La promesa del uranio: Chubut en el epicentro del mapa energético mundial En un contexto de amplia demanda del uranio, Chubut se posiciona como un actor clave tras habilitar la exploración del mineral en Laguna Salada. La Provincia concentra la mitad de las reservas de todo el país y actualmente cuenta con una decena de proyectos en distintas fases, la mayoría en estadío de exploración inicial. Frente a la crisis de los hidrocarburos y una coyuntura de cambios en el mapa energético mundial, se apuesta al uranio como alternativa económica. En tanto, organizaciones, especialistas y ciudadanos se pronuncian sobre los riesgos latentes de la actividad.
Avanza la exploración
A finales de 2024, el presidente Javier Milei anunció la creación del Plan Nuclear Argentino, que tiene como objetivo construir un reactor modular pequeño (SMR) en el predio de la Central Nuclear Atucha y desarrollar las reservas de uranio en el país para cubrir la demanda nacional y posicionar al país como exportador.
El mandatario libertario sostuvo que "se va a generar en el mundo entero un resurgimiento de la energía nuclear" y se refirió a "incontables campañas de desprestigio de algunas fundaciones internacionales" contra "la única fuente eficiente, abundante y rápidamente escalable para hacerle frente al desarrollo de nuestra civilización".
La "fiebre del uranio" se produce en un momento en que el recurso se vuelve estratégico en la agenda energética nacional e internacional por varias razones: el rápido desarrollo de la inteligencia artificial, que incrementa la demanda eléctrica de centros de datos; la reaparición de la energía nuclear como alternativa libre de carbono y los cambios geopolíticos que obligan a buscar suministro fuera de Rusia y Kazajistán.
Según estimaciones de la Agencia de Energía Nuclear (NEA) y el Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA) la demanda mundial de este mineral podría incrementarse en un 141,7% hacia el año 2050 en un escenario de máxima capacidad.
En este contexto, la Patagonia se posiciona como un territorio clave debido a sus amplias reservas y a sus condiciones geológicas.
En ese contexto, a principios de marzo Chubut habilitó a la empresa canadiense Jaguar Uranium para la exploración del mineral. Si bien la inversión de la firma estará destinada a otros proyectos en Argentina y Colombia, señalaron que la prioridad estará puesta en la provincia patagónica. Se trata de uno de los proyectos de uranio más grandes y con mayor potencial del país. El permiso cubre la porción "Guanaco" del activo Laguna Salada.
Desde la empresa confirmaron que los fondos serán utilizados para iniciar un programa de exploración con el fin de "establecer y aumentar los niveles de recursos, con el objetivo de introducir nueva producción de uranio para ayudar a abordar la creciente deficiencia de suministro a nivel global".
Los proyectos mineros avanzan por etapas: la primera fase es la prospección, que identifica áreas con potencial mineral mediante actividades poco invasivas. La exploración inicial define las características geológicas del depósito, aunque sin datos suficientes para evaluar su viabilidad económica. En la etapa de exploración avanzada, se intensifican las perforaciones para estimar recursos con mayor precisión. La evaluación económica preliminar elabora estudios iniciales (PEA) para determinar la rentabilidad. El proceso continúa con estudios de prefactibilidad y factibilidad, y actividades de construcción y mantenimiento.
En la Patagonia, la mayoría de las iniciativas se encuentran en las fases iniciales. De los 14 proyectos activos en la región, 6 están en prospección, 3 en exploración inicial, 3 en exploración avanzada y 2 en evaluación preliminar.
En paralelo a su trabajo en los yacimientos chubutenses, Jaguar Uranium actualmente trabaja en Huemul, la primera mina de uranio del país, ubicada en Malargüe, Mendoza. La compañía adquirió los derechos del yacimiento en 2023.
