Alerta en Patagonia por el operativo contra la explotación infantil: "La niñez sigue siendo el último eslabón" La semana pasada se llevó adelante el operativo "Aliados por la Infancia" VI, que incluyó cerca de 20 allanamientos en la Patagonia por tenencia y distribución de materia de abuso sexual infantil. Las coordinadoras regionales del Foro Infancia Robada, que conforma una red en todo el país, advirtieron sobre el crecimiento de este tipo de delitos y la necesidad de legislar sobre el ámbito digital. También remarcaron las vulneraciones que sufren las infancias, atravesadas por las múltiples crisis provinciales. Tanto en Chubut como en Santa Cruz las referentes se refirieron a una desarticulación de sistemas de protección, espacios desbordados y realidades económicas desafiantes.
Operativo internacional
La semana pasada culminó un operativo internacional contra la explotación sexual de niños y adolescentes, denominado "Aliados por la Infancia VI". Se llevaron adelante allanamientos en varios países, derivando en 84 detenciones en 15 países y 17 provincias argentinas.
El operativo en Argentina contó con un total de 68 allanamientos que concluyeron en 25 arrestos por tenencia, producción y distribución de material de abuso sexual infantil y acoso sexual en línea. En la región patagónica, la Unidad de Cibercrimen del Cuerpo de Investigaciones Judiciales identificó y allanó 3 domicilios en Chubut (Rada Tilly, Trelew y Puerto Madryn), 14 en Santa Cruz (Río Gallegos, El Calafate y Comandante Luis Piedra buena) y uno en Neuquén.
La identificación de los domicilios fue posible gracias al uso de herramientas digitales de vanguardia que permiten rastrear en tiempo real a usuarios de redes P2P que distribuyen contenido ilegal, a las que pudo acceder Argentina gracias a un acuerdo internacional.
Tras los operativos, las jurisdicciones correspondientes de cada provincia continuarán con las tareas de verificación de los dispositivos para avanzar en la situación judicial de los involucrados.
En el caso de Chubut, se secuestraron 13 computadoras, más de 43 dispositivos de almacenamiento digital y teléfonos celulares.
Alerta en la región patagónica
La coordinadora de Chubut del Foro Infancia Robada, Liliana Murga, dialogó con El Extremo Sur sobre el alcance del operativo y la situación de la infancia en la región. Si bien adelantó que por el momento no hay mayores precisiones y la información permanece "blindada", dio detalles de los mecanismos que se activaron en el operativo.
"Hay una oficina en Estados Unidos, un centro para niños desaparecidos y explotados. Ellos captan denuncias de reporte de todo el mundo y van armando la estrategia de intervención junto con los organismos del país donde está ocurriendo. Y aquí se pusieron en contacto con la Unidad Fiscal especializada en Cibercrimen que hay en el país y también en Chubut (Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital), que es una oficina bastante nueva", describe.
"Un poco la línea de acción es que se ponen de acuerdo con los organismos nacionales y hacen los allanamientos el mismo día, para que no se avisen entre ellos, porque son redes que operan internacionalmente, tienen sus puntos en el país y también tienen sus estrategias para no quedar pegados a esto", advierte.
"Esta semana nosotros nos reunimos para ver qué contactos podemos hacer con esta unidad fiscal que está funcionando en Comodoro Rivadavia, para ver si es que podemos obtener algún dato y cómo podemos aportar", señaló Murga. De todas formas, subrayó: "Nosotros sabíamos, intuíamos que había algo, había rumores de niños que estaban en situación de trata, de explotación sexual, material de abuso sexual que estaba corriendo y circulando, pero la verdad que es muy difícil encontrar el indicio correcto".
Por su parte, la referente de Santa Cruz, Mariana Villalón, indicó que el Foro permanece en alerta tras el alto número de allanamientos realizados en esa región. "No queríamos dejar de hacer este repudio y manifestar nuestro descontento, porque si uno piensa en la provincia, es chica a nivel habitacional, y fueron 13 allanamientos en total". Detalló que se realizaron 9 allanamientos en Río Gallegos, 3 en El Calafate y 1 en Comandante Luis Piedra Buena.
"Es algo que nos alerta como región patagónica", señaló y sostuvo que tras el operativo se reunieron las coordinaciones de las distintas regiones (Chubut, Santa Cruz, Río Negro y Neuquén) para unificar el pedido de justicia y que lo sucedido "no se tape".
A este panorama se suma la vinculación de una funcionaria pública en el caso, cuyo domicilio fue allanado y dio positivo. Se trata de Ivana Alvarez, quien se desempeñaba como directora del Centro Integrador Nuestra Señora del Carmen.
