Marcha federal universitaria: Los sindicatos esperan una jornada "histórica"Por Alfonso de Villalobos
Los sindicatos docentes y no docentes que representan a los trabajadores de las 66 universidades nacionales auguran para el martes una movilización histórica en defensa de la universidad pública. La marcha cuenta con el aval de las autoridades de las universidades agrupadas en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el apoyo de las organizaciones estudiantiles.
Con la confirmación el viernes del Consejo Directivo de la CGT, cuenta también con la adhesión de todas las centrales sindicales, los movimiento sociales y piqueteros, las organizaciones de Derechos Humanos, el colectivo de discapacidad, las organizaciones de jubilados y jubiladas que se manifiestan los miércoles y un largo etcétera.
Se espera que la convocatoria rebase a las organizaciones que hacen el llamado y concite la atención de centenares de miles de manifestantes no organizados. En esta oportunidad, la cita será en la Plaza de Mayo, el centro del poder político nacional donde se realizará un acto a las 17 horas.
Un canal abierto
Ya sucedió en 2024 en dos oportunidades. Primero, el 23 de abril y, luego, el 2 de octubre, cuando casi un millón y medio de personas se movilizaron en todo el país. En ese momento la ofensiva del gobierno consistía en congelar el presupuesto a niveles de 2023 y consolidar el retroceso salarial y presupuestario provocado por el shock devaluatorio de diciembre de 2023.
En paralelo, la CGT comenzaba a acompasar sus propias medidas de lucha contra la ofensiva del gobierno. El Frente Sindical Universitario agrupó a todas las federaciones docentes y no docentes y lideró la protesta educativa que, ya por entonces, fue capaz de arrastrar al conjunto de los sectores populares en las que resultaron las movilizaciones más masivas contra la gestión libertaria.
Entre una y otra marcha, el movimiento estudiantil que forma parte de una generación identificada con el gobierno libertario, se reagrupó en defensa de su derecho a estudiar y se sumó a la lucha docente con sus métodos de lucha.
Las dos movilizaciones de 2024 generaron la primera ruptura entre el gobierno y su base de sustentación política y social. Las convocatorias canalizaron el rechazo masivo y popular a las políticas libertarias. Además de docentes, no docentes, estudiantes y graduados, las calles se poblaron de ciudadanos convencidos de que la educación superior sigue siendo una herramienta indispensable para el ascenso social de la clase trabajadora.
El conflicto universitario durante 2025 transitó especialmente al interior del Congreso Nacional. Las movilizaciones, también masivas pero que no llegaron al desborde de las anteriores, acompañaron las discusiones parlamentarias. Allí se aprobó nuevamente la Ley de Financiamiento Universitario que, otra vez, resultó vetada por el gobierno, aunque éste no pudo reunir los dos tercios del Congreso que el año anterior le permitieron blindarse. Así, el 2 de octubre, el Congreso ratificó su aprobación con mayoría especial desautorizando el veto oficial.
La ley, en lo esencial, dispone recomponer el presupuesto universitario a valores de 2023 y garantizar la continuidad de la paritaria docente y no docente que, en los hechos, se disolvió.
El ingrediente democrático
Si las primeras movilizaciones de 2024 resultaron masivas, a la luz de lo ocurrido, la del martes debiera incluso superarlas. Es que el deterioro presupuestario y salarial se profundizó y, además, se suma un ingrediente político en defensa de las reglas elementales de la democracia. No hay antecedentes de un gobierno que decida no acatar lo dispuesto por el Congreso y, además, desoír fallos judiciales que lo intiman a hacerlo.
El 21 de octubre último, el gobierno promulgó la ley ratificada en el Congreso pero con un artículo en el que condiciona las ejecuciones a la disponibilidad de fondos. Lo hizo en nombre de la legislación que exige que las normas que implican nuevas erogaciones presupuestarias deben indicar su origen. En este caso, no se trata de una nueva erogación sino de la indexación por inflación de las ya existentes. El argumento esgrimido resulta falaz y la justicia así lo reconoció destacando que su cumplimiento afecta apenas el 0,23% del PBI.
