Entrevistamos al especialista en geopolítica de la energía y recursos naturales, Gustavo Lahoud. El esquema heredado de las privatizaciones menemistas, el balance de las gestiones kirchnerista y ahora macrista en términos energéticos y la necesidad de avanzar en un plan de emergencia en lo inmediato en el marco de una perspectiva de renacionalización de los servicios con empresas públicas con control de trabajadores y usuarios finales.
Gustavo Lahoud es Licenciado en Relaciones Internacionales. Especialista en geopolítica de la energía y recursos naturales. Investigador del IDEP ATE y de la Fundación Más Derechos por Más Dignidad. Docente universitario. Autor del libro Contra el tarifazo, donde se trabajan los problemas estructurales del sistema energético dolarizado y controlado por un pequeño grupo de empresas concentradas y con un Estado cómplice que no regula en favor de la comunidad. Autor de artículos sobre temáticas de política exterior y energía.
El balance del Gobierno de Macri en la cuestión energética es muy negativo. En la planificación de la energía hay dos grandes dimensiones: por un lado disponibilidad y por el otro acceso a la energía, es fundamental mantener estable en el tiempo ese equilibrio. El macrismo se ocupó de trabajar a favor de grandes grupos concentrados la dimensión de la disponibilidad sin cuidar en nada el acceso de la energía para el conjunto de la población, comercios e industrias. Y en el medio de esto ha estado la política de los tarifazos. Se afectó así decisivamente el acceso de la población a la energía, pensando en devolverle poder de fuego, capacidad de acción y margen de maniobra a este conjunto concentrados de empresas, que además están ligadas a Macri.
Mediante tarifazos y la reducción de más de un 70 % de los subsidios en dólares al sector energético, se produjo una trasferencia de recursos hacia ese grupo concentrado de empresas. Unos primeros cálculos que logramos hacer hasta mediados del 2018, cuando ocurre la devaluación del 110 %, daba que aproximadamente esa transferencia había estado en torno a los 8.500 millones de dólares, de todos los argentinos a un conjunto de empresas gasíferas, petroleras y eléctricas que han sido las grandes ganadoras. Entre ellas, tenemos al holding Pampa Energía, cuya cabeza fundamental es Marcelo Mindlin, que tiene inversiones tanto en gas, como en petróleo y energía eléctrica , y en todos los segmentos del negocio energético. Además es el accionista principal de Edenor, que es la principal distribuidora de energía eléctrica en el país. Hay otro grupo importante que es el de Nicolás Caputo, que tiene inversiones en gas y electricidad. Entre los dos tienen un cuarto de la producción energía eléctrica de la Argentina . Ambos son los grandes ganadores de otro aspecto que está detrás de este esquema tarifario y es que las tarifas finales en los hechos están dolarizadas. Agregaría también a Techint que hoy es un gran ganador en materia de gas no convencional. Sumaria también a Rogelio Pagano que es que el maneja las cuatro empresas eléctricas de la provincia de Buenos Aires.
El resultado de todo esto es que estamos en una situación en la que el mismo Gobierno ha emparchado un sistema regulatorio que ya está totalmente desquiciado, que heredó de los noventa, y que el kirchnerismo en lo fundamental no tocó y esa es una de las grandes cuentas pendientes. La planificación energética que se heredó del kirchnerismo avanzaba o intervenía sobre distintos sectores energéticos pero no como consecuencia de una planificación integral en la que se supiera de antemano a donde ir. En los hechos se obró tarde y mal, y con un consciencia de cortísimo plazo muy vinculada a este tipo de grupos económicos, que son depredadores y que ganan siempre con el corto plazo. Entonces, Macri lo que hizo fue exacerbar todo eso. Y cambiar la dirección fundamental. Reconozcamos que mediante la política de subsidios, más allá de cómo se manejaba, el kirchnerismo aseguraba a la población un acceso a gas, electricidad y agua a un precio más o menos accesible. Hoy la población tiene que gastar entre tres y cuatro veces más de lo que gastaba.
Se necesita revertir esto. Hay que introducir en el debate electoral un escenario de transición. En primer lugar, hay que ir hacia un esquema de declaración de emergencia energética nacional. ¿En qué consiste? Por un lado, hay que frenar todo tipo de aumentos de tarifas y junto con eso hay que desganchar la dolarización de los precios mayoristas, tanto del gas natural como de la energía eléctrica. Otro elemento sobre el que hay que avanzar es que el Estado tiene que tomar el control de YPF (tenemos el 51 % de las acciones) que controla el 57 % del expendio del combustible y que es la principal productora de gas y petróleo, Vaca Muerta mediante. Hoy YPF produce gas no convencional, gas convencional, petróleo no convencional y convencional con cuencas productivas abandonadas porque hoy todo el mundo se está concentrando en el negocio de Vaca Muerta. Es la irracionalidad de este sistema energético macrista. Hay que volver a invertir, de la mano de YPF, en las cuencas tradicionales del país. Hay que poner en discusión también qué es esto de Vaca Muerta. No se puede seguir tal cual como está. Quieran ponerla en producción a escala pensando en un escenario de exportación, no para que nuestra población pueda tener acceso a un gas más barato, o para saldar una deuda histórica: que el 25 % de nuestra población no tiene gas natural por redes. Otro tema que hay que revisar es la brutal flexibilización laboral en Vaca Muerta. Ahí Guillermo Pereyra, que el principal responsable sindical, es quien dio vía libre para que se firmara la flexibilización de los convenios. Tienen que explicar por qué en este año y medio, por distintas razones, han muerto por lo menos ocho trabajadores. Otro elemento es que el Estado tiene que restituir capacidad de policía ambiental, tiene que restituir control y auditorias en las empresas. Y no lo puede hacer sino es con la participación del conjunto de los trabajadores del sector.
Y en cuanto a un plan más a largo plazo, hay que ir a un modelo pensado como empresas públicas de servicios en donde los ciudadanos y los trabajadores del sector tengan participación y una parte del control. En una primera transición podrían ser sociedades del Estado que podrían ir luego a hacia otro tipo de razón social sui generis que podamos crear y donde el Estado tenga un rol y una participación y los trabajadores también en términos de control, dirección y la consecuente participación en las ganancias. Y con un criterio de profesionalización permanente de los trabajadores, con entes reguladores que tienen que estar controlados por los sectores de consumo residencial, productivos y comerciales, porque son los directos beneficiarios del acceso a la energía. Pero esto supone que primero hay que ir hacia un esquema de transición como el que planteamos antes en el que el Estado ahí donde tiene condiciones de asumir el control lo haga, como YPF, como Transener. Este es un esquema viable es una sociedad donde primero regenere el equilibrio entre disponibilidad y el acceso a la energía como dijimos al comienzo.
¿Cuáles serían los beneficios de un esquema así? Por un lado, una reducción tarifaria. Que se pesifique y reduzca a la mitad el costo del gas y la energía eléctrica. Y por el otro, integrar a los dos millones y medios que no acceden al gas natural con redes, aumentando la conexión a redes.
