La semana entrante se concretaría finalmente la privatización de La Hoya. La entrega al grupo empresario Vía Bariloche se muestra como absolutamente injustificada tras el abandono de CORFO y el gobierno de Arcioni. Sin licitación y por 30 años, que podrían extenderse por 10 más, la privatización aparece plagada de inconsistencias técnicas y beneficios empresariales a cambio de unos pocos miles de pases para el Estado provincial.
El proceso de entrega del centro invernal de esquí La Hoya llegaría a su fin la semana entrante con la adjudicación directa y a medida para el grupo empresario de Vía Bariloche que comanda la familia Trappa y opera el barilochense Cerro Catedral.
Sin embargo, luego de que los funcionarios públicos responsables estampen sus firmas comenzará un largo y conflictivo recorrido que incluirá denuncias políticas de todo tipo. Lo peor de todo será que el Estado provincial terminará casi sin ningún beneficio.
El negocio de La Hoya quedará en manos privadas a cambio de muy poco para las arcas estatales, recibiendo solamente unos pocos miles de pases. Eso ocurrirá por un período de 30 años que podrá extenderse a lo largo de otra década.
Una historia hacia la privatización
La Hoya fue inaugurada en octubre de 1974 luego de casi tres décadas de tareas realizadas por los vecinos de Esquel y los amantes de las actividades de montaña que pusieron mucho esfuerzo para que a 13 kilómetros de la ciudad pudiese funcionar un centro de esquí, que se transformaría en el segundo del país.
En los años '40, el Regimiento de Montaña Nº 21 construyó refugios y senderos para sus actividades y a mediados de la década de 1950 el Ejército cedió las instalaciones al recientemente creado Club Andino Esquel, que fuera fundado en noviembre de 1952. Con una inversión original de 1,3 millones de dólares para la instalación y puesta en marcha de dos telesillas (Aerosilla Doble y el T-Bar Combinado)
La Hoya estuvo administrada desde sus orígenes por CORFO Chubut. Algunos de sus servicios fueron concesionados al sector privado, pero siempre estuvo bajo la órbita del organismo provincial e inclusive se encargó de contratar, capacitar y controlar al personal que hasta el momento se hizo pieza central para el funcionamiento del centro de actividades de montaña.
Con el paso del tiempo, las distintas gestiones gubernamentales provinciales le dieron mayor o menor impulso a La Hoya, hasta que en esta administración del mandatario Mariano Arcioni se desinvirtió en el centro de esquí. En julio del año pasado se produjo el curioso y sospechoso incendio de la confitería La Piedra.
El incendio fue el puntapié inicial para que CORFO y Arcioni avanzaran con la privatización de La Hoya, aunque además solo fue una coartada para poner en marcha una política de ajuste y recorte de gastos en el Estado provincial que se propuso el sucesor de Mario Das Neves.
La destrucción total de la confitería además facilitó el desarrollo de la política "anti RAM" que el gobierno impulsa en los últimos años para culpar a los integrantes de la comunidad mapuche de usurpaciones de tierras y vandalismo. La Justicia definió a la RAM como un grupo "inexistente". Sin embargo tanto el gobierno nacional como el provincial le adjudicaron la responsabilidad del incendio, aunque también se echaron culpas sobre los trabajadores de La Hoya.
Con el centro invernal en franca decadencia -el año pasado vendió 6.000 pases menos que en las temporadas anteriores- la alternativa de la privatización se transformó en la más factible y desembocó en el fracasado llamado a la licitación internacional, con un pliego original plagado de inconsistencias y beneficios empresariales que ni siquiera así el oferente privado pudo o quiso cumplimentar.
Tras la imposibilidad de concesionarle La Hoya a la empresa Don Otto (subsidiaria del grupo Vía Bariloche) por intermedio del mecanismo licitatorio, el gobierno de Arcioni se propuso avanzar con la entrega definitiva a través de la adjudicación directa, inclusive incumpliendo el frágil y tan versátil pliego licitatorio que cayó en el abandono.
Pliego y privatización a medida
Con el presidente de CORFO Sixto Bermejo a la cabeza, la administración de Arcioni sigue buscando los resquicios que le permitan privatizar por los próximos 40 años a La Hoya. Los pasos recorridos primero se vincularon al armado de pliegos de licitación a medida de la única empresa que se presentó con su oferta, pero que ni siquiera cumplió con los requisitos financieros para poder ganar la licitación.
El propio Bermejo había manifestado, según consta en la web de CORFO el 13 de marzo, que frente al fracasado llamado licitatorio "la comisión evaluadora desechó, en la apertura del sobre Nº 1 -etapa donde se estudia la admisibilidad de la empresa- la propuesta presentada. De esa forma CORFO consideró inadmisible la oferta y abre una compulsa de privados". El titular de CORFO detalló a mediados de marzo que el pasivo corriente de la empresa ofertante es un 15% mayor que el activo corriente, es decir, si vende todo lo que tiene todavía le falta un 15% para pagar lo que debe".
