Loteos en el "Faro": cuando las tierras petroleras terminan como grandes negocios inmobiliariosOriginalmente destinadas a la explotación petrolera, hay zonas de Comodoro Rivadavia que están ubicadas en sitios privilegiados por su contacto con la naturaleza y terminan siendo un negocio redituable para algunos emprendedores con buenos contactos y fondos para invertir en loteos que luego pondrán a la venta a precios significativos.
En la zona norte de Comodoro Rivadavia, en el camino que une Kilómetro 8 con Caleta Córdova, está el faro que alguna vez cumplió su fin para seguridad de los navegantes. Desde la ruta se lo puede apreciar y quienes llegan hasta él por los caminos de tierra se encontrarán con una vista privilegiada del mar ubicado detrás. En ese lugar se proyectaron desde 2016 dos loteos: San Jorge y Chacras del Faro.
"¿Alguna vez pensaste que podías llegar volando a tu casa?". Tal era la promoción de Chacras del Faro hace tres años, cuando comenzó la venta de lotes que incluía un aeródromo propio. "Es un gustito que algunos nos queremos dar", decía el vocero de la urbanizadora, Reinaldo Van Domselaar, hijo de un ex concejal del mismo nombre y abogado de un importante gremio local.
Era en los albores del macrismo, cuando se creía que todo lo que uno se propusiera era factible de conseguir, pero esa vez la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) le recordó al emprendedor que una pista aérea en ese lugar no iba a ser posible porque estaba muy cerca del aeropuerto Mosconi y podía interferir en sus operaciones, poniendo en riesgo vidas humanas.
Luego el proyecto sufriría un parate, a tono con los vaivenes económicos, y este año empezaron a verse de nuevo movimientos de suelo. En su momento, cada parcela se ofertaba a valores que iban de los 250.000 a los 300.000 dólares, según fuera su ubicación con respecto al Océano Atlántico.
Con las topadoras
Curiosamente, antes de las iniciativas urbanísticas en ese predio habitaban otros emprendedores, solo que eran más modestos. Estos solo se dedicaban a la agricultura y a la crianza de animales. Sin servicios básicos, dependían de la municipalidad, que hasta la administración de Martín Buzzi (2007-11) les hacía llegar camiones con agua al menos una vez por semana.
Pero luego vendrían épocas oscuras. Comenzaron los robos en la zona; reclamos de más seguridad y no faltaron los que apuntaron a los habitantes del Faro. Desde la nueva gestión municipal ya no mandaron agua, sino topadoras para arrasar con las precarias construcciones de quienes no se iban por su propia cuenta luego de ser conminados a hacerlo por considerárselos "ilegales".
La propietaria de los terrenos, una empresa que fue mutando de nombres, se había acordado que alguna vez pensó que allí podría haber petróleo y por eso había adquirido la propiedad a precios de ganga.
Hecha la ley
Según datos oficiales de 2015 de la Secretaría de Energía de la Nación, la Compañía Argentina de Comodoro Rivadavia (CACRSA) operaba yacimientos petroleros en Km 8 con una producción media de apenas 480 m3 mensuales. Al funcionar en UTE desde 1990 con CRI Holding Inc., era una de las cuatro empresas petroleras con contratos de concesión enmarcados en el Código Minero Nacional.
A través de fusiones y cesiones, la firma comenzó a desprenderse de las tierras cedidas para explotación minera, disponibles ahora para el mercado inmobiliario y con márgenes millonarios de ganancias.
Al haber adquirido su concesión de modo previo a la sanción de la Ley Nacional de Hidrocarburos estas empresas se regían por el marco legal minero, mucho más ventajoso en términos comparativos con el plexo que regula a las grandes operadoras: concesiones por 99 años, un 3% de regalías y estabilidad fiscal.
Además, CACRSA era hace cuatro años de las que menos aportes efectuaban al Tesoro provincial, con un promedio de 230.000 pesos por trimestre.
Por otra parte, los estados financieros presentados por la empresa a la Comisión Nacional de Valores no resultaban alentadores en lo que a inversiones petroleras concernía. Ese hecho coincidió con el viraje hacia el negocio inmobiliario del perfil central de la empresa, aunque operando con otra denominación. Para eso modificó su objetivo económico con respecto a las tierras concedidas por Nación: de la extracción petrolera pasó al mercado de bienes raíces.
Cambio de manos
En una reseña informativa presentada ante la mencionada Comisión de Valores que reunía las actuaciones al 30 de junio de 2015 se señalaba que se suscribió un acuerdo de disolución y liquidación de la compañía de minas para la que se había conformado la UTE con CRI Hoding, mediante la que se recuperó el 100% de la titularidad minera y se indemnizó a esta última con la suma de 3 millones de pesos, aunque se le otorgó la operación del área con una regalía variable de entre el 8% y el 12% de la producción.
