Política

La acusación oportunista contra Luque y la historia opaca del fiscal Iturrioz

El integrante de la Unidad Anticorrupción explicó que lo que hizo el viceintendente Luque al vindicarse era algo que corresponde a todo funcionario público. El debió hacer lo mismo en 2017, cuando al vencer los plazos de una delicada causa que tenía entre manos, optó por vindicarse antes de que le pidieran un jury.

"Es una obligación constitucional para cualquier funcionario al que públicamente se le atribuye un delito", expresó hace pocos días el fiscal Héctor Reinaldo Iturrioz al ser consultado sobre la vindicación que presentó el viceintendente de Comodoro, Juan Pablo Luque, luego de que el secretario de Planificación Territorial y Coordinación de Obras Públicas, Fernando Alvarez de Celis, dijera que le presentó a Nación una factura por 60 millones de pesos a pagar a una empresa que se ocupó de desobstruir canales pluviales luego del temporal de 2017.

Dos años más tarde -y en plena campaña electoral-, el auditor militante del macrismo resalta que se trata de una "irregularidad" porque no se pidieron presupuestos previos, ni se hizo pedido formal al respecto.

Mientras Luque ya anunció que además de la vindicación, formulará una denuncia penal contra el funcionario macrista porque no cumplió con sus obligaciones de haber hecho la denuncia por el supuesto delito hace dos años, el fiscal de la causa "Revelación" dedica ahora parte de su tiempo a investigar si en el caso en cuestión existió algún delito.

El protegido y el protector

"Tengo la obligación legal de investigar cuando son hechos de acción pública. No podía hacer como que nada hubiera pasado. Se inició una investigación de oficio. Tengo múltiples investigaciones iniciadas de oficio; incluso se llegó a condenas", aseguró el fiscal que adquirió una poco envidiable trascendencia en su ciudad de origen, Comodoro Rivadavia, cuando por no acusar en tiempo y fecha, un delincuente y su presunto protector -un subcomisario- quedaron sin condena. Al estallar el escándalo, él mismo se vindicó.

Fue en enero de 2017 y la investigación partió de la denuncia de dos mujeres que resultaron ser víctimas de un delincuente del barrio 30 de Octubre, Mario Rolando Sergio Chini, sobre quien pesaban antecedentes por homicidio, delitos contra la propiedad y violencia de género.

La sospecha apuntaba a una especie de protección para delinquir que a lo largo de 2014 el subcomisario que oficiaba de jefe en la Seccional Quinta, Waldemar Ferreyra, le habría brindado al individuo con antecedentes penales computables.

Un año demandaron las averiguaciones preliminares hasta que finalmente Iturrioz imputó al subcomisario como presunto autor del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real con privación abusiva de la libertad, aunque el fiscal no presentó la acusación en el plazo de tres meses que le otorgó la juez natural de la causa y, como no podía ser de otra manera, el imputado resultó sobreseído por vencimiento del plazo de investigación. Casi dos meses después de vencido el plazo, recién presentó el fiscal la acusación.

Impugnado

Ese sobreseimiento fue impugnado ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, donde acudió el fiscal de Comodoro Rivadavia, aunque ese alto cuerpo judicial ya tenía un criterio marcado y sobrados fallos sobre la materia en cuestión, los cuales diferían con la postura del fiscal, y así se confirmó el sobreseimiento de Ferreira.

La duda planteada entonces por el diario El Patagónico acerca de si el fiscal incurrió en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público al no acusar en tiempo y forma, llevó a Iturrioz a vindicarse el 27 de enero de 2017. La autodenuncia se la tomó la funcionaria Inés Bartes, quien se encargó de trasladar urgente el escrito al despacho de la fiscal jefe de feria, Camila Banfi.

El caso fue considerado grave y ponía en tela de juicio la objetividad con la que debe actuar el titular de la acción pública, por lo que se le dio trámite al proceso y se resolvió elevarlo a la Procuración General de la Provincia para que desde allí se designara un fiscal de otra jurisdicción para investigar si Iturrioz incurrió en algún delito.

Una tabla oportuna

Mientras en los tribunales de Comodoro fue puesta en duda su idoneidad por ésta y otras causas en las que fallos suyos eran revisados en segunda instancia y las penas que él planteaba no siempre coincidían con opiniones de sus superiores, Iturrioz halló consuelo al ser convocado por el procurador general de Chubut el año pasado para ser parte de su Unidad Anticorrupción.

En dupla con Omar Nápoli, ambos se ocuparon de la causa "Revelación", que involucró a ex funcionarios y renombrados empresarios que pagaban coimas -como admitieron varios que ya accedieron a probation- para que les reconocieran certificados de obra y pudieran cobrar sus trabajos.

Iturrioz -que no profundizó en la denuncia que hizo acerca de que quisieron sobornarlo- defendió públicamente la polémica decisión de conceder probation porque aseguró que era muy difícil investigar en cuánto habían defraudado al Estado y que como mucho podría llegar a solo 6 años antes; es decir que reconocía que no podía cumplir su propia tarea porque ello implicaría contratar contadores que analizaran meticulosamente cifras y presupuestos y por entonces se quería avanzar rápido para elevar la causa a juicio lo más pronto posible, sentando en el banquillo solo a exponentes de la clase política.

Sin embargo, hoy se dice que ello recién sería posible en marzo del año que viene. Mientras tanto Iturrioz se pone el traje de "intocable" y se aboca a denuncias más actuales, donde si algo huele mal es su oportunismo electoral.