Política

Cuándo se jodió Chubut: Massoni y Antonena demonizan a los estatales en lucha mientras peligra la gobernabilidad

La crisis chubutense tuvo una escalada de conflictividad como consecuencia de la impericia y las decisiones tomadas desde la administración de Arcioni. La provincia estuvo casi incendiada el viernes con las protestas de los estatales, mientras el gobierno se regodeaba con la detención de dos docentes y amagaba con una represión masiva. El ministro Antonena lanza fantasmas y datos inexactos contra los trabajadores mientras Massoni actúa cual sheriff del conurbano. El gobernador busca refugio en los gremios privados amigos para enfrentar a los estatales. La crisis no está resuelta ni tiene miras de encaminarse y los miles de movilizados en Comodoro ayer muestran que el conflicto no retrocede.

Lo que empezó como un desequilibrio financiero que no permitía pagar los sueldos se transformó en una de tono profundamente político que pone en escena la debilidad del gobernador Mariano Arcioni, mina la gobernabilidad y lo deja expuesto a un estallido social que derrumbaría la institucionalidad. Insistir con la represión como opción a la crisis podría resultar la peor de las salidas.

El gobierno provincial hizo todo mal en el transcurso de la última semana, tras una previa que había sido muy explosiva. Después de profundizar las disputas internas con el ex ministro Luis Tarrío -quien se fue dando un portazo de Economía y advirtiendo a los gritos que no trataba con "hijos de puta"- llegó el cimbronazo de las PASO donde el oficialismo provincial apenas llegó al 10% de los votos con sus dos candidatos y quedó tercero cómodo.

Con los resultados de las PASO puestos y el descalabro financiero en marcha, cerrando casi cualquier atajo financiero para surfear la crisis producto de la alta volatilidad del dólar, los mercados y la tasa de interés; comenzaron los errores no forzados del arcionismo en el gobierno.

Primero fue el intento de cooptar al sindicalista de ATE Guillermo Quiroga, a quien le prometieron que no se iban a descontar los días de paro. Pocas horas después el gobierno anunció todo lo contrario, generando rispideces con el propio compañero de fórmula de Arcioni, Gustavo Sastre, quien quedó tan expuesto como el gremialista.

El plan de pagar una suma fija a todos los estatales el día 16 estalló por los aires. Tarrío había vaticinado con sentido común que "no se podía". Aunque el ministro Federico Massoni insistía obcecadamente con esa opción, finalmente se consolidó la propuesta del pago escalonado en tres categorías para los salarios de los empleados públicos.

La crisis económica nacional se tornó un tsunami, con el derrotado Mauricio Macri echándole la culpa a los votantes y una inflación galopante que en julio superó el 56% en la Patagonia. Los estatales volvieron a salir a las rutas para reclamar sus salarios. El gobierno de Arcioni, con una capacidad de maniobra levemente inferior a la del general Allais, siguió forzando el conflicto; y el gobernador -con un sentido suicida de la oportunidad- le siguió pidiendo "esfuerzo" a los estatales tal como si pudieran "contar con algún ahorrito" para soportar el atraso en los sueldos.

Bellver, siempre listo

Lo peor de la crisis transcurrida en la última semana se vivió el viernes cuando desde las primeras horas del día se incrementó la conflictividad. Ya el jueves se habían dado momentos de extrema tensión en las rutas de Comodoro Rivadavia cuando los docentes panfleteaban entre las camionetas de los petroleros y algunos sindicalistas quisieron subir a los yacimientos por la fuerza, mientras la policía intentaba correr a empujones a los maestros.

Diferente fue la actitud de los obreros petroleros en Sarmiento, ya que se bajaron de las camionetas e impidieron que la Infantería y las tropas policiales reprimieran a docentes y estatales.

Con las rutas repletas de trabajadores públicos en los puntos principales de la provincia, YPF -de directorio con mayoría macrista, al menos hasta diciembre- presentó una denuncia para que la Justicia Federal ordenara a la policía provincial la liberación de las rutas que conducen a los yacimientos petroleros.

El fiscal Norberto Bellver -ver el documento obtenido por EES- fue quien efectuó el requerimiento formal basándose en el artículo 194 de la Constitución, que garantiza la libre circulación.

El funcionario judicial -suegro del poderoso dirigente justicialista Néstor Di Pierro, justamente integrante del directorio de YPF- es el mismo que le abrió seis causas a los Dragones en 2012, a los docentes de la Regional Sur de la ATECh en 2013 por cortes en la Ruta 3, y contra dirigentes de ATE, la CTA y la CCC (Corriente Clasista y Combativa) en varias oportunidades.

Massoni, feliz como provocador

Montado sobre esa orden de desalojo de las rutas hizo su irrupción el ministro Massoni, quien con sus provocaciones enardeció todavía más a quienes protestaban en toda la provincia. La detención selectiva en Comodoro de los referentes docentes Daniel Murphy y Magalí Stoyanoff puso la tensión al máximo y todo estuvo a punto de estallar definitivamente.