La transferencia se refería únicamente a la propiedad minera, manteniéndose la compañía como titular del 100% de la propiedad superficiaria. En paralelo, surgió del mismo informe la suscripción de un acuerdo con Sol de Mayo SRL por la cancelación de crédito mediante la cesión en pago de una fracción de tierra de la compañía en la zona de mina San Jorge valuada 7 millones de pesos, que se consideraron para la cancelación total de la deuda.
Meses más tarde, se suscribía un nuevo acuerdo sumando la cesión de otras 15 hectáreas en el mismo sector, implicando la transferencia de un crédito para la compañía de 250.000 dólares (monto equivalente a lo que luego sería el precio de comercialización de un solo lote de la urbanización proyectada en la zona).
De la producción a la especulación
Estas transacciones, entonces, aparecían más vinculadas al mercado de bienes raíces que a la actividad petrolera por la que la empresa tenía extendida la concesión y una gran cantidad de tierras. En tanto, en niveles de producción su cuantificación era mínima, más allá de que se trataba de un área antigua. Según el balance en julio de 2015 los recursos totales de los que disponía apenas superaban los 65 millones de pesos como resultado de la venta de tierras.
En cuanto a la producción petrolera, que debería haber sido la actividad central, reflejaban una pérdida bruta de algo más de un millón de pesos al segundo trimestre de 2015, y el resultado integral del período medido arrojó un saldo negativo superior a los 7 millones de pesos, idéntico al que había tenido en el ejercicio 2014 en lo que a ganancias acumuladas se refería.
Otro dato básico para dimensionar el tamaño de la empresa "petrolera" -explotación por la que adquirió el derecho sobre las tierras luego comercializadas por "inversores" privados- era la carga salarial que absorbía: en el segundo trimestre de 2015 los sueldos devengados sumaron $87.150, y $93.140 en honorarios y retribuciones por servicios.
Así, el flujo de fondos más importante que se declaraba ante la Comisión de Valores llegaba justamente asociado a la transacción vinculada con la venta o cesión de tierras, donde disminuyó en 50 millones de pesos un capital originalmente cotizado en 91 millones.
Es a raíz de estas transacciones comerciales cuando una firma accedió a una importante porción del ejido comodorense que se extiende a lo largo de Kilómetro 8 para llegar al faro San Jorge, cambiando unilateralmente el fin para el que se le concedieron las tierras al volcarse al mercado inmobiliario.
La zona incluía en su génesis dos loteos "privados" que se comercializaban en el orden de los 250.000 dólares cada parcela: Loteo San Jorge y Chacras del Faro. Ambas urbanizaciones presentaban varios denominadores comunes en cuanto a accionistas y al hecho obvio de desarrollarse sobre tierras originalmente concedidas para explotación minera.
Originalmente destinadas a la explotación petrolera, hay zonas de Comodoro Rivadavia que están ubicadas en sitios privilegiados por su contacto con la naturaleza y terminan siendo un negocio redituable para algunos emprendedores con buenos contactos y fondos para invertir en loteos que luego pondrán a la venta a precios significativos.
En la zona norte de Comodoro Rivadavia, en el camino que une Kilómetro 8 con Caleta Córdova, está el faro que alguna vez cumplió su fin para seguridad de los navegantes. Desde la ruta se lo puede apreciar y quienes llegan hasta él por los caminos de tierra se encontrarán con una vista privilegiada del mar ubicado detrás. En ese lugar se proyectaron desde 2016 dos loteos: San Jorge y Chacras del Faro.
"¿Alguna vez pensaste que podías llegar volando a tu casa?". Tal era la promoción de Chacras del Faro hace tres años, cuando comenzó la venta de lotes que incluía un aeródromo propio. "Es un gustito que algunos nos queremos dar", decía el vocero de la urbanizadora, Reinaldo Van Domselaar, hijo de un ex concejal del mismo nombre y abogado de un importante gremio local.
Era en los albores del macrismo, cuando se creía que todo lo que uno se propusiera era factible de conseguir, pero esa vez la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) le recordó al emprendedor que una pista aérea en ese lugar no iba a ser posible porque estaba muy cerca del aeropuerto Mosconi y podía interferir en sus operaciones, poniendo en riesgo vidas humanas.
Luego el proyecto sufriría un parate, a tono con los vaivenes económicos, y este año empezaron a verse de nuevo movimientos de suelo. En su momento, cada parcela se ofertaba a valores que iban de los 250.000 a los 300.000 dólares, según fuera su ubicación con respecto al Océano Atlántico.
Con las topadoras
Curiosamente, antes de las iniciativas urbanísticas en ese predio habitaban otros emprendedores, solo que eran más modestos. Estos solo se dedicaban a la agricultura y a la crianza de animales. Sin servicios básicos, dependían de la municipalidad, que hasta la administración de Martín Buzzi (2007-11) les hacía llegar camiones con agua al menos una vez por semana.
Pero luego vendrían épocas oscuras. Comenzaron los robos en la zona; reclamos de más seguridad y no faltaron los que apuntaron a los habitantes del Faro. Desde la nueva gestión municipal ya no mandaron agua, sino topadoras para arrasar con las precarias construcciones de quienes no se iban por su propia cuenta luego de ser conminados a hacerlo por considerárselos "ilegales".
