Hace siete años, Comodoro celebraba la recuperación de YPF por el Estado nacionalEl 3 de mayo de 2012, Argentina recuperaba el control de YPF. Para ello, la presidenta Cristina Kirchner le expropiaba a Repsol sus acciones y así el Estado volvía a tener poder de decisión sobre la operadora, que venía retaceando inversiones.
En Chubut la decisión fue celebrada por la mayoría de la clase política porque -sobre todo en Comodoro- siempre se identificó a la empresa con el desarrollo regional.
Cristina Kirchner culpó a YPF por el declive de la producción de petróleo y gas, y dijo que la empresa era en gran medida responsable por obligar al país a ser dependiente de la importación de petróleo y gas por primera vez en 17 años. Además, en el proyecto enviado al Congreso para ratificar la medida, el 16 de abril de 2012, la Presidenta también resaltaba que Argentina era el único país de América Latina sin una significativa presencia estatal en el sector petrolero.
El Gobierno le venía pidiendo hace rato a sus representantes en el directorio, la familia Eskenazi, que forzara a los socios españoles a invertir más en explotación en el país, pero los extranjeros no consideraban atractivo hacerlo porque el precio internacional ya no era lo que había sido y el mercado local no les interesaba. De allí la intervención del Poder Ejecutivo.
El trámite fue express y el 3 de mayo de 2012 se sancionaba la ley que permitía al Estado recuperar poder de decisión sobre una empresa que históricamente estuvo ligada al sentimiento nacional, sobre todo acá en el sur y en Comodoro Rivadavia, una ciudad que creció al ritmo de YPF.
El papel de Chubut y Santa Cruz
Antes de que se anunciara la expropiación de Repsol y se votara la ley respectiva en el Congreso nacional, el 14 de marzo de ese año 2012 los gobiernos de Chubut y Santa Cruz realizaron un acto conjunto en el puesto caminero interprovincial Ramón Santos. Allí anunciaron la reversión de áreas petroleras a la operadora YPF, a la que prácticamente hubo que conminar para que presentara su plan de inversiones para la región, el cual fue considerado insuficiente.
Por esa razón Chubut recuperaba los yacimientos de El Trébol-Escalante y Campamento Central-Cañadón Perdido.
A partir del análisis de los documentos presentados por la operadora con un plan que debía contener una mejora de sus propuestas de inversión, los dos gobiernos provinciales que concentraban más de la mitad de la producción de crudo de Argentina decidieron retirar las áreas de producción concesionadas a la empresa.
En Chubut se trataba de las áreas El Trébol-Escalante y Campamento Central-Bella Vista Este-Cañadón Perdido. En el caso de Santa Cruz, que concentraba el 20 por ciento de la producción de petróleo de Argentina, el gobierno provincial quitaba las concesiones de Barranca Yankowsky, Cerro Guadal Norte, Cerro Piedras y Los Monos.
El acto del límite
Finalmente, los gobernadores Martín Buzzi de Chubut y Daniel Peralta de Santa Cruz realizaron en forma conjunta en el límite de ambas provincias un acto que congregó a aproximadamente 15 mil personas, la mayoría movilizada por los sindicatos de ambas provincias.
Buzzi dijo en su discurso que "si se van antes de los 90 días previstos en el decreto, nos hacemos cargo al día siguiente. Interesados en estas áreas hay montones, pero hoy la acción la tiene el Estado".
La decisión de los gobernadores era la primera medida concreta que se tomaba contra YPF y sentaba un precedente en la disputa que en ese momento tenía el Gobierno nacional con quienes no querían invertir en el país.
La petrolera emitió entonces un comunicado en el que avisaban que demandarían legalmente a Martín Buzzi porque "YPF cumplió con las pautas de inversión establecidas", dando cuenta de sus niveles de producción. "En su última emisión de reservas en Chubut, se mostró un incremento del 18% respecto del año anterior y del 24% en el período 2007-2011. Los pozos terminados durante el año 2011 se incrementaron un 14% respecto del año anterior, y un 83% en relación con 2007", aseguraba la firma que hoy preside Miguel Gutiérrez.
No obstante la reversión de esas explotaciones, los decretos provinciales mantuvieron vigentes en manos de YPF las licencias de los yacimientos Los Perales (Santa Cruz) y Manantiales Behr (Chubut), donde el año pasado se habilitó un parque eólico.
No invertía
El entonces diputado nacional Juan Mario Pais fue uno de los que hace siete años salió a explicar públicamente los alcances de la medida. "Cuando falta combustible uno mira a YPF y cuando no hay inversión también porque tiene rol dominante", decía en Radio del Mar.