Radiografía del desguace
El retroceso salarial de los docentes y no docentes universitarios no registra antecedentes ni puede ser equiparado con el de ningún otro gremio. Desde la asunción de Milei, acumula una caída del 34,2% según un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que escala al 41,2% si se tomara el IPC con la demorada actualización metodológica. Se encuentra 2,4% por debajo de los valores alcanzados en 2004, el peor registro histórico, agrega un informe de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD), que contabiliza en 11,5 la cantidad de salarios perdidos desde noviembre de 2023 y que, asegura, se necesita un incremento del 105% para recuperar el poder adquisitivo del año 2015.
El presupuesto universitario, a su vez, se contrajo en el período un 41,6% que se verifica en el deterioro de su infraestructura, la depreciación y reducción de las becas estudiantiles, la escasez de insumos para la ciencia y la investigación y el colapso del sistema de hospitales universitarios a escala nacional (ver recuadro).
Así las cosas, indica el informe elaborado por el CEPA, el salario bruto de cinco de las siete categorías de trabajadores no docentes se ubica en marzo de 2026 debajo de la Canasta Básica Total que mide la línea de pobreza y llegó a $ 1.434.464.
Sólo el cargo de docente titular con dedicación exclusiva logra superar ese umbral al que vuelve a caer una vez realizados los descuentos. Para las dedicaciones simples (10 horas semanales) y la mayoría de las semiexclusivas (20 horas) el salario no alcanza a cubrir la línea de indigencia.
Pero, más allá de lo que indican las grillas salariales, el retroceso es todavía peor en la realidad de una inmensa cantidad de docentes que perciben la garantía salarial que se encuentra congelada en $ 250 mil desde marzo de 2025.
Pato criollo
El desacato del Poder Ejecutivo a lo establecido primero por el Congreso y luego por la Justicia fue acompañado con diversas maniobras que no solo fracasaron sino que irritaron todavía más a los trabajadores universitarios y terminaron acicateando la movilización.
En primer lugar, con el propósito de tornar abstracta la ley de financiamiento vigente, el Ministerio de Desarrollo Humano envió al Congreso un proyecto que solo dispone una actualización salarial del 12,5% para 2026. Un principio de acuerdo con algunas autoridades universitarias para promoverlo fracasó frente a la cerrada negativa de los gremios y otros rectores. El proyecto quedó, por ahora, cajoneado.
Luego, en el marco de los fuertes paros de actividades, la cartera que dirige Sandra Pettovello envió una comunicación intimando a los rectores a que «informen las medidas que tomaron para garantizar el derecho a la educación de los estudiantes universitarios». Se trató de una apretada contra la huelga que derivó en un repudio unánime de las organizaciones sindicales y estudiantiles y un reforzamiento de la medida de acción y la propia movilización.
Expectantes
Los dirigentes del Frente Sindical universitario coincidieron en que el clima augura una movilización masiva. Clara Chevalier, secretaria General de la Conadu, una de las federaciones de alcance nacional, aseguró a Tiempo que será "el espacio en el que se tiene que defender la educación pública y la democracia. Se van a juntar todas las broncas y malestares del pueblo argentino que a veces son privadas y personales pero que tienen un origen común que son las políticas de Javier Milei".
Francisca Staiti, titular de ConaduH, otra de las federaciones nacionales, detalló que la movilización tendrá un carácter nacional y se expresará en las 66 universidades nacionales que, en algunos casos, involucran varias ciudades y pueblos. La docente mendocina señaló que "trabajamos para que sea realmente multitudinaria y multisectorial porque sabemos que el tema de la universidad trasciende y permea a otros sectores".
Sobre la adhesión de la CGT, Staiti señaló que "bienvenida sea la CGT. La marcha la venimos trabajando desde que comenzó el plan de lucha que debía desembocar en una gran marcha federal nacional. Veíamos que las respuestas se demoraban y los tiempos del gobierno no son los que tenemos los trabajadores. Todo abona a que esta marcha sea enorme. No solo va a estar puesto el reclamo universitario, va a haber expresiones de otras necesidades. También va a ser una marcha por la democracia. El sistema democrático ha sido profundamente lesionado".
