Milei avanza con la entrega del territorio nacional a empresas extranjeras Por Sebastián Premici
La administración Milei pretende volar de un plumazo los alcances de la ley que protege el dominio nacional de la extranjerización de las tierras rurales. Es una modificación que necesitan varias empresas mineras, como es el caso de Río Tinto para su proyecto de litio en Antofagasta de la Sierra, por citar un ejemplo. O los empresarios qataríes que no paran de adquirir hectáreas en la Patagonia o el caso de una empresa israelí (Tamar Mining) que adquirió permisos de cateo para la actividad minera en Río Negro, en zona de glaciares.
El ministro de destrucción del Estado, Federico Sturzenegger, sostuvo -durante su participación en un plenario de comisiones en el Senador de la Nación- que los cambios en esta norma también se explicaban por supuestas inversiones extranjeras "en el puerto de Barranqueras" en el Chaco que hasta ahora se encontraban frenadas. Las "inversiones" sobre la Vía Navegable Troncal y su correlato terrestre son monitoreadas desde Washington.
Durante el evento "Argentina Week", el presidente de la Agencia de Inversiones de Chaco, Martín Braillard Poccard, había adelantado negociaciones para instalar un centro de IA asociado a inversiones energéticas. ¿Será en el marco del proyecto Pax Sílica impulsado por el Departamento de Estado y el Pentágono de los Estados Unidos? Para eso necesitan adquirir tierras.
Los cambios normativos que se encuentran bajo tratamiento del Senado - extranjerización de la tierra, manejo del fuego y expropiaciones en el caso del Senado- y las modificaciones a la ley de Glaciares forman parte de un plexo normativo para el saqueo sistemático de los recursos naturales bajo la atenta mirada de los Estados Unidos. La Libertad Avanza los presentó en la Cámara alta bajo el ampuloso título de "inviolabilidad de la propiedad privada", negociada en su momento con los gobernadores en el marco del "Pacto de Mayo".
Sturzenegger se dice fake news
El ministro de destrucción del Estado, Federico Sturzenegger, presentó en el Senado el proyecto denominado "Inviolabilidad de la Propiedad Privada", una iniciativa dividida en cinco capítulos que avanza sobre diferentes leyes, una suerte de proyecto ómnibus: el "Régimen para la regularización dominial para la integración socio urbana (ley 27.453)", la ley de expropiaciones (21.499), el Código Civil, "la protección del dominio nacional sobre propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales (26.737)" y la ley del manejo del fuego (26.815).
Durante su disertación en el plenario de las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, no pasó desapercibido el comentario que hizo sobre su experiencia con empresarios qataries, una anécdota digna de una fake news libertaria.
"Cuando estaba dando clases en Qatar, nos organizaron una reunión con empresarios. Un día se me acerca alguien y me dice ´Federico, quiero invertir en un tambo, no sé, 100.000 hectáreas´. En ese momento le dije mirá que no vas a poder porque en el país tenemos esta ley´". El mayor tambo del país pertenece a Adecoagro, tiene 10.000 hectáreas y se encuentra ubicado en Santa Fe. Los empresarios qataríes, en realidad, vienen por la Patagonia.
La ley de protección del dominio nacional y los cambios en la norma sobre el manejo del fuego van de la mano. Cuando los incendios arrasaban con la Patagonia durante el verano de 2025, el gobernador de Río Negro le entregaba a la empresa Baguales Acquisitions permisos para el uso del agua para la construcción de tres pequeñas centrales hidroeléctricas (al estilo de las que tiene montadas Joe Lewis en Lago Escondido). Baguales es una sociedad gestionada por el ex tenista Gastón Gaudio pero cuyo dueño real es el qatarí Mana A Sh Al Hajri. El gobernador es el mismo que por estos días le entregó a Tamar Mining -una compañía de capitales israelíes- permisos de cateo para un proyecto minero en zona de glaciares. Todo tiene que ver con todo.
Sturzenegger quería derogar por completo la ley de tierras, por eso la incluyó dentro del DNU 70/23, capítulo que fue frenado por una medida cautelar. "Me cuesta pensar en una ley más inconstitucional que esta", sostuvo durante su participación en el plenario de Comisiones del Senado. Ahora va por su derogación de hecho a partir de los cambios en el espíritu de la norma.
