Chubut podría convertirse en corto plazo en la primera provincia en declarar el default de su deuda. Si eso se concreta, desataría un efecto cascada con complicaciones para la economía nacional. Para tratar de evitarlo, el gobernador Mariano Arcioni envió el 19 de junio un llamativo proyecto a la Legislatura en el que pide autorización para la "reestructuración de deuda". La provincia posee una deuda estimada en más de 1.000 millones de dólares, y debería pagar U$S 80,4 millones durante el segundo semestre de 2019 y U$S 125,6 millones en 2020.
De ese modo, el gobernador explicitó de modo indirecto la situación crítica que atraviesan las finanzas provinciales y admitió tácitamente que no está en condiciones de afrontar los próximos vencimientos.
Arcioni no cuenta en este momento con los votos necesarios para que el proyecto se apruebe. Tanto los del FpV como los desairados ex dasnevistas consideran que no resultaría "conveniente" para la provincia ni para sus propios intereses políticos.
Sin embargo, el gobernador está haciendo lobby para conseguir los 14 votos que necesita junto a Rafael Cambareri, una consultora radicada en Buenos Aires y otros operadores de su extrema confianza.
Hay que considerar una cuestión obvia: una inmensa mayoría de los diputados (22) se va en diciembre a la casa, y varios podrían ser proclives a movimientos de acercamiento de quien tiene y tendrá la caja hasta 2023 y a propuestas que "no podrían" rechazar a cambio de su voto.
Técnicamente Chubut no ha dejado de pagar todavía los vencimientos; por lo que no puede considerarse a la provincia en default. Es cierto que conceptualmente el gobernador está anunciando a los tenedores de bonos chubutenses que la provincia considera seriamente la posibilidad de generar un default de su endeudamiento -tanto de amortización como de intereses- para estirar los plazos de los vencimientos.
Como complemento del escenario económico, se revela la necesidad de afrontar el pago de los aguinaldos que implica una erogación de unos 5.000 milllones de pesos. Según información publicada por diario El Chubut, la provincia recibió adelantos del gobierno nacional de alrededor de 600 millones de pesos.
El proyecto
En la fría tarde-noche del pasado 19 de junio ingresó a la Legislatura de Chubut el proyecto número 65/19 con el que -basándose en los decretos de declaración de emergencia provincial números 164, 382 y 534 de 2019- el Poder Ejecutivo busca renegociar su deuda provincial por un total de 1.006 millones de dólares que vence a partir del segundo semestre de este año y hasta 2026.
Si llegara a obtener la aprobación legislativa se vería qué consigue transar Economía con los acreedores, porque el 75% corresponde a vencimientos de amortización muy difíciles de modificar en sus plazos. El 25% restante involucra a intereses que son más factibles de renegociar.
Un chequeo realizado con legisladores por El Extremo Sur en la tarde del lunes develó que el gobernador deberá negociar intensamente para obtener votos que todavía está lejos de conseguir, y que en la mayoría de los casos no ha dialogado personalmente con los diputados del FpV ni de Cambiemos, pero sí con Gustavo Menna. Una versión insistía con la presunta estrategia de Arcioni de tratar de reinstalar a Rody Ingram en la presidencia de la Legislatura, algo que habría recibido respuesta negativa por parte de los contactados.
El artículo raro
Por otra parte, al comienzo del articulado del proyecto figura una fórmula que llamó la atención de varios legisladores, incluyendo a algunos muy cercanos al
vicegobernador electo Ricardo Sastre. En el inicio mismo del artículo 1 el proyecto expresa: "Autorizase al Poder Ejecutivo por sí o a través de sociedades con participación del Estado provincial a realizar todo tipo de operaciones de crédito público, para reestructurar la deuda pública mediante la consolidación, conversión, reprogramación, refinanciación o renegociación, etc."
Entre los diputados hizo ruido la expresión genérica de "sociedades con participación del Estado provincial" por su amplitud y la discrecionalidad que podría permitir de ser aprobada. Por esa razón, algunos sugerían la inmediata modificación del artículo, incluso antes de cualquier negociación con la oposición.
Permiso para refinanciar
El texto del proyecto elevado por Arcioni solicita a la Legislatura que autorice al Poder Ejecutivo "a realizar todo tipo de operaciones de crédito público, para reestructurar la deuda pública mediante la consolidación, conversión, reprogramación, refinanciación o renegociación, en la medida que ello implique un mejoramiento en los montos o plazos o tasa de intereses de las operaciones originales, o permita liberar o cambiar garantías o bien modificar el perfil o costo de los servicios de la deuda o cualquier otra medida que de cualquier modo resulte conveniente a los intereses de la Provincia del Chubut".
Lo que se desprende del texto firmado por el gobernador chubutense y que preanuncia la posibilidad de un default es la solicitud de habilitación para "el o los convenios necesarios a efectos de refinanciar el saldo adeudado, al 30 de junio de 2019, de los préstamos otorgados mediante los Convenios de Asistencia Financiera - Programa de Convergencia Fiscal, entre el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y la Provincia del Chubut y sus adendas. Queda asimismo autorizado a convenir con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial todas aquellas pautas que permitan la convergencia gradual al equilibrio del resultado primario y de remisión de información fiscal y financiera".
El final de este articulado vuelve a plantear el tema del "equilibrio fiscal" lo que se vincula estrechamente con la política de ajuste y reducción de gastos de la Administración pública que Arcioni intentó aplicar el año pasado y disparó una conflictividad estatal que se extendió por más de tres meses.
Más de 1.000 millones de dólares
Los vencimientos que Arcioni intenta refinanciar totalizan 1.006 millones de dólares a pagar en los próximos seis años y medio, contemplando vencimientos totales por 775 millones de dólares de amortización de deuda y otros 230,9 millones de dólares por el concepto de intereses.
De esos montos generales, la distribución de los pagos a realizar es la siguiente: 80,4 millones de dólares que deberían cancelarse durante el segundo semestre de este año (51,7 millones de dólares de amortización y 28,7 millones por intereses. También están incluidos dentro de los vencimientos 125,6 millones de dólares a pagar en el 2020 (71,3 millones de amortización y 54,3 millones de intereses); 170 millones de dólares pagaderos en el 2021 (123,3 millones de dólares en amortizaciones y 46,9 millones en intereses); 155 millones de dólares que se deben pagar en el 2022 (117,8 millones en amortización y 37,6 en intereses); 141 millones de dólares a vencer en el 2023 (113,2 millones de amortización y 28,4 millones en intereses); 128 millones de dólares pagaderos en el 2024 (108,3 millones de amortización y 19,9 millones en intereses); 119 millones de dólares a pagar en el 2025 (106 millones de amortización y 11,5 por intereses); y otros 84 millones de dólares que se deberán pagar en el 2026 (81,2 millones por amortización y 3,1 millones de intereses).
El impacto del posible default del endeudamiento chubutense podría generar un efecto dominó sobre las provincias con mayores endeudamientos del país, tal como lo anticipó El Extremo Sur. Entre las provincias más complicadas hasta finales del 2018 se incluyen Buenos Aires (474 mil millones de pesos); CABA (104 mil millones); Córdoba (103 mil millones); Mendoza (48 mil millones); Neuquén (47,7 mil millones); y Chubut que se anota con 37,7 mil millones de pesos.