"Acá en Santa Cruz, el común de la gente y algunos medios, en vez de problematizar el hecho de que sea una funcionaria pública, todo recayó en que era una funcionaria trans -advirtió-, entonces creen que porque es trans pasó esto, cuando en realidad nosotros apelamos a su figura de poder, no a su orientación".
Aclaró que "el domicilio da positivo, los dispositivos dan positivo, ahora lo que hay que ver es si el material que se detectó era realmente de la funcionaria, podría haber sido de la pareja, un familiar, alguna persona que convivía con ella, eso todavía no lo sabemos". Mientras se desarrolla la investigación, Alvarez fue apartada de manera inmediata de su cargo.
Deudas en materia normativa
Villalón expresó su preocupación ante la ausencia de normativas en la provincia para dar respuesta a los nuevos tipos de violencia donde las tecnologías digitales son mediadoras.
A nivel nacional, en 2023 se sancionó la Ley Olimpia (Ley 27.763) que tipifica la violencia digital y la incorpora a la Ley 26.485 como otra modalidad de violencia de género. La normativa -que se inspira en la histórica Ley homónima aprobada en 2021 en México- protege la intimidad sexual, dignidad y reputación de las mujeres en entornos digitales.
En la misma línea, el año pasado se presentó la Ley Ema, un proyecto que busca crear el "Programa Nacional de Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en Ámbitos Educativos". Fue impulsada tras el suicidio de la adolescente Ema Bondaruk por la difusión no consentida de un vídeo íntimo. En paralelo a la presentación, se publicaron guías de prevención y material educativo, aunque la ley permanece en estado de proyecto.
Tras el operativo en Patagonia, el Foro Infancia Robada exigió a los gobiernos provinciales que "refuercen las políticas de prevención y que se garantice la asistencia económica y psicológica a las víctimas". Mediante un comunicado, solicitan a las legislaturas de Chubut, Santa Cruz, Neuquén y Río Negro el tratamiento urgente de la Ley Olimpia y la Ley EMA. "Si se aprueban, las provincias podrán tipificar, sancionar la violencia digital y ofrecer medidas de protección a víctimas", destacan.
La Legislatura chubutense aprobó en 2024 la adhesión a la Ley Olimpia. Neuquén hizo lo mismo en 2025 a través de la Ley Provincial 3494. En las legislaturas de Río Negro y Santa Cruz se presentaron las respectivas propuestas, pero todavía no fueron aprobadas.
Villalón detalla que en Santa Cruz hay tres proyectos demorados en comisiones desde el año pasado: la Ley Olimpia, la Ley EMA y un proyecto vinculado a la creación de un Observatorio Digital. "Nosotros como organización social, la idea es hacer un poco de abogacía para que puedan salir estos proyectos por el impacto que estamos teniendo con violencia digital en la región", remarca.
Violencias digitales en la Patagonia
La magnitud del caso pone en el centro del debate la necesidad de fortalecer la legislación en torno a la violencia digital, una modalidad en expansión que afecta a niños, niñas y adolescentes en todo el mundo. El ámbito digital hoy es escenario de nuevas formas de vulneración que se replican en los territorios. Las referentes patagónicas del Foro se refieren a los episodios recientes de amenazas de tiroteos en las escuelas, un fenómeno propio de otros países que comenzó a registrarse en múltiples provincias argentinas.
"Acá en Santa Cruz estamos viendo que el tema de la violencia digital es algo recurrente. Hace casi un mes atrás aparecieron las amenazas por TikTok de tiroteos que se dieron en todos los colegios, acá aparecieron carteles hasta en escuelas primarias", sostuvo Villalón.
Murga enfatizó que desde la organización a nivel nacional existe una gran preocupación en relación al ciberdelito y las violencias digitales. En el caso de Comodoro Rivadavia afirma que se han contactado con directivos de las escuelas frente a las amenazas de tiroteos.
"El tema de las pintadas en las escuelas, por ejemplo, este desafío amenazante uno no puede dejar de tomarlo en serio, más allá que hay toda una cuestión de ver quién es el más fuerte, el más agresivo, el más atrevido, de imitación también, no se puede descuidar este tipo de mensajes. Acá ha habido en Comodoro, después de lo de Santa Fe, fue una seguidilla de casos", explica.