Los cambios en la ley de tierras
La administración Milei pretende modificar con tan solo ocho artículos la totalidad de la ley de protección del dominio nacional de las tierras rurales. En la práctica, se trasmutan los sujetos obligados, una alteración estratégica que vacía de contenido el espíritu original de la norma. El texto propuesto por el Poder Ejecutivo pasará a regular la posesión de tierras rurales solamente por parte de "Estados extranjeros" y de aquellas formas societarias donde un Estado defina la voluntad de la empresa.
De esta manera, se libera de toda limitación a personas humanas y empresas extranjeras. Los datos históricos relevados por el Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR) indican que la mayor proporción de tierras en manos extranjeras está titularizada a nombre de personas jurídicas privadas (empresas) y no de Estados. Por ende, limitar solamente a Estados extranjeros la adquisición de tierras rurales forma parte de las trampas jurídicas esbozadas por Sturzenegger, otra maniobra de legalidad fraguada.
"Fingen la restricción a organismos públicos estatales extranjeros pero no dicen nada de las empresas privadas que son un vehículo para la entrega de soberanía. El 90% de las operaciones realizadas durante la gestión de Mauricio Macri y Javier Milei fueron adquisiciones de privados -extranjeros- a través de triangulaciones vía fideicomisos donde el que da la cara posee un DNI local. Esta es una derogación encubierta de la Ley de tierras", sostuvo el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, uno de los autores de la norma aprobada durante un álgido diciembre de 2011 ante las esquirlas de lo que había sido el famoso Grupo A.
El proyecto de LLA busca la opacidad; la ciudadanía no podrá saber quiénes están detrás de la compra de tierras. Los "inversores extranjeros" podrán utilizar una arquitectura jurídica de mamushkas de empresas radicadas en Paraísos Fiscales para apropiarse de una parte del territorio del país. Por eso se deroga del artículo 2 de la ley original la parte que fijaba como objetivo "determinar la titularidad, catastral y dominial, de la situación de posesión, bajo cualquier título o situación de hecho de las tierras rurales".
El espíritu original de la Ley 26.737 excluía del régimen de inversiones las operaciones de compra venta de tierras por parte de personas o empresas extranjeras. El artículo 11 contenía una clausula interpretativa destinada a blindar al Estado argentino al no considerar a la tierra rural como una inversión protegida por tratados internacionales. En los fundamentos del texto original se expresaba lo siguiente:
"Este proyecto de ley excluye del concepto de inversión la compraventa o adquisición de derechos sobre las tierras rurales, toda vez que se trata de un recurso natural no renovable que es de titularidad del Estado, nacional o provincial, o de los habitantes de la República Argentina. En consecuencia, se procura efectivizar el derecho irrenunciable del Gobierno Nacional al ejercicio de su soberanía y la preservación de la titularidad de los pueblos sobre sus recursos y riquezas naturales".
La iniciativa de Sturzenegger deroga este artículo 11. Bienvenidos los tribunales internacionales del CIADI.
Excepciones opacas
El proyecto oficial solo limita la compra de tierras rurales a Estado o empresas que tengan participación estatal. Pero podría haber excepciones.
En el artículo 31 del proyecto "Inviolabilidad de la propiedad privada" se modifica el artículo 4 de la ley original y se deja establecido lo siguiente: "Excepcionalmente, podrán ser titulares de dominio o posesión de tierras rurales en el territorio nacional en los casos en los que tal operación no constituya un riesgo a la seguridad, defensa y soberanía nacional. La reglamentación establecerá un procedimiento con el objeto de autorizar o rechazar esas operaciones".
Cuando los legisladores le preguntaron a Sturzenegger por esas "excepciones", el funcionario se desligó de cualquier responsabilidad y respondió: "Si tienen alguna duda, presenten alguna propuesta de cómo especificar esas excepciones".
¿Las excepciones podrían incluir el caso de un país que quiera instalar una base militar? Milei ya se la ofreció a los Estados Unidos y el lugar elegido fue Tierra del Fuego. ¿O se buscan evitar bases logísticas o de soporte de países "no alineados con Estados Unidos"?
"La reforma opera como un instrumento de política exterior: libera el mercado para el capital privado aliado mientras establece una herramienta de cerrojo legal explícito contra la adquisición por parte de Estados considerados adversarios por Washington. No se trata solamente de desregular; se trata de elegir a quién favorecer y afianzar una dependencia, un vasallaje", advirtió Gómez.
