Un grupo de unos cincuenta padres de alumnos de la emblemática Escuela 1 -acompañados por sus hijos, en un ejemplo muy discutible de virtudes cívicas- decidió romper los candados y cortó las cadenas colocadas en las puertas de ese establecimiento educativo. Luego de cuatro horas de presión quebraron la resistencia de la escasa media docena de docentes que se hallaba en el edificio. La mecha no alcanzó la pólvora por la aparición de una supervisora que ofició como mediadora de urgencia. La Policía miró todo de lejos, desentendiéndose de la situación. Evidentemente, tenían orden de no intervenir.
A partir de la ocupación de la Escuela 1 se puso en evidencia crudamente el tenor del conflicto que protagonizan el gobierno de Mariano Arcioni y los empleados públicos desde fines de julio, cuando se supo que el Estado impondría nuevamente al pago escalonado de haberes.
En el caso de la Escuela 1 una de las partes del conflicto -los padres, que se consideran "rehenes" del choque entre el Estado y los docentes- decidieron acelerar los tiempos políticos y judiciales en una acción que se puede encuadrar en el concepto de "justicia por mano propia".
Esa institución educativa posee relevancia histórica, y está ubicada en pleno centro de Comodoro. La Escuela 731, por ejemplo, fue ocupada durante más tiempo, pero el tema no aparece en la agenda de nadie. Tal vez la clave reside en que está enclavada en el barrio Pietrobelli, lejos de la sede de los centros de poder político y económico de una de las ciudades más desiguales de Argentina.
Las tomas por parte del sector docente respetan similares características. Sus protagonistas se presentan mismos como estudiantes y evitan realizar declaraciones públicas. Difunden sus puntos de vista mediante prolijos comunicados en los que reiteran las consignas básicas y sus objetivos. Entre estos últimos se encuentran la destitución del gobernador y la expulsión del gabinete del ministro más antipático, provocativo y de estilo autoritario: Federico Massoni.
Obviamente su demanda principal es cobrar en tiempo y forma sus haberes y que se normalice la obra social Seros. Al respecto se mantienen inflexibles, y los objetivos son legítimos al ciento por ciento.
Negociación y justicia
En la Escuela 1 el paro que comenzó el 22 de julio no tenía efecto práctico hasta cierto momento, ya que gran parte de los docentes continuaba en las aulas. Esa situación se mantuvo hasta el jueves 26 de septiembre, cuando tuvo lugar la toma por parte de un grupo que se presentó como integrado por estudiantes del Instituto 802 que funciona en esas instalaciones de la avenida Yrigoyen.
Los padres se movilizaron al otro día y acudieron a la Justicia, desde donde los comenzaron a derivar, acrecentando su ira e impotencia. Terminaron en el Juzgado de Paz buscando una mediación con los ocupantes; que procuraron dilatar todo lo posible una respuesta al pedido de desalojo. Hasta ahí, una situación absolutamente típica en los conflictos de escasa o mediana intensidad.
Con el respaldo de los propios docentes del establecimiento -refractarios a los principios y medidas de fuerza de la gran mayoría de sus colegas en toda la provincia- los padres acudieron también a la Justicia provincial. En ese ámbito exigieron que se identificara a los ocupantes y que se multara al gremio ATECh por cada día que se mantuvieran en el establecimiento quienes impedían el dictado de clases. Para los padres que lideraron la reacción, poco importan los derechos de los trabajadores y la política como centro de negociación democrática.
Mientras tanto, el Gobierno provincial nada dijo ni hizo al respecto. "No me llamó nadie; ni el ministro de Educación ni ningún supervisor. La gente que está en la toma son mayores de edad y no se han identificado nunca", expresó el director, Néstor Helfer; quien prolijamente informaba a los padres -antes de la toma- sobre el prácticamente "normal" desarrollo de las clases en medio de una crisis provincial de proporciones alarmantes.
Los chicos, al frente
Este jueves se vivieron cuatro largas horas de tensión. Hubo una concentración en una plaza cercana que terminó en las puertas de la escuela. Allí, padres enfurecidos cortaron cadenas y rompieron candados mientras eran grabados desde adentro de la institución por media docena de personas que permanecían con sus rostros cubiertos.
Mientras eso ocurría, una decena de dirigentes sindicales llegaba muy tarde como "refuerzo". La única que finalmente dio la cara para apoyar la toma fue la candidata a diputada nacional Emilse Saavedra.
Con sus hijos gritando como si estuvieran en una fiesta, los padres desplegaron una gran bandera y cantaron el Himno. Ahora quienes llamaban a la Policía eran los ocupantes de la escuela, temerosos de su suerte ante la airada conducta de los padres que presagiaban escenas de creciente violencia.
Los docentes respiraron algo aliviados cuando vieron llegar a la delegada administrativa de la Región VI, Laura Longo. La funcionaria hizo lo que pudo, y terminó mediando entre padres y docentes para conseguir finalmente que el edificio fuera evacuado con la promesa del reinicio de clases para el próximo lunes.
"No puedo dejar de alfabetizar"
"Yo no puedo dejar de alfabetizar en este momento porque es un proceso muy importante", tuiteaba en paralelo Romina Saltiva, una maestra de esa escuela.
Mientras el conflicto se extendía durante largas horas, algunos policías observaban de lejos la situación. Actuaron como si no fueran realmente auxiliares de la Justicia; o como si no intervenir fuera su consigna de la hora.
El hecho pudo haber terminado de otra forma, probablemente violenta. Tal vez como el desalojo en el acceso a los yacimientos ocurrido en la madrugada del 4 de septiembre. O quizás peor, teniendo en cuenta que esta vez no solo eran mayoría las mujeres, sino que también había unos 50 chicos que se ocuparon de quitar de las paredes los carteles en donde los docentes explicaban los motivos de su medida de fuerza.
