Analía Pérez, residente en Caleta Córdova, denunció el desguace de los barcos abandonados que se encuentran en la playa de ese barrio de Comodoro y acusó a los integrantes de la comisión directiva de la Asociación Vecinal de haber facilitado el desarme. Además reveló que cuando se quejó por lo que estaba sucediendo fue amenazada.
En diálogo con El Extremo Sur, Pérez manifestó que "en la bajada de la playa de Caleta Córdova están los buques abandonados, algunos de los cuales tienen dueños, pero la vecinal que está presidida por Gustavo Ferreiro contrató gente sin autorización para hacer el desguace de algunos de los barcos y casi que desmantelaron completamente el Perla".
La ex integrante de la vecinal del barrio costero agregó que "yo llamé al dueño de uno de los barcos que estaban desarmando, él vino y le dijo a la gente que estaba trabajando para que dejara todo como estaba porque eso tenía un dueño y no se podía desarmar. Son enormes barcos de hierro que se pueden vender como chatarra".
Pérez explicó que ella tiene su vivienda enfrente de donde están abandonadas las embarcaciones, las que a su vez le brindan una especie de reparo del viento y las marejadas. "Esos barcos abandonados a mí me sirven como muro de contención ya que ni siquiera hay un proyecto municipal para hacer algo que nos proteja de los temporales", comentó.
Para la vecina de Caleta Córdova, la actual conducción de la vecinal que encabeza Ferreiro "está lucrando con los fierros de los barcos y aunque nunca fueron declarados patrimonio cultural hace años que están acá y son parte de nuestro barrio, más allá que algunos tienen propietarios en litigio judicial".
Cuando se le consultó a Pérez quién otorgó autorización para el desguace de las embarcaciones, respondió "nadie"; para luego señalar que cuando les advirtió que detuvieran el desarme de los barcos "un día fui increpada con mi nietito de cinco años, me vinieron a patotear y me amenazaron, me dijeron que me iban a atropellar".
Denuncia
La vecina adelantó que presentará la denuncia formal en la Fiscalía por las amenazas recibidas y que interpretó como "violencia de género", pero que además iniciará denunciará el impacto visual y ambiental que considera se produjo con las actividades concretadas sobre las embarcaciones.
Según relató Pérez "la Prefectura intervino por lo sucedido, los llevó a todos a declarar e inició una causa Federal por lo que hicieron en el lugar; el juez ordenó cortar todo lo que estaban haciendo los que habían sido contratados e investiga la responsabilidad de la vecinal".
La involucrada comentó que en total son cinco las embarcaciones que se encuentran en el lugar, de las cuales una habría sido casi totalmente desmantelada y quedarían las otras cuatro que a su entender correrían el mismo destino.