"El Estado va a pagar por el 51 por ciento que se lleva a valor de mercado a un precio justo. Se expropia ese porcentaje porque con él se tiene control de la Sociedad Anónima. Lo que queremos es controlar esta empresa nacional y ponerla al servicio de la Nación y las provincias", resaltaba.
"El hecho de cómo repartan las acciones entre Nación y provincias dependerá de la ley pero la Presidenta ha dicho que habrá una sindicación de acciones. Las acciones se deben votar en forma unánime. Habrá que ver cómo se debate pero el voto final es uno solo. Se tomará la decisión que adopte la mayoría", añadía.
"El rol preponderante será de los estados provinciales productores de hidrocarburos, que son dueños de las concesiones y titulares de los recursos. Esto no debería afectar en lo más mínimo el cobro de las regalías que son la compensación por la entrega de producto", agregaba.
Para el actual senador nacional, "los mecanismos son los de la Ley de Expropiación sobre los que estuvimos trabajando en el proyecto de la Municipalidad. No se está confiscando nada sino pagando un precio justo, el de la empresa".
"El 51 por ciento es sobre las acciones que tiene Repsol; a esas acciones se va a expropiar. YPF SA es una empresa nacional. Se expropia Repsol que es la controlante porque el controlante pasa a ser el Estado", concluía.
YPF "regresiva"
Por su parte, el ex rector de la Universidad San Juan Bosco, Jorge Gil, consideraba que "el país ha sufrido la desinversión porque las utilidades de esta empresa, en lugar de ser reinvertidas en el proceso productivo, han sido distribuidas como dividendos en los propietarios, tanto al grupo Repsol, a Eskenazi o al resto de los accionistas que operan en la Bolsa".
"Al cambiar la gestión, se entiende que buena parte de esas utilidades se van a reinvertir en el proceso productivo y que seguramente el Estado impulsará la capitalización de la empresa que permita inversiones productivas que a su vez justifiquen el aumento de la producción", auguraba el entonces director del Banco Chubut.
"El Estado provincial va a tener una voz en el directorio de YPF que le permitirá tener en el seno de la administración cuáles son los intereses y necesidades de la provincia. Por ejemplo, la necesidad de mejorar la liquidación de regalías o de aumentar el horizonte de producción que tiene establecido para Chubut la actual política de YPF que ha sido regresiva, tanto en exploración como en explotación", explicaba.
El 3 de mayo de 2012, Argentina recuperaba el control de YPF. Para ello, la presidenta Cristina Kirchner le expropiaba a Repsol sus acciones y así el Estado volvía a tener poder de decisión sobre la operadora, que venía retaceando inversiones.
En Chubut la decisión fue celebrada por la mayoría de la clase política porque -sobre todo en Comodoro- siempre se identificó a la empresa con el desarrollo regional.
Cristina Kirchner culpó a YPF por el declive de la producción de petróleo y gas, y dijo que la empresa era en gran medida responsable por obligar al país a ser dependiente de la importación de petróleo y gas por primera vez en 17 años. Además, en el proyecto enviado al Congreso para ratificar la medida, el 16 de abril de 2012, la Presidenta también resaltaba que Argentina era el único país de América Latina sin una significativa presencia estatal en el sector petrolero.
El Gobierno le venía pidiendo hace rato a sus representantes en el directorio, la familia Eskenazi, que forzara a los socios españoles a invertir más en explotación en el país, pero los extranjeros no consideraban atractivo hacerlo porque el precio internacional ya no era lo que había sido y el mercado local no les interesaba. De allí la intervención del Poder Ejecutivo.
El trámite fue express y el 3 de mayo de 2012 se sancionaba la ley que permitía al Estado recuperar poder de decisión sobre una empresa que históricamente estuvo ligada al sentimiento nacional, sobre todo acá en el sur y en Comodoro Rivadavia, una ciudad que creció al ritmo de YPF.
El papel de Chubut y Santa Cruz
Antes de que se anunciara la expropiación de Repsol y se votara la ley respectiva en el Congreso nacional, el 14 de marzo de ese año 2012 los gobiernos de Chubut y Santa Cruz realizaron un acto conjunto en el puesto caminero interprovincial Ramón Santos. Allí anunciaron la reversión de áreas petroleras a la operadora YPF, a la que prácticamente hubo que conminar para que presentara su plan de inversiones para la región, el cual fue considerado insuficiente.
Por esa razón Chubut recuperaba los yacimientos de El Trébol-Escalante y Campamento Central-Cañadón Perdido.
A partir del análisis de los documentos presentados por la operadora con un plan que debía contener una mejora de sus propuestas de inversión, los dos gobiernos provinciales que concentraban más de la mitad de la producción de crudo de Argentina decidieron retirar las áreas de producción concesionadas a la empresa.
