Patagonia
Madryn, marginalidad y pobreza: El rostro que nadie quiere ver
Puerto Madryn.
EES 114.
Con más de 800 solicitudes de terrenos al mes y un listado de 4 mil personas en espera, Puerto Madryn encara uno de los mayores problemas actuales: la falta de acceso a la tierra y la vivienda familiar. Juan Pablo Minor, Secretario de Desarrollo Comunitario admite que es el Estado el que está en situación irregular y no las familias, pero reconoce que no hay tierras fiscales para todos.
La imagen de la Patagonia inspira grandeza e infinitud. Postales de paisajes sin fin se congelan en la memoria cultural de cada visitante. Las matas aún vuelan por la meseta y las bardas marcan un límite impreciso para el hábitat. El deseo por poseer un pedazo de tierra se ha convertido en una quimera para el poblador patagónico. Parece ilógico, pero el acceso a la tierra es el gran talón de Aquiles del sur. Y esto ocurre en un territorio inmenso.
Juan Pablo Minor, Secretario de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Puerto Madryn, acepta que la fragmentación social surge de un mecanismo de diseño urbano que fue atendiendo negocios aislados. No se pensó en la ciudad como un todo, ni en la accesibilidad. El madrynense clásico dice: De la Yrigoyen al norte es una ciudad, y de la Yrigoyen al sur es otra. Creo que la desigualdad y el rostro del Madryn que nadie quiere ver es el que está en los asentamientos y en los barrios postergados por la inversión pública. Hay que evitar la fragmentación de la ciudad, asegura Minor.
Se estima en 1500 el número de familias que viven en asentamientos informales. Entre ellos están los barrios Agustín Pujol, San Miguel y Presidente Perón, todos con indicadores sociales de alta vulnerabilidad sanitaria y socioeconómica. Estas ocupaciones han adoptado nombres propios: Nueva Chubut, La Arboleda, La Loma, Alta Tensión, 27 de Octubre y El Golfito.
Minor advierte que están tratando de frenar nuevos asentamientos, como el del San Miguel, lateral a la Avenida Gales y en la calle Dorrego. Los problemas centrales de los habitantes son la falta de luz, agua y gas, y la falta de mensura de los terrenos. Además carecen de transporte público, servicios de salud y vigilancia policial.
El gobierno municipal rechaza los asentamientos, aunque reconoce el gran déficit habitacional. Minor asegura que estamos haciendo operativos con las familias que comienzan a asentarse de forma desordenada e irregular. El problema es que ya no tenemos tierra fiscal; negociamos con el gobierno nacional y la Armada acerca de la zanja de guardia hacia el sur de la ciudad.
También siguen las gestiones con privados, como la empresa San Miguel S.A, para generar espacios. La gestión anterior nos dejó sin lotes disponibles, y la presión es intensa. Tenemos el compromiso de generar tierra urbanizable, pero no hay para todos, completa.
Las causas
Minor explica que Madryn siempre se movió al compás del mercado, con valores establecidos en el marco de una burbuja financiera, cuestión que hizo mucho daño a la ciudad, al trabajador y las familias de clase media y media baja. Hay una gran franja de familias que participan de los circuitos asistenciales y recibían loteo social, pero no todos han podido acceder a créditos. Queda una franja intermedia donde está la polarización y la fragmentación de la sociedad, sintetiza.
La migración de ciudadanos bolivianos ha desatado una ola de estigmatización y xenofobia. Minor reafirma que el extranjero no tiene ninguna culpa por la falta de planificación urbana, y apunta que en la gestión Sastre se trabaja desde el concepto de habitante, que es fue introducida por la Carta Orgánica de Madryn, vigente desde septiembre del 2011. Es una idea muy fuerte porque habilita al ejercicio de derechos y responsabilidades a todos aquellos que habitan la ciudad, y de esa manera echamos por tierra los mitos negativos sobre los extranjeros, sugiere.
Lo importante es el derecho vulnerado, sin importar la nacionalidad del habitante, aclara, para afirmar que se pide la radicación definitiva para reducir el margen de especulación y construir el concepto de arraigo. Es el Estado el que está en situación irregular y no los sujetos y familias que toman decisiones para mejorar su calidad de vida, afirma sin tapujos.