Con el llamado licitatorio caído el gobierno de Arcioni decidió continuar con la entrega de La Hoya, pero ahora de manera directa al Grupo Vía Bariloche. Seguramente asumió que pagará los costos políticos de un otorgamiento preparado a medida de la empresa, que siguió presionando para obtener el mayor beneficio posible ante funcionarios públicos que mostraron su endeblez para defender los intereses del Estado.
Sin consenso en el seno del directorio de CORFO, que no le daba el visto bueno para concretar la adjudicación directa, el tema pasó al Tribunal de Cuentas Provincial. Este, mediante un lapidario informe, cuestionó la insolvencia de la empresa Don Otto, le reclamó a la empresa que cancele las deudas por ejecuciones fiscales que rondan los 937 mil pesos con el Estado provincial, consideró que la empresa "se extralimita" al querer cancelar el canon con pases gratuitos y además exigió que "en la contratación deberán establecerse las mismas condiciones, requisitos y especificaciones que las fijadas en los trámites declarados fracasados o desiertos".
Casi sin opciones legales pero con muchas presiones, CORFO y Arcioni se propusieron avanzar a cualquier precio con una privatización que finalmente se terminaría concretando esta semana que se inicia mañana.
Vía Bariloche cancelaría la deuda de los 937 mil pesos en ocho cuotas y conformaría una nueva sociedad que se dedicaría exclusivamente a la explotación del centro de esquí. De este modo intenta evitar que se filtre el gremio de los camioneros, además de desprenderse de los antiguos y experimentados trabajadores estatales actuales, pretendiendo mantener negociaciones solamente con el sindicalismo de la UTA (Unión Tranviaria Automotor).
En lo que respecta al personal de CORFO que actualmente se desempeña en La Hoya, el pliego de licitación sostiene en el punto 13.9 que "el oferente podrá presentar un plan de absorción de personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo para el sector, vigente a la fecha, que incluya nómina de las personas a ser absorbidas respetando su categoría de revista, antigüedad y condiciones laborales bajo una modalidad de contratación adecuada que asegure dichas condiciones".
Todo hace pensar que la empresa no contratará a estos trabajadores, ya que se trata de personal con mucha antigüedad y alto costo laboral, que tiene condiciones de trabajo mejores que las de otros centros de esquí. De ser así los empleados serían distribuidos en otros funciones del Estado provincial con una consiguiente merma salarial que llegaría en algunos casos al 50% de lo que cobran en la actualidad.
El gran negocio de los pases
Las inconsistencias y perjuicios para el Estado provincial se profundizarán con la privatización de La Hoya por 30 años, la que podrá extenderse por una década más -según el artículo 2 del Capítulo II del pliego licitatorio- y así llegar con el centro de esquí privatizado hasta el año 2059. Muchos de esos beneficios empresarios armados a medida de la empresa en cuestión ya estaban establecidos en los pliegos licitatorios, a los que algunos dirigentes políticos provinciales de la oposición (como en el caso de Ricardo Bestene) denunciaron que se habían "armado en las oficinas de la empresa en Buenos Aires".
Uno de los principales puntos de conflicto es el vinculado al canon que la empresa deberá pagar al Estado provincial por el aprovechamiento de La Hoya.
Del análisis pormenorizado que efectuó El Extremo Sur se desprende que el canon anual será de un valor correspondiente a los "5.000 pases diarios de adulto en temporada alta". Así versa el artículo 12 del Capítulo II de los pliegos. Al mismo tiempo agrega que "tomándose de referencia el valor que se asigne cada año al señalado Pase", lo que de alguna manera deja librado el valor del pase a ser abonado por la empresa ya que pudiera bajarlo su arbitraria decisión.
Como si fuera poco el beneficio recibido por la empresa, en el punto 12.1 se le otorga un plan de bonificación que reduce el pago del canon en un 80% durante el primer año, al 60% en el segundo, al 40% en el tercero y al 20% en el cuarto año; para recién en el quinto año tener que abonar la totalidad del canon en cuestión.
Lo que sí establece con claridad el artículo 12 es el depósito en efectivo del canon anual en una cuenta del Banco del Chubut, lo que de alguna manera imposibilitaría el canje del canon por pases libres o de cortesía. El punto 12.2 versa sobre el incumplimiento en el pago del canon y los intereses punitivos que deberá abonar la empresa por la demora en la efectivización del mismo. El artículo 19 reglamenta una multa de 50 pases diarios por cada día de mora en el pago del canon, lo mismo que para la interrupción del servicio por causas no justificadas.
Retomando el tema de los pases a ser abonados por la empresa, lo curioso es que los pliegos licitatorios establecen un valor total de la concesión por 161 millones de pesos por los 30 años, los que significarían un monto anual de 5.366.666 pesos por un valor cercano a los 1.100 pesos por pase.
El valor del pase según los mismos articulados de los pliegos no constituye un monto fijo sino variable en función del valor del pase diario, lo que a priori hace casi imposible calcular el valor total de la concesión a lo largo de tan extenso período de 30 y hasta 40 años si se consideran factores como la inflación. No obstante, la gestión de CORFO y Arcioni se arriesgaron a estipular el llamativo monto total de 161 millones de pesos para todo el período.