Laura Carboni, secretaria general de la AGD-UBA, indicó que "hemos votado parar y marchar ese día. Hace rato que estamos diciendo que esta marcha debía ocurrir. En el medio pasaron varias cosas como los fallos judiciales. Ahora tenemos una aceptación de parte del fuero contencioso administrativo del recurso extraordinario que presentó el gobierno, y si bien muchos profesionales acuerdan en que eso no suspende la cautelar ni la aplicación de la ley, de hecho no está sucediendo". Por eso, consideró, "es muy importante que sea una movilización de masas, más grande todavía que las de 2024. Va a ser una marcha que excede los límites de lo que es la universidad. Queremos que nuestra marcha sea un canal de expresión de todos los reclamos y las luchas que están en curso".
Para Chevalier "hay que dejar en claro que la ley está vigente y que la decisión del gobierno de no implementarla no tiene antecedentes en la historia y habla de la gravedad institucional que estamos atravesando y de la decisión del gobierno de aniquilar el sistema universitario. No lo vamos a permitir".
Para Staiti, "va a ser un golpe importante al gobierno. Pero para torcerle el brazo vamos a tener que hacer mucho más. Construir un monstruo más grande que el que tenemos enfrente. No alcanza solo con la universidad".
Desde el sector no docente, Jorge Anró de la FATUN (federación que los aglutina) coincidió en que "va a ser una movilización histórica que va a superar a las de 2024 porque en estos dos años se ha demostrado que el gobierno tergiversa la realidad. Tiene que ser el principio del fin de esta política porque lo que nos pasa a los universitarios le pasa a los trabajadores de la salud, a lo jubilados, a la ciencia y a los sectores más postergados. Todo eso va a explotar el martes".
La movilización coincide con el peor momento del gobierno y de la imagen presidencial. El oficialismo, sin embargo, está en su misma trampa. El costo de ceder al reclamo es relativamente marginal en términos económicos pero implicaría un cambio en el régimen político del gobierno cuya naturaleza y forma de acumulación política consisten avasallar todo. El desafío de los trabajadores universitarios consiste es desenmarañar esa madeja.
Garantía salarial: el real ajuste subterráneo
Más allá de lo que indican las paritarias y la evolución de la grilla salarial, un número importante de docentes universitarios percibe el «salario mínimo nacional docente garantizado» que establece la paritaria nacional para la docencia de todos los niveles. El mismo se encuentra congelado en $ 500 mil desde marzo de 2025 a la vez que el organismo encargado de actualizarlo, la paritaria nacional docente, está virtualmente disuelto desde la asunción de este gobierno.
En el caso de la docencia universitaria, ese valor aplica para los cargos de dedicación semiexclusiva (20 horas semanales) o su equivalente.
Según datos aportados por Conadu, un 65% de los cargos universitarios son de dedicación simple (10 horas). Como resultado de la antigüedad que eleva el haber de convenio, según estimaciones de la misma federación, 25% de los docentes percibe hoy $ 250 mil por cargo que, por decisión del gobierno, se encuentran congelados desde marzo de 2025. Hace poco tiempo atrás la garantía alcanzaba al 30% del total.
En noviembre de 2023 ese haber se encontraba en $250 mil para cargos de 20 horas semanales.
Se trata de una caída en términos reales del 54 por ciento a marzo de este año.
Dicho de otra forma, los $ 500 mil que rigen actualmente deberían ser $ 1.109.136.
El laberinto judicial llegó a la Corte Suprema
El desacato presidencial al Congreso ya sufrió dos fallos en contra. El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo de Martín Cormick, dio lugar a una medida cautelar solicitada por el CIN ordenando al gobierno ejecutar lo que establece la ley.
La primera apelación del gobierno fue rechazada el 31 de marzo pasado por la Cámara. Ahora, sin embargo, esa misma instancia aceptó un pedido de recurso extraordinario que implica la elevación del expediente a la Corte Suprema. Fuentes cercanas a la causa explicaron que se trata de un "recurso poco usual" para medidas cautelares en tanto la Corte atiende sentencias definitivas. No existe una normativa en el Código Procesal que verse sobre el carácter suspensivo (en este caso, del amparo otorgado por Cormick) del recurso extraordinario. Sin embargo, para los letrados de los sindicatos universitarios la situación es equiparable a aquellas en las que se aplica el artículo 258 que establece que, mientras se analiza el caso, el beneficiario puede percibir el monto adeudado a cambio de una fianza. Así, tanto la ley como la cautelar se encuentran vigentes y no existen impedimentos para la ejecución de la sentencia de primera instancia.