Desempleo e inseguridad
Los datos son duros, adelanta Minor al hablar de la niñez marginal en Puerto Madryn. Más de 300 niños en la primera infancia están sin cobertura del Estado y por fuera de los centros de desarrollo materno-infantil. La gente tiene que ser bien atendida y la administración de recurso público destinada a la asistencia social debe ser bien otorgado, entrelazado con una coherencia sobre la necesidad y la pertinencia para otorgar un beneficio social, dice.
En cuanto a desempleo, Minor no teme afirmar que tenemos una cifra de dos dígitos y alrededor de 10, 11 o 12 por ciento. Tres grandes empresas pesqueras están en crisis y permanentemente generan desempleo. Madryn muestra indicadores muy variables porque tiene grandes períodos de ocupación con obras importantes, que luego dejan un gran número de desempleados, precisa.
Al tiempo, lamenta que no se esté aportando un valor agregado a la materia prima del pescado, y se procese afuera bajo el permiso de la ley. Necesitamos redefinir matrices productivas e industriales para que la ciudad no deje de mostrarse pujante, con capacidad de empleo. La realidad es que tenemos problemas de desocupación, dice.
Minor aboga por un programa nacional que se oriente hacia la inserción temporal en las estructuras del Estado y no de anclaje en la pobreza ni el asistencialismo. Si no se atiende a las familias que crecen con todas las falencias educacionales, alimentarias, habitacionales y legales, estaremos creando una fábrica de delito y transgresión de la norma, explica Minor. La primera trasgresión la genera el propio Estado y la sociedad para con todos aquellos que no pueden tener esas seguridades que son derechos. Es directa la vinculación entre desigualdad social e inseguridad, pero cambiar las cosas implica procesos que llevan su tiempo.
POR CAROLINA LAZTRA.
Puerto Madryn.
EES 114.
Con más de 800 solicitudes de terrenos al mes y un listado de 4 mil personas en espera, Puerto Madryn encara uno de los mayores problemas actuales: la falta de acceso a la tierra y la vivienda familiar. Juan Pablo Minor, Secretario de Desarrollo Comunitario admite que es el Estado el que está en situación irregular y no las familias, pero reconoce que no hay tierras fiscales para todos.
La imagen de la Patagonia inspira grandeza e infinitud. Postales de paisajes sin fin se congelan en la memoria cultural de cada visitante. Las matas aún vuelan por la meseta y las bardas marcan un límite impreciso para el hábitat. El deseo por poseer un pedazo de tierra se ha convertido en una quimera para el poblador patagónico. Parece ilógico, pero el acceso a la tierra es el gran talón de Aquiles del sur. Y esto ocurre en un territorio inmenso.
Juan Pablo Minor, Secretario de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Puerto Madryn, acepta que la fragmentación social surge de un mecanismo de diseño urbano que fue atendiendo negocios aislados. No se pensó en la ciudad como un todo, ni en la accesibilidad. El madrynense clásico dice: De la Yrigoyen al norte es una ciudad, y de la Yrigoyen al sur es otra. Creo que la desigualdad y el rostro del Madryn que nadie quiere ver es el que está en los asentamientos y en los barrios postergados por la inversión pública. Hay que evitar la fragmentación de la ciudad, asegura Minor.
Se estima en 1500 el número de familias que viven en asentamientos informales. Entre ellos están los barrios Agustín Pujol, San Miguel y Presidente Perón, todos con indicadores sociales de alta vulnerabilidad sanitaria y socioeconómica. Estas ocupaciones han adoptado nombres propios: Nueva Chubut, La Arboleda, La Loma, Alta Tensión, 27 de Octubre y El Golfito.
Minor advierte que están tratando de frenar nuevos asentamientos, como el del San Miguel, lateral a la Avenida Gales y en la calle Dorrego. Los problemas centrales de los habitantes son la falta de luz, agua y gas, y la falta de mensura de los terrenos. Además carecen de transporte público, servicios de salud y vigilancia policial.
El gobierno municipal rechaza los asentamientos, aunque reconoce el gran déficit habitacional. Minor asegura que estamos haciendo operativos con las familias que comienzan a asentarse de forma desordenada e irregular. El problema es que ya no tenemos tierra fiscal; negociamos con el gobierno nacional y la Armada acerca de la zanja de guardia hacia el sur de la ciudad.
También siguen las gestiones con privados, como la empresa San Miguel S.A, para generar espacios. La gestión anterior nos dejó sin lotes disponibles, y la presión es intensa. Tenemos el compromiso de generar tierra urbanizable, pero no hay para todos, completa.
