La comunidad Buenuleo impugnó la orden de desalojoDentro de los plazos previstos, la abogada de la comunidad solicitó que se revea la resolución del Juez Pichetto que resolvió el desalojo. El próximo viernes habrá una audiencia convocada por el Juez que entenderá en la impugnación.
El sitio En Estos Días publicó que la comunidad Buenuleo, a través de su abogada Natalia Araya, impugnó la resolución del Juez Sergio Pinchetto que ordenó el desalojo del territorio recuperado en la zona del barrio Pilar II, al pie del cerro Ventana.
Tal como había adelantado Araya en la audiencia de formulación de cargos durante la cual nueve mapuches fueron imputados, presentó dentro del plazo legal el pedido formal de impugnación para que se revea la decisión de avanzar con el desalojo, mientras se sustancia la investigación sobre la cuestión de fondo, es decir la propiedad original de la tierra.
La abogada cuestionó en su escrito que la orden de desalojo -a instrumentarse 72 horas después que el fallo quede firme- contraría la Ley nacional 26.160 que establece la suspensión de ese tipo de medidas, así como "los términos de la Constitución nacional y los tratados internacionales en la materia", dijo a En estos días.
Rápidamente el Poder Judicial sorteó al Juez que entenderá en la impugnación. La responsabilidad recayó en Marcos Burgos, quien ya citó a las partes para el próximo viernes.
Araya anticipó que en caso que no prospere el pedido, "hay otras instancias de impungación, y la decisión es llevar esta arbitrariedad hasta donde haga falta".
"Hemos presentado testigos que podrán nutrir al Poder Judicial en materia de derecho indígena, porque la resolución del Juez Pichetto demuestra falta de conocimiento en este tema", amplió.
La abogada de la comunidad Buenuleo reiteró que la Justicia Penal es "la última instancia" para el abordaje de las discusiones sobre la propiedad territorial, y dijo que "se saltearon instancias" antes de llegar a la audiencia de formulación de cargos, que culminó con la imputación de siete integrantes de la comunidad y otros dos mapuches -uno de ellos una autoridad- que acompañaron la recuperación.
"Durante las audiencias de mediación la comunidad no tuvo representación legal, y no existió un cabal entendimiento de lo discutido", planteó Araya.
Por otra parte, la abogada se presentó como querellante en la causa por amenazas calificadas, abierta luego que los supuestos propietarios del lote en disputa reclamaran de forma amenazante a los miembros de la comunidad que abandonen el lugar y exhibieran armas de fuego y armas blancas.
Cuestionó la demora en esa investigación, que se presentó en paralelo a la de "usurpación", y sin embargo hasta el momento no produjo ningún avance.
"Estuvo y está en juego la vida humana, que debe tener más valor que los bienes jurídicos. Pero en la causa por 'usurpación' ya tenemos imputados, y en la de las amenazas aún ni siquiera se realizó la audiencia de formulación de cargos", se quejó.
"Además de amenazas también hubo portación ilegal de armas, no sabemos si armas de guerra o de qué tipo", dijo Araya, y explicó que se constituyó como querellante para "impulsar" el expediente.
Dentro de los plazos previstos, la abogada de la comunidad solicitó que se revea la resolución del Juez Pichetto que resolvió el desalojo. El próximo viernes habrá una audiencia convocada por el Juez que entenderá en la impugnación.
El sitio En Estos Días publicó que la comunidad Buenuleo, a través de su abogada Natalia Araya, impugnó la resolución del Juez Sergio Pinchetto que ordenó el desalojo del territorio recuperado en la zona del barrio Pilar II, al pie del cerro Ventana.
Tal como había adelantado Araya en la audiencia de formulación de cargos durante la cual nueve mapuches fueron imputados, presentó dentro del plazo legal el pedido formal de impugnación para que se revea la decisión de avanzar con el desalojo, mientras se sustancia la investigación sobre la cuestión de fondo, es decir la propiedad original de la tierra.
La abogada cuestionó en su escrito que la orden de desalojo -a instrumentarse 72 horas después que el fallo quede firme- contraría la Ley nacional 26.160 que establece la suspensión de ese tipo de medidas, así como "los términos de la Constitución nacional y los tratados internacionales en la materia", dijo a En estos días.
Rápidamente el Poder Judicial sorteó al Juez que entenderá en la impugnación. La responsabilidad recayó en Marcos Burgos, quien ya citó a las partes para el próximo viernes.
Araya anticipó que en caso que no prospere el pedido, "hay otras instancias de impungación, y la decisión es llevar esta arbitrariedad hasta donde haga falta".
"Hemos presentado testigos que podrán nutrir al Poder Judicial en materia de derecho indígena, porque la resolución del Juez Pichetto demuestra falta de conocimiento en este tema", amplió.
La abogada de la comunidad Buenuleo reiteró que la Justicia Penal es "la última instancia" para el abordaje de las discusiones sobre la propiedad territorial, y dijo que "se saltearon instancias" antes de llegar a la audiencia de formulación de cargos, que culminó con la imputación de siete integrantes de la comunidad y otros dos mapuches -uno de ellos una autoridad- que acompañaron la recuperación.
"Durante las audiencias de mediación la comunidad no tuvo representación legal, y no existió un cabal entendimiento de lo discutido", planteó Araya.
Por otra parte, la abogada se presentó como querellante en la causa por amenazas calificadas, abierta luego que los supuestos propietarios del lote en disputa reclamaran de forma amenazante a los miembros de la comunidad que abandonen el lugar y exhibieran armas de fuego y armas blancas.
Cuestionó la demora en esa investigación, que se presentó en paralelo a la de "usurpación", y sin embargo hasta el momento no produjo ningún avance.
"Estuvo y está en juego la vida humana, que debe tener más valor que los bienes jurídicos. Pero en la causa por 'usurpación' ya tenemos imputados, y en la de las amenazas aún ni siquiera se realizó la audiencia de formulación de cargos", se quejó.
"Además de amenazas también hubo portación ilegal de armas, no sabemos si armas de guerra o de qué tipo", dijo Araya, y explicó que se constituyó como querellante para "impulsar" el expediente.