Fuente: Tiempo Argentino
Por Alfonso de Villalobos
Los sindicatos docentes y no docentes que representan a los trabajadores de las 66 universidades nacionales auguran para el martes una movilización histórica en defensa de la universidad pública. La marcha cuenta con el aval de las autoridades de las universidades agrupadas en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el apoyo de las organizaciones estudiantiles.
Con la confirmación el viernes del Consejo Directivo de la CGT, cuenta también con la adhesión de todas las centrales sindicales, los movimiento sociales y piqueteros, las organizaciones de Derechos Humanos, el colectivo de discapacidad, las organizaciones de jubilados y jubiladas que se manifiestan los miércoles y un largo etcétera.
Se espera que la convocatoria rebase a las organizaciones que hacen el llamado y concite la atención de centenares de miles de manifestantes no organizados. En esta oportunidad, la cita será en la Plaza de Mayo, el centro del poder político nacional donde se realizará un acto a las 17 horas.
Un canal abierto
Ya sucedió en 2024 en dos oportunidades. Primero, el 23 de abril y, luego, el 2 de octubre, cuando casi un millón y medio de personas se movilizaron en todo el país. En ese momento la ofensiva del gobierno consistía en congelar el presupuesto a niveles de 2023 y consolidar el retroceso salarial y presupuestario provocado por el shock devaluatorio de diciembre de 2023.
En paralelo, la CGT comenzaba a acompasar sus propias medidas de lucha contra la ofensiva del gobierno. El Frente Sindical Universitario agrupó a todas las federaciones docentes y no docentes y lideró la protesta educativa que, ya por entonces, fue capaz de arrastrar al conjunto de los sectores populares en las que resultaron las movilizaciones más masivas contra la gestión libertaria.
Entre una y otra marcha, el movimiento estudiantil que forma parte de una generación identificada con el gobierno libertario, se reagrupó en defensa de su derecho a estudiar y se sumó a la lucha docente con sus métodos de lucha.
Las dos movilizaciones de 2024 generaron la primera ruptura entre el gobierno y su base de sustentación política y social. Las convocatorias canalizaron el rechazo masivo y popular a las políticas libertarias. Además de docentes, no docentes, estudiantes y graduados, las calles se poblaron de ciudadanos convencidos de que la educación superior sigue siendo una herramienta indispensable para el ascenso social de la clase trabajadora.
El conflicto universitario durante 2025 transitó especialmente al interior del Congreso Nacional. Las movilizaciones, también masivas pero que no llegaron al desborde de las anteriores, acompañaron las discusiones parlamentarias. Allí se aprobó nuevamente la Ley de Financiamiento Universitario que, otra vez, resultó vetada por el gobierno, aunque éste no pudo reunir los dos tercios del Congreso que el año anterior le permitieron blindarse. Así, el 2 de octubre, el Congreso ratificó su aprobación con mayoría especial desautorizando el veto oficial.
La ley, en lo esencial, dispone recomponer el presupuesto universitario a valores de 2023 y garantizar la continuidad de la paritaria docente y no docente que, en los hechos, se disolvió.
El ingrediente democrático
Si las primeras movilizaciones de 2024 resultaron masivas, a la luz de lo ocurrido, la del martes debiera incluso superarlas. Es que el deterioro presupuestario y salarial se profundizó y, además, se suma un ingrediente político en defensa de las reglas elementales de la democracia. No hay antecedentes de un gobierno que decida no acatar lo dispuesto por el Congreso y, además, desoír fallos judiciales que lo intiman a hacerlo.
El 21 de octubre último, el gobierno promulgó la ley ratificada en el Congreso pero con un artículo en el que condiciona las ejecuciones a la disponibilidad de fondos. Lo hizo en nombre de la legislación que exige que las normas que implican nuevas erogaciones presupuestarias deben indicar su origen. En este caso, no se trata de una nueva erogación sino de la indexación por inflación de las ya existentes. El argumento esgrimido resulta falaz y la justicia así lo reconoció destacando que su cumplimiento afecta apenas el 0,23% del PBI.