Las causas
Minor explica que Madryn siempre se movió al compás del mercado, con valores establecidos en el marco de una burbuja financiera, cuestión que hizo mucho daño a la ciudad, al trabajador y las familias de clase media y media baja. Hay una gran franja de familias que participan de los circuitos asistenciales y recibían loteo social, pero no todos han podido acceder a créditos. Queda una franja intermedia donde está la polarización y la fragmentación de la sociedad, sintetiza.
La migración de ciudadanos bolivianos ha desatado una ola de estigmatización y xenofobia. Minor reafirma que el extranjero no tiene ninguna culpa por la falta de planificación urbana, y apunta que en la gestión Sastre se trabaja desde el concepto de habitante, que es fue introducida por la Carta Orgánica de Madryn, vigente desde septiembre del 2011. Es una idea muy fuerte porque habilita al ejercicio de derechos y responsabilidades a todos aquellos que habitan la ciudad, y de esa manera echamos por tierra los mitos negativos sobre los extranjeros, sugiere.
Lo importante es el derecho vulnerado, sin importar la nacionalidad del habitante, aclara, para afirmar que se pide la radicación definitiva para reducir el margen de especulación y construir el concepto de arraigo. Es el Estado el que está en situación irregular y no los sujetos y familias que toman decisiones para mejorar su calidad de vida, afirma sin tapujos.
Desempleo e inseguridad
Los datos son duros, adelanta Minor al hablar de la niñez marginal en Puerto Madryn. Más de 300 niños en la primera infancia están sin cobertura del Estado y por fuera de los centros de desarrollo materno-infantil. La gente tiene que ser bien atendida y la administración de recurso público destinada a la asistencia social debe ser bien otorgado, entrelazado con una coherencia sobre la necesidad y la pertinencia para otorgar un beneficio social, dice.
En cuanto a desempleo, Minor no teme afirmar que tenemos una cifra de dos dígitos y alrededor de 10, 11 o 12 por ciento. Tres grandes empresas pesqueras están en crisis y permanentemente generan desempleo. Madryn muestra indicadores muy variables porque tiene grandes períodos de ocupación con obras importantes, que luego dejan un gran número de desempleados, precisa.
Al tiempo, lamenta que no se esté aportando un valor agregado a la materia prima del pescado, y se procese afuera bajo el permiso de la ley. Necesitamos redefinir matrices productivas e industriales para que la ciudad no deje de mostrarse pujante, con capacidad de empleo. La realidad es que tenemos problemas de desocupación, dice.
Minor aboga por un programa nacional que se oriente hacia la inserción temporal en las estructuras del Estado y no de anclaje en la pobreza ni el asistencialismo. Si no se atiende a las familias que crecen con todas las falencias educacionales, alimentarias, habitacionales y legales, estaremos creando una fábrica de delito y transgresión de la norma, explica Minor. La primera trasgresión la genera el propio Estado y la sociedad para con todos aquellos que no pueden tener esas seguridades que son derechos. Es directa la vinculación entre desigualdad social e inseguridad, pero cambiar las cosas implica procesos que llevan su tiempo.
Puerto Madryn.
EES 114.
Con más de 800 solicitudes de terrenos al mes y un listado de 4 mil personas en espera, Puerto Madryn encara uno de los mayores problemas actuales: la falta de acceso a la tierra y la vivienda familiar. Juan Pablo Minor, Secretario de Desarrollo Comunitario admite que es el Estado el que está en situación irregular y no las familias, pero reconoce que no hay tierras fiscales para todos.
La imagen de la Patagonia inspira grandeza e infinitud. Postales de paisajes sin fin se congelan en la memoria cultural de cada visitante. Las matas aún vuelan por la meseta y las bardas marcan un límite impreciso para el hábitat. El deseo por poseer un pedazo de tierra se ha convertido en una quimera para el poblador patagónico. Parece ilógico, pero el acceso a la tierra es el gran talón de Aquiles del sur. Y esto ocurre en un territorio inmenso.
Juan Pablo Minor, Secretario de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Puerto Madryn, acepta que la fragmentación social surge de un mecanismo de diseño urbano que fue atendiendo negocios aislados. No se pensó en la ciudad como un todo, ni en la accesibilidad. El madrynense clásico dice: De la Yrigoyen al norte es una ciudad, y de la Yrigoyen al sur es otra. Creo que la desigualdad y el rostro del Madryn que nadie quiere ver es el que está en los asentamientos y en los barrios postergados por la inversión pública. Hay que evitar la fragmentación de la ciudad, asegura Minor.