La fiebre del uranio
La inversión reciente de Jaguar Uranium se enmarca en un contexto global de redefinición de los recursos, en los que Argentina podría ocupar un rol estratégico. Según la World Nuclear Association el país tiene el 0,56% de las reservas mundiales, y Chubut concentra la mitad de ese total. Desde el año pasado, la gestión de Javier Milei busca reactivar la actividad nuclear: si bien a nivel nacional existen tres centrales nucleares activas, la materia prima es importada y no se extraen minerales desde la década de los 90.
El primer depósito fue descubierto en 1946, en el departamento de Las Heras (Mendoza). Los proyectos se multiplicaron en los años siguientes: entre 1952 y 1997 Argentina produjo cerca de 2.6000 toneladas de uranio en la forma de diuranato de amonio ("yellowcake"), destinadas a cubrir la demanda local. Durante ese período funcionaron siete centros de producción (no simultáneos), una planta piloto y unos 10 yacimientos en los que se utilizó tanto la minería a cielo abierto (con participaciones del 82%) como la subterránea (18%) con siete centros de producción.
La actividad se frenó a mediados de 1990 debido a la caída del precio del recurso en el mercado internacional, por lo que desde hace más de 20 años la Argentina importa el concentrado de uranio de Kazajistán y Canadá.
Provincias como Mendoza o Chubut cuentan con potencial para este tipo de actividades, y vuelven a estar en el centro de la escena ante la demanda global de uranio. Sin embargo, también son territorios de expresiones ciudadanas en contra de la minería que en las últimas décadas han logrado frenar el avance del extractivismo mediante la protección de leyes claves como la N° 5001 o la N° 7722.
El potencial de Chubut
La región central de Chubut alberga uno de los depósitos de uranio más significativos de América Latina, además de poseer metales como torio, tierras raras, molibdeno y vanadio. En la actualidad, la Comisión Natural de Energía Atómica (CENA) administra unos 18 expedientes mineros en el país, de los cuales 8 se encuentran en Chubut.
La Provincia cuenta con uno de los yacimientos más grandes del país con Cerro Solo, aunque existen otros con cantidades significativas del mineral. Cerro Solo, por ejemplo, cuenta con 4.420 toneladas de uranio. En Los Adobes, yacimiento histórico, ya se extrajeron 90.198 toneladas de mineral para obtener 108 toneladas de uranio, aunque actualmente sus reservas son bajas. Laguna Colorada dispone de 100 toneladas de uranio "aseguradas". Laguna Salada, por su parte, registra 2.430 toneladas "aseguradas" y 1.640 "inferidas". Arroyo Perdido posee una superficie legal de 1.600 hectáreas aunque el volumen total de sus reservas no ha sido corroborado.
En el marco del Plan Nuclear de Javier Milei, el Gobierno provincial inició negociaciones con la Nación para transferir el control de las minas a la Provincia y aprovechar el potencial del uranio en el territorio. El argumento central se basa en la Constitución de 1994, que indica que los recursos naturales pertenecen a las provincias.
En paralelo, el Gobierno provincial ha criticado la "inactividad" y la "falta de inversiones" de la CNEA durante décadas. Un punto central de la estrategia es la creación de una subsidiaria de YPF para liderar la minería de uranio, lo que implica la construcción de un polo de desarrollo en la provincia en caso de que avance la confección de reactores modulares.
El interés por las reservas chubutenses se hizo evidente el pasado noviembre cuando se conoció la visita de una misión internacional para evaluar la infraestructura para la producción de uranio. La misión estuvo encabezada por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) e incluyó reuniones técnicas y visitas al proyecto ubicado en Cerro Solo.
La visita fue solicitada por la CNEA y según explicó su vicepresidente, Luis Rovere, "aportará insumos clave para la elaboración de nuevos planes que permitan avanzar hacia el renacimiento de la minería de uranio en el país".
¿Una alternativa a la crisis?
Según un informe de la Cámara de Industria y Comercio del Este de Chubut (CICECH), el uranio representa una oportunidad económica para la Provincia, especialmente ante la crisis de los sectores tradicionales como el petróleo, la pesca, el turismo y los servicios. De acuerdo al análisis, la delicada situación financiera ha llevado a poner la mirada en el uranio como alternativa para "diversificar la economía y generar desarrollo", especialmente en la Meseta Central.
