Empezó el juicio La Escuelita VI, donde se juzga a ocho represoresEl proceso se inició con siete imputados siguiendo la audiencia por video-conferencia y uno presente. Los acusan por delitos como "privación ilegal de la libertad" y "aplicación de tormentos físicos y psíquicos", entre otros. Las víctimas fueron secuestradas en zonas de Neuquén o Río Negro, y una de ellas está desaparecida.
Con siete de los ocho imputados observando a través de una pantalla, ayer comenzó en Neuquén capital un nuevo tramo del juicio por delitos de lesa humanidad cometidos por en el Centro Clandestino de Detención (CCD) conocido como "La Escuelita". Se trata del segmento VI, en el cual se juzgan hechos ocurridos en el territorio de lo que en la dictadura se denominaba Subzona 52.
El proceso debió haber comenzado en 2018 pero por distintos avatares de la justicia federal fueron postergando su fecha. Ayer, finalmente, Carlos Alberto Benavidez, quien integró el Destacamento de Inteligencia 182, se hizo presente en el salón de la Asociación Mutual Universitaria Comahue (AMUC), donde se desarrollan las audiencias. El ex agente está acusado de haber participado del secuestro de Juan Marcos Herman, un estudiante de derecho oriundo de Bariloche que permanece desaparecido.
Por este caso también están imputados: Oscar Lorenzo Reinhold, ex jefe de Inteligencia del Comando de la Sexta Brigada entre 1976 y 1979; Fernando Zárraga, ex interventor de la municipalidad de General Roca en 1976 y jefe de Operaciones de Inteligencia de la Escuela Militar de Instrucción Andina de Bariloche hasta 1977; Néstor Rubén Castelli, ex interventor de la provincia de Río Negro durante la dictadura, ex director de la Escuela Militar de Instrucción Andina de Bariloche entre 1976 y 1977, y segundo comandante de la Sexta Brigada hasta 1979 en Neuquén; Sergio Adolfo San Martín, quien integró la plana mayor del Destacamento de Inteligencia 182 de Neuquén; y Jorge Molina Ezcurra, Segundo jefe de dicho Destacamento entre 1976 y 1977.
Otro de los imputados en el juicio es Emilio Jorge Sacchitella, quien era segundo comandante de Gendarmería en Junín desde 1977 a 1979. Excepto Benavídez, que estaba presente en la sala, los demás asistieron a la primera audiencia por videoconferencia desde la Cámara de Casación Penal de Comodoro Py, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. En tanto, Jorge Héctor Di Pasquale participó de la audiencia por videoconferencia desde Campo de Mayo, donde está detenido tras haber sido condenado en otro juicio. Los únicos que no han sido llevados a proceso con anterioridad son Sacchitella y Benavídez.
Algunos de los delitos de por los cuales la fiscalía los acusa, son privación ilegal de la libertad agravada por el uso de la violencia, aplicación de tormentos físicos y psíquicos agravados por ser las víctimas presos políticos. También se acusa a Castelli de haber sido miembro de una "asociación criminal destinada a ejecutar el plan criminal sistemático y clandestino de represión estatal" desarrollado en Argentina entre 1976 y 1983.
Juan Marcos Herman era oriundo de Bariloche y estudiaba derecho en la Universidad de Buenos Aires. Tenía 22 años y había militado en la JP (Juventud Peronista) y en Montoneros. Antes, tuvo une etapa de estudios en Bahía Blanca, donde había militado en la agrupación trotskista TERS (Tendencia Estudiantil Revolucionaria Socialista), pero no concluyó su carrera. En julio de 1977, se encontraba de vacaciones en Bariloche cuando un Grupo de Tareas lo fue a buscar a la casa de sus padres y se lo llevó para "hacerle unas preguntas". Lo trasladaron en un Falcon verde hasta un chalet en las afueras de Bariloche. Pese a las gestiones de su padre y a la promesa de Castelli de que "se quedara tranquilo" porque se "habían tomado todas las precauciones del caso", lo trasladaron en un avión pequeño, no comercial, a la ciudad de Buenos Aires, donde fue ingresado al CCD "El Atlético". Desde entonces permanece desaparecido.