"Muchos padres consideran que es más seguro, por ejemplo, tener a los chicos en la casa con el celular que afuera, porque afuera le pueden pasar cosas, pero resulta que el enemigo y, por decirlo así muy dramáticamente, el monstruo, está en sus propias manos con un celular. Hemos tenido inclusive familias que se han acercado a nosotros para contarnos cómo un hijo ha caído en toda una cuestión de desafíos que tiene que ver, por ejemplo, con abuso sexual", agrega.
Este escenario requiere, para Murga, poner el foco en el mundo adulto: "Tendríamos que preguntarnos cómo es nuestra relación con nuestros niños, con nuestras niñas, con nuestros adolescentes, si no estamos imbuidos con el celular en la mano o con nuestros trabajos y los dejamos solos. La cuestión no es solo de Comodoro, sabemos que es de todo el mundo".
Se refiere, también, a los fenómenos que ocurren hacia adentro de las instituciones educativas y la "dinámica vertiginosa" que sostiene la docencia: "Yo estuve 31 años en equipos interdisciplinarios en Educación y realmente uno llega a registrar esa dinámica que se vive dentro de una escuela con muchísimos estímulos simultáneos que hay que resolver, que hay que encarar. Y nadie piensa, por ejemplo, en la salud de los docentes, sobre todo en estas últimas décadas donde las problemáticas que reciben son acuciantes y tienen que escuchar a los padres, a las familias".
"Estos ámbitos de protección hacia quienes trabajan con los chicos deberían ser política pública. La verdad que en esto se hace muy difícil con las instituciones, me refiero a los ministerios, las secretarías y todos los responsables de las políticas públicas, tanto a nivel municipal, como a nivel provincial", enfatiza.
Sostener la protección en medio del desborde
Las dos referentes coinciden en un panorama general de desarticulación del sistema de protección y de crisis simultáneas que afectan directamente a la niñez.
Murga se refiere, por ejemplo, a la crisis sanitaria y educativa, que se evidencia en el desborde de los equipos de salud mental destinados a las adolescencias, por un lado, y la amplia demanda de escuelas hospitalarias y domiciliarias -que el año pasado experimentaron un recorte de horas y asignaturas-. Por otro lado, enfatiza que "el servicio de protección de Comodoro Rivadavia tiene un listado con más de 200 situaciones, no sé cómo lo están pudiendo abordar. Hay muchas cuestiones, es un ovillo".
"A nivel nacional han recortado por todos los lugares", advierte, al tiempo que señala que "hay una demanda de las instituciones y de las familias que no se logra abordar. No se está poniendo el foco en el acceso a estos servicios, a estos derechos".
La situación de las infancias se inscribe en un escenario igualmente complejo para el mundo adulto, atravesado por el creciente desempleo, la precarización y la crisis económica.
"Hay una cuestión en la ciudad, más allá de la niñez, adolescencia y familia general, donde hay gente que está buscando alguna salida y no se la estamos dando. Algo está pasando con las políticas públicas, no hay un plan integral", cuestiona.
Murga destaca que Chubut tiene una ley propia de protección de la infancia desde 1998. Y fue, de hecho, la segunda provincia en sancionar una normativa de este tipo, casi 10 años antes que se sancionara la Ley de Protección a nivel nacional. Remarca, en esta línea, la participación colectiva de organizaciones sociales en la confección de la normativa y afirma que actualmente hay una comisión en la Legislatura para su revisión.
"Desde Infancia Robada y otras organizaciones hemos pedido participar en esa comisión. Está desde el año 2024. Y la verdad es que no tenemos entrada, cuando en principio esa ley fue participativa al 100%", cuestiona.
En la misma línea, se refiere a la falta de acción y convocatoria de los principales organismos destinados a la elaboración de políticas públicas para la infancia: el Consejo Provincial de la Niñez, Adolescencia y la Familia (CoProNAF) a nivel provincial y el Consejo Local de Niñez y Adolescencia.
"El CoProNAF empezó a funcionar en 1998. Desde el año pasado no está sesionando, debería hacerlo una o dos veces al año. La última vez vino a Comodoro, pero fue irrelevante lo que se trató en sesión, y desde entonces no hubo más comunicación", indica.
En el caso del Consejo Local de Niñez y Adolescencia, que empezó a funcionar a principios de los 2000, Murga señala que en contextos complejos como el derrumbe del cerro Hermitte desde el Foro han intentado "indagar en cómo se ha ido trabajando ante esta coyuntura".
"Desde ese hecho hasta el femicidio de Valeria Schwab, Diego Serón, amenazas de adolescentes en la calle para robarles, las pintadas en las escuelas y por supuesto lo del niño Angel, es una seguidilla de cinco meses tremenda. Y el Consejo no ha puesto una voz, no ha salido a los medios para tomar un posicionamiento -cuestiona-, hay silencio absoluto. Nos llama la atención que desde los adultos que están a cargo de decisiones políticas, de política pública, no se sale a decir algo".
