Gane quien gane, perderá la educación públicaPor Sebastián Sayago*.
No es un tema que defina las propuestas electorales ni que incline la balanza en las urnas. La educación es una cuestión de segundo o tercer orden en el discurso de los candidatos y en la agenda pública. Aparece en primer plano cuando se suspenden las clases, por paro de los trabajadores o por problemas edilicios. Si no molesta, no llama la atención.
La poca importancia que se le asigna tanto en las políticas de Estado como en la agenda pública contrasta con la relevancia que todos, ciudadanos y políticos, le otorgamos cuando nos preguntan por ella: "Es la estrategia más efectiva para el desarrollo social", "Sirve como espacio de contención social, para que los chicos no estén en la calle", "No es un gasto, es una inversión", "Debe ser una prioridad de todo gobierno", "Es fundamental para la formación laboral y académica de los jóvenes", "Consolida la ética pública y la conciencia de los derechos de los ciudadanos", etc.
Los docentes y los padres y madres que creemos en la educación pública sabemos que es una herramienta subestimada, sistemáticamente desaprovechada. Este gobierno provincial no ha elaborado un plan de mejora efectivo. Los anteriores, tampoco. Solo han apuntado a mantener las escuelas abiertas, a garantizar el normal dictado de clases.
Cuestión de convicción
Para mejorar el sistema educativo provincial hace falta una cosa: que las personas a cargo del gobierno tengan la convicción de que esto es una prioridad. Si fuera así, elaborarían un proyecto de mejora integral, con un presupuesto adecuado para llevarlo adelante. Claro que si quienes ocupan cargos de tanta responsabilidad no tienen ese convencimiento, seguiremos como hasta ahora.
Apunto brevemente cinco ejes para una mejora posible:
-Aumento salarial. Es fundamental jerarquizar la labor docente con un incremento salarial que permita al trabajador vivir dignamente con un cargo o con una cantidad de horas suficiente para tener tiempo de capacitarse y realizar tareas institucionales. Si el salario sigue siendo bajo, este seguirá sobrecargándose de tareas para llegar a fin de mes, lo que influye negativamente en el aula, en la institución y en su propia vida personal y familiar.
-Capacitación gratuita y permanente. El Estado debe ofrecer a los docentes programas de formación que apunten a revisar críticamente los contenidos conceptuales, a reflexionar sobre su utilidad pedagógica, a poner en común estrategias de enseñanza y criterios de evaluación. En vez de apoyarse en los cursos que organiza Pan American Energy, por ejemplo, debería hacer convenios con institutos de formación docente y con la Universidad Nacional de la Patagonia.
-Más y mejores escuelas. Las instituciones escolares cumplen una función social importantísima en el contexto barrial. No debería haber barrios que no cuenten con una escuela cercana. Se sabe que las familias de clase baja recorren menos distancia que las de clase media y alta para llevar a sus hijos a la escuela; por lo tanto, la prioridad es clara. En los barrios pobres no solo debe haber escuelas, sino que, además, debe haber comedores escolares y actividades extracurriculares a contraturno para reforzar en los niños el hábito de estudio y el ejercicio de prácticas comunitarias constructivas y solidarias. Y, aunque parezca una obviedad, las instalaciones deben ser mantenidas adecuadamente.
-Gestión de la calidad educativa. El Estado debe impulsar, coordinar y controlar lo que se enseña y el modo como se lo hace. Eso requiere mucho más que hacer un diseño curricular y cambiar cada tanto las categorías de calificación. Entre los documentos oficiales y el aula, hay un gran espacio en el que reina el mercado editorial. Ahí también es necesaria la voz del Estado.
-Coherencia del sistema. Es necesario rearticular un sistema que tenga en claro objetivos y estrategias, atendiendo a los diferentes contextos socioeconómicos. Eso requiere, entre otras cosas, que muchos contenidos estén relacionados con la región. Pero, si los docentes siguen contando solo con materiales bibliográficos elaborados en Buenos Aires, será difícil que esto se logre. Hay que aprovechar los conocimientos y las producciones de muchos investigadores locales (historiadores, geógrafos, biólogos, lingüistas, especialistas en literatura, politólogos, etc.).