El propio Massoni se apersonó a lo Patricia Bullrich en la ruta 7 con la policía para intimar a los manifestantes. Cuando les exigió que se retiraran o de lo contrario iban a ser desalojados por la fuerza, el reguero de pólvora ya se había extendido por todo Chubut y la noticia comenzaba a replicarse a nivel nacional. Activar a las fuerzas represivas implicaba ahondar el conflicto, subir la apuesta y poner al gobierno de su jefe al borde de una caída.

Tras casi 10 horas de detención en la comisaría Séptima y de Diadema, Murphy y Stoyanoff recuperaron su libertad. El reencuentro se transformó en una imagen que viralizaron las redes sociales y fue celebrado como un triunfo de la dignidad y la lucha, haciendo retroceder las intenciones represivas del gobierno provincial que ya habían sido anticipadas como altamente posibles por El Extremo Sur.

La jueza Suárez devela irregularidades

La situación generada por las detenciones no quedó ahí, ya que la jueza penal Mariel Suárez manifestó que la justicia provincial de Comodoro Rivadavia no ordenó ningún tipo de intervención policial en las movilizaciones por reclamos salariales.

A través de un comunicado se expresó que: "En mi calidad de jueza provincial de turno en esta ciudad me anoticié de las detenciones de los dos ciudadanos que se encontraban arribando a la manifestación y me contacté con las autoridades de turno tanto de la Fiscalía como la defensa pública a fin de procurar una respuesta rápida para la sociedad y los ciudadanos detenidos. La justicia Federal es la que se encuentra investigando los acontecimientos que motivaron esas medidas. Ante la presentación de una medida de habeas corpus por parte de la Defensa Pública provincial de la ciudad requerí en forma urgente informes al juzgado federal y frente a ese requerimiento se me anotició de la disposición de libertad. La justicia provincial adoptó medidas tendientes a que se esclarezcan los motivos de las detenciones que en ningún momento ordenó con el único fin de preservar las máximas garantías constitucionales y convencionales".

La magistrada Suárez agregó en declaraciones a Radio del Mar que en el caso siempre actuó el Juzgado Federal "cuando se confeccionaron las actas y se dejó constancia de los motivos de detenciones, las actas se entregaron a las 9 de la mañana y ahí se relacionan los análisis, pero la justicia provincial estaba atenta porque no teníamos ningún tipo de información por los hechos que se les atribuían, porque las personas detenidas no sabían por qué estaban detenidas, incluso no las dejaban entrevistarse con sus propios abogados defensores".

Por su parte, la jueza Federal Eva Parcio solicitó a Gendarmería Nacional "con la premura del caso proceda a elaborar un completo informe del suceso, adjuntándose al mismo los elementos probatorios correspondientes al caso (videos, fotografías, croquis de los hechos y todo otro elemento o dato de interés para la presente investigación)".

Antonena escupe para arriba

En medio del caos político y social vivido sobre fines de una semana caliente, el nuevo ministro de Economía Oscar Antonena -tras quedar atrapado en un piquete camino a Rawson y ser literalmente rescatado por un patrullero policial- arremetió irresponsablemente contra los manifestantes, agregando leña al fuego desde el punto de vista financiero y culpó a la "herencia recibida".

Luego de confirmar que se habían depositado los salarios de los estatales que cobran sumas menores a los 40 mil pesos, Antonena responsabilizó a las gestiones provinciales anteriores por el incremento de la planta de empleados públicos y adjudicó las dificultades para pagar los sueldos a las negociaciones paritarias que se ajustan por inflación.

Al mejor estilo del macrismo y en línea con el tan declamado ajuste nacional para lograr el déficit cero, el funcionario provincial le apuntó directamente a los empleados estatales como "el principal problema de Chubut".

Antonena expresó que "la masa de empleados estatales subió un 265% en la última década, con un crecimiento descontrolado" y especificó que "son alrededor de 61 mil empleados públicos entre activos y pasivos, cuando hace 10 años eran 23 mil".

El flamante ministro pareció escupir para arriba al responsabilizar indirectamente a las gestiones de Buzzi -en la que fue funcionario- y Das Neves, pero además develó que su modo de afrontar los graves problemas existentes será demonizar y estigmatizar a los empleados públicos.

Los dichos de Antonena no se corresponden con los datos oficiales existentes. En 2009 había en Chubut un total de 34.869 trabajadores activos en el Estado provincial. Esa cantidad se incrementó a 39.353 empleados hasta el 30 de junio de este año, según consta el informe que Tarrío envío hace pocos días a la Legislatura. La falta de veracidad de los dichos y porcentajes que maneja el flamante ministro seguramente incidió en su enfrentamiento con Tarrío. Quizás aún no tuvo tiempo para sentarse y analizar los datos históricos con precisión antes de opinar.

La gestión de Mario Das Neves incrementó la masa de empleados públicos entre 2008 y 2011, y los llevó de 31.333 a 38.738 en ese período. Sin embargo, los datos no coinciden con los que difundió Antonena. Por su parte, el gobierno de Martín Buzzi concluyó en 2015, según datos oficiales, con 44.417 empleados.