Fuente: El Destape
Por Sebastián Premici
La administración Milei pretende volar de un plumazo los alcances de la ley que protege el dominio nacional de la extranjerización de las tierras rurales. Es una modificación que necesitan varias empresas mineras, como es el caso de Río Tinto para su proyecto de litio en Antofagasta de la Sierra, por citar un ejemplo. O los empresarios qataríes que no paran de adquirir hectáreas en la Patagonia o el caso de una empresa israelí (Tamar Mining) que adquirió permisos de cateo para la actividad minera en Río Negro, en zona de glaciares.
El ministro de destrucción del Estado, Federico Sturzenegger, sostuvo -durante su participación en un plenario de comisiones en el Senador de la Nación- que los cambios en esta norma también se explicaban por supuestas inversiones extranjeras "en el puerto de Barranqueras" en el Chaco que hasta ahora se encontraban frenadas. Las "inversiones" sobre la Vía Navegable Troncal y su correlato terrestre son monitoreadas desde Washington.
Durante el evento "Argentina Week", el presidente de la Agencia de Inversiones de Chaco, Martín Braillard Poccard, había adelantado negociaciones para instalar un centro de IA asociado a inversiones energéticas. ¿Será en el marco del proyecto Pax Sílica impulsado por el Departamento de Estado y el Pentágono de los Estados Unidos? Para eso necesitan adquirir tierras.
Los cambios normativos que se encuentran bajo tratamiento del Senado - extranjerización de la tierra, manejo del fuego y expropiaciones en el caso del Senado- y las modificaciones a la ley de Glaciares forman parte de un plexo normativo para el saqueo sistemático de los recursos naturales bajo la atenta mirada de los Estados Unidos. La Libertad Avanza los presentó en la Cámara alta bajo el ampuloso título de "inviolabilidad de la propiedad privada", negociada en su momento con los gobernadores en el marco del "Pacto de Mayo".
Sturzenegger se dice fake news
El ministro de destrucción del Estado, Federico Sturzenegger, presentó en el Senado el proyecto denominado "Inviolabilidad de la Propiedad Privada", una iniciativa dividida en cinco capítulos que avanza sobre diferentes leyes, una suerte de proyecto ómnibus: el "Régimen para la regularización dominial para la integración socio urbana (ley 27.453)", la ley de expropiaciones (21.499), el Código Civil, "la protección del dominio nacional sobre propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales (26.737)" y la ley del manejo del fuego (26.815).
Durante su disertación en el plenario de las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, no pasó desapercibido el comentario que hizo sobre su experiencia con empresarios qataries, una anécdota digna de una fake news libertaria.
"Cuando estaba dando clases en Qatar, nos organizaron una reunión con empresarios. Un día se me acerca alguien y me dice ´Federico, quiero invertir en un tambo, no sé, 100.000 hectáreas´. En ese momento le dije mirá que no vas a poder porque en el país tenemos esta ley´". El mayor tambo del país pertenece a Adecoagro, tiene 10.000 hectáreas y se encuentra ubicado en Santa Fe. Los empresarios qataríes, en realidad, vienen por la Patagonia.
La ley de protección del dominio nacional y los cambios en la norma sobre el manejo del fuego van de la mano. Cuando los incendios arrasaban con la Patagonia durante el verano de 2025, el gobernador de Río Negro le entregaba a la empresa Baguales Acquisitions permisos para el uso del agua para la construcción de tres pequeñas centrales hidroeléctricas (al estilo de las que tiene montadas Joe Lewis en Lago Escondido). Baguales es una sociedad gestionada por el ex tenista Gastón Gaudio pero cuyo dueño real es el qatarí Mana A Sh Al Hajri. El gobernador es el mismo que por estos días le entregó a Tamar Mining -una compañía de capitales israelíes- permisos de cateo para un proyecto minero en zona de glaciares. Todo tiene que ver con todo.
Sturzenegger quería derogar por completo la ley de tierras, por eso la incluyó dentro del DNU 70/23, capítulo que fue frenado por una medida cautelar. "Me cuesta pensar en una ley más inconstitucional que esta", sostuvo durante su participación en el plenario de Comisiones del Senado. Ahora va por su derogación de hecho a partir de los cambios en el espíritu de la norma.