"Muestra de esta decisión es el pedido formal de Chubut a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) para recuperar el control de los yacimientos de uranio Cerro Solo y otros, hasta ahora administrados por el Estado nacional. En síntesis, convergen un alto potencial geológico, una necesidad urgente de reactivar la economía provincial y un impulso político nacional y local para avanzar con la explotación de uranio en los próximos años", destaca el informe.
Por otro lado, sostiene que la producción de uranio representa "un nuevo motor económico" capaz de generar regalías mineras y otros ingresos fiscales para fortalecer las arcas públicas, además de crear "empleo directo de calidad y un efecto multiplicador en la economía general". El documento señala que la construcción y operación de una planta de procesamiento, por ejemplo, podría emplear al menos 400 operarios directos, lo que impactaría directamente a unas 300 familias e indirectamente a un número similar a través de contratistas y proveedores locales. Estos fenómenos podrían potenciar localidades sobre todo en la zona de la Meseta Central.
"La explotación de uranio asoma como un nuevo pilar productivo para Chubut. Si se la gestiona responsablemente, podría paliar la dependencia de sectores en declive (como los hidrocarburos) y generar un círculo virtuoso de desarrollo: más inversión, más empleo, más consumo interno y mayor recaudación, contribuyendo a reactivar la economía provincial en su conjunto", sintetiza el documento.
En este sentido, analiza el panorama a largo plazo y argumenta que en la próxima década "la extracción de uranio podría transformar estructuralmente la economía chubutense si se materializan las inversiones y se supera la etapa inicial". La postura del Ejecutivo provincial y el plan de incorporar a YPF a la estrategia nuclear podrían posicionar a Chubut "como pieza clave de la transición energética, alineada con la visión de convertir al uranio en un vector de desarrollo en los próximos 50 años".
Pasivos ambientales
En términos técnicos y económicos, el escenario nacional se muestra favorable para la implementación de la minería de uranio. Sin embargo, Chubut cuenta con una tradición vinculada a la defensa de los recursos naturales.
En la Provincia está vigente la Ley XVII N°68 (ex 5.001), que desde 2003 prohíbe la minería metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro en todo el territorio provincial. La ley frenó el desarrollo de proyectos extractivistas en las últimas décadas. No obstante, los defensores de la extracción del uranio argumentan que esta puede llevarse a cabo mediante la lixiviación in situ, un método extractivo alternativo a la minería tradicional que no entraría en conflicto con la legislación vigente. Consiste en perforar pozos sobre el yacimiento y bombear una solución lixiviante a través de estos para disolver los minerales de uranio en el subsuelo. El mineral es llevado a la superficie mediante pozos de extracción que recuperan el agua cargada de uranio para su procesamiento.
El año pasado, en el marco del anuncio del Plan Nuclear de Milei y la posibilidad de exploración en Chubut, la discusión por la Ley 5001 y los pasivos ambientales volvió a estar en el centro del debate.
El presidente de la Federación Empresaria del Chubut (FECH), Carlos Lorenzo, aseguró a Radio Chubut a que la provincia "tiene las mismas reservas de uranio que Kazajistán" y argumentó: "La minería no está prohibida en la Provincia del Chubut, lo que está prohibido es una metodología del uso del cianuro". El geólogo Gerardo Caldera, presidente de la Cámara de Proveedores y Empresarios Mineros (CAPEM), utilizó el mismo argumento y afirmó que "se puede explotar sin contradecir la Ley 5.001".
La actividad estaría sujeta a los controles de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) y organismos ambientales, encargados de verificar la correcta gestión de las soluciones lixiviantes y de los residuos radiactivos. Si bien señalan que los efectos son menores comparados con la minería tradicional, no son inexistentes. Organizaciones ambientales y especialistas argumentan que tanto la minería tradicional como la lixiviación representan grandes riesgos para el ambiente y la salud.