Y agrega: "Hay políticas públicas que hay que mejorar. Se está trabajando con la urgencia con lo que se tiene y menos, inclusive agentes en condiciones laborales muy precarias, monotributistas. No hay un espacio de capacitación y de escucha para estas personas, y hablo de profesionales, técnicos, operadores que están trabajando con el dolor de la familia, porque la verdad que no se está pasando bien acá en Comodoro".
Murga advierte que no hay "una respuesta coordinada, articulada y sobre todo, con el presupuesto que tiene que tener. A pesar de los discursos, la niñez sigue siendo el último eslabón", remarca.
En la misma línea, Villalón subraya que en Santa Cruz rige la Ley 26.061 de carácter nacional pero "si no hay políticas públicas ni presupuesto, no da abasto". En el caso de Río Gallegos, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) ha sido cuestionada por la cantidad de casos y la falta de intervenciones.
Destaca que "es muy importante que los adultos, también las familias, estén atentos a las redes de sus hijos: hoy en día la violencia digital, el grooming, el bullying, están a la orden del día. Y así también la trata a través de las redes y eso es muy complejo. A nivel de niñez se está viviendo una crisis", sintetiza, a la que se suman, con preocupación, los allanamientos recientes.
En este escenario, habla de un "sistema desbordado" dado que "son muchos los casos pero pocos los profesionales". Se refiere a una problemática extendida en la región y el país vinculada a la creciente precarización de los trabajadores de las instituciones públicas.
"En el SENAF muchas veces a los profesionales no les pagan lo suficiente, o si trabajan, lo hacen como monotributistas, entonces está precarizada la realidad laboral. Pasan muchos profesionales por el SENAF, una familia es atendida por un trabajador social, y cuando vuelve a los seis meses ya hay otro".
"Como organizaciones sociales lo que tratamos de hacer es también poner el acento en trabajar, promover la protección de los niños, niños y adolescentes y a la vez tratar de trabajar en red con instituciones, con organizaciones, ponernos a disposición, sabiendo que la realidad es compleja y que tampoco la vamos a solucionar con un taller preventivo", advierte Villalón.
"Desde las organizaciones sociales le ponemos el cuerpo, vamos a hacer talleres preventivos, pero está después el crimen organizado, la institucionalización de estos crímenes, la corrupción de nuestros gobiernos que está institucionalizada hace años, entonces hay que ver también el tema de la justicia", agrega.
"Santa Cruz hoy en día está en crisis. La salud, la educación, la justicia. Estamos complicados. Eso también afecta a la niñez, porque si no tienen clase se está vulnerando el derecho a la educación. Si no tienen acceso a la salud, como corresponde, también le estás vulnerando un derecho. La crisis institucional que estamos viviendo como provincia es muy compleja", resume.
Romper el silencio
El comunicado del Foro advierte que la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes "se sostiene con el silencio y la falta de información".
"Apelamos a familias, a escuelas, a clubes deportivos, a juntas vecinales, a iglesias, a poder problematizar todos estos temas, poder charlarlos con nuestras familias, con los chicos", afirma Villalón. Subraya, además, que "las crisis económicas también llevan a este peligro de la explotación sexual".
En paralelo, registran un notable crecimiento de violencias cometidas con Inteligencia Artificial, como los deepfakes que colocan el rostro de una persona o un niño en imágenes de índole sexual.
"Los adultos quizás llegamos tarde y minimizamos estos casos, entonces también es un llamado a las familias a interesarse y poner en alerta todas estas cosas. El minimizar, la falta de información o el decir no pasa nada, fue un chiste', también perjudica", afirma la referente.
"La violencia digital es compartir material íntimo sin consentimiento, reproducir discursos de odio y misóginos que solemos encontrar en plataformas, así como acosar, amenazar, extorsionar en entornos digitales o acceder sin permisos a cuentas o a dispositivos a datos personales", detalló y aclaró que la violencia es ejercida tanto por quienes crean como por quienes distribuyen este tipo de material.
El operativo puso de manifiesto una realidad alarmante en la región, que no escapa a las lógicas de violencia que se imponen en las plataformas digitales, pero que a su vez están profundamente vinculadas a las crisis que atraviesan a las infancias en cada territorio. El comunicado concluye: "Las infancias no son objeto de consumo, no podemos permitir que la distancia, el viento, el frío o el anonimato digital sean refugio para agresores sexuales".
