Movilidad internacional: ¿qué pasa cuando el mundo entra en guerra?
Por Fernando Ardanza
Habitamos un planeta de más de 8.100 millones de personas. Nunca fuimos tantos, nunca estuvimos tan conectados... y nunca nos movimos con tanta desigualdad. Porque cuando estalla un conflicto, la movilidad humana no se detiene: se reorganiza, se encarece y, sobre todo, se vuelve más peligrosa para quienes menos tienen.
La reciente escalada entre Estados Unidos, Israel e Irán -que incluyó ataques directos, amenazas estratégicas y, por el momento, un alto el fuego con negociaciones diplomáticas frágiles- volvió a encender las alarmas. Pero ojo: la tregua militar no borra el impacto migratorio. La experiencia histórica es tozuda: la guerra no apaga la necesidad de huir, la redirige.
Estos conflictos, con génesis en intereses territoriales, económicos (recursos), ideológicos, religiosos o étnicos -y muchas veces en miedos históricos o en la simple necesidad de control-, sacuden el desarrollo psicosocial de la humanidad. Los países y sus fronteras, en ese contexto, oscilan entre proteger o dar la espalda.
Mientras tanto, el gobierno de Milei elevó la alerta a nivel "ALTO" en fronteras y aeropuertos (28/02/2026): más controles, y mayor revisión de documentos. Argentina opta por no meterse en un juego solidario. No por falta de recursos, sino por decisión política. Esa lógica de blindaje se asemeja más a la narrativa estadounidense -centrada en barreras y amenazas externas- que a la conciencia colectiva de la sociedad argentina, donde históricamente el asilo tuvo otro peso.
El mundo en números y las 117 millones de razones para mirar más allá del titular
En 2026, el mundo supera los 8.100 millones de habitantes. Asia, 4.800 millones; África, 1.550 millones; América supera los 1.050 millones; Europa, 740 millones; Oceanía, 47 millones. Hay 193 países en el sistema de la ONU. Los cinco países más poblados son India (1.430 M), China (1.410 M), Estados Unidos (340 M), Indonesia (280 M) y Pakistán (240 M). Rusia, protagonista de la geopolítica mundial cuenta con 145M y Argentina con 46M. En Medio Oriente (países de mayoría musulmana) viven 350M, liderados por Turquía (85M), Irán (85M), Irak (45M), Arabia Saudita (36M) y Yemen (34M).
Por religión: El mundo está dividido aproximadamente en 2.300 millones de cristianos, 2.000 millones de musulmanes, 1.200 millones de hinduistas, 500 millones de budistas, 15 millones de judíos y más de 1.000 millones sin afiliación religiosa (estimaciones basadas en encuestas globales). Esta diversidad influye en patrones migratorios y en la percepción pública de la migración.
Las migraciones internacionales impactan a 304 millones de personas en 2024 (3,7% de la población mundial). Aún más abrumador es el desplazamiento forzado: ACNUR reportó 117,3 millones de desplazados a fines de 2025 (millones solicitantes de asilo, refugiados, desplazados internos). Para 2026 se prevé que la crisis humanitaria empeore, con necesidades de protección para más de 136 millones de personas desplazadas, apátridas y refugiadas en todo el mundo. Además, la crisis humanitaria deja rastros mortales: la OIM contabilizó 8.938 muertes de migrantes en 2024 (récord histórico). Estas cifras globales advierten que la migración sigue activa, aunque cambie de forma.
Un dato clave: más del 70% de los refugiados permanece en países limítrofes al conflicto.
Las guerras no generan de inmediato flujos intercontinentales masivos. Primero producen desplazamientos internos y regionales. Luego, si el conflicto se prolonga, se expanden.
No convertir a quien huye en enemigo y no devolver a una persona al lugar donde su vida o su libertad corran peligro, es el piso mínimo de humanidad que establece el art. 33 de la Convención sobre el estatuto de los refugiados de 1951.
Veamos los casos recientes:
Casos recientes
La guerra, entonces, redibuja rutas, no las borra. Y cuando se cierran los corredores oficiales, surgen los caminos de la muerte: tráfico de personas, Mediterráneo, desiertos.
Fronteras más duras: la reacción automática que termina castigando a los más vulnerables
Cada conflicto activa un reflejo casi pavloviano en los Estados: reforzar los controles. Se revisan visados, se endurecen criterios de admisión, se amplían facultades discrecionales en frontera, se activan protocolos de seguridad.
Esto pasa incluso antes de que los flujos reales lleguen. Pasó después del 11-S, pasó en Europa en 2015, pasa ahora.
El resultado es previsible: la migración no desaparece, pero se vuelve más cara, más riesgosa y más selectiva. Y los más pobres, los que huyen de bombas o persecución, quedan expuestos a las consecuencias más duras del sistema.
El reciente alto el fuego en Medio Oriente puede estabilizar el frente militar, pero las decisiones individuales ya están tomadas. Quienes evaluaban irse ya empezaron a moverse. Los controles ya se endurecieron. Las rutas ya se encarecieron. Las guerras tienen un efecto rezagado que la política suele ignorar.
El azar que define destinos: tu pasaporte
Hay una dimensión estructural que suele quedar fuera del debate político inmediato: la libertad de moverse depende, ante todo, del pasaporte que te tocó al nacer, por azar.
El nacimiento es un hecho fortuito. No es una decisión, no es un logro ni una falta. Es una circunstancia.