Según detalla Fernando Urbano -médico y titular de la Fundación FUSSO- en su libro "4 veces no, Chubut frente al uranio", esta técnica implica un alto riesgo de contaminación, ya que los químicos no se quedan en el sitio y tampoco se recuperan totalmente en la extracción, sino que se filtran por los acuíferos subterráneos, afectando las napas y vertientes. Implica además altos riesgos vinculados a los pasivos ambientales, sobre todo pasivos radioactivos imposibles de eliminar.
Urbano recupera los precedentes de los proyectos extractivistas. La postal de las consecuencias del extractivismo es la planta de Pichiñán, ubicada a pocos kilómetros del Río Chubut. Durante 1970, la CNEA procesó mineral en la región, y a la fecha permanecen más de 140.000 toneladas de colas radioactivas y escombros. Esa misma década, el organismo también estuvo al frente de la explotación de uranio en Los Adobes y la exploración de Cerro Solo.
En la actualidad, puntos estratégicos como Cerro Solo y Laguna Salada se perfilan como escenarios prometedores para la apuesta energética de la Provincia, aunque no se descartan pasivos similares que afecten los recursos naturales. Si bien existen técnicas de remediación, no son definitivas, y demandan miles de millones de dólares así como décadas de trabajos continuos.
En tanto, desde "No a la Mina" remarcan la necesidad de que el Estado provincial reconozca el recorrido en defensa del agua y los recursos naturales por encima del extractivismo. En este sentido sostienen que deben cumplirse con los derechos constitucionales como el establecido por el Convenio 169 OIT que prevé la consulta libre, previa e informada en los territorios habitados por comunidades mapuche tehuelche.
La ciudadanía de Chubut rechazó en más de una ocasión los intentos de explotación minera a cielo abierto y el avance de proyectos nucleares. El debate gira entre los argumentos que esgrimen que la explotación de uranio no viola la Ley 5001 y el costo de los pasivos ambientales y las alternativas económicas.
En un contexto de amplia demanda del uranio, Chubut se posiciona como un actor clave tras habilitar la exploración del mineral en Laguna Salada. La Provincia concentra la mitad de las reservas de todo el país y actualmente cuenta con una decena de proyectos en distintas fases, la mayoría en estadío de exploración inicial. Frente a la crisis de los hidrocarburos y una coyuntura de cambios en el mapa energético mundial, se apuesta al uranio como alternativa económica. En tanto, organizaciones, especialistas y ciudadanos se pronuncian sobre los riesgos latentes de la actividad.
Avanza la exploración
A finales de 2024, el presidente Javier Milei anunció la creación del Plan Nuclear Argentino, que tiene como objetivo construir un reactor modular pequeño (SMR) en el predio de la Central Nuclear Atucha y desarrollar las reservas de uranio en el país para cubrir la demanda nacional y posicionar al país como exportador.
El mandatario libertario sostuvo que "se va a generar en el mundo entero un resurgimiento de la energía nuclear" y se refirió a "incontables campañas de desprestigio de algunas fundaciones internacionales" contra "la única fuente eficiente, abundante y rápidamente escalable para hacerle frente al desarrollo de nuestra civilización".
La "fiebre del uranio" se produce en un momento en que el recurso se vuelve estratégico en la agenda energética nacional e internacional por varias razones: el rápido desarrollo de la inteligencia artificial, que incrementa la demanda eléctrica de centros de datos; la reaparición de la energía nuclear como alternativa libre de carbono y los cambios geopolíticos que obligan a buscar suministro fuera de Rusia y Kazajistán.
Según estimaciones de la Agencia de Energía Nuclear (NEA) y el Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA) la demanda mundial de este mineral podría incrementarse en un 141,7% hacia el año 2050 en un escenario de máxima capacidad.
En este contexto, la Patagonia se posiciona como un territorio clave debido a sus amplias reservas y a sus condiciones geológicas.
