Far West en 3 y 26: ¿quién liberó la zona y permitió el ataque en la madrugada del 4 de septiembre?Finalmente, una asamblea de trabajadores decidió levantar el piquete instalado desde el miércoles para disuadir el posible regreso de los estatales que no los dejaban pasar al yacimiento de Cerro Dragón. En paralelo, los docentes -que mantendrán el paro y cumplirán esta semana 39 días sin clases- apelarán a otros modos de reclamo. Lo que falta dejar en claro es quién permitió que fuera posible que durante esa oscura madrugada se impusiera en Comodoro Rivadavia la "ley del oeste". Datos sobre la ambigüedad de la justicia y el intento desoído de una abogada para frenar la escalada de violencia largamente anunciada.
El Gobierno de Chubut intimó a los petroleros, pero no fue por ese mensaje que levantaron el piquete. La esquela firmada por Federico Massoni y dirigida a Jorge Ávila pareció más bien una formalidad sin peso específico.
¿Qué hubiera pasado si los petroleros ignoraban el pedido del "sheriff" que funge como Jefe de Gabinete de Mariano Arcioni?
Muy probablemente nada, ya que no resulta creíble que ante la resistencia de los trabajadores el ministro y ex asesor de la diputada Otarola hubiera decidido encarar a los petroleros colocándose el chaleco verde oliva en el que hizo bordar su nombre; ni que apelara en esa aventura legal a la compañía de su fiel comisario Miguel Gómez -sobre quien pesan varias denuncias por apremios- con su cámara incorporada.
Es difícil imaginar a Massoni, Gómez y los integrantes de la Guardia de Infantería o del GEOP arrastrando por la fuerza a la veintena de petroleros que a cara descubierta mantenían el piquete montado en la rotonda de las rutas 3 y 26.
Una cosa es presionar a maestros y otra muy diferente sería enfrentar a muchachos habituados a la violencia que golpearon y robaron celulares a estatales y también a periodistas que cubrieron los tristes sucesos del miércoles 4 de septiembre a las 3 AM.
Si tiene cuatro patas y ladra
A esta altura está claro que -más allá de que sean o no los sujetos que circulan en las redes- fueron muchachos vinculados con los petroleros los que apelaron a la violencia para desalojar a los desencantados estatales que están cada vez más lejos de concederle el "gesto de grandeza" que pide el gobernador ahora que fue reelecto tras prometerles aumentos salariales, pases a planta y otras mejoras que evidentemente no está en condiciones de cumplir.
Más allá de que los violentos actuaron con sus rostros encapuchados cual miembros del Ku Klux Klan, el resultado de su acción provocó el resultado que venía pidiendo el gremio petrolero desde la semana anterior, cuando la marcha originalmente convocada para repudiar el congelamiento en los combustibles decidido por el gobierno de Mauricio Macri devino en un pedido de mesa de diálogo entre gobernantes provinciales y estatales que llevan dos meses de conflicto porque no cobran sus salarios en tiempo y forma ni tampoco les reconocen retroactivos que había prometido el propio Arcioni.
El sábado, el sector más importante de los estatales en lucha -los docentes- decidió que no volverá a impedir el acceso a los yacimientos, como tampoco intentará tomar la vital playa de combustibles que abastece a la ciudad petrolera y a Caleta Olivia.
Para que vuelva la normalidad a la actividad hidrocarburífera solo falta resolver el corte de ruta que lleva de la ciudad de Sarmiento al yacimiento de PAE. Este domingo, el intendente Ricardo Britapaja ya se atajó diciendo que en esa ciudad el conflicto provocó desocupación y que pronto lo sentirán en la recaudación municipal.
La omisión de los preventores
Arcioni tuvo un fin de semana tranquilo, si se lo compara con los inmediatamente anteriores. Sin embargo, no está cerca de ninguna solución de fondo al largo conflicto para cuya solución depende de alguna ayuda de Nación. No son justamente los actuales inquilinos de la Casa Rosada los que pueden estar en condiciones de satisfacerlo. Por varias razones, y entre ellas una de peso: el doble juego que exhibió el escribano en las horas previas a las PASO en las que Macri mordió el polvo.
El gobierno provincial terminará pagando el costo de lo que ocurrió en la rotonda de las rutas 3 y 26 más tarde o más temprano. Los tiempos de la Justicia siempre son insondables, como acaba de demostrar la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia que se expidió casi ocho meses después de que la familia Maldonado pidiera la reapertura de la causa que horas antes de la reunión del G 20 en Buenos Aires -en noviembre del año pasado- había dispuesto cerrar el juez federal Gustavo Lleral, para quien Santiago simplemente se ahogó porque no sabía nadar tras arrojarse por su propia voluntad a las frías aguas del río Chubut.