Otros casos que se juzgan son el de la pareja compuesta por Eduardo Fernando Ubaldini y María del Lujan Gómez, quienes vivían en San Martín de los Andes con su hija de seis meses de vida, cuando fueron secuestrados por primera vez. Ubaldini había militado en el Partido Comunista y había sido emplazado por la Triple A para dejar el país en los próximos diez días. Gómez había participado como docente en campañas de alfabetización de adultos. Además, los dos integraban el grupo teatral "Anta", del que también formaban parte otros compañeros que fueron perseguidos. Entre el 24 de marzo de 1976 y junio de 1979 fueron privados ilegalmente de su libertad en varias oportunidades para ser interrogados por su actividad política. Los acusaban de integrar una "célula subversiva" y de participar del boicot al Mundial de Fútbol de 1978. Finalmente, fueron liberados.
El periodista Jorge Enrique Esteban trabajaba como corresponsal del diario Clarín en Neuquén, así como en el diario Sur Argentino y en la radio LU5. Su compañera, María Teresa Oliva, también era periodista y se había desempeñado en el área de Prensa de la Legislatura neuquina y luego en la Gobernación. Los dos habían estudiado juntos en La Plata, donde militaron en la Agrupación Peronista FURN (Federación Universitaria de la Revolución Nacional) y luego llegaron a Neuquén pensando que era "como una isla y podían hacer una vida tranquila". Fueron secuestrados en julio de 1978. Oliva fue liberada y Esteban trasladado a un CCD en Bahía Blanca, tras lo cual lo pusieron "a disposición del Poder Ejecutivo Nacional" a en diciembre de 1978. Durante el tiempo que estuvo detenido, fue fundamental las gestiones que Oliva, junto con otros periodistas de la zona, realizaron ante los militares para la liberación de Esteban.
María Cristina Parente era de Punta Alta y había sido compañera en la facultad de Esteban y de Oliva. Militaba en la Federación de Agrupaciones Eva Perón (FAEP) y llegó a Neuquén a principios del año 1975. Previo a su secuestro, trabajaba en Prensa de la Gobernación y de la Universidad Nacional del Comahue. En Neuquén residía junto a una joven de nacionalidad chilena que militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). En 1975 fue llevada por un empleado de seguridad de la UNC a una delegación de la Policía Federal para ser interrogada. Allí fue torturada con electricidad mientras le preguntaban por sus compañeros de militancia. Luego fue trasladada a La Escuelita, donde la recibieron diciendo que allí no había lugar, que "la tiraran al río". Días después, la liberaron. Previamente, le hicieron firmar una nota en la que renunciaba a su trabajo en la universidad -ya no seguía en la Gobernación- y además debía abandonar la ciudad.
Oscar Martín Olivera era concejal del Partido Justicialista de General Roca, que debió cesar en sus funciones cuando el municipio fue intervenido por el gobierno de facto y quedó a cargo Zárraga (uno de los imputados en este proceso). Además, trabajaba como embalador en el galpón de empaque de la empresa Valle Fértil y era delegado del Sindicato de la Fruta. Fue detenido a pocos días del golpe. Cuando fue secuestrado y llevado a la alcaidía de Roca, vio fotos suyas participando de actos y reuniones políticas. Fue liberado tras el pago de una fianza el 11 de agosto de 1976, y finalmente sobreseído en febrero de 1983.
Oscar Rodolfo Escobar, a los 23 años trabajaba en la municipalidad de Bariloche y tenía vínculos con el Soyem (Sindicato de Obreros y Empleados Municipales). Fue detenido en varias oportunidades acusado de "pertenecer a una célula sediciosa", y sufrió tormentos físicos y psíquicos para ser persuadido de renunciar a su cargo en el municipio.
Vicente Iantorno y Ernesto Hugo Sifredi eran dos amigos de 22 años que trabajaban en una empresa del Conurbano bonaerense y viajaban como mochileros. Fueron secuestrados cuando descansaban al costado del lago Nahuel Huapi por un grupo de aproximadamente cincuenta militares uniformados fuertemente armados, que los subieron a un Unimog y los llevaron a la Escuela de Instrucción Andina (ex Escuela Militar de Montaña). Allí permanecieron ocho días en condiciones inhumanas, donde fueron interrogados y trasladados a Neuquén, diciéndoles que los llevaban "al matadero". En La Escuelita, oyeron gritos de personas que estaban siendo torturadas y los sentaron sobre una cama sin colchón, con elástico de metal, donde luego supieron que torturaban a los detenidos. Cuando fueron liberados, días después, Sifredi contó que un coronel que estaba a cargo de la cárcel les pidió disculpas.