En ese contexto, a principios de marzo Chubut habilitó a la empresa canadiense Jaguar Uranium para la exploración del mineral. Si bien la inversión de la firma estará destinada a otros proyectos en Argentina y Colombia, señalaron que la prioridad estará puesta en la provincia patagónica. Se trata de uno de los proyectos de uranio más grandes y con mayor potencial del país. El permiso cubre la porción "Guanaco" del activo Laguna Salada.
Desde la empresa confirmaron que los fondos serán utilizados para iniciar un programa de exploración con el fin de "establecer y aumentar los niveles de recursos, con el objetivo de introducir nueva producción de uranio para ayudar a abordar la creciente deficiencia de suministro a nivel global".
Los proyectos mineros avanzan por etapas: la primera fase es la prospección, que identifica áreas con potencial mineral mediante actividades poco invasivas. La exploración inicial define las características geológicas del depósito, aunque sin datos suficientes para evaluar su viabilidad económica. En la etapa de exploración avanzada, se intensifican las perforaciones para estimar recursos con mayor precisión. La evaluación económica preliminar elabora estudios iniciales (PEA) para determinar la rentabilidad. El proceso continúa con estudios de prefactibilidad y factibilidad, y actividades de construcción y mantenimiento.
En la Patagonia, la mayoría de las iniciativas se encuentran en las fases iniciales. De los 14 proyectos activos en la región, 6 están en prospección, 3 en exploración inicial, 3 en exploración avanzada y 2 en evaluación preliminar.
En paralelo a su trabajo en los yacimientos chubutenses, Jaguar Uranium actualmente trabaja en Huemul, la primera mina de uranio del país, ubicada en Malargüe, Mendoza. La compañía adquirió los derechos del yacimiento en 2023.
La fiebre del uranio
La inversión reciente de Jaguar Uranium se enmarca en un contexto global de redefinición de los recursos, en los que Argentina podría ocupar un rol estratégico. Según la World Nuclear Association el país tiene el 0,56% de las reservas mundiales, y Chubut concentra la mitad de ese total. Desde el año pasado, la gestión de Javier Milei busca reactivar la actividad nuclear: si bien a nivel nacional existen tres centrales nucleares activas, la materia prima es importada y no se extraen minerales desde la década de los 90.
El primer depósito fue descubierto en 1946, en el departamento de Las Heras (Mendoza). Los proyectos se multiplicaron en los años siguientes: entre 1952 y 1997 Argentina produjo cerca de 2.6000 toneladas de uranio en la forma de diuranato de amonio ("yellowcake"), destinadas a cubrir la demanda local. Durante ese período funcionaron siete centros de producción (no simultáneos), una planta piloto y unos 10 yacimientos en los que se utilizó tanto la minería a cielo abierto (con participaciones del 82%) como la subterránea (18%) con siete centros de producción.
La actividad se frenó a mediados de 1990 debido a la caída del precio del recurso en el mercado internacional, por lo que desde hace más de 20 años la Argentina importa el concentrado de uranio de Kazajistán y Canadá.
Provincias como Mendoza o Chubut cuentan con potencial para este tipo de actividades, y vuelven a estar en el centro de la escena ante la demanda global de uranio. Sin embargo, también son territorios de expresiones ciudadanas en contra de la minería que en las últimas décadas han logrado frenar el avance del extractivismo mediante la protección de leyes claves como la N° 5001 o la N° 7722.
El potencial de Chubut
La región central de Chubut alberga uno de los depósitos de uranio más significativos de América Latina, además de poseer metales como torio, tierras raras, molibdeno y vanadio. En la actualidad, la Comisión Natural de Energía Atómica (CENA) administra unos 18 expedientes mineros en el país, de los cuales 8 se encuentran en Chubut.