La propietaria de los terrenos, una empresa que fue mutando de nombres, se había acordado que alguna vez pensó que allí podría haber petróleo y por eso había adquirido la propiedad a precios de ganga.
Hecha la ley
Según datos oficiales de 2015 de la Secretaría de Energía de la Nación, la Compañía Argentina de Comodoro Rivadavia (CACRSA) operaba yacimientos petroleros en Km 8 con una producción media de apenas 480 m3 mensuales. Al funcionar en UTE desde 1990 con CRI Holding Inc., era una de las cuatro empresas petroleras con contratos de concesión enmarcados en el Código Minero Nacional.
A través de fusiones y cesiones, la firma comenzó a desprenderse de las tierras cedidas para explotación minera, disponibles ahora para el mercado inmobiliario y con márgenes millonarios de ganancias.
Al haber adquirido su concesión de modo previo a la sanción de la Ley Nacional de Hidrocarburos estas empresas se regían por el marco legal minero, mucho más ventajoso en términos comparativos con el plexo que regula a las grandes operadoras: concesiones por 99 años, un 3% de regalías y estabilidad fiscal.
Además, CACRSA era hace cuatro años de las que menos aportes efectuaban al Tesoro provincial, con un promedio de 230.000 pesos por trimestre.
Por otra parte, los estados financieros presentados por la empresa a la Comisión Nacional de Valores no resultaban alentadores en lo que a inversiones petroleras concernía. Ese hecho coincidió con el viraje hacia el negocio inmobiliario del perfil central de la empresa, aunque operando con otra denominación. Para eso modificó su objetivo económico con respecto a las tierras concedidas por Nación: de la extracción petrolera pasó al mercado de bienes raíces.
Cambio de manos
En una reseña informativa presentada ante la mencionada Comisión de Valores que reunía las actuaciones al 30 de junio de 2015 se señalaba que se suscribió un acuerdo de disolución y liquidación de la compañía de minas para la que se había conformado la UTE con CRI Hoding, mediante la que se recuperó el 100% de la titularidad minera y se indemnizó a esta última con la suma de 3 millones de pesos, aunque se le otorgó la operación del área con una regalía variable de entre el 8% y el 12% de la producción.
La transferencia se refería únicamente a la propiedad minera, manteniéndose la compañía como titular del 100% de la propiedad superficiaria. En paralelo, surgió del mismo informe la suscripción de un acuerdo con Sol de Mayo SRL por la cancelación de crédito mediante la cesión en pago de una fracción de tierra de la compañía en la zona de mina San Jorge valuada 7 millones de pesos, que se consideraron para la cancelación total de la deuda.
Meses más tarde, se suscribía un nuevo acuerdo sumando la cesión de otras 15 hectáreas en el mismo sector, implicando la transferencia de un crédito para la compañía de 250.000 dólares (monto equivalente a lo que luego sería el precio de comercialización de un solo lote de la urbanización proyectada en la zona).
De la producción a la especulación
Estas transacciones, entonces, aparecían más vinculadas al mercado de bienes raíces que a la actividad petrolera por la que la empresa tenía extendida la concesión y una gran cantidad de tierras. En tanto, en niveles de producción su cuantificación era mínima, más allá de que se trataba de un área antigua. Según el balance en julio de 2015 los recursos totales de los que disponía apenas superaban los 65 millones de pesos como resultado de la venta de tierras.
En cuanto a la producción petrolera, que debería haber sido la actividad central, reflejaban una pérdida bruta de algo más de un millón de pesos al segundo trimestre de 2015, y el resultado integral del período medido arrojó un saldo negativo superior a los 7 millones de pesos, idéntico al que había tenido en el ejercicio 2014 en lo que a ganancias acumuladas se refería.
Otro dato básico para dimensionar el tamaño de la empresa "petrolera" -explotación por la que adquirió el derecho sobre las tierras luego comercializadas por "inversores" privados- era la carga salarial que absorbía: en el segundo trimestre de 2015 los sueldos devengados sumaron $87.150, y $93.140 en honorarios y retribuciones por servicios.
Así, el flujo de fondos más importante que se declaraba ante la Comisión de Valores llegaba justamente asociado a la transacción vinculada con la venta o cesión de tierras, donde disminuyó en 50 millones de pesos un capital originalmente cotizado en 91 millones.
Es a raíz de estas transacciones comerciales cuando una firma accedió a una importante porción del ejido comodorense que se extiende a lo largo de Kilómetro 8 para llegar al faro San Jorge, cambiando unilateralmente el fin para el que se le concedieron las tierras al volcarse al mercado inmobiliario.
La zona incluía en su génesis dos loteos "privados" que se comercializaban en el orden de los 250.000 dólares cada parcela: Loteo San Jorge y Chacras del Faro. Ambas urbanizaciones presentaban varios denominadores comunes en cuanto a accionistas y al hecho obvio de desarrollarse sobre tierras originalmente concedidas para explotación minera.