En el marco del genocidio
Ayer, durante las casi cuatro horas de la primera audienia, la secretaria del Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 2 de Neuquén, conformado por Norberto Coscia (presidente), Alejandro Silva y Alejandro Cabral, leyó el requerimiento de elevación a juicio formulada por el fiscal Miguel Angel Palazzani, quien se encuentraba acompañado de Jorgelina D' Alessandro. Allí se detallaron los casos y los hechos a juzgar ocurridos entre 1976 y 1977 en La Escuelita, el CCD ubicado en la denominada Subzona 52. que abarcaba la provincia del Neuquén completa y, en Río Negro, los departamentos de General Roca, El Cuy, Pilcaniyeu, Ñorquinco, San Carlos de Bariloche y 25 de Mayo.
La querella de la Asamblea Permanente por los Derecho Humanos (APDH), representada por el abogado Bruno Vadala -y acompañado por el abogado Marcelo Medrano- estuvo de acuerdo con las acusaciones de la fiscalía. En tanto, la abogada del Ceprodh (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos), Natalia Hormazábal, agregó a cada calificación legal que todos estos delitos "forman parte de un plan genocida" según el artículo 2 de la Convención Para la Prevención y Sanción del Genocidio.
Las Madres de Plaza de Mayo del Alto Valle y Neuquén, Lolín Rigone e Inés Ragni, junto a Oscar Ragni, participaron de la audiencia desde la primera fila del sector destinado al público.
La referente de la APDH, Noemí Labrune, antes de ingresar a la audiencia dijo a Va Con Firma que "realmente hoy se nos borra la indignación que teníamos por la postergación de este tramo del juicio, que estaba elevado desde hacía un año y cuatro meses". Agregó que "hoy por fin empieza, es importante y estoy segura de que toda la comunidad de Neuquén seguirá este juicio", concluyó.
El juicio se retoma hoy con las declaraciones de los imputados. En tanto, las testimoniales están previstas para el 18 de junio en adelante, en audiencias abiertas al público que se desarrollarán dos veces por semana, cada quince días.
Fuente: Va Con Firma
El proceso se inició con siete imputados siguiendo la audiencia por video-conferencia y uno presente. Los acusan por delitos como "privación ilegal de la libertad" y "aplicación de tormentos físicos y psíquicos", entre otros. Las víctimas fueron secuestradas en zonas de Neuquén o Río Negro, y una de ellas está desaparecida.
Con siete de los ocho imputados observando a través de una pantalla, ayer comenzó en Neuquén capital un nuevo tramo del juicio por delitos de lesa humanidad cometidos por en el Centro Clandestino de Detención (CCD) conocido como "La Escuelita". Se trata del segmento VI, en el cual se juzgan hechos ocurridos en el territorio de lo que en la dictadura se denominaba Subzona 52.
El proceso debió haber comenzado en 2018 pero por distintos avatares de la justicia federal fueron postergando su fecha. Ayer, finalmente, Carlos Alberto Benavidez, quien integró el Destacamento de Inteligencia 182, se hizo presente en el salón de la Asociación Mutual Universitaria Comahue (AMUC), donde se desarrollan las audiencias. El ex agente está acusado de haber participado del secuestro de Juan Marcos Herman, un estudiante de derecho oriundo de Bariloche que permanece desaparecido.
Por este caso también están imputados: Oscar Lorenzo Reinhold, ex jefe de Inteligencia del Comando de la Sexta Brigada entre 1976 y 1979; Fernando Zárraga, ex interventor de la municipalidad de General Roca en 1976 y jefe de Operaciones de Inteligencia de la Escuela Militar de Instrucción Andina de Bariloche hasta 1977; Néstor Rubén Castelli, ex interventor de la provincia de Río Negro durante la dictadura, ex director de la Escuela Militar de Instrucción Andina de Bariloche entre 1976 y 1977, y segundo comandante de la Sexta Brigada hasta 1979 en Neuquén; Sergio Adolfo San Martín, quien integró la plana mayor del Destacamento de Inteligencia 182 de Neuquén; y Jorge Molina Ezcurra, Segundo jefe de dicho Destacamento entre 1976 y 1977.