La semana pasada se llevó adelante el operativo "Aliados por la Infancia" VI, que incluyó cerca de 20 allanamientos en la Patagonia por tenencia y distribución de materia de abuso sexual infantil. Las coordinadoras regionales del Foro Infancia Robada, que conforma una red en todo el país, advirtieron sobre el crecimiento de este tipo de delitos y la necesidad de legislar sobre el ámbito digital. También remarcaron las vulneraciones que sufren las infancias, atravesadas por las múltiples crisis provinciales. Tanto en Chubut como en Santa Cruz las referentes se refirieron a una desarticulación de sistemas de protección, espacios desbordados y realidades económicas desafiantes.
Operativo internacional
La semana pasada culminó un operativo internacional contra la explotación sexual de niños y adolescentes, denominado "Aliados por la Infancia VI". Se llevaron adelante allanamientos en varios países, derivando en 84 detenciones en 15 países y 17 provincias argentinas.
El operativo en Argentina contó con un total de 68 allanamientos que concluyeron en 25 arrestos por tenencia, producción y distribución de material de abuso sexual infantil y acoso sexual en línea. En la región patagónica, la Unidad de Cibercrimen del Cuerpo de Investigaciones Judiciales identificó y allanó 3 domicilios en Chubut (Rada Tilly, Trelew y Puerto Madryn), 14 en Santa Cruz (Río Gallegos, El Calafate y Comandante Luis Piedra buena) y uno en Neuquén.
La identificación de los domicilios fue posible gracias al uso de herramientas digitales de vanguardia que permiten rastrear en tiempo real a usuarios de redes P2P que distribuyen contenido ilegal, a las que pudo acceder Argentina gracias a un acuerdo internacional.
Tras los operativos, las jurisdicciones correspondientes de cada provincia continuarán con las tareas de verificación de los dispositivos para avanzar en la situación judicial de los involucrados.
En el caso de Chubut, se secuestraron 13 computadoras, más de 43 dispositivos de almacenamiento digital y teléfonos celulares.
Alerta en la región patagónica
La coordinadora de Chubut del Foro Infancia Robada, Liliana Murga, dialogó con El Extremo Sur sobre el alcance del operativo y la situación de la infancia en la región. Si bien adelantó que por el momento no hay mayores precisiones y la información permanece "blindada", dio detalles de los mecanismos que se activaron en el operativo.
"Hay una oficina en Estados Unidos, un centro para niños desaparecidos y explotados. Ellos captan denuncias de reporte de todo el mundo y van armando la estrategia de intervención junto con los organismos del país donde está ocurriendo. Y aquí se pusieron en contacto con la Unidad Fiscal especializada en Cibercrimen que hay en el país y también en Chubut (Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital), que es una oficina bastante nueva", describe.
"Un poco la línea de acción es que se ponen de acuerdo con los organismos nacionales y hacen los allanamientos el mismo día, para que no se avisen entre ellos, porque son redes que operan internacionalmente, tienen sus puntos en el país y también tienen sus estrategias para no quedar pegados a esto", advierte.
"Esta semana nosotros nos reunimos para ver qué contactos podemos hacer con esta unidad fiscal que está funcionando en Comodoro Rivadavia, para ver si es que podemos obtener algún dato y cómo podemos aportar", señaló Murga. De todas formas, subrayó: "Nosotros sabíamos, intuíamos que había algo, había rumores de niños que estaban en situación de trata, de explotación sexual, material de abuso sexual que estaba corriendo y circulando, pero la verdad que es muy difícil encontrar el indicio correcto".
Por su parte, la referente de Santa Cruz, Mariana Villalón, indicó que el Foro permanece en alerta tras el alto número de allanamientos realizados en esa región. "No queríamos dejar de hacer este repudio y manifestar nuestro descontento, porque si uno piensa en la provincia, es chica a nivel habitacional, y fueron 13 allanamientos en total". Detalló que se realizaron 9 allanamientos en Río Gallegos, 3 en El Calafate y 1 en Comandante Luis Piedra Buena.
"Es algo que nos alerta como región patagónica", señaló y sostuvo que tras el operativo se reunieron las coordinaciones de las distintas regiones (Chubut, Santa Cruz, Río Negro y Neuquén) para unificar el pedido de justicia y que lo sucedido "no se tape".
A este panorama se suma la vinculación de una funcionaria pública en el caso, cuyo domicilio fue allanado y dio positivo. Se trata de Ivana Alvarez, quien se desempeñaba como directora del Centro Integrador Nuestra Señora del Carmen.
