La situación de virtual quiebra de la economía chubutense se sustenta en la imposibilidad de la gestión de Mariano Arcioni de hacer funcionar al Estado provincial. No puede pagar salarios estatales (vuelve el pago escalonado), saldar la morosidad con los prestadores ni afrontar los pagos de la deuda en dólares y del endeudamiento en pesos con Nación.
Chubut no puede cumplir con todos sus compromisos a la vez. El gobierno provincial largó nuevamente una campaña de desprestigio y estigmatización contra los empleados públicos.
El actual gobierno de Arcioni y sus antecesores generaron una crisis económica financiera acumulativa que ahora volvió a explotar como una bomba de tiempo.
Las opciones que se barajan son atajos financieros pasajeros poco sustentables que terminarán provocando futuras crisis recurrentes.
Hace más de un año que los problemas se profundizan y no aparecen las salidas que posibiliten comenzar a resolver las enormes dificultades económicas. No se trata solamente de tomar medidas que apunten a sortear financieramente las crisis permanentes, sino a construir una salida de fondo.
La provincia esta quebrada económicamente a pesar de ser una de las más ricas en recursos naturales y los problemas no se resuelven con simples medidas financieras ni con la declaración por un año más de la Emergencia Económica que firmó el gobernador la semana pasada.
Las perspectivas a futuro son dudosas si no se toman acciones de fondo que posibiliten construir un esquema productivo y tributario sólido que apunte a la sustentabilidad en el tiempo, aunque para eso se necesita decisión y fortaleza política, algo de lo que el reelecto gobernador no se puede jactar.
Por si fuera poco, la administración de Arcioni se empecina en ocultar la información de las cuentas públicas, situación que llevó a Chubut a ser la provincia peor calificada del país por la falta de difusión pública oficial de sus finanzas.
Transparencia cero
La Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) ubicó a Chubut en el último lugar dentro de la lista de provincias de acuerdo a su nivel de transparencia y advirtió que "El último conjunto (grupo V) está formado por las provincias cuya información disponible en sus páginas oficiales no cumple con ningún requisito establecido, ni siquiera. Allí se encuentra Chubut".
Las únicas opciones para soportar la profunda crisis por la que atraviesa la provincia son: renegociar los vencimientos en dólares y tomar nuevos préstamos en pesos; aplicar un brutal ajuste sobre los salarios y despedir públicos; o la opción más viable que es la de repensar el esquema productivo y tributario provincial, revisando el destino de la deuda y bajando los intereses, en la búsqueda de un futuro de sustentabilidad económica. Arcioni claramente esta eligiendo entre las dos primeras.
Campaña contra los estatales
La dinámica de crisis chubutense llevó a la provincia a volver a caer en el mismo problema que sufrió casi todo el año pasado con el atraso en el pago de los salarios de los empleados públicos, la negativa a habilitar paritarias en función de la inflación, el incumplimiento de los pagos a los proveedores y la ineficiencia para poder atender a las necesidades básicas de funcionamiento del Estado como sucedió con la refacción y puesta a punto de las escuelas en toda la provincia.
En medio de esta nueva faceta de la crisis arremetió contra los sueldos de los empleados públicos.
El gobierno de Arcioni busca nuevamente culpabilizar a los trabajadores estatales por lo que entiende son los "altos salarios", especialmente a los de docentes y auxiliares de la educación, y adoptó una difusión masiva a través de medios de comunicación afines sobre la variación salarial de algunos sectores y el impacto de los sueldos en las cuentas públicas.
Con la clara intención de estigmatizar a los empleados públicos frente a la sociedad, difundió en su web y las redes sociales un material titulado "En los últimos doce meses el salario docente aumentó en promedio un 96% y el de los auxiliares un 93%".
Allí detalló que "Entre junio de 2018 y junio de 2019, la masa salarial del Ministerio de Educación del Chubut aumentó un 121% como resultado del incremento que tuvieron los salarios de docentes y auxiliares, además del impacto que implicó el pase a planta de los trabajadores precarizados".
Medios afines al gobierno se sumaron a la embestida contra docentes, auxiliares y demás estatales publicando que "desde junio de 2018 a junio de 2019 el aumento interanual supera el 100%, pasando de $1.748 millones en junio del 2018 a $3.724 millones en el sexto mes de 2019, registrando un alza del 113%", y agregaron que "el dato es aún más contundente fue que el gobierno desembolsó $5.383.993.486 entre haberes de junio y el medio aguinaldo".