Seguramente, es posible añadir más ejes de intervención. Vale como una idea de lo que se podría proyectar y respaldar en los hechos, si la educación fuera una verdadera prioridad de gobierno.
Gane quien gane
La educación tiene algo que juega en su contra: la mayoría de las cosas que se aprenden no se puede mostrar. Son conocimientos almacenados en la memoria. Están dentro de nosotros, disponibles para efectuar inferencias, para comprender mejor la realidad y para relacionarnos de diferentes maneras con los otros. No tiene la objetividad innegable de una plazoleta, de un puente, de la cartelería que dice "Gestión García". Ningún funcionario cortará las cintas para inaugurar que un grupo de alumnos cuenta con conocimientos que antes no tenían. No hay fotos.
El impacto de la educación no es inmediato y la política (la que sostenemos y padecemos) es cortoplacista. Si no hay algo que mostrar en tres años, no sirve. Por lo tanto, apostar a la educación es perder plata, tiempo, energía y, a la larga, votos. Esto lo sabe Mariano Arcioni, que puso a Graciela Cigudosa en el Ministerio de Educación, para que no haga nada (bueno).
En estos días, además de él, hay otros candidatos a la gobernación con la esperanza puesta en las urnas. Uno es Carlos Linares, que nunca se ha mostrado interesado en hablar de educación. Otro es Gustavo Menna, que ha esbozado la idea de un "acuerdo socioeducativo". Sin embargo, no se puede perder de vista que está alineado con un presidente que cree que la gente cae en la educación pública porque no llega a acceder a la educación privada. Vale apuntar también que Menna levantó la mano en Diputados para aprobar el presupuesto 2019 que asfixiaba a las universidades, siendo docente de la UNPSJB y en contra del reclamo de los rectores y de los gremios docentes.
Ante este panorama, el resultado de las elecciones provinciales del 9 de junio es bastante previsible: gane quien gane, otra vez perderá la educación pública.
*Docente e investigador en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.
Por Sebastián Sayago*.
No es un tema que defina las propuestas electorales ni que incline la balanza en las urnas. La educación es una cuestión de segundo o tercer orden en el discurso de los candidatos y en la agenda pública. Aparece en primer plano cuando se suspenden las clases, por paro de los trabajadores o por problemas edilicios. Si no molesta, no llama la atención.
La poca importancia que se le asigna tanto en las políticas de Estado como en la agenda pública contrasta con la relevancia que todos, ciudadanos y políticos, le otorgamos cuando nos preguntan por ella: "Es la estrategia más efectiva para el desarrollo social", "Sirve como espacio de contención social, para que los chicos no estén en la calle", "No es un gasto, es una inversión", "Debe ser una prioridad de todo gobierno", "Es fundamental para la formación laboral y académica de los jóvenes", "Consolida la ética pública y la conciencia de los derechos de los ciudadanos", etc.
Los docentes y los padres y madres que creemos en la educación pública sabemos que es una herramienta subestimada, sistemáticamente desaprovechada. Este gobierno provincial no ha elaborado un plan de mejora efectivo. Los anteriores, tampoco. Solo han apuntado a mantener las escuelas abiertas, a garantizar el normal dictado de clases.
Cuestión de convicción
Para mejorar el sistema educativo provincial hace falta una cosa: que las personas a cargo del gobierno tengan la convicción de que esto es una prioridad. Si fuera así, elaborarían un proyecto de mejora integral, con un presupuesto adecuado para llevarlo adelante. Claro que si quienes ocupan cargos de tanta responsabilidad no tienen ese convencimiento, seguiremos como hasta ahora.
Apunto brevemente cinco ejes para una mejora posible:
-Aumento salarial. Es fundamental jerarquizar la labor docente con un incremento salarial que permita al trabajador vivir dignamente con un cargo o con una cantidad de horas suficiente para tener tiempo de capacitarse y realizar tareas institucionales. Si el salario sigue siendo bajo, este seguirá sobrecargándose de tareas para llegar a fin de mes, lo que influye negativamente en el aula, en la institución y en su propia vida personal y familiar.
