprender los comportamientos de una sociedad". Frases como esta, textos como el citado y contextos como el presente, en el que a veces trasunta cierta indiferencia me sirven para dimensionar la expresión "cívico" militar. Nunca antes como ahora había sentido en la piel el alcance del olvido.

Hace un año me preguntaron cómo veía a estos gobiernos en relación con "pueblos originarios" y yo contesté: así como siente ahora el pueblo argentino es como vive hace años la gente mapuche ante el Estado nacional.

Que la fraternidad y el abrazo nos hermane como pueblos cuyas memorias heridas no pueden y no deben más que florecer; porque para todos siempre se ha tratado de la vida. Nunca Más genocidios, no sigamos como si nuestras rutinas pudieran seguir adelante, como si nada, como si tal cosa.

Sebastián Barros

Doctor en Ciencia Política, docente de Sociología en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNPSJB e investigador del CONICET.

La relevancia contemporánea de referirnos al pasado reside en que la historia nunca tiene una interpretación cerrada e indiscutible producto de acuerdos más o menos explícitos. La historia siempre deja residuos difíciles de asimilar.

El Proceso de Reorganización Nacional era uno de ellos y ayudaba a dar sentido a la Argentina democrática. La dictadura fue hasta hace no mucho tiempo "eso otro" que nos permitía identificarnos con un presente democrático, marcado por la importancia de la diseminación de la palabra amarrada a las ideas de Verdad y Justicia.

La Verdad frente a la negación de la represión ilegal y clandestina de una ciudadanía que vio vulnerados todos sus derechos y fue sometida por la violencia armada, el secuestro, la tortura, la desaparición física y la apropiación de bebés. La Justicia que nos servía para hacer frente a esa verdad. Porque la violencia ilegal se ejerció de una forma cobarde y aterradora.

Éramos testigos de un espectáculo de violencia cotidiana, pero nos encontrábamos con la negación pública de la muerte en la calle. ¿Cuántas veces hemos escuchado al sentido común decirnos que en nuestra región no se había sentido la represión? La Verdad y la Justicia nos arrojan la Causa 8.008. La represión ilegal de lo nacional y de lo popular tuvo su correlato económico.

Luego de varios fracasos en el intento por frenar la inflación, la política económica encarnada en la figura del entonces ministro de Economía Alfredo Martínez de Hoz se orientó por dos argumentos principales. Uno era la apertura de la economía por la baja de aranceles de importación, el otro reducía el índice de devaluación de la moneda. Un dólar barato resultaría en productos importados a menor precio que, a su vez, forzarían a los productores locales a reducir costos y, por lo tanto, detendría el ritmo inflacionario.

Las consecuencias para el sector productivo fueron predecibles. Las pequeñas y medianas empresas fueron las que más sufrieron cuando importaciones baratas comenzaron a competir con sus productos. Las consecuencias de esta fase de la política económica del régimen militar fueron la recesión económica y la desindustrialización.

Nuestro presente no es una novedad. Ese residuo hoy vuelve a ocupar la escena. El retroceso de las ideas de Verdad y Justicia y la imposición de una política económica empobrecedora que ya fracasó nos ponen nuevamente frente a la necesidad de recuperar un campo político que rescate aquello que la dictadura vino a hacer desaparecer: el campo de la nación y el del pueblo. La nación pensada como un colectivo progresivamente incluyente y el pueblo como una figura política movilizada para una comunidad más igualitaria. Eso es lo que la dictadura y sus continuadores pretendieron y pretenden destruir.

Natalia Álvarez

Docente en el Profesorado de Historia de la UNPSJB.

En principio, decir que la Causa 8.008 viene a demostrar y conformar por parte de la Justicia una serie de antecedentes, de pruebas, de testimonios, que van a quedar en el ámbito del Poder Judicial, la ciudad no tiene un archivo de memoria, entonces todas esas declaraciones, toda esa posibilidad de registro y de materializar la memoria y la transmisión del legado intergeneracional, quedó un poco truncada, porque no hay en la ciudad un archivo de historia reciente.

