Tras el fallo judicial el Gobierno de Santa Cruz aduce que "no hay emprendimientos mineros cerca de glaciares"El reciente fallo de la Justicia Federal que suspendió la aplicación de la reforma de la Ley de Glaciares volvió a poner el foco sobre la actividad extractiva en las provincias cordilleranas y abrió una nueva discusión sobre los límites entre producción y protección ambiental. En Santa Cruz, el Gobierno provincial salió rápidamente a fijar posición y buscó desactivar cualquier preocupación vinculada a posibles avances sobre zonas glaciares.
Desde el Ministerio de Energía y Minería aseguraron que la provincia mantiene una política de resguardo ambiental consolidada desde hace años y que la decisión judicial no modifica el esquema vigente en el territorio santacruceño. El ministro Jaime Álvarez fue el encargado de aclarar la postura oficial y sostuvo que en Santa Cruz no existen proyectos mineros ni hidrocarburíferos ubicados en áreas cercanas a glaciares.
El funcionario explicó que la provincia cuenta desde 2009 con la Ley N° 3.105 de zonificación minera, una norma que incluso antecede a la Ley Nacional de Glaciares y que fija de manera precisa las zonas donde pueden desarrollarse actividades productivas y aquellas que quedan excluidas por razones ambientales.
Según detalló, esa legislación no solo contempla la protección de glaciares y nacientes de ríos, sino también otros sectores sensibles como los bosques nativos, dentro de una lógica de ordenamiento territorial que busca evitar conflictos posteriores entre inversión y preservación.
Para Álvarez, Santa Cruz fue una de las primeras provincias en avanzar en este tipo de regulaciones y eso permite hoy contar con mayor previsibilidad frente a debates nacionales que suelen generar incertidumbre en torno al desarrollo minero y energético.
En ese marco, el ministro remarcó que la reciente reforma impulsada a nivel nacional apuntaba, entre otros aspectos, a reforzar el rol de las provincias sobre la administración de sus recursos naturales, en línea con lo establecido en el artículo 124 de la Constitución Nacional.
Esa cláusula constitucional reconoce el dominio originario de los recursos naturales a las provincias, un punto que históricamente ha sido defendido por los gobiernos patagónicos frente a decisiones centralizadas desde Nación.
Más allá de la discusión jurídica, el mensaje político que buscó instalar el Ejecutivo provincial fue el de continuidad. Desde la gestión de Claudio Vidal insistieron en que no habrá cambios en la política ambiental santacruceña y que el desarrollo productivo seguirá atado a criterios de sustentabilidad.
"Bajo ningún concepto la provincia va a ir en contra de la preservación de sus recursos naturales", sostuvo Álvarez al remarcar que el agua representa un recurso estratégico para Santa Cruz y que cualquier planificación debe contemplar esa prioridad.
También afirmó que el fallo judicial no representa un obstáculo para la actividad minera o hidrocarburífera en marcha, precisamente porque el esquema provincial ya excluye de antemano las zonas consideradas ambientalmente sensibles.
En ese sentido, desde el Gobierno provincial buscaron transmitir que no existe una contradicción entre producción y cuidado ambiental, sino una política de equilibrio entre ambas dimensiones.
Fuente: La Tecla Patagonia
El reciente fallo de la Justicia Federal que suspendió la aplicación de la reforma de la Ley de Glaciares volvió a poner el foco sobre la actividad extractiva en las provincias cordilleranas y abrió una nueva discusión sobre los límites entre producción y protección ambiental. En Santa Cruz, el Gobierno provincial salió rápidamente a fijar posición y buscó desactivar cualquier preocupación vinculada a posibles avances sobre zonas glaciares.
Desde el Ministerio de Energía y Minería aseguraron que la provincia mantiene una política de resguardo ambiental consolidada desde hace años y que la decisión judicial no modifica el esquema vigente en el territorio santacruceño. El ministro Jaime Álvarez fue el encargado de aclarar la postura oficial y sostuvo que en Santa Cruz no existen proyectos mineros ni hidrocarburíferos ubicados en áreas cercanas a glaciares.
El funcionario explicó que la provincia cuenta desde 2009 con la Ley N° 3.105 de zonificación minera, una norma que incluso antecede a la Ley Nacional de Glaciares y que fija de manera precisa las zonas donde pueden desarrollarse actividades productivas y aquellas que quedan excluidas por razones ambientales.
Según detalló, esa legislación no solo contempla la protección de glaciares y nacientes de ríos, sino también otros sectores sensibles como los bosques nativos, dentro de una lógica de ordenamiento territorial que busca evitar conflictos posteriores entre inversión y preservación.
Para Álvarez, Santa Cruz fue una de las primeras provincias en avanzar en este tipo de regulaciones y eso permite hoy contar con mayor previsibilidad frente a debates nacionales que suelen generar incertidumbre en torno al desarrollo minero y energético.
En ese marco, el ministro remarcó que la reciente reforma impulsada a nivel nacional apuntaba, entre otros aspectos, a reforzar el rol de las provincias sobre la administración de sus recursos naturales, en línea con lo establecido en el artículo 124 de la Constitución Nacional.
Esa cláusula constitucional reconoce el dominio originario de los recursos naturales a las provincias, un punto que históricamente ha sido defendido por los gobiernos patagónicos frente a decisiones centralizadas desde Nación.
Más allá de la discusión jurídica, el mensaje político que buscó instalar el Ejecutivo provincial fue el de continuidad. Desde la gestión de Claudio Vidal insistieron en que no habrá cambios en la política ambiental santacruceña y que el desarrollo productivo seguirá atado a criterios de sustentabilidad.
"Bajo ningún concepto la provincia va a ir en contra de la preservación de sus recursos naturales", sostuvo Álvarez al remarcar que el agua representa un recurso estratégico para Santa Cruz y que cualquier planificación debe contemplar esa prioridad.
También afirmó que el fallo judicial no representa un obstáculo para la actividad minera o hidrocarburífera en marcha, precisamente porque el esquema provincial ya excluye de antemano las zonas consideradas ambientalmente sensibles.
En ese sentido, desde el Gobierno provincial buscaron transmitir que no existe una contradicción entre producción y cuidado ambiental, sino una política de equilibrio entre ambas dimensiones.
Fuente: La Tecla Patagonia