Radiografía del desguace
El retroceso salarial de los docentes y no docentes universitarios no registra antecedentes ni puede ser equiparado con el de ningún otro gremio. Desde la asunción de Milei, acumula una caída del 34,2% según un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que escala al 41,2% si se tomara el IPC con la demorada actualización metodológica. Se encuentra 2,4% por debajo de los valores alcanzados en 2004, el peor registro histórico, agrega un informe de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD), que contabiliza en 11,5 la cantidad de salarios perdidos desde noviembre de 2023 y que, asegura, se necesita un incremento del 105% para recuperar el poder adquisitivo del año 2015.
El presupuesto universitario, a su vez, se contrajo en el período un 41,6% que se verifica en el deterioro de su infraestructura, la depreciación y reducción de las becas estudiantiles, la escasez de insumos para la ciencia y la investigación y el colapso del sistema de hospitales universitarios a escala nacional (ver recuadro).
Así las cosas, indica el informe elaborado por el CEPA, el salario bruto de cinco de las siete categorías de trabajadores no docentes se ubica en marzo de 2026 debajo de la Canasta Básica Total que mide la línea de pobreza y llegó a $ 1.434.464.
Sólo el cargo de docente titular con dedicación exclusiva logra superar ese umbral al que vuelve a caer una vez realizados los descuentos. Para las dedicaciones simples (10 horas semanales) y la mayoría de las semiexclusivas (20 horas) el salario no alcanza a cubrir la línea de indigencia.
Pero, más allá de lo que indican las grillas salariales, el retroceso es todavía peor en la realidad de una inmensa cantidad de docentes que perciben la garantía salarial que se encuentra congelada en $ 250 mil desde marzo de 2025.
Pato criollo
El desacato del Poder Ejecutivo a lo establecido primero por el Congreso y luego por la Justicia fue acompañado con diversas maniobras que no solo fracasaron sino que irritaron todavía más a los trabajadores universitarios y terminaron acicateando la movilización.
En primer lugar, con el propósito de tornar abstracta la ley de financiamiento vigente, el Ministerio de Desarrollo Humano envió al Congreso un proyecto que solo dispone una actualización salarial del 12,5% para 2026. Un principio de acuerdo con algunas autoridades universitarias para promoverlo fracasó frente a la cerrada negativa de los gremios y otros rectores. El proyecto quedó, por ahora, cajoneado.
Luego, en el marco de los fuertes paros de actividades, la cartera que dirige Sandra Pettovello envió una comunicación intimando a los rectores a que «informen las medidas que tomaron para garantizar el derecho a la educación de los estudiantes universitarios». Se trató de una apretada contra la huelga que derivó en un repudio unánime de las organizaciones sindicales y estudiantiles y un reforzamiento de la medida de acción y la propia movilización.
Expectantes
Los dirigentes del Frente Sindical universitario coincidieron en que el clima augura una movilización masiva. Clara Chevalier, secretaria General de la Conadu, una de las federaciones de alcance nacional, aseguró a Tiempo que será "el espacio en el que se tiene que defender la educación pública y la democracia. Se van a juntar todas las broncas y malestares del pueblo argentino que a veces son privadas y personales pero que tienen un origen común que son las políticas de Javier Milei".
Francisca Staiti, titular de ConaduH, otra de las federaciones nacionales, detalló que la movilización tendrá un carácter nacional y se expresará en las 66 universidades nacionales que, en algunos casos, involucran varias ciudades y pueblos. La docente mendocina señaló que "trabajamos para que sea realmente multitudinaria y multisectorial porque sabemos que el tema de la universidad trasciende y permea a otros sectores".
Sobre la adhesión de la CGT, Staiti señaló que "bienvenida sea la CGT. La marcha la venimos trabajando desde que comenzó el plan de lucha que debía desembocar en una gran marcha federal nacional. Veíamos que las respuestas se demoraban y los tiempos del gobierno no son los que tenemos los trabajadores. Todo abona a que esta marcha sea enorme. No solo va a estar puesto el reclamo universitario, va a haber expresiones de otras necesidades. También va a ser una marcha por la democracia. El sistema democrático ha sido profundamente lesionado".