Sin dudas, este último juicio viene a un poco demostrar la necesidad de tener un espacio donde alojar todo eso que hace a la historia reciente en la ciudad. Este circuito represivo en distintos puntos de la ciudad, en distintas dependencias de las fuerzas, tanto de la Policía Federal, de la Fuerza Armada, de la Fuerza Naval, implica por lo menos reconocer dos derivaciones de análisis.

Por un lado, todos aquellos vecinos y ciudadanos que fueron víctimas de vejaciones, detenciones, distintas prácticas que siempre tuvo la fuerza en relación a la población y a las comunidades, me parece que la cantidad de denuncias y de declaraciones que escuchamos en diciembre del año pasado confirman el terrorismo de Estado en la región, y nos seguimos preguntando entonces por Guillermo Silveira y los desaparecidos de la región.

Por otro lado, me parece que esta falta de política pública de memoria, esta desconexión entre el pasado reciente y nuestro presente, nuestra actualidad, los desafíos de la democracia en la actualidad, nos llevan a un punto en común, que es cuando hay falta de políticas públicas, cuando la escuela no se transforma en ese espacio en el cual distintas generaciones pueden hablar de temas incómodos, como lo es la dictadura, como lo es Malvinas, donde las distintas instancias intergeneracional puedan hablar de los problemas de la comunidad, porque la escuela es ese espacio donde se habla de derechos, donde se habla de identidad, donde se habla de sueños colectivos, de horizontes construidos, de futuros posibles, y cuando las pibas y los pibes, de repente no cuentan con esa posibilidad en el espacio escolar termina quedando un poco como responsabilidad de las familias, o de otros agentes de socialización, o de otras intervenciones culturales, como pueden ser las redes sociales, películas y demás otros soportes o vectores de memoria, relatos que hoy están en tensión, ese piso de consenso del Nunca Más.

Hace un tiempo los investigadores venimos diciendo que entre la teoría de los dos demonios y después una suerte de mayor presencia en lo discursivo del negacionismo y ahora estamos en un escenario que es distinto que tiene que ver con el afirmacionismo y es reconocer esa violencia como una manera legítima de dirimir diferencias políticas no decir bueno los marxistas los militantes los guerrilleros los vecinos radicalizados merecieron buscaron generaron esta violencia esta respuesta en pos de un orden; ahí me parece que sin duda la enseñanza del pasado reciente tiene un sentido renovado para pensar por qué vamos a conversar con los chicos y las chicas con qué materiales con qué finalidad y con qué perspectiva de que ahora una democracia, cada vez más debilitada, con derechos cada vez más amenazados, y en un horizonte que para las chicas y los chicos de hoy es muy poco alentador en términos de políticas públicas orientadas o pensadas desde una perspectiva de derechos.

Gabriela Huenchual

Secretaria General del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut (SITRAJUCH).

El 24 de marzo de 1976 yo tenía 6 años, mi recuerdo es haber llegado a la escuela y que se encontraba todo rodeado de soldados. Tuvimos que volvernos porque le dijeron a mi madre que no había clases y durante todo el camino, en todas las esquinas, había soldados con armas. Ese es el recuerdo que tengo del 24 de marzo de 1976.

A lo largo de la historia, de lo que fui sabiendo, realmente no puedo dejar de repudiar ese hecho tan triste, tan lamentable de la historia que atravesamos todos los argentinos. Si bien en la ciudad que yo vivo, Trelew, no tenía conciencia, no supe que hubieran desaparecidos en ese momento, sí lo supe después. Y la verdad que, como parte de la historia, debo decir que esto no debe pasar nunca, Nunca Más. Todos debemos ser protagonistas de nuestra historia y evitar que estos hechos aberrantes vuelvan a ocurrir.

Por eso, todos los 24 de marzo marcho, porque no debemos perder nunca la memoria. Tenemos que seguir en busca de la verdad y que haya justicia. Que todos aquellos que aún buscan a sus familiares desaparecidos los puedan encontrar; por esos bebés que también buscan las abuelas. Por eso marcho el 24 de marzo siempre en busca de Memoria, Verdad y Justicia.