Otro de los imputados en el juicio es Emilio Jorge Sacchitella, quien era segundo comandante de Gendarmería en Junín desde 1977 a 1979. Excepto Benavídez, que estaba presente en la sala, los demás asistieron a la primera audiencia por videoconferencia desde la Cámara de Casación Penal de Comodoro Py, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. En tanto, Jorge Héctor Di Pasquale participó de la audiencia por videoconferencia desde Campo de Mayo, donde está detenido tras haber sido condenado en otro juicio. Los únicos que no han sido llevados a proceso con anterioridad son Sacchitella y Benavídez.
Algunos de los delitos de por los cuales la fiscalía los acusa, son privación ilegal de la libertad agravada por el uso de la violencia, aplicación de tormentos físicos y psíquicos agravados por ser las víctimas presos políticos. También se acusa a Castelli de haber sido miembro de una "asociación criminal destinada a ejecutar el plan criminal sistemático y clandestino de represión estatal" desarrollado en Argentina entre 1976 y 1983.
Juan Marcos Herman era oriundo de Bariloche y estudiaba derecho en la Universidad de Buenos Aires. Tenía 22 años y había militado en la JP (Juventud Peronista) y en Montoneros. Antes, tuvo une etapa de estudios en Bahía Blanca, donde había militado en la agrupación trotskista TERS (Tendencia Estudiantil Revolucionaria Socialista), pero no concluyó su carrera. En julio de 1977, se encontraba de vacaciones en Bariloche cuando un Grupo de Tareas lo fue a buscar a la casa de sus padres y se lo llevó para "hacerle unas preguntas". Lo trasladaron en un Falcon verde hasta un chalet en las afueras de Bariloche. Pese a las gestiones de su padre y a la promesa de Castelli de que "se quedara tranquilo" porque se "habían tomado todas las precauciones del caso", lo trasladaron en un avión pequeño, no comercial, a la ciudad de Buenos Aires, donde fue ingresado al CCD "El Atlético". Desde entonces permanece desaparecido.
Otros casos que se juzgan son el de la pareja compuesta por Eduardo Fernando Ubaldini y María del Lujan Gómez, quienes vivían en San Martín de los Andes con su hija de seis meses de vida, cuando fueron secuestrados por primera vez. Ubaldini había militado en el Partido Comunista y había sido emplazado por la Triple A para dejar el país en los próximos diez días. Gómez había participado como docente en campañas de alfabetización de adultos. Además, los dos integraban el grupo teatral "Anta", del que también formaban parte otros compañeros que fueron perseguidos. Entre el 24 de marzo de 1976 y junio de 1979 fueron privados ilegalmente de su libertad en varias oportunidades para ser interrogados por su actividad política. Los acusaban de integrar una "célula subversiva" y de participar del boicot al Mundial de Fútbol de 1978. Finalmente, fueron liberados.
El periodista Jorge Enrique Esteban trabajaba como corresponsal del diario Clarín en Neuquén, así como en el diario Sur Argentino y en la radio LU5. Su compañera, María Teresa Oliva, también era periodista y se había desempeñado en el área de Prensa de la Legislatura neuquina y luego en la Gobernación. Los dos habían estudiado juntos en La Plata, donde militaron en la Agrupación Peronista FURN (Federación Universitaria de la Revolución Nacional) y luego llegaron a Neuquén pensando que era "como una isla y podían hacer una vida tranquila". Fueron secuestrados en julio de 1978. Oliva fue liberada y Esteban trasladado a un CCD en Bahía Blanca, tras lo cual lo pusieron "a disposición del Poder Ejecutivo Nacional" a en diciembre de 1978. Durante el tiempo que estuvo detenido, fue fundamental las gestiones que Oliva, junto con otros periodistas de la zona, realizaron ante los militares para la liberación de Esteban.
María Cristina Parente era de Punta Alta y había sido compañera en la facultad de Esteban y de Oliva. Militaba en la Federación de Agrupaciones Eva Perón (FAEP) y llegó a Neuquén a principios del año 1975. Previo a su secuestro, trabajaba en Prensa de la Gobernación y de la Universidad Nacional del Comahue. En Neuquén residía junto a una joven de nacionalidad chilena que militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). En 1975 fue llevada por un empleado de seguridad de la UNC a una delegación de la Policía Federal para ser interrogada. Allí fue torturada con electricidad mientras le preguntaban por sus compañeros de militancia. Luego fue trasladada a La Escuelita, donde la recibieron diciendo que allí no había lugar, que "la tiraran al río". Días después, la liberaron. Previamente, le hicieron firmar una nota en la que renunciaba a su trabajo en la universidad -ya no seguía en la Gobernación- y además debía abandonar la ciudad.
