La Justicia falló a favor de las universidades: rechazó las maniobras del Gobierno, que deberá aplicar la Ley de Financiamiento Un fallo reciente ratificó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que se encontraba judicializada desde noviembre, después de que el Gobierno nacional ordenara su suspensión. Esta decisión pondría fin a las estrategias del Ejecutivo para frenar la aplicación de la normativa que establece la recomposición de las partidas presupuestarias, las becas estudiantiles y los salarios de los trabajadores universitarios. Según el Consejo Interuniversitario Nacional, las transferencias a las universidades se redujeron en casi un 50% en los últimos años y el gasto público en educación superior hoy está entre los más bajos del continente.
Laberinto judicial
La ley fue aprobada en octubre del 2025, luego de que el Congreso rechazara el veto de Javier Milei. El Ejecutivo la promulgó mediante el Decreto 759/25, pero agregó una cláusula, invocando el artículo 5 de la Ley 24.629, y suspendió su ejecución. El argumento era que la normativa no especificaba las fuentes de financiamiento y atentaba contra el ahorro fiscal.
La medida suscitó medidas de fuerza de los gremios universitarios, quienes exigen la recomposición salarial y presupuestaria desde hace dos años. Por otro lado, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) impulsó acciones judiciales para garantizar el cumplimiento de la normativa.
Esta semana que concluyó, la Justicia ratificó la demanda de la comunidad universitaria: la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal declaró inaplicable el decreto que suspendía la ejecución de la Ley. El fallo ratifica la decisión que se hizo lugar en primera instancia a la cautelar presentada en noviembre del 2025 por las universidades nacionales. En este sentido, ordena al Ejecutivo a cumplir en forma inmediata con los artículos 5 y 6 de la Ley, lo que implica que se deben actualizar los salarios docentes y no docentes así como los valores de las becas estudiantiles.
Los jueces analizaron el caso y remarcaron que el Congreso había agotado el procedimiento legislativo previsto en la Constitución, por lo que corresponde que la norma sea aplicada. El tribunal reconoció igualmente el daño que podría ocasionar la demora en la aplicación de la ley. En este sentido, sostuvo que "la propia ley 27.795 y el decreto impugnado dan cuenta del deterioro de los ingresos, la disminución del poder adquisitivo y la pérdida salarial del colectivo afectado".
La Cámara se expresó sobre la cuestión del impacto fiscal, un aspecto clave que el Gobierno ha usado de manera reiterada para negarse a aplicar la normativa. Recordó que la medida representa el 0,23% del PBI y subrayó que "no se observaba una afectación al interés público", sino que está en juego "el derecho a enseñar y aprender".
La decisión pondría un punto final a la carrera judicial que viene atravesando la ley. A finales del 2025 el CIN presentó un amparo por el incumplimiento de la normativa. La Justicia falló a favor de las universidades: el juez federal Martín Cormick obligó al Ejecutivo a cumplir las disposiciones de la Ley 27.795 de manera inmediata. No obstante, en febrero el Gobierno apeló la medida cautelar y presentó un proyecto propio ante el Congreso, con diferencias sustanciales del original. Paralelamente, intentó recusar a los jueces por ser docentes universitarios pero la solicitud fue rechazada. También presentó recursos extraordinarios contra esos rechazos que igualmente fueron denegados. Por ello, el Gobierno libertario presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema.
Ahora, está obligado a cumplir con la ley presentada por el CIN, que tiene como propósito garantizar el sostenimiento del financiamiento de las universidades públicas de todo el país.
En lo que concierne al aspecto salarial, la normativa prevé la recuperación del poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes tomando como base la variación acumulada de la inflación informada por el INDEC desde el 1° de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley. Sostiene además que "todo aumento salarial deberá ser remunerativo y bonificable, y deberá asegurarse la completa incorporación de las sumas no remunerativas y no bonificables dentro de los básicos de la convención colectiva correspondiente".
También ordena la convocatoria a paritarias con una periodicidad no menor a los tres meses y asegurando una actualización mensual no inferior a la inflación, salvo acuerdo más favorable para las y los trabajadores. Cabe recordar que uno de los reclamos centrales de los gremios es la ausencia de discusión paritaria. Los últimos aumentos otorgados por el Gobierno, muy por debajo de la inflación acumulada, fueron aplicados de manera unánime y sin mediar diálogo con los representantes gremiales.