Jorge Spíndola

Historiador y docente universitario en Esquel.

Golpe cívico militar eclesiástico. Dictadura genocida. Indultos y nuevos juicios. Condenas. Equipo de Antropología Forense. Torturas y desapariciones forzadas. Son 30.000. Identidades robadas y recuperadas. Madres de la Plaza. Abuelas. Hijos. Siluetas. Mundial ‘78. Guerra de Malvinas. Centros clandestinos. Vuelos de la muerte. Tumbas y restos NN. Guerrillas, subversivos, apátridas, combatientes. Exilios.

Cuántas palabras y frases nuevas en estos 50 años. Cuántas vidas perdidas, familias deshechas, historias. Todo está guardado en la memoria, dice Gieco. Memoria, Verdad y Justicia, el reclamo vigente.

Empresas aliadas en la tarea represiva. Miles de trabajadoras y trabajadores silenciados, expulsados, torturados. Por ese costado social iba la muerte. Garantizar el saqueo y el silencio.

La extensa noche del horror duró casi 8 años y había empezado antes. Poco a poco pudimos construir verdades desde los juicios. Y seguimos rescatando sucesos y memorias dolorosas pero necesarias, como el caso reciente en Comodoro Rivadavia. Un éxito político y judicial que dice, aún con sabor amargo, acá en la ciudad petrolera, en territorio chubutense, también ocurrió. La lucha por la verdad continúa, pese al negacionismo oficial y militante de la derecha gorila y neofascista que gobierna.

Es justo y necesario, se dice en las misas. Es imprescindible, decimos muchos, continuar la búsqueda, cerrar heridas familiares, que sepan qué sucedió con los seres queridos. La ciencia al servicio de la verdad histórica. Al final, debe triunfar la ética, decía Osvaldo Bayer.

El arte ayuda: poesía, novelas, cine, teatro, música. La prensa oficialista hegemónica conspira, intenta distraer. Los investigadores hacen Historia; nuevos libros, programas periodísticos; hay marchas callejeras, murgas, pintadas que anuncian y reiteran: Son 30 mil. Ellos desarman estructuras, desfinancian programas oficiales, pretenden "perdonar", flexibilizan las condenas de los genocidas tal como flexibilizan la economía, pero reprimen las protestas con violencia y sadismo.

Que quede claro: ese 24 de marzo de 1976 comenzó otra etapa histórica, la economía conducida por la renta financiera por encima de la industria y la producción. Por eso el rigor horroroso de la represión para imponer un nuevo modelo que se continúa en estos 50 años, el de las cuatro M: Martínez de Hoz, Menem, Macri, Milei. Una Argentina primaria que satisfaga necesidades transnacionales basada en el industricidio y la extensión de la pobreza.

Por las víctimas der ayer y de hoy, la lucha continúa.

César Herrera

Economista, docente de la UNPSJB y responsable del Observatorio de Economía.

Durante la dictadura militar en Argentina (1976-1983), se implementaron políticas económicas y financieras que transformaron profundamente el sistema socioeconómico del país. En 1977, bajo la dirección de José Alfredo Martínez de Hoz, se promulgó la Ley de Entidades Financieras, que desreguló el sistema bancario, permitiendo a los bancos fijar tasas de interés libremente y reduciendo los controles estatales. Esto fomentó la especulación financiera y debilitó el rol del sistema bancario como motor del desarrollo productivo.

Durante la dictadura militar en Argentina, varias empresas estatales participaron activamente en el endeudamiento externo del país. A continuación, se mencionan algunas de las empresas estatales más destacadas que se endeudaron significativamente en 1982: YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) fue una de las empresas estatales más endeudadas. En 1976, su deuda era de 372 millones de dólares, y para 1982 había ascendido a 4,800 millones de dólares. Para 1983, esta deuda alcanzó casi 6.000 millones de dólares, equivaldrían aproximadamente a 19.284 millones de USD en marzo de 2025, utilizando el factor de ajuste inflacionario del IPC de EEUU de 3.214%.