Dudas y discrecionalidad

Como el manejo de la información de la planta de personal es bastante discrecional y tampoco coinciden los datos oficiales de la provincia con los del Ministerio de Economía de la Nación podría considerarse que existe algún desfasaje en las cantidades, pudiendo superarse los 39.353 informados en la actualidad.

Según consta en el Presupuesto, en 2010 había en Chubut entre 35.550 (dato de Provincia) y 36.600 (dato de Nación) empleados frente a los 39.353 que informó Tarrío a la Legislatura o los 42.047 que el mismo ex ministro envió como proyecto de presupuesto a finales de diciembre de 2018.

La última vez que en Chubut hubo cerca de 23 mil empleados como dijo Antonena fue en 2002, cuando en el gobierno de José Luis Lizurume se registraron 23.632 trabajadores del Estado. Lo cierto es que pasaron 17 años y no 10 como dijo el ministro.

Más allá de la multiplicidad de las cifras en danza, lo cierto es que la planta de personal provincial aumento un mínimo de 12% y un máximo de 18% en diez años; números muy alejados del 265% que lanzó alegremente Antonena y que no tiene otra finalidad que agitar fantasmas y estigmatizar a los trabajadores estatales para luego hacer caer sobre ellos el peso del ajuste.

Más allá de las inconsistencias de Antonena, lo cierto es que regresó de su viaje a Buenos Aires con las manos vacías y como era previsible no consiguió fondos nacionales para salir del descalabro financiero. "Le pedimos todo lo que un gobierno provincial le puede pedir a Nación, como ATN a cuenta de la Coparticipación y refinanciación de la deuda con el Fondo Fiduciario", dijo tras regresar sin nada.

Denuncia de Magistrados

Arrinconado por la crisis, ahogado por los paros y cortes de ruta, encerrado por las propias vallas que hizo poner en la Casa de Gobierno, se ve cada vez más distanciado de la clase política de la provincia. Un caso especial es del vicegobernador electo Ricardo Sastre, quien se muestra reservado al estar fuera del gobierno actual pero expresa crecientes diferencias con Arcioni como hizo respecto del alejamiento de Tarrío y el descuento de los días de paro.

El gobernador parece estar viviendo horas aciagas; como ya le ocurrió a mediados del año pasado. El capital electoral que lo llevó a ganar en julio se licúa vertiginosamente entre sus dedos. Cada vez se queda con menos ministros que le aporten gestión o contactos políticos. Es incontable el número de funcionarios que hizo pasar por su gabinete, y queda como registro una colección de fotos tomando juramentos en Fontana 50.

La Asociación de Magistrados denunció penalmente al gobernador Arcioni y a los ministros Massoni, Antonena y al ex titular de Economía Tarrío por "demorar arbitrariamente los pagos de los funcionarios".

Su espada más filosa, pero que con frecuencia corta para adentro, es el súper

ministro Massoni. Luego de sacarse el olor a humo del chaleco antibalas que lleva bordado su nombre, lanzó frases que suenan como provocaciones: "Sabemos que hay que hacer las cosas con seriedad, sean buenas o malas; explicando, clarificando y transparentando lo que ocurrió en la provincia del Chubut"; "nuestro Gobernador tiene un plan que nos va a llevar a que nuestra provincia esté mucho mejor, ojalá que sea con el acompañamiento de todos". Para terminar, pidió a la sociedad chubutense "sangre, sudor y lágrimas" cual Churchill del subdesarrollo.

En busca de amigos

Aunque no se sabe cuál es el plan al que remite Massoni, el gobernador buscó obtener respaldo político de los sindicalistas amigos de los gremios privado, Se sacó una foto con los referentes del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, de la UOCRA Delegación Comodoro Rivadavia, del Centro de Empleados de Comercio de Comodoro Rivadavia; Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSa); SICONARA; Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca; Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA); entre otros.

Tras el encuentro, que pareció poner a los trabajadores privados de un lado y a los "feos, sucios y malos" estatales del otro, el petrolero Jorge Ávila fue quien respaldó a Arcioni con más firmeza al afirmar que "en momentos difíciles como los que está viviendo el país es necesario convocar a todos los que tenemos responsabilidades de conducir, en este caso una parte importante de los trabajadores. Ojalá los demás sindicatos entiendan y acompañen".

Ávila agregó que "la confrontación no lleva a nada, hay que buscar los caminos necesarios para encontrar en una mesa de diálogo las respuestas a todos los males que genera Nación, entre ellas quitándonos un montón de cosas que teníamos los patagónicos. Se logró un acuerdo para garantizar la paz social. Si ponemos en riesgo lo que tenemos, ponemos en riesgo hasta la gobernabilidad, y en eso no nos podemos equivocar".

No se sabe en qué consistirá el "plan" con que amenazó Massoni, pero sí está claro lo que puso sobre la mesa Ávila: el riesgo de perder la gobernabilidad. Eso no se resolverá reprimiendo, encarcelando o culpabilizando a los empleados estatales, ni aplicando un ajuste brutal que podría hacer estallar la provincia en pedazos. Chubut se ha transformado en una provincia virtualmente quebrada, asfixiada por la deuda, sin plata para hacer funcionar al Estado y con los trabajadores estatales reclamando por lo que se les adeuda con una convicción creciente.