Patagonia

A dos años de la desaparición de Santiago Maldonado: qué hicieron los chubutenses que intervinieron en la causa

La desaparición forzada de Santiago Maldonado expuso a varios chubutenses que por una razón u otra intervinieron con acciones u omisiones. Un ministro de Gobierno, dos jueces, una fiscal, una abogada querellante y un subsecretario de Derechos Humanos son los protagonistas de este costado del drama.

Hoy se cumplen dos años de la última vez que fuera visto con vida Santiago Andrés Maldonado. Fue en Cushamen cuando personal de Gendarmería reprimió a un grupo de manifestantes que cortaba una ruta, entre los cuales se hallaba él.

Aparecería sin vida, flotando sobre el río Chubut, el 17 de octubre; es decir 77 días después. Más allá de la versión oficial que intentó instalar la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con la anuencia de jueces y funcionarios judiciales, está comprobado que murió mientras lo perseguían los gendarmes. Santiago no sabía nadar.

Elenco chubutense

Fueron varios los chubutenses que tuvieron roles destacados desde el momento de su desaparición; en la reacción ante la denuncia; la búsqueda de sus familiares y organismos defensores de Derechos Humanos; la repercusión internacional de que hubiera un desaparecido en tales circunstancias en una democracia; y su dolorosa aparición, pocos días antes de la elección de medio término en la que la Alianza Cambiemos fue la que más votos sacó en todo el país. En Chubut fue segunda, permitiéndole acceder a una banca como diputado nacional al abogado Alberto Gustavo Menna.

Uno por uno

-Pablo Durán era ministro de Gobierno de Chubut cuando Santiago desapareció. Se corrió de la escena inmediatamente, deslindando responsabilidades en el Gobierno nacional. Pero más tarde reconocería ante los diputados que él sabía lo que venía.

Durante la interpelación del 5 de septiembre de 2017 dijo que había estado presente en la reunión de Bariloche del 31 de julio -un día antes de la desaparición- en la que el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, diseñó el operativo de represión que se comenzaría a implementar para impedir los cortes de ruta de las comunidades mapuche que reclamaban la devolución de tierras ancestrales que se hallaban -y hallan- en poder del grupo Benetton.

Allí también estuvieron representantes del gobierno de Río Negro y jefes de Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria.

El testimonio del ministro chubutense fue importante para desarmar la versión de Bullrich de que su subalterno solo "pasaba por el lugar" cuando su presencia fue confirmada por jefes de Gendarmería que no querían convertirse en los patos de la boda.

En forma implícita, Durán reconocía que la provincia que entonces gobernaba Mario Das Neves había cedido el control de su jurisdicción a funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.

Por esa razón se buscaba despegar a la Policía de Chubut de la represión desatada por los gendarmes en la noche del 31 de julio y que seguiría al día siguiente, cuando desapareció el artesano.

La fuerza provincial sí actuó como apoyo, dijo el funcionario durante las cinco horas y media que se extendió la interpelación. Allí también anticipó que la Provincia se presentaría como querellante para saber qué había pasado con Santiago.

-Guido Otranto fue el primer juez federal que intervino en el hecho. Inmediatamente caratuló la causa como "desaparición forzada de persona" e inició con modestos recursos disponibles la investigación. Su rigor fue decayendo a medida que su juzgado de Esquel comenzaba a ser visitado por enviados del Gobierno nacional que le sugerían líneas de investigación, mientras aconsejaban qué decir a los gendarmes que habían participado de la represión en el LOF Cushamen.

Todo ello le significó al juez el recelo de los testigos que rápidamente dejaron de confiar en sus garantías. Además, su presencia en el lugar de la desaparición mereció el repudio de los habitantes de la comunidad y su descrédito fue en aumento.

Otranto fue separado de la causa por la Cámara Federal con asiento en Comodoro Rivadavia.

-Silvina Avila (54) fue la fiscal del caso. Empezó con Otranto y terminó con Gustavo Lleral, pero su actitud no se modificó. Fue secretaria de Medio Ambiente del municipio de Comodoro Rivadavia cuando el intendente era Raúl Simoncini y docente de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco en las cátedras Derecho Civil y Derecho Constitucional y Administrativo.

También se desempeñó como secretaria del fiscal federal de Comodoro Rivadavia, Norberto Bellver, antes de ir como interina a Caleta Olivia.

De allí saltó a Esquel, donde aún permanece al frente de la Fiscalía sin haber concursado, ya que se la designó en forma interina en 2013, dos años después de haberse creado el cargo. En su fiscalía trabajaba la esposa del juez Otranto.

Antes de que se cumpliera el primer mes de la desaparición, la fiscal redactó un informe sobre el estado de la causa que fue elevado a la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que no fue bien recibido por las querellas.

Allí denunció que la comunidad mapuche había impedido los rastrillajes en el río Chubut y en una parte de la estancia en Cushamen por tratarse de un "espacio sagrado", además de señalar la falta de testimonios confiables que apuntaran a Gendarmería.