La Provincia cuenta con uno de los yacimientos más grandes del país con Cerro Solo, aunque existen otros con cantidades significativas del mineral. Cerro Solo, por ejemplo, cuenta con 4.420 toneladas de uranio. En Los Adobes, yacimiento histórico, ya se extrajeron 90.198 toneladas de mineral para obtener 108 toneladas de uranio, aunque actualmente sus reservas son bajas. Laguna Colorada dispone de 100 toneladas de uranio "aseguradas". Laguna Salada, por su parte, registra 2.430 toneladas "aseguradas" y 1.640 "inferidas". Arroyo Perdido posee una superficie legal de 1.600 hectáreas aunque el volumen total de sus reservas no ha sido corroborado.
En el marco del Plan Nuclear de Javier Milei, el Gobierno provincial inició negociaciones con la Nación para transferir el control de las minas a la Provincia y aprovechar el potencial del uranio en el territorio. El argumento central se basa en la Constitución de 1994, que indica que los recursos naturales pertenecen a las provincias.
En paralelo, el Gobierno provincial ha criticado la "inactividad" y la "falta de inversiones" de la CNEA durante décadas. Un punto central de la estrategia es la creación de una subsidiaria de YPF para liderar la minería de uranio, lo que implica la construcción de un polo de desarrollo en la provincia en caso de que avance la confección de reactores modulares.
El interés por las reservas chubutenses se hizo evidente el pasado noviembre cuando se conoció la visita de una misión internacional para evaluar la infraestructura para la producción de uranio. La misión estuvo encabezada por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) e incluyó reuniones técnicas y visitas al proyecto ubicado en Cerro Solo.
La visita fue solicitada por la CNEA y según explicó su vicepresidente, Luis Rovere, "aportará insumos clave para la elaboración de nuevos planes que permitan avanzar hacia el renacimiento de la minería de uranio en el país".
¿Una alternativa a la crisis?
Según un informe de la Cámara de Industria y Comercio del Este de Chubut (CICECH), el uranio representa una oportunidad económica para la Provincia, especialmente ante la crisis de los sectores tradicionales como el petróleo, la pesca, el turismo y los servicios. De acuerdo al análisis, la delicada situación financiera ha llevado a poner la mirada en el uranio como alternativa para "diversificar la economía y generar desarrollo", especialmente en la Meseta Central.
"Muestra de esta decisión es el pedido formal de Chubut a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) para recuperar el control de los yacimientos de uranio Cerro Solo y otros, hasta ahora administrados por el Estado nacional. En síntesis, convergen un alto potencial geológico, una necesidad urgente de reactivar la economía provincial y un impulso político nacional y local para avanzar con la explotación de uranio en los próximos años", destaca el informe.
Por otro lado, sostiene que la producción de uranio representa "un nuevo motor económico" capaz de generar regalías mineras y otros ingresos fiscales para fortalecer las arcas públicas, además de crear "empleo directo de calidad y un efecto multiplicador en la economía general". El documento señala que la construcción y operación de una planta de procesamiento, por ejemplo, podría emplear al menos 400 operarios directos, lo que impactaría directamente a unas 300 familias e indirectamente a un número similar a través de contratistas y proveedores locales. Estos fenómenos podrían potenciar localidades sobre todo en la zona de la Meseta Central.
"La explotación de uranio asoma como un nuevo pilar productivo para Chubut. Si se la gestiona responsablemente, podría paliar la dependencia de sectores en declive (como los hidrocarburos) y generar un círculo virtuoso de desarrollo: más inversión, más empleo, más consumo interno y mayor recaudación, contribuyendo a reactivar la economía provincial en su conjunto", sintetiza el documento.
En este sentido, analiza el panorama a largo plazo y argumenta que en la próxima década "la extracción de uranio podría transformar estructuralmente la economía chubutense si se materializan las inversiones y se supera la etapa inicial". La postura del Ejecutivo provincial y el plan de incorporar a YPF a la estrategia nuclear podrían posicionar a Chubut "como pieza clave de la transición energética, alineada con la visión de convertir al uranio en un vector de desarrollo en los próximos 50 años".