"Acá en Santa Cruz, el común de la gente y algunos medios, en vez de problematizar el hecho de que sea una funcionaria pública, todo recayó en que era una funcionaria trans -advirtió-, entonces creen que porque es trans pasó esto, cuando en realidad nosotros apelamos a su figura de poder, no a su orientación".
Aclaró que "el domicilio da positivo, los dispositivos dan positivo, ahora lo que hay que ver es si el material que se detectó era realmente de la funcionaria, podría haber sido de la pareja, un familiar, alguna persona que convivía con ella, eso todavía no lo sabemos". Mientras se desarrolla la investigación, Alvarez fue apartada de manera inmediata de su cargo.
Deudas en materia normativa
Villalón expresó su preocupación ante la ausencia de normativas en la provincia para dar respuesta a los nuevos tipos de violencia donde las tecnologías digitales son mediadoras.
A nivel nacional, en 2023 se sancionó la Ley Olimpia (Ley 27.763) que tipifica la violencia digital y la incorpora a la Ley 26.485 como otra modalidad de violencia de género. La normativa -que se inspira en la histórica Ley homónima aprobada en 2021 en México- protege la intimidad sexual, dignidad y reputación de las mujeres en entornos digitales.
En la misma línea, el año pasado se presentó la Ley Ema, un proyecto que busca crear el "Programa Nacional de Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en Ámbitos Educativos". Fue impulsada tras el suicidio de la adolescente Ema Bondaruk por la difusión no consentida de un vídeo íntimo. En paralelo a la presentación, se publicaron guías de prevención y material educativo, aunque la ley permanece en estado de proyecto.
Tras el operativo en Patagonia, el Foro Infancia Robada exigió a los gobiernos provinciales que "refuercen las políticas de prevención y que se garantice la asistencia económica y psicológica a las víctimas". Mediante un comunicado, solicitan a las legislaturas de Chubut, Santa Cruz, Neuquén y Río Negro el tratamiento urgente de la Ley Olimpia y la Ley EMA. "Si se aprueban, las provincias podrán tipificar, sancionar la violencia digital y ofrecer medidas de protección a víctimas", destacan.
La Legislatura chubutense aprobó en 2024 la adhesión a la Ley Olimpia. Neuquén hizo lo mismo en 2025 a través de la Ley Provincial 3494. En las legislaturas de Río Negro y Santa Cruz se presentaron las respectivas propuestas, pero todavía no fueron aprobadas.
Villalón detalla que en Santa Cruz hay tres proyectos demorados en comisiones desde el año pasado: la Ley Olimpia, la Ley EMA y un proyecto vinculado a la creación de un Observatorio Digital. "Nosotros como organización social, la idea es hacer un poco de abogacía para que puedan salir estos proyectos por el impacto que estamos teniendo con violencia digital en la región", remarca.
Violencias digitales en la Patagonia
La magnitud del caso pone en el centro del debate la necesidad de fortalecer la legislación en torno a la violencia digital, una modalidad en expansión que afecta a niños, niñas y adolescentes en todo el mundo. El ámbito digital hoy es escenario de nuevas formas de vulneración que se replican en los territorios. Las referentes patagónicas del Foro se refieren a los episodios recientes de amenazas de tiroteos en las escuelas, un fenómeno propio de otros países que comenzó a registrarse en múltiples provincias argentinas.
"Acá en Santa Cruz estamos viendo que el tema de la violencia digital es algo recurrente. Hace casi un mes atrás aparecieron las amenazas por TikTok de tiroteos que se dieron en todos los colegios, acá aparecieron carteles hasta en escuelas primarias", sostuvo Villalón.
Murga enfatizó que desde la organización a nivel nacional existe una gran preocupación en relación al ciberdelito y las violencias digitales. En el caso de Comodoro Rivadavia afirma que se han contactado con directivos de las escuelas frente a las amenazas de tiroteos.
"El tema de las pintadas en las escuelas, por ejemplo, este desafío amenazante uno no puede dejar de tomarlo en serio, más allá que hay toda una cuestión de ver quién es el más fuerte, el más agresivo, el más atrevido, de imitación también, no se puede descuidar este tipo de mensajes. Acá ha habido en Comodoro, después de lo de Santa Fe, fue una seguidilla de casos", explica.
"Muchos padres consideran que es más seguro, por ejemplo, tener a los chicos en la casa con el celular que afuera, porque afuera le pueden pasar cosas, pero resulta que el enemigo y, por decirlo así muy dramáticamente, el monstruo, está en sus propias manos con un celular. Hemos tenido inclusive familias que se han acercado a nosotros para contarnos cómo un hijo ha caído en toda una cuestión de desafíos que tiene que ver, por ejemplo, con abuso sexual", agrega.