Desde ese momento, las críticas de la familia de Maldonado -que primero tuvieron como blanco a Otranto- se posaron sobre la fiscal. Su última medida en la causa fue pedir la participación del Cuerpo Médico Forense y la presencia de todos los involucrados en la autopsia del cuerpo hallado en el río Chubut el 17 de octubre.

Incluso pidió que estuviera presente el gendarme Emmanuel Echazú, por entonces el único imputado en la causa. De ese modo, se aseguraba el acceso inmediato a los resultados de los estudios en el cuerpo que aún no se había confirmado que fuera de Maldonado.

-Guillermo Gustavo Lleral fue designado nuevo juez de la causa por la Cámara Federal de Apelaciones el 22 de septiembre de 2017, cuando la situación de Otranto ya era insostenible. Se aceptó el "temor de parcialidad" argüido por la familia Maldonado para separarlo de la investigación.

Hasta entonces, también Lleral era un perfecto desconocido. Solo se sabía que estaba al frente de uno de los dos juzgados federales de Rawson. Se le dio dedicación exclusiva y le designaron personal adicional.

En contraste con la parquedad de su antecesor, el estilo llano del nuevo juez le abrió puertas y no tuvo pruritos en ir personalmente a ofrecerles garantías a los integrantes de la castigada comunidad mapuche, que además de despojada era -y continúa siendo- estigmatizada como responsable de lo sucedido.

Lleral se reunió con Sergio Maldonado y le prometió llegar hasta las últimas consecuencias para hallar a su hermano.

Se hospedaba en un hotel -volviendo a Rawson los fines de semana- y no se vio a su alrededor rostros extraños, como ocurría con Otranto. No parecía ser un hombre influenciable.

Menos de un mes después de su designación, aparecía flotando sobre el río Chubut el cuerpo de Santiago. El juez asumió su custodia hasta el momento de la autopsia.

El 24 de noviembre de 2017, Lleral daba por terminada su intervención. "Maldonado falleció por ahogamiento por sumersión en un cuadro coadyuvado por hipotermia", fue su conclusión.

Omitió que se trató de una muerte violenta, como consta en el informe de la autopsia, y dio por veraz la teoría de la crioconservación según la cual el cuerpo pudo preservarse en el agua durante 77 días, así como el documento y el dinero que llevaba en un bolsillo de su pantalón. Su celular jamás apareció.

-Oscar Petersen era el secretario de Derechos Humanos de Chubut en esos días. Solo hizo alguna tibia declaración en algún medio del valle y jamás se involucró en la causa como debió haber hecho dado que ocurrió en su jurisdicción.

Cuando accedió a alguna entrevista, fue con medios nacionales donde llegó a decir que "el juez decía que no podía tomar como testigos a personas que no habían presentado su documento, que estaban con la cara tapada, que es lo que sí está sucediendo ahora", en referencia a los integrantes de la comunidad mapuche que sufrían continuos hostigamientos de gendarmes y policías.

A Petersen le preocupaba sobre todo aclarar que "la policía local de Chubut no tuvo participación. En el operativo sólo participó Gendarmería".

El referente del Polo Social tuvo tal protección mediática que aún hoy nadie le pregunta por el doloroso episodio. Este año fue candidato a gobernador de Chubut, aunque no alcanzó el 2% de los votos. Ahora respalda a César Ayala como candidato a diputado nacional.

Petersen apoya también la candidatura presidencial de Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey, luego de haber coqueteado con el militar "carapintada" Juan José Gómez Centurión, del partido Nos.

-La abogada comodorense Verónica Heredia tuvo un papel destacado en la investigación. Fue la querellante que representó a los familiares de Santiago Maldonado y no se dejó amilanar por las oscuras fuerzas visibles e invisibles que procuraban deslindar de la desaparición al gobierno de Macri.

Heredia no era una novata en causas pesadas, ya que tuvo a su cargo la representación de María Millacura, la mamá de Iván Torres, desaparecido en el centro de Comodoro Rivadavia en octubre de 2003. El caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La letrada se opuso al cierre de la causa que dispuso el juez Lleral el 29 de noviembre de 2018, ratificando que no le daba crédito a lo actuado en la instrucción. Por ese motivo adoptó los pasos correspondientes para la reapertura de la causa. La presentación ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia tuvo lugar dos meses más tarde, en enero de este año.

"Es necesario que se inicie una investigación para determinar las circunstancias sobre lo que pasó con Santiago, desaparecido desde el 1 de agosto al 17 de octubre de 2017", pide Heredia en nombre de la familia.

Es que los Maldonado quieren que alguna vez se conozca a "los responsables intelectuales y materiales de un caso que hasta la fecha tiene impunidad".

Eso fue lo que expuso ante el Tribunal que preside Javier Leal de Ibarra, también subdirector de la cuestionada Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (oficina de escuchas) que depende de la Corte Suprema de Justicia.

Como aquí tampoco encontró mayor receptividad, el caso ya está en la CIDH. Puntualmente, se exige "una investigación independiente, imparcial, pronta y efectiva".