En efectivo jamás
En paralelo la empresa se niega a pagar el canon en efectivo e impulsa abonarlo con pases de cortesía, cifra que según el propio Bermejo rondaría los 5.000 pases anuales. "El Estado regala por año 4.928 pases, más 700 de gentileza; con ser más restrictivo a la hora de entregar pases gratis, con eso hace la diferencia. El Estado no está en condiciones de invertir y, cuando lo hace siempre, está supeditado resultados bastante cuestionables", afirmó el actual titular de CORFO.
Por los propios datos que figuran en el final de los pliegos durante 2017 se utilizaron 4.918 pases en concepto de "seguro diario". Esos pases representarían el seguro de los pases gratuitos, invitaciones especiales, promociones y los otorgados a los clubes de esquí y otros 710 de cortesía. Dichas cifras han sido variables en los últimos años, con mínimos de 491 pases de cortesía en 2013 y máximos de 2.140 durante 2016. Llamativamente, ascendieron a 7.013 "seguros diarios" en 2012 como máximo y a 3.641 pases en 2014.
El sector empresario estaría buscando deshacerse del pago efectivo del canon a cambio de cubrir ese "seguro diario" y los pases de cortesía, lo que a priori está prohibido por los pliegos y fue desechado por el Tribunal de Cuentas. CORFO accedería igual en la privatización, firmando un convenio adicional que garantice la exigencia de la empresa.
Las inversiones, obras y sanciones
Párrafo especial amerita el tema de las inversiones empresarias y el de las obras a realizar durante el plazo de entrega de La Hoya, ya que los pliegos licitatorios son bastante laxos en ese sentido, más aún si tiene en cuenta que el Estado provincial está facilitando a la empresa una infraestructura que estaría valuada actualmente en no menos de 30 o 40 millones de dólares y que fue obtenida con fondos estatales.
El punto 13.3 del pliego licitatorio establece que la empresa deberá presentar y cumplir con un "Plan de trabajo" que deberá contemplar la actualización, reparación, renovación y mantenimiento de edificios, instalaciones y sistemas, las obras y mejoras propuestas en la oferta. Deberá presentar la memoria descriptiva, metodología de trabajo, tipo y calidad de los materiales existentes, como así también el cronograma de las obras a ejecutar. En todos los casos los trabajos a realizar deberán asegurar iguales o mejores niveles de calidad que los existentes, en las edificaciones, instalaciones, sistemas, y prestación de los servicios del CAM".
Seguidamente el artículo 13.8 se refiere al plan de inversiones, recalcando que "las inversiones a realizar deberán asegurar iguales o mejores niveles de calidad que los existentes, en las edificaciones, instalaciones, sistemas, y prestación de los servicios del CAM"; pero lo curioso es la amplitud de estos conceptos que se prestan a múltiples interpretaciones y no le establecen obras específicas ni montos a ser invertidos. Lo único que se consolida en este rubro es que las inversiones previstas deben estar cumplimentadas antes que transcurra el 85% del plazo de concesión, lo que se traduce en un lapso de 25/35 años.
El artículo 21 fija las causales por las que la concesión podría cancelarse y generar la recisión del contrato, estableciéndose como motivos principales la demora en la apertura o interrupción por más de cinco días del servicio en una temporada, por los atrasos en el pago sumen el 30% del canon anual o por la falta de pago a lo largo de 60 días.
También puede finalizarse la concesión cuando la empresa no cumpla con las condiciones básicas de calidad y funcionamiento, cuando no cumpla durante seis meses con el plan de obras establecidas o cuando la empresa se presente a concurso de acreedores/quiebra. La garantía total estipulada por el incumplimiento del pliego de licitación, según el artículo 30.1 es de 60 mil pases diarios y se ajustará proporcionalmente al valor del mismo.
Lo cierto es que CORFO y el gobierno de Arcioni entregarían La Hoya en una suerte de privatización "trucha" por hasta 40 años con una infraestructura valuada entre 30 y 40 millones de dólares. A cambio no recibiría dinero sino pases de cortesía y los del seguro. Tampoco están garantizados los montos de inversión destinados a obras de mantenimiento, mejora o infraestructura a incorporar con vistas al final del proceso.
El sector empresario se quedaría con un negocio de por lo menos 30 mil pases en promedio. Aspira a triplicarlo para llevarlo a los 100 mil pases anuales, lo que a valores proyectados en la actualidad se traduciría en ingresos anuales que irían de los 30 millones de pesos a los 100 millones de pesos anuales, si se toma como valor del pase promedio actual los 1.000 pesos por día.
Según el gobierno de Arcioni la privatización de La Hoya le dejaría al Estado solamente 161 millones de pesos a lo largo de 30 años, un negocio redondo para el sector empresario involucrado. Si ese cálculo fuera real -con un mínimo en el peor de los casos de 30 mil pases por año- la empresa estaría cubriendo la totalidad del canon en tan sólo 5 años y le quedarían entre 25 y 35 años de ingresos limpios para sus arcas.