Los artículos 8 y 9 disponen la actualización de los montos de las becas así como la ampliación de los beneficiarios, aspectos claves del bienestar estudiantil que hoy atraviesan un momento crítico. Los valores están paralizados desde 2023, lo que deriva en que algunas ayudas resulten insuficientes para asegurar la continuidad de las trayectorias académicas. El ejemplo más citado es la Beca Progresar, que mantiene su valor congelado en 30 mil pesos.
Por último, la ley estipula un incremento progresivo del presupuesto destinado a la educación universitaria que debe alcanzar como mínimo una participación del 1,5% del PBI para 2031. Mediante el Presupuesto 2026, el Gobierno eliminó el piso mínimo de inversión educativa equivalente al 6% del PBI, derogando el artículo 9 de la Ley 26.206 que establecía la obligatoriedad de esta meta presupuestaria. En este escenario, para Educación se proyecta una inversión de apenas el 0,73% del PBI, manteniéndose en mínimos históricos y un 50% debajo de los recursos reales de 2023.
Los datos duros del ajuste
Mediante un comunicado publicado el 27 de marzo, el CIN advirtió que la situación presupuestaria del sistema es crítica y que "el recorte ocurre en todas las dimensiones de los asuntos universitarios". En términos generales, las transferencias a universidades nacionales registran una caída acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, una de las cifras más bajas de las últimas décadas.
El poder adquisitivo de los gastos de funcionamiento de las universidades no superó en ningún momento de la actual gestión el 64% que registraba en enero del 2023. "Actualmente, se encuentra en torno al 40% de los valores de enero de 2023 y, en relación con el valor promedio que dicha cuota tuvo entre enero y noviembre de 2023, se han perdido, durante los meses de gestión del actual gobierno, el equivalente a casi 9 meses de transferencias", indica el comunicado.
Señala, por otro lado, que el análisis de las partidas también incluye las líneas presupuestarias que si bien no forman parte de los presupuestos universitarios son centrales para garantizar el funcionamiento, como las partidas para el fortalecimiento de ciencia y técnica, las actividades de extensión universitaria y el desarrollo de infraestructura. La ejecución presupuestaria de las partidas para cada uno de estos aspectos no supera el 50% de lo ejecutado en años anteriores.
Respecto a las Becas Progresar, desde el CIN advierten que el presupuesto vigente con su financiamiento y el acompañamiento de trayectorias se redujeron en un 82% en términos nominales entre 2026 y 2025, lo que ubica al gasto, en términos reales, más de un 95% por debajo del valor que tenía en 2023.
El CIN señala que el deterioro de los salarios universitarios refleja cifras similares: entre noviembre 2023 y febrero 2026 los salarios acumulan un incremento del 158%, mientras que la inflación acumulada en el mismo período alcanza el 280%, lo que deriva en una pérdida del poder adquisitivo del 32%. Esto equivale a la pérdida de, aproximadamente, 7,3 salarios mensuales en el período calculado. "Esta situación ubica, en la actualidad, a los salarios universitarios en su nivel más bajo de los últimos 23 años y en uno de los niveles más bajos desde el retorno de la democracia", advierte el organismo.
Para equiparar la capacidad de compra al nivel previo a la asunción del actual Gobierno, la recomposición salarial debería ubicarse en el orden del 47,3%. A la fecha, los aumentos otorgados no superan el 15% y la mayoría de los salarios básicos de la docencia no alcanza a cubrir la canasta básica.
Como dato general, indican que las transferencias a las universidades se redujeron en un 45,6% y que el gasto público en educación superior en Argentina hoy es uno de los más bajos del continente. El organismo declaró la emergencia salarial y presupuestaria del sistema universitario y científico nacional.
Según precisaron desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), el Gobierno nacional puede plantear un recurso de queja ante la Corte Suprema por las recusaciones, pero eso no suspende el proceso. La cautelar está firme en segunda instancia y el juicio de fondo continúa su curso.
Pese a la decisión favorable de la Justicia, todavía no hay certezas: el Gobierno ya intentó, en varias ocasiones, frenar la aplicación de una ley clave para el sostenimiento del sistema universitario. Y hará otro intento ante la Corte Suprema. Por lo tanto, desde los gremios advirtieron que la lucha sigue y anunciaron dos semanas de paro, durante la semana del 13 al 18 de abril y la semana del 27 de abril al 2 de mayo, respectivamente. La medida busca poner en foco la necesidad de que el Ejecutivo cumpla de manera inmediata con la Ley de Financiamiento en medio del brutal ajuste a las universidades nacionales.
