Petróleo

Las petroleras intentan frenar el congelamiento de los combustibles a pocos días de las elecciones

La Cámara Argentina de la Energía (CADE) -que representa a las principales productoras y refinadoras- presentó una acción de amparo donde pide que se declare la inconstitucionalidad de los decretos que fijaron el congelamiento de combustibles tras las PASO de agosto. Señalan a YPF como la impulsora principal de la medida, y afirman que sería un "intento desesperado de Miguel Gutiérrez para tratar de acomodarse en un gobierno de Alberto Fernández".

Aunque los directivos de las petroleras tienen la obligación de rendir cuentas ante sus accionistas y podrían tener serias consecuencias legales al no denunciar una acción gubernamental como ésta -que afecta directamente a los intereses de sus empresas- sorprende que lo hayan hecho a sólo cinco días de las elecciones.

"Comprendemos que estos son momentos muy delicados y entendemos por qué se emitieron los decretos, pero es importante asegurar que estas medidas tengan un efecto limitado y sentar la posición de la cámara", explicó al portal especializado Energía On el CEO de la CADE, Carlos Magariños.

El rojo de YPF complica a Gutiérrez

No se trata del primer guiño de Gutiérrez al candidato peronista. A finales de septiembre ya había salido a criticar el cepo y se mostró confiado en que el próximo gobierno lo resuelva.

"El gap con el Brent es de un 16% a 17% y de eso hay que salir lo más rápido posible para darle certidumbre a la inversión en el sector", afirmó, a diferencia del cauteloso silencio que había mantenido durante los meses anteriores cuando era una de las pocas petroleras que no criticaban la decisión gubernamental.

Gutiérrez también comenzó a acercarse a los gobernadores para mejorar sus posibilidades de seguir al mando de la petrolera de bandera, pero fuentes del kirchnerismo dijeron a LPO que "Gutiérrez es el pasado".

La medida fue presentada ante el Juzgado Federal de Neuquén y se suma a las presentaciones judiciales de Vista Oil & Gas y de los gobiernos de Neuquén y Río Negro, que finalmente acudieron a la Corte Suprema.

Fuente: La Política Online