Los cambios en la ley de tierras
La administración Milei pretende modificar con tan solo ocho artículos la totalidad de la ley de protección del dominio nacional de las tierras rurales. En la práctica, se trasmutan los sujetos obligados, una alteración estratégica que vacía de contenido el espíritu original de la norma. El texto propuesto por el Poder Ejecutivo pasará a regular la posesión de tierras rurales solamente por parte de "Estados extranjeros" y de aquellas formas societarias donde un Estado defina la voluntad de la empresa.
De esta manera, se libera de toda limitación a personas humanas y empresas extranjeras. Los datos históricos relevados por el Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR) indican que la mayor proporción de tierras en manos extranjeras está titularizada a nombre de personas jurídicas privadas (empresas) y no de Estados. Por ende, limitar solamente a Estados extranjeros la adquisición de tierras rurales forma parte de las trampas jurídicas esbozadas por Sturzenegger, otra maniobra de legalidad fraguada.
"Fingen la restricción a organismos públicos estatales extranjeros pero no dicen nada de las empresas privadas que son un vehículo para la entrega de soberanía. El 90% de las operaciones realizadas durante la gestión de Mauricio Macri y Javier Milei fueron adquisiciones de privados -extranjeros- a través de triangulaciones vía fideicomisos donde el que da la cara posee un DNI local. Esta es una derogación encubierta de la Ley de tierras", sostuvo el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, uno de los autores de la norma aprobada durante un álgido diciembre de 2011 ante las esquirlas de lo que había sido el famoso Grupo A.
El proyecto de LLA busca la opacidad; la ciudadanía no podrá saber quiénes están detrás de la compra de tierras. Los "inversores extranjeros" podrán utilizar una arquitectura jurídica de mamushkas de empresas radicadas en Paraísos Fiscales para apropiarse de una parte del territorio del país. Por eso se deroga del artículo 2 de la ley original la parte que fijaba como objetivo "determinar la titularidad, catastral y dominial, de la situación de posesión, bajo cualquier título o situación de hecho de las tierras rurales".
El espíritu original de la Ley 26.737 excluía del régimen de inversiones las operaciones de compra venta de tierras por parte de personas o empresas extranjeras. El artículo 11 contenía una clausula interpretativa destinada a blindar al Estado argentino al no considerar a la tierra rural como una inversión protegida por tratados internacionales. En los fundamentos del texto original se expresaba lo siguiente:
"Este proyecto de ley excluye del concepto de inversión la compraventa o adquisición de derechos sobre las tierras rurales, toda vez que se trata de un recurso natural no renovable que es de titularidad del Estado, nacional o provincial, o de los habitantes de la República Argentina. En consecuencia, se procura efectivizar el derecho irrenunciable del Gobierno Nacional al ejercicio de su soberanía y la preservación de la titularidad de los pueblos sobre sus recursos y riquezas naturales".
La iniciativa de Sturzenegger deroga este artículo 11. Bienvenidos los tribunales internacionales del CIADI.
Excepciones opacas
El proyecto oficial solo limita la compra de tierras rurales a Estado o empresas que tengan participación estatal. Pero podría haber excepciones.
En el artículo 31 del proyecto "Inviolabilidad de la propiedad privada" se modifica el artículo 4 de la ley original y se deja establecido lo siguiente: "Excepcionalmente, podrán ser titulares de dominio o posesión de tierras rurales en el territorio nacional en los casos en los que tal operación no constituya un riesgo a la seguridad, defensa y soberanía nacional. La reglamentación establecerá un procedimiento con el objeto de autorizar o rechazar esas operaciones".
Cuando los legisladores le preguntaron a Sturzenegger por esas "excepciones", el funcionario se desligó de cualquier responsabilidad y respondió: "Si tienen alguna duda, presenten alguna propuesta de cómo especificar esas excepciones".
¿Las excepciones podrían incluir el caso de un país que quiera instalar una base militar? Milei ya se la ofreció a los Estados Unidos y el lugar elegido fue Tierra del Fuego. ¿O se buscan evitar bases logísticas o de soporte de países "no alineados con Estados Unidos"?
"La reforma opera como un instrumento de política exterior: libera el mercado para el capital privado aliado mientras establece una herramienta de cerrojo legal explícito contra la adquisición por parte de Estados considerados adversarios por Washington. No se trata solamente de desregular; se trata de elegir a quién favorecer y afianzar una dependencia, un vasallaje", advirtió Gómez.
Fuente: El Destape