Otras empresas estatales: Además de YPF, otras empresas públicas también se endeudaron significativamente durante este período.

El endeudamiento de estas empresas estatales se utilizó para financiar proyectos de infraestructura (Mundial 1978), cubrir déficits operativos y, en algunos casos, para apoyar la política económica de apertura y liberalización financiera promovida por el gobierno de la época.

El endeudamiento de las empresas estatales fue parte de un mecanismo más amplio que involucraba la estatización de la deuda privada, donde el Estado se hacía cargo de las deudas en dólares de las empresas privadas, lo que aumentó significativamente la deuda pública.

En síntesis: Las políticas implementadas durante el período contribuyeron a un deterioro significativo en el bienestar económico y social de las grandes mayorías del país, en beneficio de los sectores concentrados (Dominantes).

Gerardo Burton

Periodista y poeta; vive en Neuquén.

No hay residuos sino detalles que se convierten en huellas. Es la lucha permanente entre memoria y olvido. Cierto olvido es necesario pues la memoria muchas veces es, por dolorosa, insoportable. Es un gran estallido, o una sucesión de pequeñas explosiones, algunas sanadoras.

Así será posible restañar las heridas de un pueblo, rompiendo el eterno presente y las verdades disfrazadas de las redes digitales. Cada escamoteo es una pérdida. Y cada hallazgo, cada pequeño avance en la reconstrucción del recuerdo, es una victoria.

Con los juicios por lesa humanidad ha ocurrido algo parecido: se recuperan hechos mediante relatos de ex detenidos-desaparecidos, sus familiares, sus amigos, algunos testigos e investigadores. Conforman una narración coral que se estrella contra el silencio cómplice y mafioso de los genocidas, socios de empresarios y empleados del imperio.

Es una tarea que no termina. La única verdad completa será cuando se sepan el destino de cada persona desaparecida y de cada niño o niña apropiado. Y la justicia será en el momento en que cada culpable haya cumplido, o esté cumpliendo, su condena.

Gabriela Dufour

Docente universitaria, ex ministra de Economía de Chubut, diputada de Chubut mandato cumplido y militante feminista.

Se acerca el 24 de marzo y periódicamente me pregunto qué aprendimos, pero también qué olvidamos, y qué debemos seguir haciendo.

Y para quienes vivimos en Trelew, no podemos dejar de vincular el 22 de agosto de 1972 con la fecha del 24 de marzo de 1976.

Aprendimos... Que no sirve la venganza, que la verdad y la justicia se logran con memoria activa y acciones consecuentes. Que recordar a nuestras victimas es reivindicar sus luchas y sus anhelos. Que muchas de las víctimas fueron desaparecidas para que la memoria no exista, se maten las ideas, se eliminen las utopías. Que debemos accionar en nuestros ámbitos de participación para que se conozca la verdad, que no nos gane el desánimo en los momentos donde el poder hegemónico mediático quiere insistir con discursos que justifican el odio, con estructuras regresivas y conservadoras, en definitiva, con el genocidio al que fue sometido el pueblo argentino.

Olvidamos... Que los fanáticos de la desigualdad y de la violencia están siempre agazapados esperando la oportunidad para aparecer. Que nuestros jóvenes deben conocer nuestra historia para entenderla. Que casi siempre fueron mujeres, madres y abuelas, las que se pusieron al frente de las luchas y no siempre las reconocemos lo suficiente. Que el poder económico real se hizo más rico gracias al golpe contra la democracia

Luchamos por... La igualdad, la libertad y la fraternidad, para nosotros y nuestra Patria.

Por una igualdad multicultural, de género, social. Por la libertad que da el bienestar económico para elegir como vivir todos los días. Por la fraternidad en una comunidad que piensa y decide por el otro y la otra. Por la paz, en un mundo convulsionado, sin rumbo, en manos de presuntuosos e irresponsables de la condición humana.