Un fallo reciente ratificó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que se encontraba judicializada desde noviembre, después de que el Gobierno nacional ordenara su suspensión. Esta decisión pondría fin a las estrategias del Ejecutivo para frenar la aplicación de la normativa que establece la recomposición de las partidas presupuestarias, las becas estudiantiles y los salarios de los trabajadores universitarios. Según el Consejo Interuniversitario Nacional, las transferencias a las universidades se redujeron en casi un 50% en los últimos años y el gasto público en educación superior hoy está entre los más bajos del continente.
Laberinto judicial
La ley fue aprobada en octubre del 2025, luego de que el Congreso rechazara el veto de Javier Milei. El Ejecutivo la promulgó mediante el Decreto 759/25, pero agregó una cláusula, invocando el artículo 5 de la Ley 24.629, y suspendió su ejecución. El argumento era que la normativa no especificaba las fuentes de financiamiento y atentaba contra el ahorro fiscal.
La medida suscitó medidas de fuerza de los gremios universitarios, quienes exigen la recomposición salarial y presupuestaria desde hace dos años. Por otro lado, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) impulsó acciones judiciales para garantizar el cumplimiento de la normativa.
Esta semana que concluyó, la Justicia ratificó la demanda de la comunidad universitaria: la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal declaró inaplicable el decreto que suspendía la ejecución de la Ley. El fallo ratifica la decisión que se hizo lugar en primera instancia a la cautelar presentada en noviembre del 2025 por las universidades nacionales. En este sentido, ordena al Ejecutivo a cumplir en forma inmediata con los artículos 5 y 6 de la Ley, lo que implica que se deben actualizar los salarios docentes y no docentes así como los valores de las becas estudiantiles.
Los jueces analizaron el caso y remarcaron que el Congreso había agotado el procedimiento legislativo previsto en la Constitución, por lo que corresponde que la norma sea aplicada. El tribunal reconoció igualmente el daño que podría ocasionar la demora en la aplicación de la ley. En este sentido, sostuvo que "la propia ley 27.795 y el decreto impugnado dan cuenta del deterioro de los ingresos, la disminución del poder adquisitivo y la pérdida salarial del colectivo afectado".
La Cámara se expresó sobre la cuestión del impacto fiscal, un aspecto clave que el Gobierno ha usado de manera reiterada para negarse a aplicar la normativa. Recordó que la medida representa el 0,23% del PBI y subrayó que "no se observaba una afectación al interés público", sino que está en juego "el derecho a enseñar y aprender".
La decisión pondría un punto final a la carrera judicial que viene atravesando la ley. A finales del 2025 el CIN presentó un amparo por el incumplimiento de la normativa. La Justicia falló a favor de las universidades: el juez federal Martín Cormick obligó al Ejecutivo a cumplir las disposiciones de la Ley 27.795 de manera inmediata. No obstante, en febrero el Gobierno apeló la medida cautelar y presentó un proyecto propio ante el Congreso, con diferencias sustanciales del original. Paralelamente, intentó recusar a los jueces por ser docentes universitarios pero la solicitud fue rechazada. También presentó recursos extraordinarios contra esos rechazos que igualmente fueron denegados. Por ello, el Gobierno libertario presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema.
Ahora, está obligado a cumplir con la ley presentada por el CIN, que tiene como propósito garantizar el sostenimiento del financiamiento de las universidades públicas de todo el país.
En lo que concierne al aspecto salarial, la normativa prevé la recuperación del poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes tomando como base la variación acumulada de la inflación informada por el INDEC desde el 1° de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley. Sostiene además que "todo aumento salarial deberá ser remunerativo y bonificable, y deberá asegurarse la completa incorporación de las sumas no remunerativas y no bonificables dentro de los básicos de la convención colectiva correspondiente".
También ordena la convocatoria a paritarias con una periodicidad no menor a los tres meses y asegurando una actualización mensual no inferior a la inflación, salvo acuerdo más favorable para las y los trabajadores. Cabe recordar que uno de los reclamos centrales de los gremios es la ausencia de discusión paritaria. Los últimos aumentos otorgados por el Gobierno, muy por debajo de la inflación acumulada, fueron aplicados de manera unánime y sin mediar diálogo con los representantes gremiales.