Pasivos ambientales
En términos técnicos y económicos, el escenario nacional se muestra favorable para la implementación de la minería de uranio. Sin embargo, Chubut cuenta con una tradición vinculada a la defensa de los recursos naturales.
En la Provincia está vigente la Ley XVII N°68 (ex 5.001), que desde 2003 prohíbe la minería metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro en todo el territorio provincial. La ley frenó el desarrollo de proyectos extractivistas en las últimas décadas. No obstante, los defensores de la extracción del uranio argumentan que esta puede llevarse a cabo mediante la lixiviación in situ, un método extractivo alternativo a la minería tradicional que no entraría en conflicto con la legislación vigente. Consiste en perforar pozos sobre el yacimiento y bombear una solución lixiviante a través de estos para disolver los minerales de uranio en el subsuelo. El mineral es llevado a la superficie mediante pozos de extracción que recuperan el agua cargada de uranio para su procesamiento.
El año pasado, en el marco del anuncio del Plan Nuclear de Milei y la posibilidad de exploración en Chubut, la discusión por la Ley 5001 y los pasivos ambientales volvió a estar en el centro del debate.
El presidente de la Federación Empresaria del Chubut (FECH), Carlos Lorenzo, aseguró a Radio Chubut a que la provincia "tiene las mismas reservas de uranio que Kazajistán" y argumentó: "La minería no está prohibida en la Provincia del Chubut, lo que está prohibido es una metodología del uso del cianuro". El geólogo Gerardo Caldera, presidente de la Cámara de Proveedores y Empresarios Mineros (CAPEM), utilizó el mismo argumento y afirmó que "se puede explotar sin contradecir la Ley 5.001".
La actividad estaría sujeta a los controles de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) y organismos ambientales, encargados de verificar la correcta gestión de las soluciones lixiviantes y de los residuos radiactivos. Si bien señalan que los efectos son menores comparados con la minería tradicional, no son inexistentes. Organizaciones ambientales y especialistas argumentan que tanto la minería tradicional como la lixiviación representan grandes riesgos para el ambiente y la salud.
Según detalla Fernando Urbano -médico y titular de la Fundación FUSSO- en su libro "4 veces no, Chubut frente al uranio", esta técnica implica un alto riesgo de contaminación, ya que los químicos no se quedan en el sitio y tampoco se recuperan totalmente en la extracción, sino que se filtran por los acuíferos subterráneos, afectando las napas y vertientes. Implica además altos riesgos vinculados a los pasivos ambientales, sobre todo pasivos radioactivos imposibles de eliminar.
Urbano recupera los precedentes de los proyectos extractivistas. La postal de las consecuencias del extractivismo es la planta de Pichiñán, ubicada a pocos kilómetros del Río Chubut. Durante 1970, la CNEA procesó mineral en la región, y a la fecha permanecen más de 140.000 toneladas de colas radioactivas y escombros. Esa misma década, el organismo también estuvo al frente de la explotación de uranio en Los Adobes y la exploración de Cerro Solo.
En la actualidad, puntos estratégicos como Cerro Solo y Laguna Salada se perfilan como escenarios prometedores para la apuesta energética de la Provincia, aunque no se descartan pasivos similares que afecten los recursos naturales. Si bien existen técnicas de remediación, no son definitivas, y demandan miles de millones de dólares así como décadas de trabajos continuos.
En tanto, desde "No a la Mina" remarcan la necesidad de que el Estado provincial reconozca el recorrido en defensa del agua y los recursos naturales por encima del extractivismo. En este sentido sostienen que deben cumplirse con los derechos constitucionales como el establecido por el Convenio 169 OIT que prevé la consulta libre, previa e informada en los territorios habitados por comunidades mapuche tehuelche.
La ciudadanía de Chubut rechazó en más de una ocasión los intentos de explotación minera a cielo abierto y el avance de proyectos nucleares. El debate gira entre los argumentos que esgrimen que la explotación de uranio no viola la Ley 5001 y el costo de los pasivos ambientales y las alternativas económicas.