Por eso la conmemoración de los 50 años debe encontrarnos pensando, reflexionando y accionando para que cada argentino y argentina pueda vivir mejor y nuestra Patria se reencamine hacia rumbos de soberanía política, independencia económica y justicia social.

Alejandro Bassi

Ex candidato a intendente en Comodoro Rivadavia por el PSTU.

La existencia de los juicios de lesa humanidad que se han llevado adelante en Tribunales de Comodoro Rivadavia permitieron por un lado acercarnos a algo parecido a la justicia y a la reparación a las víctimas y a las compañeras y compañeros que sufrieron las vejaciones y la persecución del terrorismo de Estado por parte de la dictadura cívico militar.

Y por otro lado desmitificar premisas que se repetían en aquel entonces, como el "acá no pasó nada". Los testimonios brindados por los sobrevivientes y la corroboración por parte del tribunal de la existencia de varios centros clandestinos de detención tira abajo todo este engaño y se agrava porque en "Las Casitas" del RI8 se entiende que estuvo "Pocho" Silveira, actualmente desaparecido y cuyo cuerpo nunca fue encontrado o devuelto a sus familiares.

También clarifican estos juicos sobre la "pata civil" como parte integrante fundamental del terrorismo de Estado, personificado en este caso por el juez Garzonio, que sostenía a los torturadores, hacían caso omiso de las denuncias de los presos y detenidos y negaba los recursos de amparo.

Si bien no está específicamente expresado en la causa, también es interesante recalcar la extensión del brazo represivo del plan Cóndor toda vez que exiliados políticos chilenos eran perseguidos y hasta inclusive detenidos desaparecidos en esta región.

En momentos de gobiernos como el de Milei, que no solo son negacionistas, sino reivindicadores de los genocidas, y a 50 años del golpe, este juicio es un eslabón más en la lucha por Memoria, Verdad y Justicia.

En lo personal lo que recuerdo de aquel momento, es la gran militarización de la ciudad y el hostigamiento social que sufrían las y los perseguidos, rémoras del "algo habrán hecho", "en algo habrán andado", por lo que rescato y levanto la lucha de las y los perseguidos políticos.

Sebastián Sayago

Profesor en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

La importancia del juicio es mayúscula. Por un lado, confirma públicamente y de manera oficial el hecho de que acá, en Comodoro Rivadavia, hubo un centro de detención clandestina, donde los militares torturaron a hombres y mujeres y mataron a un joven (Guillermo "Pocho" Silveira). Así, se demuestra que hubo un plan represivo de gran escala, que incluyó todo el territorio nacional.

La dictadura cívico-militar también violó derechos humanos en esta región. El terrorismo de Estado no es algo que ocurrió excepcionalmente y en los grandes centros urbanos. Ocurrió en todo el país. Por otro lado, el juicio es un aporte más para refutar la idea de que, en los ‘70, hubo una guerra.

No fue así: hubo grupos políticos armados de un lado y del otro una alianza civil, militar y eclesiástica que tenía el poder arrollador de un Estado, con el aval de Estados Unidos para desatar una carnicería. Después de que los grupos armados fueran diezmados, igualmente, los militares siguieron con los centros de detención clandestina, las persecuciones, las torturas, los asesinatos.

Y las víctimas fueron militantes, familiares y amigos de militantes, personas que tenían ideas contrarias a la dictadura, gays. Entonces, el juicio conocido como de "Las Casitas" en el Regimiento de Infantería 8 prueba que no fue una guerra, fue una masacre organizada desde el Estado. Y también confirma que vale la pena luchar y preservar la memoria en busca de justicia.

Guadalupe Díaz

Profesora de Historia e investigadora de la UNPSJB.

A 50 años del golpe de Estado genocida, la memoria no es solo un ejercicio del pasado, es una brújula para nuestro presente. Acá en Comodoro Rivadavia, el terrorismo de Estado no fue solo un eco lejano de Buenos Aires, tuvo nombres, lugares y responsables en nuestras propias calles. Debemos recordar que nuestra identidad urbana está marcada por una fuerte presencia de las Fuerzas Armadas, y esto no es casual.