Laura Carboni, secretaria general de la AGD-UBA, indicó que "hemos votado parar y marchar ese día. Hace rato que estamos diciendo que esta marcha debía ocurrir. En el medio pasaron varias cosas como los fallos judiciales. Ahora tenemos una aceptación de parte del fuero contencioso administrativo del recurso extraordinario que presentó el gobierno, y si bien muchos profesionales acuerdan en que eso no suspende la cautelar ni la aplicación de la ley, de hecho no está sucediendo". Por eso, consideró, "es muy importante que sea una movilización de masas, más grande todavía que las de 2024. Va a ser una marcha que excede los límites de lo que es la universidad. Queremos que nuestra marcha sea un canal de expresión de todos los reclamos y las luchas que están en curso".
Para Chevalier "hay que dejar en claro que la ley está vigente y que la decisión del gobierno de no implementarla no tiene antecedentes en la historia y habla de la gravedad institucional que estamos atravesando y de la decisión del gobierno de aniquilar el sistema universitario. No lo vamos a permitir".
Para Staiti, "va a ser un golpe importante al gobierno. Pero para torcerle el brazo vamos a tener que hacer mucho más. Construir un monstruo más grande que el que tenemos enfrente. No alcanza solo con la universidad".
Desde el sector no docente, Jorge Anró de la FATUN (federación que los aglutina) coincidió en que "va a ser una movilización histórica que va a superar a las de 2024 porque en estos dos años se ha demostrado que el gobierno tergiversa la realidad. Tiene que ser el principio del fin de esta política porque lo que nos pasa a los universitarios le pasa a los trabajadores de la salud, a lo jubilados, a la ciencia y a los sectores más postergados. Todo eso va a explotar el martes".
La movilización coincide con el peor momento del gobierno y de la imagen presidencial. El oficialismo, sin embargo, está en su misma trampa. El costo de ceder al reclamo es relativamente marginal en términos económicos pero implicaría un cambio en el régimen político del gobierno cuya naturaleza y forma de acumulación política consisten avasallar todo. El desafío de los trabajadores universitarios consiste es desenmarañar esa madeja.
Garantía salarial: el real ajuste subterráneo
Más allá de lo que indican las paritarias y la evolución de la grilla salarial, un número importante de docentes universitarios percibe el «salario mínimo nacional docente garantizado» que establece la paritaria nacional para la docencia de todos los niveles. El mismo se encuentra congelado en $ 500 mil desde marzo de 2025 a la vez que el organismo encargado de actualizarlo, la paritaria nacional docente, está virtualmente disuelto desde la asunción de este gobierno.
En el caso de la docencia universitaria, ese valor aplica para los cargos de dedicación semiexclusiva (20 horas semanales) o su equivalente.
Según datos aportados por Conadu, un 65% de los cargos universitarios son de dedicación simple (10 horas). Como resultado de la antigüedad que eleva el haber de convenio, según estimaciones de la misma federación, 25% de los docentes percibe hoy $ 250 mil por cargo que, por decisión del gobierno, se encuentran congelados desde marzo de 2025. Hace poco tiempo atrás la garantía alcanzaba al 30% del total.
En noviembre de 2023 ese haber se encontraba en $250 mil para cargos de 20 horas semanales.
Se trata de una caída en términos reales del 54 por ciento a marzo de este año.
Dicho de otra forma, los $ 500 mil que rigen actualmente deberían ser $ 1.109.136.
El laberinto judicial llegó a la Corte Suprema
El desacato presidencial al Congreso ya sufrió dos fallos en contra. El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo de Martín Cormick, dio lugar a una medida cautelar solicitada por el CIN ordenando al gobierno ejecutar lo que establece la ley.
La primera apelación del gobierno fue rechazada el 31 de marzo pasado por la Cámara. Ahora, sin embargo, esa misma instancia aceptó un pedido de recurso extraordinario que implica la elevación del expediente a la Corte Suprema. Fuentes cercanas a la causa explicaron que se trata de un "recurso poco usual" para medidas cautelares en tanto la Corte atiende sentencias definitivas. No existe una normativa en el Código Procesal que verse sobre el carácter suspensivo (en este caso, del amparo otorgado por Cormick) del recurso extraordinario. Sin embargo, para los letrados de los sindicatos universitarios la situación es equiparable a aquellas en las que se aplica el artículo 258 que establece que, mientras se analiza el caso, el beneficiario puede percibir el monto adeudado a cambio de una fianza. Así, tanto la ley como la cautelar se encuentran vigentes y no existen impedimentos para la ejecución de la sentencia de primera instancia.
Fuente: Tiempo Argentino