Los Trappa vuelven a la carga para quedarse en el cerro Catedral sin licitaciónDesde hace meses los directivos de la empresa mantienen reuniones con funcionarios municipales, dirigentes de la oposición y empresarios. Maquillarán el proyecto original y someterán el desarrollo inmobiliario a estudios de impacto ambiental. El miércoles habría una audiencia judicial.
Pasadas las elecciones provincial y municipal que ratificaron las gestiones de Juntos Somos Río Negro, la empresa Catedral Alta Patagonia (CAPSA) renovó su presión para lograr ampliar la concesión del manejo del cerro hasta 2056, sin someterse a un proceso licitatorio.
Para lograrlo, sus propietarios -con Sebastián Trappa a la cabeza- y su abogado, Juan Consolani, vienen manteniendo periódicos encuentros con funcionarios municipales, con empresarios turísticos, y con el legislador del Frente de Todos, Alejandro Ramos Mejía, uno de los impulsores de la medida cautelar que, primero en una Cámara Civil y luego en el Superior Tribunal de Justicia (STJ), logró frenar el intento de evitar la licitación y abrir la puerta a un millonario negocio inmobiliario.
Según publicó el portal En Estos Días, la estrategia de la familia Trappa para destrabar la situación incluye dos vías: intentar lograr el desestimiento de los impulsores de la medida judicial contra la extensión contractual; y garantizar que cada proyecto de desarrollo urbanístico sea avalado por la conformación del Concejo Municipal que asumirá el próximo 10 de diciembre.
Este miércoles está previsto el desarrollo de una audiencia convocada por el Superior Tribunal de Justicia -aunque a esta hora se duda de su realización- y los vecinos que se movilizaron en torno al tema -organizados bajo el nombre de Vecinos por el Cerro- ya se pusieron en alerta: a través de las redes sociales se están convocando para evitar que una negociación a sus espaldas quiebre el movimiento generado por el intento del Intendente Gustavo Gennuso y CAPSA de sortear la licitación.
Los vecinos lograron reunir más de 5 mil firmas pidiendo que el futuro del cerro se discuta de manera abierta a la comunidad, y que los proyectos sobre su administración se sometan a un referéndum.
Ramos Mejía admitió a En estos días que a título personal, viene realizando reuniones para intentar destrabar la situación. "Se está trabajando para que el Municipio y por consiguiente la comunidad de Bariloche logre mejores condiciones del contrato", explicó.
La empresa -que forma parte del mismo conglomerado que la poderosa Vía Bariloche- trabaja junto a funcionarios municipales sobre un borrador que maquilla el proyecto original: Amplía mínimamente la cantidad de pases del que deriva el cálculo del canon que CAPSA debe pagar anualmente; incrementa el número de pases de cortesía y sociales; y establece que el desarrollo inmobiliario sobre las 70 hectáreas al pie del Catedral debe ser sometido a Rango I, es decir que cada obra deberá contar con un estudio de impacto ambiental.
El escrito sobre el que trabaja la empresa y el Municipio -y al que tuvo acceso En estos días- repasa que el contrato aprobado por la ordenanza de 2018 (Nº 2929) -luego de una masiva audiencia pública que por amplísima mayoría rechazo el proyecto-, implicó una "readecuación, diversificación y reimplantación de las áreas asignadas para el desarrollo urbanístico", lo cual redujo "en forma sustancial la superficie total involucrada" -de 110 a 70 hectáreas-, que pasaron a "estar ubicadas en diferentes sectores y con una superficie notoriamente inferior a la prevista en el pliego de 1992".
En el intento por atemperar el rechazo social que provocó el proyecto de eternización en el Catedral, el borrador resalta que el cambio en la dimensión y ubicación del proyecto inmobiliario implica "un desarrollo urbanístico menor en cuanto a la cantidad de hectáreas previstas en la licitación originaria, sino que además se ha previsto la utilización de áreas más aptas y con mayor capacidad de acogida en términos ambientales".
Cada instancia de desarrollo urbanístico deberán tener el tratamiento por Rango Temático I, es decir que "deberá contar con informe de sensibilidad ambiental, un anteproyecto, una evaluación de impacto ambiental y un proyecto evaluado a través de un proceso amplio de participación técnica, política y ciudadana, para luego ser enviado al Concejo Municipal, para su análisis, estudio y aprobación".
Esa aprobación en el Concejo Municipal requerirá una mayoría especial compuesta por ocho votos. El oficialismo de Juntos Somos Río Negro cuenta con cinco ediles, y descarta el aval de las bancadas de Juntos por el Cambio (ex Cambiemos) y el PUL, cuyo principal dirigente es el sindicalista Wálter Cortés, quien ya en 2017 y 2018 jugó fuerte a favor del acuerdo con CAPSA.
El octavo voto correspondería a la banca del ex Jefe de Gabinete de Gennuso, Pablo Chamatrópulos, ya que los tres del Frente de Todos se descuenta que no acompañarían la iniciativa.
El edil electo por Podemos Bariloche cuestionó el acuerdo con CAPSA durante la reciente campaña. Es más, dijo que fue posible en 2017 una vez que Gennuso le pidió la renuncia al cargo en su gabinete.
Las próximas horas serán claves para conocer el progreso de las negociaciones y saber si se realiza la audiencia judicial a la que deberían concurrir los representantes de CAPSA y los referentes del Frente de Todos que interpusieron la medida contencioso administrativa y lograron la cautelar.