Comodoro fue la capital de la gobernación militar. Esa estructura de control territorial facilitó que años más tarde, la maquinaria represiva se instalara con una capilaridad asfixiante sobre nuestra comunidad. Pero el horror no empezó un 24 de marzo de 1976. Hubo ensayos previos que trazaron el camino.

Por ejemplo, en 1972, la Masacre de Trelew rompió los límites de la legalidad al ejecutar a 16 militantes en una base militar de nuestra región. En 2012, la justicia argentina confirmó lo que la historia ya sabía.

Trelew fue un crimen de lesa humanidad. No fue un exceso, fue un plan deliberado y articulado desde el Estado. Un ensayo que continuó con el operativo Independencia en Tucumán y que se sistematizó en todo el país a partir de 1976.

Nuestra ciudad tiene su propia huella de justicia. La Causa 8.008 marcó un hito histórico. Fue el primer juicio realizado en Comodoro Rivadavia, donde la Justicia Federal afirmó, con pruebas contundentes, que en nuestras tierras se cometieron delitos de lesa humanidad. El Regimiento de Infantería Nº 8, General O'Higgins, junto con la Policía Federal, la Comisaría Primera, entre otros lugares, represivo de la ciudad que tuvieron como objetivo desarticular el tejido social y sindical de la Patagonia. Frente al silencio, la academia y la investigación han sido fundamentales.

La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco asume hoy un rol protagónico, no sólo como espacio de formación, sino como generadora de conocimiento crítico. A través de sus investigaciones sobre memoria y derechos humanos, la universidad nos ayuda a entender nuestra propia historia regional. Este año, al cumplirse el cincuentenario, tanto la Universidad, como organismos de derechos humanos, llevará adelante diversas actividades para que ese conocimiento salga de las aulas y habite la calle, porque la memoria se construye investigando, preguntando y sobre todo compartiendo. A 50 años seguimos diciendo fue un genocidio. Son 30.000 y en Comodoro Rivadavia mantenemos viva la memoria para que nunca más sea de una vez y para siempre una realidad territorial.

Miguel Ángel Martínez

Militante del Núcleo Político por el Socialismo en Comodoro Rivadavia.

Mirada de un irrecuperable junto a los millones de irrecuperables desaparecidos literales y los 30.000 físicos. En una Argentina al 24 de marzo del 2026 que nos deja la última tiranía cívico-militar.

Somos los desaparecidos literarios irrecuperables que eliminados físicamente al decir del genocida de la provincia de Buenos Aires Ibérico. Y por último a los tímidos. Yo, Miguel Ángel Martínez Rubí de Serrat, mi análisis de saliva subversivo lo tiene la SIDE, Coordinación Federal y seguramente el Mossad, el M16 británico, el Plan Cóndor y otros.

Lo mismo se remonta a principios del siglo XX, hijo, nieto y abuelo. El abuelo Yayo en catalán, mi abuela Paula junto al abuelo rojo. Mi abuela Mocoretá entrerriana panza verde, criada y sirvienta de los Uranga en el Entre Ríos profundo.

Hijo de un obrero metalúrgico de Tame y esclavo de la forestal en el ‘28 y mi vieja obrera década del ‘40 en el Dock Sur, calle Londres 1458, en un conventillo a orillas del Riachuelo, en Avellaneda. Aprendí de pibito, de mi Yayo rojo, el abuelo catalán, una frase "visca la esquerra, tancar el carrer a la dreta", traducido es "viva la izquierda, cerrar la calle a la derecha española".

A mis 15 años, en el ‘62, mi viejo y yo, detenidos y desaparecidos por el Plan CONINTES, decreto del democrático burgués Arturo Frondizi, primer plan sistemático de represión y hay otros en este estado de democracia. Y el último en el Comodoro, con el edito policial de la dictadura número 815. Este es el plan oficial del Estado monopólico capitalista y sus aliados de la clase dominante.