Se estima en 1500 el número de familias que viven en asentamientos informales. Entre ellos están los barrios Agustín Pujol, San Miguel y Presidente Perón, todos con indicadores sociales de alta vulnerabilidad sanitaria y socioeconómica. Estas ocupaciones han adoptado nombres propios: Nueva Chubut, La Arboleda, La Loma, Alta Tensión, 27 de Octubre y El Golfito.
Minor advierte que están tratando de frenar nuevos asentamientos, como el del San Miguel, lateral a la Avenida Gales y en la calle Dorrego. Los problemas centrales de los habitantes son la falta de luz, agua y gas, y la falta de mensura de los terrenos. Además carecen de transporte público, servicios de salud y vigilancia policial.
El gobierno municipal rechaza los asentamientos, aunque reconoce el gran déficit habitacional. Minor asegura que estamos haciendo operativos con las familias que comienzan a asentarse de forma desordenada e irregular. El problema es que ya no tenemos tierra fiscal; negociamos con el gobierno nacional y la Armada acerca de la zanja de guardia hacia el sur de la ciudad.
También siguen las gestiones con privados, como la empresa San Miguel S.A, para generar espacios. La gestión anterior nos dejó sin lotes disponibles, y la presión es intensa. Tenemos el compromiso de generar tierra urbanizable, pero no hay para todos, completa.
Las causas
Minor explica que Madryn siempre se movió al compás del mercado, con valores establecidos en el marco de una burbuja financiera, cuestión que hizo mucho daño a la ciudad, al trabajador y las familias de clase media y media baja. Hay una gran franja de familias que participan de los circuitos asistenciales y recibían loteo social, pero no todos han podido acceder a créditos. Queda una franja intermedia donde está la polarización y la fragmentación de la sociedad, sintetiza.
La migración de ciudadanos bolivianos ha desatado una ola de estigmatización y xenofobia. Minor reafirma que el extranjero no tiene ninguna culpa por la falta de planificación urbana, y apunta que en la gestión Sastre se trabaja desde el concepto de habitante, que es fue introducida por la Carta Orgánica de Madryn, vigente desde septiembre del 2011. Es una idea muy fuerte porque habilita al ejercicio de derechos y responsabilidades a todos aquellos que habitan la ciudad, y de esa manera echamos por tierra los mitos negativos sobre los extranjeros, sugiere.
Lo importante es el derecho vulnerado, sin importar la nacionalidad del habitante, aclara, para afirmar que se pide la radicación definitiva para reducir el margen de especulación y construir el concepto de arraigo. Es el Estado el que está en situación irregular y no los sujetos y familias que toman decisiones para mejorar su calidad de vida, afirma sin tapujos.
Desempleo e inseguridad
Los datos son duros, adelanta Minor al hablar de la niñez marginal en Puerto Madryn. Más de 300 niños en la primera infancia están sin cobertura del Estado y por fuera de los centros de desarrollo materno-infantil. La gente tiene que ser bien atendida y la administración de recurso público destinada a la asistencia social debe ser bien otorgado, entrelazado con una coherencia sobre la necesidad y la pertinencia para otorgar un beneficio social, dice.
En cuanto a desempleo, Minor no teme afirmar que tenemos una cifra de dos dígitos y alrededor de 10, 11 o 12 por ciento. Tres grandes empresas pesqueras están en crisis y permanentemente generan desempleo. Madryn muestra indicadores muy variables porque tiene grandes períodos de ocupación con obras importantes, que luego dejan un gran número de desempleados, precisa.
Al tiempo, lamenta que no se esté aportando un valor agregado a la materia prima del pescado, y se procese afuera bajo el permiso de la ley. Necesitamos redefinir matrices productivas e industriales para que la ciudad no deje de mostrarse pujante, con capacidad de empleo. La realidad es que tenemos problemas de desocupación, dice.
Minor aboga por un programa nacional que se oriente hacia la inserción temporal en las estructuras del Estado y no de anclaje en la pobreza ni el asistencialismo. Si no se atiende a las familias que crecen con todas las falencias educacionales, alimentarias, habitacionales y legales, estaremos creando una fábrica de delito y transgresión de la norma, explica Minor. La primera trasgresión la genera el propio Estado y la sociedad para con todos aquellos que no pueden tener esas seguridades que son derechos. Es directa la vinculación entre desigualdad social e inseguridad, pero cambiar las cosas implica procesos que llevan su tiempo.