La información no se puede corroborar formalmente aún, pero el último dato oficial publicado por el Ministerio de Economía de Nación refleja datos bastante diferentes a los enunciados en la campaña del gobierno chubutense. Según esos informes, la masa salarial total de la provincia solamente se incrementó 68% durante el primer trimestre del año, pasando de 5.571 millones de pesos a los 9.370 millones en los tres primeros meses de 2019.
Las tensiones y atrasos se profundizaron en julio, porque el descalabro financiero de la gestión de Arcioni no puede pagar aguinaldos, sueldos, prestadores y deudas de manera conjunta. Es por eso que la solución no surgirá de nuevos endeudamientos o refinanciaciones de los empréstitos tomados en los propios años del actual gobernador, su antecesor Martín Buzzi y el fallecido Mario Das Neves.
Ingresos y egresos
En contrapartida y sobre la base de los mismos informes mencionados, los gastos corrientes de Chubut en el primer trimestre se incrementaron 95% -casi 30% por encima del aumento del conjunto de la masa salarial estatal-; pasando de 7.500 millones de pesos en el arranque de 2018 a los 14.665 millones de pesos de este 2019.
Los ingresos corrientes provinciales al primer trimestre del año fueron de 14.946 millones de pesos frente a los 8.493 millones de pesos del mismo período de 2018, lo que se traduce en un aumento del 76%. Eso implica que los ingresos de Chubut estuvieron cerca de 10% por encima de la variación del conjunto de gastos en salarios.
Un elemento más a tener en cuenta es que en todo 2018 la masa salarial de Chubut solamente varió 18% respecto a la del 2017, mientras que los gastos corrientes interanuales aumentaron 24% y los ingresos corrientes 61%.
A priori, esos ingresos deberían haberle permitido al gobierno de Arcioni llegar con fondos suficientes al inicio de 2019 para afrontar los incrementos salariales que los estatales obtuvieron luego de más de 100 días de huelgas, tomas y protestas en toda la provincia.
Al cotejar el incremento del 18% de la masa salarial de 2018 con la inflación patagónica medida por el INDEC -que a diciembre del año pasado fue de 50,6% de punta a punta entre el primero y el último mes del año-, se observa que el conjunto de los salarios estatales provinciales quedó largamente por debajo del incremento inflacionario.
Buena parte de ese desfasaje los gremios estatales consiguieron revertirlo con las paritarias obtenidas post conflictividad de la segunda mitad del año, aunque las recomposiciones se ejecutan trimestralmente luego de la suba de precios y por ende se pierde parte del poder adquisitivo del salario.
Nuevo pago escalonado
El mismo mecanismo se implantó durante toda la mitad del año pasado y luego con el advenimiento de las elecciones anticipadas en Chubut.
Luego del descalabro del mes pasado -cuando el gobierno terminó de abonar los sueldos a fines de julio- la misma estrategia volvería a instrumentarse en ese mes de agosto frente a la incapacidad de pagar salarios y deudas al mismo tiempo.
La campaña contra los sueldos de los empleados públicos no solamente tiene por objetivo estigmatizar a los trabajadores como responsables de la crisis, sino que además busca crear un ambiente propicio para instalar la instrumentación del pago escalonado de los sueldos en el Estado.
Los funcionarios provinciales darán a conocer presuntamente un cronograma de pagos a los dirigentes sindicales de la Mesa de Unidad Sindical que agrupa a los gremios estatales y se especula que será similar al implementado el año pasado, dividido en tres tramos en función de los montos salariales.
Hasta ahora no se conocieron los montos de corte de los tres escalones en cuestión; tampoco hay certezas sobre si se harán efectivos los incrementos actuales y pasados que no se abonaron junto a los sueldos.
Habrá que ver si los sindicalistas aceptan la propuesta gubernamental y qué actitud toman los trabajadores de base en las asambleas, ya que en algunos gremios vienen desbordando a sus direcciones como en el caso de los docentes autoconvocados del Valle.
Costos interminables
Después del alto costo político pagado por Arcioni en julio con la demora en el depósito de las jubilaciones, a lo que se le suma el atraso de 147 millones de pesos no saldados por los retroactivos, ahora busca que el costo de la espera salarial recaiga sobre los trabajadores y pasivos de mayores ingresos.
Esa medida no evitará que la Asociación de Magistrados y hasta inclusive los propios jubilados lo denuncien junto al ministro Luis Tarrío ante la Justicia por lo acontecido el mes pasado.