Entre el 1962 y el 2026, la regional de Lanús, 1 y 60 de La Plata, HIPASAM la huelga minera, la cañada de Cordobazo, Mar del Plata en la Comisaría Primera y la prisión de Batán. Y el último en la seccional segunda de Comodoro Rivadavia citado en el último juicio. Simulacro de fusilamiento, submarino, picana, tortura psicológica, exilio interno.

A mi hija la dejé a los tres meses y la volví a ver a los ocho años. Paz, pan y trabajo, 30 de marzo del 82, Mar del Plata. Es muy largo el pasado glorioso del principio del Siglo XX, del sátrapa a Milei. Es imposible en una apretada síntesis este 24 de marzo del 2026.

Hoy aquí, en una Patagonia, tierra de saqueo petrolero, sentimiento malvinero, sudor y sangre obrera, en este 24 de marzo del 2026, no es casual la ausencia de conciencia de clase. No soy como una vez dijimos juntos, nosotros, no sé si recordar, no somos derechos humanistas, somos junto a muchos obreros socialistas y trotskistas, no utópicos, con una en la construcción de una sociedad comunista.

Hoy, defender los derechos humanos es quebrar el plan de gobierno. El 24 de marzo de 1976, la democracia burguesa utilizó a su brazo militar para continuar con el poder burgués y crear un Estado de excepción, con el fin de aplicar una terrible represión contra la clase trabajadora, la juventud y la población en general y al pueblo laborioso, al solo efecto de salvar el sistema en crisis de la producción capitalista, que aún perdura gobernando.

En este 24 de marzo del 2026, debemos continuar la lucha del proletariado junto a otras fuerzas políticas en el fortalecimiento de un pueblo proletario con organización resistencia de los trabajadores para defender lo nuestro y prepararnos como proletarios para fortalecer y forjar un verdadero plan del proletariado, por la toma del poder y poner en marcha la producción socialista, sin explotadores ni explotados.

En este 24 de marzo digo: compañeros desaparecidos y asesinados, combatientes revolucionarios, presentes! Por un socialismo siempre, un irrecuperable más de los millones en Argentina.

Mauro Millán

Histórico activista del Pueblo Mapuche y lonko de la comunidad Pillan Mahuiza.

Hoy el Pueblo Mapuche, mapuche tehuelche, de este lado de la cordillera, de la Puel Mapu, de lo que hoy denominan Patagonia argentina, es un actor político. Y se debe a todo lo que ha ido pasando, inclusive lo podemos pensar a partir de ese fatídico año 1976 en que se produce el golpe.

Yo creo que, para hacer un resumen absolutamente irresponsable, digo, porque uno a veces no puede resumir la vida de un pueblo en tan poco tiempo; pero podemos hablar de que durante esos años muchos de los ancianos que ya no están supieron resguardar ciertos conocimientos que están vinculados a la espiritualidad y esa espiritualidad es la que finalmente generó y emanó principios ideológicos políticos para que el día de hoy lleguemos a ocupar un lugar de discusión en términos políticos dentro de la sociedad que interpela de alguna manera el sistema que se nos impone. No solo acá en Argentina, sino en materia global a nivel planetario.

Pero sigamos con esa narrativa de aquellos años, '70 y ‘80 que fueron durísimos, pero que de alguna manera mucha gente, muchas comunidades, resguardaron ciertos principios colectivos que inspirarían en un futuro. Llegan los ‘90 que ya viene impregnado con los pocos años que Argentina hizo como ejercicio el vivir en un ámbito democrático y por otro lado algo que a nosotros ya nos venía de alguna manera alimentando como un movimiento indígena era que se acercaba a un año y una fecha muy simbólica, muy emblemática, pero que también agendaba a nivel planetario lo que sucedía en ese momento con los pueblos indígenas, que eran los 500 años, el quinto centenario de la llegada de los europeos a este continente. Eso también produjo algún tipo de alimentación extra al movimiento que todavía se encontraba sin tanto músculo en la Argentina, principalmente en este lado, en el sur del movimiento Mapuche.