Demasiada sutileza
En los sucesos de la rotonda del acceso a Cerro Dragón la Justicia federal tuvo su responsabilidad, porque a ella apeló el ministro Massoni cuando vio que con su monólogo de frases imperativas no iba a convencer a nadie. La Justicia le respondió con la ambigüedad habitual que debía garantizar la libertad de tránsito, aunque manteniendo a la fuerza policial "a considerable distancia".
El bochorno que el funcionario protagonizó el viernes 16 de agosto al detener a dos dirigentes sindicales y el unánime repudio de esa acción lo llevó a meditar su siguiente jugada. Tal vez lo hizo en el centro de esquí al que concurrió en el fin de semana largo posterior a aquel incidente.
Lo concreto es que desde entonces un móvil policial permanecía al costado de la ruta, vigilando lo que ocurría. Ese móvil estaba ahí cuando llegaron los encapuchados. Los policías que estaban a esa hora avisaron lo que se venía.
A un par de kilómetros -en la escuela policial del barrio Stella Maris- permanecía cantidad considerable de efectivos, mientras el ministro Massoni iba y venía con su celular pegado a la oreja. Luego declararía -en lo que se pareció a un mal chiste- que cuando fue al lugar solo vio a un "grupo de camioneros".
Una abogada desoída
En los últimos minutos del día anterior -martes 3- una abogada se presentó en la Seccional Primera para solicitar un habeas corpus tanto en la Justicia provincial, como en la Federal, porque ya eran vox populi los audios de whatsapp entre petroleros citándose para llevar a cabo el desalojo.
La abogada Silvia De los Santos -conocida por su compromiso con las causas de defensa del medio ambiente- trató de impedir la violencia anunciada, pero no tuvo éxito. ¿Qué hicieron con su denuncia en la comisaría en cuestión? ¿A qué juez la elevaron? ¿Si lo hicieron, qué respuesta obtuvieron?
Algo podría deducirse de las declaraciones posteriores del jefe de la Unidad Regional de la ciudad petrolera. "Estábamos preparados para intervenir, pero nunca nos lo ordenaron; cuando empezamos a ver los videos de lo que pasaba en la ruta tampoco hubo ninguna orden", expresó el comisario Ricardo Cerda.
La interpelación a Massoni por parte de la Legislatura tendrá lugar el martes 17. Una de las preguntas que se cae de maduro es por qué no había policías para prevenir lo que rápidamente se convirtió en un escándalo nacional y que tendría horas después ese enérgico repudio de 30 mil personas marchando por las calles de Comodoro en absoluta calma.
Finalmente, una asamblea de trabajadores decidió levantar el piquete instalado desde el miércoles para disuadir el posible regreso de los estatales que no los dejaban pasar al yacimiento de Cerro Dragón. En paralelo, los docentes -que mantendrán el paro y cumplirán esta semana 39 días sin clases- apelarán a otros modos de reclamo. Lo que falta dejar en claro es quién permitió que fuera posible que durante esa oscura madrugada se impusiera en Comodoro Rivadavia la "ley del oeste". Datos sobre la ambigüedad de la justicia y el intento desoído de una abogada para frenar la escalada de violencia largamente anunciada.
El Gobierno de Chubut intimó a los petroleros, pero no fue por ese mensaje que levantaron el piquete. La esquela firmada por Federico Massoni y dirigida a Jorge Ávila pareció más bien una formalidad sin peso específico.
¿Qué hubiera pasado si los petroleros ignoraban el pedido del "sheriff" que funge como Jefe de Gabinete de Mariano Arcioni?
Muy probablemente nada, ya que no resulta creíble que ante la resistencia de los trabajadores el ministro y ex asesor de la diputada Otarola hubiera decidido encarar a los petroleros colocándose el chaleco verde oliva en el que hizo bordar su nombre; ni que apelara en esa aventura legal a la compañía de su fiel comisario Miguel Gómez -sobre quien pesan varias denuncias por apremios- con su cámara incorporada.
Es difícil imaginar a Massoni, Gómez y los integrantes de la Guardia de Infantería o del GEOP arrastrando por la fuerza a la veintena de petroleros que a cara descubierta mantenían el piquete montado en la rotonda de las rutas 3 y 26.
Una cosa es presionar a maestros y otra muy diferente sería enfrentar a muchachos habituados a la violencia que golpearon y robaron celulares a estatales y también a periodistas que cubrieron los tristes sucesos del miércoles 4 de septiembre a las 3 AM.
Si tiene cuatro patas y ladra
A esta altura está claro que -más allá de que sean o no los sujetos que circulan en las redes- fueron muchachos vinculados con los petroleros los que apelaron a la violencia para desalojar a los desencantados estatales que están cada vez más lejos de concederle el "gesto de grandeza" que pide el gobernador ahora que fue reelecto tras prometerles aumentos salariales, pases a planta y otras mejoras que evidentemente no está en condiciones de cumplir.