Oscar Martín Olivera era concejal del Partido Justicialista de General Roca, que debió cesar en sus funciones cuando el municipio fue intervenido por el gobierno de facto y quedó a cargo Zárraga (uno de los imputados en este proceso). Además, trabajaba como embalador en el galpón de empaque de la empresa Valle Fértil y era delegado del Sindicato de la Fruta. Fue detenido a pocos días del golpe. Cuando fue secuestrado y llevado a la alcaidía de Roca, vio fotos suyas participando de actos y reuniones políticas. Fue liberado tras el pago de una fianza el 11 de agosto de 1976, y finalmente sobreseído en febrero de 1983.
Oscar Rodolfo Escobar, a los 23 años trabajaba en la municipalidad de Bariloche y tenía vínculos con el Soyem (Sindicato de Obreros y Empleados Municipales). Fue detenido en varias oportunidades acusado de "pertenecer a una célula sediciosa", y sufrió tormentos físicos y psíquicos para ser persuadido de renunciar a su cargo en el municipio.
Vicente Iantorno y Ernesto Hugo Sifredi eran dos amigos de 22 años que trabajaban en una empresa del Conurbano bonaerense y viajaban como mochileros. Fueron secuestrados cuando descansaban al costado del lago Nahuel Huapi por un grupo de aproximadamente cincuenta militares uniformados fuertemente armados, que los subieron a un Unimog y los llevaron a la Escuela de Instrucción Andina (ex Escuela Militar de Montaña). Allí permanecieron ocho días en condiciones inhumanas, donde fueron interrogados y trasladados a Neuquén, diciéndoles que los llevaban "al matadero". En La Escuelita, oyeron gritos de personas que estaban siendo torturadas y los sentaron sobre una cama sin colchón, con elástico de metal, donde luego supieron que torturaban a los detenidos. Cuando fueron liberados, días después, Sifredi contó que un coronel que estaba a cargo de la cárcel les pidió disculpas.
En el marco del genocidio
Ayer, durante las casi cuatro horas de la primera audienia, la secretaria del Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 2 de Neuquén, conformado por Norberto Coscia (presidente), Alejandro Silva y Alejandro Cabral, leyó el requerimiento de elevación a juicio formulada por el fiscal Miguel Angel Palazzani, quien se encuentraba acompañado de Jorgelina D' Alessandro. Allí se detallaron los casos y los hechos a juzgar ocurridos entre 1976 y 1977 en La Escuelita, el CCD ubicado en la denominada Subzona 52. que abarcaba la provincia del Neuquén completa y, en Río Negro, los departamentos de General Roca, El Cuy, Pilcaniyeu, Ñorquinco, San Carlos de Bariloche y 25 de Mayo.
La querella de la Asamblea Permanente por los Derecho Humanos (APDH), representada por el abogado Bruno Vadala -y acompañado por el abogado Marcelo Medrano- estuvo de acuerdo con las acusaciones de la fiscalía. En tanto, la abogada del Ceprodh (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos), Natalia Hormazábal, agregó a cada calificación legal que todos estos delitos "forman parte de un plan genocida" según el artículo 2 de la Convención Para la Prevención y Sanción del Genocidio.
Las Madres de Plaza de Mayo del Alto Valle y Neuquén, Lolín Rigone e Inés Ragni, junto a Oscar Ragni, participaron de la audiencia desde la primera fila del sector destinado al público.
La referente de la APDH, Noemí Labrune, antes de ingresar a la audiencia dijo a Va Con Firma que "realmente hoy se nos borra la indignación que teníamos por la postergación de este tramo del juicio, que estaba elevado desde hacía un año y cuatro meses". Agregó que "hoy por fin empieza, es importante y estoy segura de que toda la comunidad de Neuquén seguirá este juicio", concluyó.
El juicio se retoma hoy con las declaraciones de los imputados. En tanto, las testimoniales están previstas para el 18 de junio en adelante, en audiencias abiertas al público que se desarrollarán dos veces por semana, cada quince días.
Fuente: Va Con Firma