Los artículos 8 y 9 disponen la actualización de los montos de las becas así como la ampliación de los beneficiarios, aspectos claves del bienestar estudiantil que hoy atraviesan un momento crítico. Los valores están paralizados desde 2023, lo que deriva en que algunas ayudas resulten insuficientes para asegurar la continuidad de las trayectorias académicas. El ejemplo más citado es la Beca Progresar, que mantiene su valor congelado en 30 mil pesos.
Por último, la ley estipula un incremento progresivo del presupuesto destinado a la educación universitaria que debe alcanzar como mínimo una participación del 1,5% del PBI para 2031. Mediante el Presupuesto 2026, el Gobierno eliminó el piso mínimo de inversión educativa equivalente al 6% del PBI, derogando el artículo 9 de la Ley 26.206 que establecía la obligatoriedad de esta meta presupuestaria. En este escenario, para Educación se proyecta una inversión de apenas el 0,73% del PBI, manteniéndose en mínimos históricos y un 50% debajo de los recursos reales de 2023.
Los datos duros del ajuste
Mediante un comunicado publicado el 27 de marzo, el CIN advirtió que la situación presupuestaria del sistema es crítica y que "el recorte ocurre en todas las dimensiones de los asuntos universitarios". En términos generales, las transferencias a universidades nacionales registran una caída acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, una de las cifras más bajas de las últimas décadas.
El poder adquisitivo de los gastos de funcionamiento de las universidades no superó en ningún momento de la actual gestión el 64% que registraba en enero del 2023. "Actualmente, se encuentra en torno al 40% de los valores de enero de 2023 y, en relación con el valor promedio que dicha cuota tuvo entre enero y noviembre de 2023, se han perdido, durante los meses de gestión del actual gobierno, el equivalente a casi 9 meses de transferencias", indica el comunicado.
Señala, por otro lado, que el análisis de las partidas también incluye las líneas presupuestarias que si bien no forman parte de los presupuestos universitarios son centrales para garantizar el funcionamiento, como las partidas para el fortalecimiento de ciencia y técnica, las actividades de extensión universitaria y el desarrollo de infraestructura. La ejecución presupuestaria de las partidas para cada uno de estos aspectos no supera el 50% de lo ejecutado en años anteriores.
Respecto a las Becas Progresar, desde el CIN advierten que el presupuesto vigente con su financiamiento y el acompañamiento de trayectorias se redujeron en un 82% en términos nominales entre 2026 y 2025, lo que ubica al gasto, en términos reales, más de un 95% por debajo del valor que tenía en 2023.
El CIN señala que el deterioro de los salarios universitarios refleja cifras similares: entre noviembre 2023 y febrero 2026 los salarios acumulan un incremento del 158%, mientras que la inflación acumulada en el mismo período alcanza el 280%, lo que deriva en una pérdida del poder adquisitivo del 32%. Esto equivale a la pérdida de, aproximadamente, 7,3 salarios mensuales en el período calculado. "Esta situación ubica, en la actualidad, a los salarios universitarios en su nivel más bajo de los últimos 23 años y en uno de los niveles más bajos desde el retorno de la democracia", advierte el organismo.
Para equiparar la capacidad de compra al nivel previo a la asunción del actual Gobierno, la recomposición salarial debería ubicarse en el orden del 47,3%. A la fecha, los aumentos otorgados no superan el 15% y la mayoría de los salarios básicos de la docencia no alcanza a cubrir la canasta básica.
Como dato general, indican que las transferencias a las universidades se redujeron en un 45,6% y que el gasto público en educación superior en Argentina hoy es uno de los más bajos del continente. El organismo declaró la emergencia salarial y presupuestaria del sistema universitario y científico nacional.
Según precisaron desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), el Gobierno nacional puede plantear un recurso de queja ante la Corte Suprema por las recusaciones, pero eso no suspende el proceso. La cautelar está firme en segunda instancia y el juicio de fondo continúa su curso.
Pese a la decisión favorable de la Justicia, todavía no hay certezas: el Gobierno ya intentó, en varias ocasiones, frenar la aplicación de una ley clave para el sostenimiento del sistema universitario. Y hará otro intento ante la Corte Suprema. Por lo tanto, desde los gremios advirtieron que la lucha sigue y anunciaron dos semanas de paro, durante la semana del 13 al 18 de abril y la semana del 27 de abril al 2 de mayo, respectivamente. La medida busca poner en foco la necesidad de que el Ejecutivo cumpla de manera inmediata con la Ley de Financiamiento en medio del brutal ajuste a las universidades nacionales.