Más allá de que los violentos actuaron con sus rostros encapuchados cual miembros del Ku Klux Klan, el resultado de su acción provocó el resultado que venía pidiendo el gremio petrolero desde la semana anterior, cuando la marcha originalmente convocada para repudiar el congelamiento en los combustibles decidido por el gobierno de Mauricio Macri devino en un pedido de mesa de diálogo entre gobernantes provinciales y estatales que llevan dos meses de conflicto porque no cobran sus salarios en tiempo y forma ni tampoco les reconocen retroactivos que había prometido el propio Arcioni.
El sábado, el sector más importante de los estatales en lucha -los docentes- decidió que no volverá a impedir el acceso a los yacimientos, como tampoco intentará tomar la vital playa de combustibles que abastece a la ciudad petrolera y a Caleta Olivia.
Para que vuelva la normalidad a la actividad hidrocarburífera solo falta resolver el corte de ruta que lleva de la ciudad de Sarmiento al yacimiento de PAE. Este domingo, el intendente Ricardo Britapaja ya se atajó diciendo que en esa ciudad el conflicto provocó desocupación y que pronto lo sentirán en la recaudación municipal.
La omisión de los preventores
Arcioni tuvo un fin de semana tranquilo, si se lo compara con los inmediatamente anteriores. Sin embargo, no está cerca de ninguna solución de fondo al largo conflicto para cuya solución depende de alguna ayuda de Nación. No son justamente los actuales inquilinos de la Casa Rosada los que pueden estar en condiciones de satisfacerlo. Por varias razones, y entre ellas una de peso: el doble juego que exhibió el escribano en las horas previas a las PASO en las que Macri mordió el polvo.
El gobierno provincial terminará pagando el costo de lo que ocurrió en la rotonda de las rutas 3 y 26 más tarde o más temprano. Los tiempos de la Justicia siempre son insondables, como acaba de demostrar la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia que se expidió casi ocho meses después de que la familia Maldonado pidiera la reapertura de la causa que horas antes de la reunión del G 20 en Buenos Aires -en noviembre del año pasado- había dispuesto cerrar el juez federal Gustavo Lleral, para quien Santiago simplemente se ahogó porque no sabía nadar tras arrojarse por su propia voluntad a las frías aguas del río Chubut.
Demasiada sutileza
En los sucesos de la rotonda del acceso a Cerro Dragón la Justicia federal tuvo su responsabilidad, porque a ella apeló el ministro Massoni cuando vio que con su monólogo de frases imperativas no iba a convencer a nadie. La Justicia le respondió con la ambigüedad habitual que debía garantizar la libertad de tránsito, aunque manteniendo a la fuerza policial "a considerable distancia".
El bochorno que el funcionario protagonizó el viernes 16 de agosto al detener a dos dirigentes sindicales y el unánime repudio de esa acción lo llevó a meditar su siguiente jugada. Tal vez lo hizo en el centro de esquí al que concurrió en el fin de semana largo posterior a aquel incidente.
Lo concreto es que desde entonces un móvil policial permanecía al costado de la ruta, vigilando lo que ocurría. Ese móvil estaba ahí cuando llegaron los encapuchados. Los policías que estaban a esa hora avisaron lo que se venía.
A un par de kilómetros -en la escuela policial del barrio Stella Maris- permanecía cantidad considerable de efectivos, mientras el ministro Massoni iba y venía con su celular pegado a la oreja. Luego declararía -en lo que se pareció a un mal chiste- que cuando fue al lugar solo vio a un "grupo de camioneros".
Una abogada desoída
En los últimos minutos del día anterior -martes 3- una abogada se presentó en la Seccional Primera para solicitar un habeas corpus tanto en la Justicia provincial, como en la Federal, porque ya eran vox populi los audios de whatsapp entre petroleros citándose para llevar a cabo el desalojo.
La abogada Silvia De los Santos -conocida por su compromiso con las causas de defensa del medio ambiente- trató de impedir la violencia anunciada, pero no tuvo éxito. ¿Qué hicieron con su denuncia en la comisaría en cuestión? ¿A qué juez la elevaron? ¿Si lo hicieron, qué respuesta obtuvieron?
Algo podría deducirse de las declaraciones posteriores del jefe de la Unidad Regional de la ciudad petrolera. "Estábamos preparados para intervenir, pero nunca nos lo ordenaron; cuando empezamos a ver los videos de lo que pasaba en la ruta tampoco hubo ninguna orden", expresó el comisario Ricardo Cerda.
La interpelación a Massoni por parte de la Legislatura tendrá lugar el martes 17. Una de las preguntas que se cae de maduro es por qué no había policías para prevenir lo que rápidamente se convirtió en un escándalo nacional y que tendría horas después ese enérgico repudio de 30 mil personas marchando por las calles de Comodoro en absoluta calma.