Comenzaron en los años '80 y ‘90, a surgir las organizaciones vinculadas a la urbanidad y a esa articulación urbanidad y ruralidad, y claro, producto también de que la propia incipiente democracia generó ese tipo de vínculo. Así nacen las organizaciones, algunas que coordinaban comunidades, otras que nacieron como organizaciones que vincularon directamente la vida de la urbanidad.

Y esa articulación fomentó en el mundo Mapuche una acción de diagnóstico de cuánto se había colonizado en términos ideológicos nuestra cultura, cuánto penetró ese pensamiento europeo sobre nuestra propia conciencia colectiva. Y surgieron acciones inmediatas, yo creo que de supervivencia como pueblo, por un lado, y por otro lado, pensarse y proyectarse en un futuro.

Años ‘90, recuerdo, ingreso del neoliberalismo, pero la gran diferencia con respecto a estos tiempos es que había una ascendencia del derecho. Argentina, inclusive, llegó a ser vanguardia del derecho indígena, sin pensar que en unos años, creo que muchos de esos diputados y senadores que sancionaron la reforma de la Constitución se agarrarían la cabeza.

Sin embargo, esos derechos estaban consagrados. La narrativa estaba siendo interpelada por parte de los pueblos indígenas, fundamentalmente el Pueblo Mapuche, desmitificando esta idea del chilenismo mapuche, articulando y coordinando con sectores, por ejemplo, académicos, sindicales, etcétera, etcétera; ya el movimiento Mapuche estaba abriendo caminos, se estaba visibilizando, generando todas las articulaciones que habidas y por haber, e inclusive a nivel internacional.

Finalmente comienzan las recuperaciones territoriales, como una probabilidad bien cierta y clara de subsistir como pueblo, nos encontramos con una Justicia absolutamente encorsetada a la idea de la existencia única y exclusiva de los latifundios, esto principalmente en Patagonia, pero sin embargo comenzamos una batalla jurídica, judicial, política, demandando nuestros derechos colectivos como pueblo. Muchas comunidades pudieron recuperar los territorios que fueron usurpados por terratenientes, por la Sociedad Rural; otros fueron, fue imposible, en otros casos se volvió a recuperar territorio del Pueblo Mapuche, haciendo una demanda novedosa, que es la restitución de los territorios que el Estado había usurpado.

Esto también interpelando lo que la propia reforma constitucional planteaba, la restitución de tierras aptas a insuficientes, etc., el Convenio 169; lamentablemente, esto nunca se materializó, ni los propios jueces, que en su gran mayoría son jueces supremacistas, racistas, que ignoran el derecho indígena hasta el día de hoy, pero que sin embargo los gobiernos más progresistas generaron alguna que otra política analgésica para que los conflictos queden en stand-by.

Claro, era una situación precaria, porque nunca íbamos a imaginar que la llegada de gobiernos de derecha y ultraderecha iban a generar un grado tal de violencia que ya esto hablaríamos de muerte, asesinato, persecución judicial, policial, desalojos.

Bien, se avecinaba un nuevo planteo y paradigma para estos territorios, planteado ni más ni menos porque por el poder económico y apuntalado por lo político y el aparato judicial que es el aterrizaje de la idea del extractivismo en estos territorios lo que nuevamente nos plantea la historia y la existencia del Pueblo Mapuche de un nuevo enemigo que viene a destruir y a destruir lo vital que es para la vida como es el agua las nacientes a partir de la idea de la explotación hidrocarburífera y minera.

Pero nos plantea una realidad diferente a la de 1800 y algo, es que hay una nueva sociedad conviviendo, coexistiendo, caminando estos territorios y acá se abre el gran desafío del Pueblo Mapuche y el resto de la sociedad libre que es cómo pensamos el territorio y cómo buscamos la articulación, los vínculos entre las diferentes expresiones de esta sociedad.

Y así, bueno, hoy va, después de 50 años de ese golpe, podemos verlo desde una mirada muy pesimista, desde un corazón optimista, pero que hay algo que no ha cambiado, que es la idea y la convicción de defender este territorio.

Recopilación de testimonios: Marcelo García, El Extremo Sur.