El lugar de nacimiento condiciona radicalmente la libertad de movimiento. Y, sin embargo, nadie puede atribuirse mérito -ni cargar con responsabilidad alguna- por haber nacido en un punto determinado del planeta.
"No se trata simplemente de viajar por turismo con mayor o menor comodidad; se trata de cómo cada Estado clasifica a las personas según el riesgo migratorio que les atribuye, la relación diplomática que mantiene con su país y la solidez institucional que ese país representa ante el mundo."
Según el Henley Passport Index 2026:
Pasaportes "fuertes" (Singapur, Japón, Alemania, España, Canadá): acceso a más de 180 países sin visa.
Argentina: puesto 15, con ingreso a 168 países libres de visado.
Argentina: entre el control legítimo y la obligación de proteger
Argentina no es un destino primario para desplazados de Medio Oriente. La distancia y los requisitos migratorios actúan como filtro. Pero eso no nos exonera del debate de fondo.
En los últimos años, y especialmente con el DNU 366/2025, se endurecieron los requisitos de ingreso: declaración jurada de motivos, seguro médico privado, restricción de derechos básicos para migrantes irregulares. Además, en febrero de 2026 se activó un protocolo especial en aeropuertos y pasos fronterizos.
El Estado argentino tiene derecho a controlar sus fronteras (Ley 25.871, art. 6). Pero también está obligado por el principio de no devolución (non-refoulement), que prohíbe expulsar o rechazar a una persona hacia un lugar donde su vida o libertad corran peligro. Esa es la columna vertebral del derecho de asilo (Ley 26.165, art. 2).
El problema práctico es que, con controles elevados y discrecionalidad ampliada, aumenta el riesgo de decisiones apresuradas. De deportar a alguien que necesitaba protección. Por eso es imprescindible garantizar: entrevista fundada, asistencia jurídica, posibilidad de apelación. Controlar es legítimo. Proteger también. La calidad democrática se mide en cómo se armonizan ambas dimensiones.
El drama silencioso de la migración venezolana en la Argentina
No proviene de Medio Oriente ni ocupa titulares globales, pero el proceso migratorio más relevante que atraviesa hoy la Argentina tiene otro origen: Venezuela.
Más de 233 mil venezolanos tienen residencia permanente en el país, a los que se suman 25 mil con residencia transitoria, según datos oficiales difundidos por el Gobierno argentino en enero de 2026. Solo durante 2025 se recibieron 28 mil nuevas solicitudes de residencia. La comunidad no para de crecer: el censo de 2022 registró 161.495 venezolanos, pero estimaciones de 2024 ya elevan la cifra a más de 197.000. Argentina es hoy el sexto destino principal de esta diáspora en la región.
La mayoría llegó huyendo de una crisis humanitaria compleja. La cifra global de venezolanos que han abandonado su país supera ya los 7,9 millones, de los cuales 6,7 millones fueron acogidos por países de América Latina y el Caribe. No todos necesitan protección internacional, pero muchos sí la requieren. La línea entre migrante económico y refugiado, como en otros conflictos, es porosa.
Detrás de esas cifras hay algo más que un flujo migratorio: hay un desplazamiento masivo sostenido en el tiempo, impulsado por una crisis estructural que no cede y que ha reconfigurado el mapa humano de la región. A diferencia de otros movimientos más visibles, este proceso ocurre de manera silenciosa, integrado -en muchos casos- al tejido urbano, laboral y social del país.
Pero la integración real enfrenta obstáculos enormes. Un estudio de 2026 revela que el 93% de los venezolanos en el Área Metropolitana de Buenos Aires vive en condición de alquiler, con gravísimas dificultades de acceso a la vivienda propia. La informalidad, la inestabilidad económica y los altos costos dejan a esta comunidad en una situación de fragilidad estructural.
Cuatro ejes para no perder el rumbo
Si queremos una política migratoria digna incluso en tiempos de guerra, hay que sostener cuatro principios básicos:
1. Transparencia: el Estado debe difundir criterios claros de admisión. La discrecionalidad no puede ser arbitrariedad.
2. Cooperación internacional: acuerdos regionales y centros de procesamiento compartidos para no dejar toda la carga sobre un solo país.
3. Fortalecimiento institucional: invertir en personal capacitado en derechos humanos, no solo en tecnología de control.
4. Igualdad ante la ley: ninguna persona merece ventaja ni castigo por haber nacido en un lugar u otro. La Constitución (art. 16) y la Ley 25.871 ya lo dicen. Solo falta aplicarlo.
Conclusión: la guerra mueve personas. ¿Cómo respondemos?
Si las negociaciones diplomáticas prosperan, el impacto migratorio será predominantemente regional y contenido. Si el conflicto se reactiva, veremos nuevas presiones sobre Europa y un refuerzo global de controles.
Pero la pregunta de fondo no es si la guerra mueve personas -siempre lo hace-. La pregunta es cómo responden los Estados cuando eso ocurre. ¿Con instituciones sólidas que equilibran control y derechos? ¿O con instinto de cerrojo y sospecha generalizada?
En la Argentina, como en cualquier democracia que se respete, la fuerza del Estado es legítima solo cuando se ejerce dentro del marco legal y con respeto a las convenciones internacionales (Convención de 1951, art. 33). Esa es la brújula que debe guiar nuestra política migratoria: proteger con firmeza sin renunciar a los valores que nos definen como sociedad abierta.
Fernando Ardanza es abogado especialista en Derecho Migratorio