Esa parece ser la única idea original de la administración arcionista: castigar con el atraso salarial a los activos y pasivos que dependen del Estado.
Mientras, seguramente intentará obtener un respiro financiero del Gobierno nacional para que no le descuente mensualmente la abultada deuda en pesos, le facilite la toma de nuevo endeudamiento cercano a los 1.500 millones de pesos ese con una tasa que rondaría el 60% anual, y en paralelo ver si obtiene la aceptación de la Legislatura primero y después de los bonistas privados para refinanciar los vencimientos de la agobiante deuda en dólares.
De no conseguir que los tres objetivos se concreten al mismo tiempo -por lo menos los dos primeros a la espera del tercero- el gobierno de Arcioni no sólo seguirá pagando con atraso los sueldos sino que además no podrá concretarlo a lo largo de todo un mes, como casi le pasó en julio con los salarios de junio.
Nación presiona por un ajuste
Conseguir el acompañamiento del Gobierno nacional de Mauricio Macri, habilitándole el grifo de fondos en pesos, significará para Arcioni ponerse de rodillas y aplicar un fuerte ajuste fiscal como el que el Fondo Monetario Internacional (FMI) impuso a las cuestas públicas de Nación. Ese mismo ajuste que la consultora FIX Scr reveló que Chubut iba a instrumentar el año pasado y finalmente no se concretó por la lucha que establecieron los trabajadores estatales y que derrumbaron los proyectos de recortes que se habían establecido.
Aprovechando el descalabro de la economía chubutense, el Ministerio de Economía de Nación lanzó -al mismo tiempo que Arcioni difundía los salarios de los docentes y auxiliares- datos que revelan que el 61% de los gastos de la provincia son destinados al pago de sueldos.
La Fundación Libertad -que cuenta entre sus socios a las empresas y bancos más importantes del país- fue la encargada de echarle más leña al fuego y direccionar las cargas hacia la masa salarial, como queriendo adjudicarle ser una de las principales causales de la crisis provincial.
"En promedio, las provincias destinaron el 48,8% de sus presupuestos a gastos en personal durante el año 2018, según se desprende de sus ejecuciones presupuestarias. Hay grandes discrepancias entre jurisdicciones: en Chubut, el gasto en personal representa el 61% de sus erogaciones mientras que en Santiago del Estero alcanza el 37%", publicó el 1 de agosto la mencionada fundación.
%u27A1%uFE0F Las provincias destinan la mitad de su presupuesto a gastos en personal
Lo que sí admite el material en cuestión es lo explicitado por El Extremo Sur anteriormente en torno del crecimiento de la masa salarial en 2018, y lo expresa diciendo que "Teniendo en cuenta los montos totales, cabe señalar que durante el año 2018 el crecimiento del anual del gasto en personal fue de un 25,3% para el total de jurisdicciones, cifra inferior a la inflación registrada durante ese mismo período (47,6% -nacional pero que en la Patagonia fue del 50,6%-)... las jurisdicciones que tuvieron las subas más bajas fueron Tierra del Fuego con 12,7%, Misiones con 14,4% y Chubut 17,9%, en tanto que en Santa Fe el incremento fue del 23,3%, por debajo del consolidado provincial".
¿Quién tiene razón?
La información de la Fundación Libertad es certera en base a los datos publicados por el Ministerio de Economía de Nación, aunque difiere de los datos difundidos por el gobierno provincial. Según Provincia en 2018 la masa salarial chubutense representó el 52% de los gastos totales, generando una diferencia de 9 puntos porcentuales. Habrá que ver cuál de los dos gobiernos tiene la razón en este tema, pero los datos no son coincidentes.
Lo mismo pasa si se cotejan los números de los años anteriores ya que para Nación en el 2017 la masa salarial de Chubut representó el 62,5% de los gastos totales y para Provincia el 52%; mientras que en el año 2016 Nación midió una incidencia del 63,3% y Provincia del 54%.
Más allá de las diferencias entre ambos estamentos del Estado, lo cierto es que detrás de la divulgación de estos datos se esconde la intención permanente de ajustar el gasto públicos y qué mejor que hacerlo en una provincia que nuevamente se encuentra en llamas, agobiada por la crisis económica y los conflictos con los trabajadores estatales.
Una segunda parte del análisis sobre la crisis provincial que viene efectuando El Extremo Sur incluirá de manera específica las múltiples aristas que tiene el endeudamiento chubutense y sus consecuencias.