Este escenario requiere, para Murga, poner el foco en el mundo adulto: "Tendríamos que preguntarnos cómo es nuestra relación con nuestros niños, con nuestras niñas, con nuestros adolescentes, si no estamos imbuidos con el celular en la mano o con nuestros trabajos y los dejamos solos. La cuestión no es solo de Comodoro, sabemos que es de todo el mundo".
Se refiere, también, a los fenómenos que ocurren hacia adentro de las instituciones educativas y la "dinámica vertiginosa" que sostiene la docencia: "Yo estuve 31 años en equipos interdisciplinarios en Educación y realmente uno llega a registrar esa dinámica que se vive dentro de una escuela con muchísimos estímulos simultáneos que hay que resolver, que hay que encarar. Y nadie piensa, por ejemplo, en la salud de los docentes, sobre todo en estas últimas décadas donde las problemáticas que reciben son acuciantes y tienen que escuchar a los padres, a las familias".
"Estos ámbitos de protección hacia quienes trabajan con los chicos deberían ser política pública. La verdad que en esto se hace muy difícil con las instituciones, me refiero a los ministerios, las secretarías y todos los responsables de las políticas públicas, tanto a nivel municipal, como a nivel provincial", enfatiza.
Sostener la protección en medio del desborde
Las dos referentes coinciden en un panorama general de desarticulación del sistema de protección y de crisis simultáneas que afectan directamente a la niñez.
Murga se refiere, por ejemplo, a la crisis sanitaria y educativa, que se evidencia en el desborde de los equipos de salud mental destinados a las adolescencias, por un lado, y la amplia demanda de escuelas hospitalarias y domiciliarias -que el año pasado experimentaron un recorte de horas y asignaturas-. Por otro lado, enfatiza que "el servicio de protección de Comodoro Rivadavia tiene un listado con más de 200 situaciones, no sé cómo lo están pudiendo abordar. Hay muchas cuestiones, es un ovillo".
"A nivel nacional han recortado por todos los lugares", advierte, al tiempo que señala que "hay una demanda de las instituciones y de las familias que no se logra abordar. No se está poniendo el foco en el acceso a estos servicios, a estos derechos".
La situación de las infancias se inscribe en un escenario igualmente complejo para el mundo adulto, atravesado por el creciente desempleo, la precarización y la crisis económica.
"Hay una cuestión en la ciudad, más allá de la niñez, adolescencia y familia general, donde hay gente que está buscando alguna salida y no se la estamos dando. Algo está pasando con las políticas públicas, no hay un plan integral", cuestiona.
Murga destaca que Chubut tiene una ley propia de protección de la infancia desde 1998. Y fue, de hecho, la segunda provincia en sancionar una normativa de este tipo, casi 10 años antes que se sancionara la Ley de Protección a nivel nacional. Remarca, en esta línea, la participación colectiva de organizaciones sociales en la confección de la normativa y afirma que actualmente hay una comisión en la Legislatura para su revisión.
"Desde Infancia Robada y otras organizaciones hemos pedido participar en esa comisión. Está desde el año 2024. Y la verdad es que no tenemos entrada, cuando en principio esa ley fue participativa al 100%", cuestiona.
En la misma línea, se refiere a la falta de acción y convocatoria de los principales organismos destinados a la elaboración de políticas públicas para la infancia: el Consejo Provincial de la Niñez, Adolescencia y la Familia (CoProNAF) a nivel provincial y el Consejo Local de Niñez y Adolescencia.
"El CoProNAF empezó a funcionar en 1998. Desde el año pasado no está sesionando, debería hacerlo una o dos veces al año. La última vez vino a Comodoro, pero fue irrelevante lo que se trató en sesión, y desde entonces no hubo más comunicación", indica.
En el caso del Consejo Local de Niñez y Adolescencia, que empezó a funcionar a principios de los 2000, Murga señala que en contextos complejos como el derrumbe del cerro Hermitte desde el Foro han intentado "indagar en cómo se ha ido trabajando ante esta coyuntura".
"Desde ese hecho hasta el femicidio de Valeria Schwab, Diego Serón, amenazas de adolescentes en la calle para robarles, las pintadas en las escuelas y por supuesto lo del niño Angel, es una seguidilla de cinco meses tremenda. Y el Consejo no ha puesto una voz, no ha salido a los medios para tomar un posicionamiento -cuestiona-, hay silencio absoluto. Nos llama la atención que desde los adultos que están a cargo de decisiones políticas, de política pública, no se sale a decir algo".
