Corrupción en el IPV: el juez era amigo de Reyna, el que pedía "favores" sexualesLa causa se inició durante el gobierno de Martín Buzzi, en octubre de 2014. Según la denuncia realizada por el propio titular del IPV Ricardo Trovant, en la delegación de Comodoro existía una organización delictiva que empleaba el tráfico de influencias en beneficio propio, a cambio de dádivas y otros pedidos. El titular de la misma era Abel Reyna, quien le exigió tener relaciones sexuales a la madre de un discapacitado para conseguirle una vivienda.
A Abel Reyna la jueza Daniela Arcuri no le aceptó una suspensión de juicio a prueba por lo que debe ir a juicio. El juicio iba a comenzar este miércoles 20, pero ese día se supo que quien debía juzgarlo había compartido con Reyna "dos reuniones sociales".
Abel Reyna hizo su accidentada carrera política de la mano de Martín Buzzi. Fue su subsecretario de Cultura en el municipio de Comodoro entre 2007 y 2011 y cuando aquel se consagró gobernador, fue designado delegado del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) en la ciudad petrolera.
Llevaba una gestión tranquila hasta que en octubre de 2014 el titular del organismo, Ricardo Trovant, realizó la denuncia pública de que en la delegación comodorense ocurrían un sinfín de irregularidades, con el propio Abel Reyna a la cabeza. Se dijo que había desde cobrar coimas para entregar una vivienda, hasta agregar puntaje a quien estaba en lista de espera por una suma determinada, y beneficiar a parientes que ni siquiera estaban inscriptos en el IPV.
Reyna tenía como cómplices a Darío Acosta, Claudia Leonori, Vanesa Medina, Raquel Antimilla, Fabiana Onieva, Alejo Recalde y Amilda Caro.
Para confirmar que la justicia es lenta, pasaron más de cuatro años hasta que se reunieron las pruebas que permitieron llevar a juicio a los imputados. En febrero último todos los acusados recibieron la suspensión de juicio a prueba que sus abogados habían acordado con la Fiscalía, luego de asumir que eran veraces los delitos por los que fueron juzgados. Purgan su pena a cambio de dinero y de trabajos comunitarios.
Todos menos Abel Reyna, quien fue juzgado aparte y a quien la jueza Daniela Arcuri no le aceptó lo que proponía: asumir su responsabilidad a cambio de una condena de 3 años en suspenso y no presentarse en el futuro a ningún cargo electivo. Es decir que no tendría impedimentos en ocupar algún puesto público. La jueza entendió que las probation no corresponden a funcionarios públicos, amén de que a Reyna se lo acusaba de un delito más grave que pedir coimas o incumplir con los deberes de funcionario público: le había pedido favores sexuales a una mujer -madre de un chico discapacitado- para concederle una vivienda del Estado. La propia víctima declaró que en febrero de 2014 accedió por necesidad a tener sexo con él en un hotel próximo al lugar donde entonces funcionaba la delegación del IPV.
El juez conocido
En función de lo antedicho, Reyna debe ir a juicio oral y público donde podría recibir una pena superior a los tres años de prisión, por lo que sería de cumplimiento efectivo. La primera audiencia debió haberse realizado el miércoles 20, pero ese mismo día se supo que el juez que debía juzgarlo se había excusado una semana antes porque en el pasado había compartido "dos reuniones sociales" con Reyna. En forma paralela, circulaba en las redes una foto donde se veía a ambos bebiendo.
Jorge Odorisio (56) es uno de los jueces penales de Comodoro más nuevos y apenas comenzó a desempeñar su tarea -a fines de 2014- llamó la atención de no pocos observadores su presencia en algunos actos públicos municipales realizados en la ciudad. Es que se trata de algo que no practican sus colegas. Cuentan que su esposa tiene buenos vínculos con el justicialismo vernáculo.
Por otra parte, el 5 de febrero de 2016 el juez fue protagonista de un escándalo cuando la vecina del departamento ubicado arriba del suyo en el edificio donde vivía entonces -Belgrano y Ameghino- lo denunció en la Seccional Primera por intimidarla en horas de la madrugada porque le molestaban los ruidos que hacían sus hijos ya que le impedían conciliar el sueño.
"En un estado de incontrolable alteración" -según consta en la denuncia-, fue su esposa quien debió calmarlo para que el enfrentamiento no pasara de los gritos. "Yo soy juez y debo descansar", exclamaba Odorisio.
Ahora Reyna será juzgado por una mujer. En teoría, el próximo lunes 25 comenzarán las audiencias con el tribunal unipersonal a cargo de Mónica García.