Desde hace meses los directivos de la empresa mantienen reuniones con funcionarios municipales, dirigentes de la oposición y empresarios. Maquillarán el proyecto original y someterán el desarrollo inmobiliario a estudios de impacto ambiental. El miércoles habría una audiencia judicial.
Pasadas las elecciones provincial y municipal que ratificaron las gestiones de Juntos Somos Río Negro, la empresa Catedral Alta Patagonia (CAPSA) renovó su presión para lograr ampliar la concesión del manejo del cerro hasta 2056, sin someterse a un proceso licitatorio.
Para lograrlo, sus propietarios -con Sebastián Trappa a la cabeza- y su abogado, Juan Consolani, vienen manteniendo periódicos encuentros con funcionarios municipales, con empresarios turísticos, y con el legislador del Frente de Todos, Alejandro Ramos Mejía, uno de los impulsores de la medida cautelar que, primero en una Cámara Civil y luego en el Superior Tribunal de Justicia (STJ), logró frenar el intento de evitar la licitación y abrir la puerta a un millonario negocio inmobiliario.
Según publicó el portal En Estos Días, la estrategia de la familia Trappa para destrabar la situación incluye dos vías: intentar lograr el desestimiento de los impulsores de la medida judicial contra la extensión contractual; y garantizar que cada proyecto de desarrollo urbanístico sea avalado por la conformación del Concejo Municipal que asumirá el próximo 10 de diciembre.
Este miércoles está previsto el desarrollo de una audiencia convocada por el Superior Tribunal de Justicia -aunque a esta hora se duda de su realización- y los vecinos que se movilizaron en torno al tema -organizados bajo el nombre de Vecinos por el Cerro- ya se pusieron en alerta: a través de las redes sociales se están convocando para evitar que una negociación a sus espaldas quiebre el movimiento generado por el intento del Intendente Gustavo Gennuso y CAPSA de sortear la licitación.
Los vecinos lograron reunir más de 5 mil firmas pidiendo que el futuro del cerro se discuta de manera abierta a la comunidad, y que los proyectos sobre su administración se sometan a un referéndum.
Ramos Mejía admitió a En estos días que a título personal, viene realizando reuniones para intentar destrabar la situación. "Se está trabajando para que el Municipio y por consiguiente la comunidad de Bariloche logre mejores condiciones del contrato", explicó.
La empresa -que forma parte del mismo conglomerado que la poderosa Vía Bariloche- trabaja junto a funcionarios municipales sobre un borrador que maquilla el proyecto original: Amplía mínimamente la cantidad de pases del que deriva el cálculo del canon que CAPSA debe pagar anualmente; incrementa el número de pases de cortesía y sociales; y establece que el desarrollo inmobiliario sobre las 70 hectáreas al pie del Catedral debe ser sometido a Rango I, es decir que cada obra deberá contar con un estudio de impacto ambiental.
El escrito sobre el que trabaja la empresa y el Municipio -y al que tuvo acceso En estos días- repasa que el contrato aprobado por la ordenanza de 2018 (Nº 2929) -luego de una masiva audiencia pública que por amplísima mayoría rechazo el proyecto-, implicó una "readecuación, diversificación y reimplantación de las áreas asignadas para el desarrollo urbanístico", lo cual redujo "en forma sustancial la superficie total involucrada" -de 110 a 70 hectáreas-, que pasaron a "estar ubicadas en diferentes sectores y con una superficie notoriamente inferior a la prevista en el pliego de 1992".
En el intento por atemperar el rechazo social que provocó el proyecto de eternización en el Catedral, el borrador resalta que el cambio en la dimensión y ubicación del proyecto inmobiliario implica "un desarrollo urbanístico menor en cuanto a la cantidad de hectáreas previstas en la licitación originaria, sino que además se ha previsto la utilización de áreas más aptas y con mayor capacidad de acogida en términos ambientales".
Cada instancia de desarrollo urbanístico deberán tener el tratamiento por Rango Temático I, es decir que "deberá contar con informe de sensibilidad ambiental, un anteproyecto, una evaluación de impacto ambiental y un proyecto evaluado a través de un proceso amplio de participación técnica, política y ciudadana, para luego ser enviado al Concejo Municipal, para su análisis, estudio y aprobación".
Esa aprobación en el Concejo Municipal requerirá una mayoría especial compuesta por ocho votos. El oficialismo de Juntos Somos Río Negro cuenta con cinco ediles, y descarta el aval de las bancadas de Juntos por el Cambio (ex Cambiemos) y el PUL, cuyo principal dirigente es el sindicalista Wálter Cortés, quien ya en 2017 y 2018 jugó fuerte a favor del acuerdo con CAPSA.
El octavo voto correspondería a la banca del ex Jefe de Gabinete de Gennuso, Pablo Chamatrópulos, ya que los tres del Frente de Todos se descuenta que no acompañarían la iniciativa.
El edil electo por Podemos Bariloche cuestionó el acuerdo con CAPSA durante la reciente campaña. Es más, dijo que fue posible en 2017 una vez que Gennuso le pidió la renuncia al cargo en su gabinete.
Las próximas horas serán claves para conocer el progreso de las negociaciones y saber si se realiza la audiencia judicial a la que deberían concurrir los representantes de CAPSA y los referentes del Frente de Todos que interpusieron la medida contencioso administrativa y lograron la cautelar.