-Capacitación gratuita y permanente. El Estado debe ofrecer a los docentes programas de formación que apunten a revisar críticamente los contenidos conceptuales, a reflexionar sobre su utilidad pedagógica, a poner en común estrategias de enseñanza y criterios de evaluación. En vez de apoyarse en los cursos que organiza Pan American Energy, por ejemplo, debería hacer convenios con institutos de formación docente y con la Universidad Nacional de la Patagonia.
-Más y mejores escuelas. Las instituciones escolares cumplen una función social importantísima en el contexto barrial. No debería haber barrios que no cuenten con una escuela cercana. Se sabe que las familias de clase baja recorren menos distancia que las de clase media y alta para llevar a sus hijos a la escuela; por lo tanto, la prioridad es clara. En los barrios pobres no solo debe haber escuelas, sino que, además, debe haber comedores escolares y actividades extracurriculares a contraturno para reforzar en los niños el hábito de estudio y el ejercicio de prácticas comunitarias constructivas y solidarias. Y, aunque parezca una obviedad, las instalaciones deben ser mantenidas adecuadamente.
-Gestión de la calidad educativa. El Estado debe impulsar, coordinar y controlar lo que se enseña y el modo como se lo hace. Eso requiere mucho más que hacer un diseño curricular y cambiar cada tanto las categorías de calificación. Entre los documentos oficiales y el aula, hay un gran espacio en el que reina el mercado editorial. Ahí también es necesaria la voz del Estado.
-Coherencia del sistema. Es necesario rearticular un sistema que tenga en claro objetivos y estrategias, atendiendo a los diferentes contextos socioeconómicos. Eso requiere, entre otras cosas, que muchos contenidos estén relacionados con la región. Pero, si los docentes siguen contando solo con materiales bibliográficos elaborados en Buenos Aires, será difícil que esto se logre. Hay que aprovechar los conocimientos y las producciones de muchos investigadores locales (historiadores, geógrafos, biólogos, lingüistas, especialistas en literatura, politólogos, etc.).
Seguramente, es posible añadir más ejes de intervención. Vale como una idea de lo que se podría proyectar y respaldar en los hechos, si la educación fuera una verdadera prioridad de gobierno.
Gane quien gane
La educación tiene algo que juega en su contra: la mayoría de las cosas que se aprenden no se puede mostrar. Son conocimientos almacenados en la memoria. Están dentro de nosotros, disponibles para efectuar inferencias, para comprender mejor la realidad y para relacionarnos de diferentes maneras con los otros. No tiene la objetividad innegable de una plazoleta, de un puente, de la cartelería que dice "Gestión García". Ningún funcionario cortará las cintas para inaugurar que un grupo de alumnos cuenta con conocimientos que antes no tenían. No hay fotos.
El impacto de la educación no es inmediato y la política (la que sostenemos y padecemos) es cortoplacista. Si no hay algo que mostrar en tres años, no sirve. Por lo tanto, apostar a la educación es perder plata, tiempo, energía y, a la larga, votos. Esto lo sabe Mariano Arcioni, que puso a Graciela Cigudosa en el Ministerio de Educación, para que no haga nada (bueno).
En estos días, además de él, hay otros candidatos a la gobernación con la esperanza puesta en las urnas. Uno es Carlos Linares, que nunca se ha mostrado interesado en hablar de educación. Otro es Gustavo Menna, que ha esbozado la idea de un "acuerdo socioeducativo". Sin embargo, no se puede perder de vista que está alineado con un presidente que cree que la gente cae en la educación pública porque no llega a acceder a la educación privada. Vale apuntar también que Menna levantó la mano en Diputados para aprobar el presupuesto 2019 que asfixiaba a las universidades, siendo docente de la UNPSJB y en contra del reclamo de los rectores y de los gremios docentes.
Ante este panorama, el resultado de las elecciones provinciales del 9 de junio es bastante previsible: gane quien gane, otra vez perderá la educación pública.
*Docente e investigador en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.