La causa se inició durante el gobierno de Martín Buzzi, en octubre de 2014. Según la denuncia realizada por el propio titular del IPV Ricardo Trovant, en la delegación de Comodoro existía una organización delictiva que empleaba el tráfico de influencias en beneficio propio, a cambio de dádivas y otros pedidos. El titular de la misma era Abel Reyna, quien le exigió tener relaciones sexuales a la madre de un discapacitado para conseguirle una vivienda.
A Abel Reyna la jueza Daniela Arcuri no le aceptó una suspensión de juicio a prueba por lo que debe ir a juicio. El juicio iba a comenzar este miércoles 20, pero ese día se supo que quien debía juzgarlo había compartido con Reyna "dos reuniones sociales".
Abel Reyna hizo su accidentada carrera política de la mano de Martín Buzzi. Fue su subsecretario de Cultura en el municipio de Comodoro entre 2007 y 2011 y cuando aquel se consagró gobernador, fue designado delegado del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) en la ciudad petrolera.
Llevaba una gestión tranquila hasta que en octubre de 2014 el titular del organismo, Ricardo Trovant, realizó la denuncia pública de que en la delegación comodorense ocurrían un sinfín de irregularidades, con el propio Abel Reyna a la cabeza. Se dijo que había desde cobrar coimas para entregar una vivienda, hasta agregar puntaje a quien estaba en lista de espera por una suma determinada, y beneficiar a parientes que ni siquiera estaban inscriptos en el IPV.
Reyna tenía como cómplices a Darío Acosta, Claudia Leonori, Vanesa Medina, Raquel Antimilla, Fabiana Onieva, Alejo Recalde y Amilda Caro.
Para confirmar que la justicia es lenta, pasaron más de cuatro años hasta que se reunieron las pruebas que permitieron llevar a juicio a los imputados. En febrero último todos los acusados recibieron la suspensión de juicio a prueba que sus abogados habían acordado con la Fiscalía, luego de asumir que eran veraces los delitos por los que fueron juzgados. Purgan su pena a cambio de dinero y de trabajos comunitarios.
Todos menos Abel Reyna, quien fue juzgado aparte y a quien la jueza Daniela Arcuri no le aceptó lo que proponía: asumir su responsabilidad a cambio de una condena de 3 años en suspenso y no presentarse en el futuro a ningún cargo electivo. Es decir que no tendría impedimentos en ocupar algún puesto público. La jueza entendió que las probation no corresponden a funcionarios públicos, amén de que a Reyna se lo acusaba de un delito más grave que pedir coimas o incumplir con los deberes de funcionario público: le había pedido favores sexuales a una mujer -madre de un chico discapacitado- para concederle una vivienda del Estado. La propia víctima declaró que en febrero de 2014 accedió por necesidad a tener sexo con él en un hotel próximo al lugar donde entonces funcionaba la delegación del IPV.
El juez conocido
En función de lo antedicho, Reyna debe ir a juicio oral y público donde podría recibir una pena superior a los tres años de prisión, por lo que sería de cumplimiento efectivo. La primera audiencia debió haberse realizado el miércoles 20, pero ese mismo día se supo que el juez que debía juzgarlo se había excusado una semana antes porque en el pasado había compartido "dos reuniones sociales" con Reyna. En forma paralela, circulaba en las redes una foto donde se veía a ambos bebiendo.
Jorge Odorisio (56) es uno de los jueces penales de Comodoro más nuevos y apenas comenzó a desempeñar su tarea -a fines de 2014- llamó la atención de no pocos observadores su presencia en algunos actos públicos municipales realizados en la ciudad. Es que se trata de algo que no practican sus colegas. Cuentan que su esposa tiene buenos vínculos con el justicialismo vernáculo.
Por otra parte, el 5 de febrero de 2016 el juez fue protagonista de un escándalo cuando la vecina del departamento ubicado arriba del suyo en el edificio donde vivía entonces -Belgrano y Ameghino- lo denunció en la Seccional Primera por intimidarla en horas de la madrugada porque le molestaban los ruidos que hacían sus hijos ya que le impedían conciliar el sueño.
"En un estado de incontrolable alteración" -según consta en la denuncia-, fue su esposa quien debió calmarlo para que el enfrentamiento no pasara de los gritos. "Yo soy juez y debo descansar", exclamaba Odorisio.
Ahora Reyna será juzgado por una mujer. En teoría, el próximo lunes 25 comenzarán las audiencias con el tribunal unipersonal a cargo de Mónica García.