En Chubut se trataba de las áreas El Trébol-Escalante y Campamento Central-Bella Vista Este-Cañadón Perdido. En el caso de Santa Cruz, que concentraba el 20 por ciento de la producción de petróleo de Argentina, el gobierno provincial quitaba las concesiones de Barranca Yankowsky, Cerro Guadal Norte, Cerro Piedras y Los Monos.
El acto del límite
Finalmente, los gobernadores Martín Buzzi de Chubut y Daniel Peralta de Santa Cruz realizaron en forma conjunta en el límite de ambas provincias un acto que congregó a aproximadamente 15 mil personas, la mayoría movilizada por los sindicatos de ambas provincias.
Buzzi dijo en su discurso que "si se van antes de los 90 días previstos en el decreto, nos hacemos cargo al día siguiente. Interesados en estas áreas hay montones, pero hoy la acción la tiene el Estado".
La decisión de los gobernadores era la primera medida concreta que se tomaba contra YPF y sentaba un precedente en la disputa que en ese momento tenía el Gobierno nacional con quienes no querían invertir en el país.
La petrolera emitió entonces un comunicado en el que avisaban que demandarían legalmente a Martín Buzzi porque "YPF cumplió con las pautas de inversión establecidas", dando cuenta de sus niveles de producción. "En su última emisión de reservas en Chubut, se mostró un incremento del 18% respecto del año anterior y del 24% en el período 2007-2011. Los pozos terminados durante el año 2011 se incrementaron un 14% respecto del año anterior, y un 83% en relación con 2007", aseguraba la firma que hoy preside Miguel Gutiérrez.
No obstante la reversión de esas explotaciones, los decretos provinciales mantuvieron vigentes en manos de YPF las licencias de los yacimientos Los Perales (Santa Cruz) y Manantiales Behr (Chubut), donde el año pasado se habilitó un parque eólico.
No invertía
El entonces diputado nacional Juan Mario Pais fue uno de los que hace siete años salió a explicar públicamente los alcances de la medida. "Cuando falta combustible uno mira a YPF y cuando no hay inversión también porque tiene rol dominante", decía en Radio del Mar.
"El Estado va a pagar por el 51 por ciento que se lleva a valor de mercado a un precio justo. Se expropia ese porcentaje porque con él se tiene control de la Sociedad Anónima. Lo que queremos es controlar esta empresa nacional y ponerla al servicio de la Nación y las provincias", resaltaba.
"El hecho de cómo repartan las acciones entre Nación y provincias dependerá de la ley pero la Presidenta ha dicho que habrá una sindicación de acciones. Las acciones se deben votar en forma unánime. Habrá que ver cómo se debate pero el voto final es uno solo. Se tomará la decisión que adopte la mayoría", añadía.
"El rol preponderante será de los estados provinciales productores de hidrocarburos, que son dueños de las concesiones y titulares de los recursos. Esto no debería afectar en lo más mínimo el cobro de las regalías que son la compensación por la entrega de producto", agregaba.
Para el actual senador nacional, "los mecanismos son los de la Ley de Expropiación sobre los que estuvimos trabajando en el proyecto de la Municipalidad. No se está confiscando nada sino pagando un precio justo, el de la empresa".
"El 51 por ciento es sobre las acciones que tiene Repsol; a esas acciones se va a expropiar. YPF SA es una empresa nacional. Se expropia Repsol que es la controlante porque el controlante pasa a ser el Estado", concluía.
YPF "regresiva"
Por su parte, el ex rector de la Universidad San Juan Bosco, Jorge Gil, consideraba que "el país ha sufrido la desinversión porque las utilidades de esta empresa, en lugar de ser reinvertidas en el proceso productivo, han sido distribuidas como dividendos en los propietarios, tanto al grupo Repsol, a Eskenazi o al resto de los accionistas que operan en la Bolsa".
"Al cambiar la gestión, se entiende que buena parte de esas utilidades se van a reinvertir en el proceso productivo y que seguramente el Estado impulsará la capitalización de la empresa que permita inversiones productivas que a su vez justifiquen el aumento de la producción", auguraba el entonces director del Banco Chubut.
"El Estado provincial va a tener una voz en el directorio de YPF que le permitirá tener en el seno de la administración cuáles son los intereses y necesidades de la provincia. Por ejemplo, la necesidad de mejorar la liquidación de regalías o de aumentar el horizonte de producción que tiene establecido para Chubut la actual política de YPF que ha sido regresiva, tanto en exploración como en explotación", explicaba.