Y agrega: "Hay políticas públicas que hay que mejorar. Se está trabajando con la urgencia con lo que se tiene y menos, inclusive agentes en condiciones laborales muy precarias, monotributistas. No hay un espacio de capacitación y de escucha para estas personas, y hablo de profesionales, técnicos, operadores que están trabajando con el dolor de la familia, porque la verdad que no se está pasando bien acá en Comodoro".
Murga advierte que no hay "una respuesta coordinada, articulada y sobre todo, con el presupuesto que tiene que tener. A pesar de los discursos, la niñez sigue siendo el último eslabón", remarca.
En la misma línea, Villalón subraya que en Santa Cruz rige la Ley 26.061 de carácter nacional pero "si no hay políticas públicas ni presupuesto, no da abasto". En el caso de Río Gallegos, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) ha sido cuestionada por la cantidad de casos y la falta de intervenciones.
Destaca que "es muy importante que los adultos, también las familias, estén atentos a las redes de sus hijos: hoy en día la violencia digital, el grooming, el bullying, están a la orden del día. Y así también la trata a través de las redes y eso es muy complejo. A nivel de niñez se está viviendo una crisis", sintetiza, a la que se suman, con preocupación, los allanamientos recientes.
En este escenario, habla de un "sistema desbordado" dado que "son muchos los casos pero pocos los profesionales". Se refiere a una problemática extendida en la región y el país vinculada a la creciente precarización de los trabajadores de las instituciones públicas.
"En el SENAF muchas veces a los profesionales no les pagan lo suficiente, o si trabajan, lo hacen como monotributistas, entonces está precarizada la realidad laboral. Pasan muchos profesionales por el SENAF, una familia es atendida por un trabajador social, y cuando vuelve a los seis meses ya hay otro".
"Como organizaciones sociales lo que tratamos de hacer es también poner el acento en trabajar, promover la protección de los niños, niños y adolescentes y a la vez tratar de trabajar en red con instituciones, con organizaciones, ponernos a disposición, sabiendo que la realidad es compleja y que tampoco la vamos a solucionar con un taller preventivo", advierte Villalón.
"Desde las organizaciones sociales le ponemos el cuerpo, vamos a hacer talleres preventivos, pero está después el crimen organizado, la institucionalización de estos crímenes, la corrupción de nuestros gobiernos que está institucionalizada hace años, entonces hay que ver también el tema de la justicia", agrega.
"Santa Cruz hoy en día está en crisis. La salud, la educación, la justicia. Estamos complicados. Eso también afecta a la niñez, porque si no tienen clase se está vulnerando el derecho a la educación. Si no tienen acceso a la salud, como corresponde, también le estás vulnerando un derecho. La crisis institucional que estamos viviendo como provincia es muy compleja", resume.
Romper el silencio
El comunicado del Foro advierte que la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes "se sostiene con el silencio y la falta de información".
"Apelamos a familias, a escuelas, a clubes deportivos, a juntas vecinales, a iglesias, a poder problematizar todos estos temas, poder charlarlos con nuestras familias, con los chicos", afirma Villalón. Subraya, además, que "las crisis económicas también llevan a este peligro de la explotación sexual".
En paralelo, registran un notable crecimiento de violencias cometidas con Inteligencia Artificial, como los deepfakes que colocan el rostro de una persona o un niño en imágenes de índole sexual.
"Los adultos quizás llegamos tarde y minimizamos estos casos, entonces también es un llamado a las familias a interesarse y poner en alerta todas estas cosas. El minimizar, la falta de información o el decir no pasa nada, fue un chiste', también perjudica", afirma la referente.
"La violencia digital es compartir material íntimo sin consentimiento, reproducir discursos de odio y misóginos que solemos encontrar en plataformas, así como acosar, amenazar, extorsionar en entornos digitales o acceder sin permisos a cuentas o a dispositivos a datos personales", detalló y aclaró que la violencia es ejercida tanto por quienes crean como por quienes distribuyen este tipo de material.
El operativo puso de manifiesto una realidad alarmante en la región, que no escapa a las lógicas de violencia que se imponen en las plataformas digitales, pero que a su vez están profundamente vinculadas a las crisis que atraviesan a las infancias en cada territorio. El comunicado concluye: "Las infancias no son objeto de consumo, no podemos permitir que la distancia, el viento, el frío o el anonimato digital sean refugio para agresores sexuales".