Géneros

Denuncian a Cittadini, Bowen, concejales y otros funcionarios públicos por violencia de género e institucional

Las conductas violentas hacia las trabajadoras estatales en plena democracia por parte de funcionarios del gobierno, es decir por quienes tienen la responsabilidad de gestionar políticas públicas para toda la ciudadanía convierten al Estado en una máquina patriarcal de prácticas misóginas que nos hostigan, nos persiguen, nos discriminan y nos abusan.

Esta violencia político institucional se convierte en modelo autorizado de abuso de poder que afecta a nuestra salud física psíquica, a la labor diaria, a nuestros vínculos familiares y sociales, y nos vulnera económicamente.

Que el Estado reproduzca la violencia machista protege los privilegios que otorga el poder y su entorno, afecta directamente a los resultados de la gestión pública, allana las condiciones para la corrupción y erosiona el sistema democrático poniendo en peligro el Estado de Derecho rompiendo los lazos con la ciudadanía.

Cada una de nosotras padecimos y padecemos en carne propia la violencia en los ámbitos laborales, percibimos que estamos en situaciones de manifiesta inequidad hace años. Antes, nos callábamos por miedo a que nos cambien de tarea, que nos dejen sin funciones, que nos descuenten de nuestros haberes o por miedo a perder el trabajo.

Ahora, estamos juntas y organizadas para denunciar estas violencias normalizadas, disciplinadoras, y consentidas por el pacto entre machos que hay en el poder político judicial. Estamos juntas porque no vamos a permitir nunca más que una compañera sea violentada ni se sienta desamparada.

Como Multisectorial de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis y disidencias Libres y Vivas Nos Queremos tenemos la responsabilidad colectiva de exigir no más violencia de género y acoso laboral en la Administración Pública, en los entes autárquicos de la provincia y en el poder judicial.

Tenemos la obligación de manifestar que quienes nos tienen que proteger violan las normativas internacionales, nacionales y provinciales en Derechos Humanos, y específicamente las que bregan por la eliminación de la violencia contra las mujeres. De esta manera trabajar en la Administración Pública se ha convertido en un ámbito de terror y devastador para nosotras.

Porque estamos indignadas, cansadas, pero sobre todo hermanadas las trabajadoras estatales de Chubut enfrentamos al silencio cómplice y al pacto entre violentos del gobierno provincial y municipal.

Las trabajadoras estatales organizamos nuestra furia, tenemos el coraje de no callarnos más, y con las ansias de transformar nuestra provincia denunciamos públicamente a los funcionarios violentos.

LAS TRABAJADORAS ESTATALES DENUNCIAMOS a Nicolás Cittadini, Presidente de Vialidad Provincial por violencia laboral y de género, ejercida hacia nuestras compañeras. Por negar la re-categorización y reconocimiento de funciones de las técnicas capacitadas, por impedir el manejo de vehículos oficiales por el hecho de ser mujer.

Los hostigamientos sistemáticos a las trabajadoras se manifiestan de diversas formas como cuestionar sus capacidades, la no asignación de funciones, la negación de insumos laborales, el descuento en sus haberes por adherirse al paro, la persecución a las denunciantes por intermedio de sumarios administrativos, los cuales, extrañamente, tienen mayor celeridad frente a los sumarios iniciados hacia los funcionarios y las funcionarias.

Cada una de estas violencias fueron denunciadas ante la Secretaria de Trabajo durante el 2019 y a la fecha no se obtienen respuestas ni medidas concretas para cesar esta violación sistemática de derechos.

Denunciamos esta complicidad de los distintos organismos estatales para perpetrar las prácticas violentas y proteger a los machirulos.

Con la solidaridad de los y las trabajadores de vialidad se iniciaron medidas de protesta por los reclamos detallados, consiguiendo a través del Juzgado de Familia N°3 de Rawson la restitución de funciones a las compañeras removidas por Cittadini, exhortando al sr. Gobernador a nombrar un interventor normalizador de la Administración de Vialidad Provincial. Qué extraño ...¡aún no se cumple!

LAS TRABAJADORAS ESTATALES DENUNCIAMOS a Eduardo Maza, Secretario de Gobierno de la ciudad de Trelew, por discriminación por identidad de género. Este funcionario se niega al cupo laboral trans porque según él otorga privilegios para ingresar al empleo público y sólo se necesita "idoneidad", desconociendo que una persona trans ha sido vulnerada históricamente en sus derechos sistemáticamente por la sociedad y el Estado. ¡Basta de funcionarios que carecen de perspectiva de género! Exigimos su disculpa pública y RENUNCIA por su discurso de odio hacia les compañeres.

LAS TRABAJADORAS ESTATALES DENUNCIAMOS a Luis Moraga, concejal de Trelew por acoso sexual en el ámbito laboral legislativo. Denunciamos el silencio cómplice de los y las concejales y la falta de medidas concretas para prevenir y contener los casos de violencia de género dentro del Concejo Deliberante.

Denunciamos al gobierno provincial ser cómplice de la violencia laboral y sexual, que ejerció en forma constante y reiterada Luis Candia, ex delegado de la secretaria de trabajo de Trelew. La demora de la resolución del sumario administrativo omite el castigo a los abusadores sexuales en los ámbitos laborales, expresa el encubrimiento de los violentos y potencian el doble discurso frente a las capacitaciones de la Ley Micaela.

Denunciamos a Dante Bowen, Intendente de Dolavon por acoso sexual a una ex empleada del Municipio. En el año 2018, luego de la denuncia pública de Thelma Fardin, nuestra compañera, ex empleada del Municipio de Dolavon, lo denunció ante la fiscalía.

Producto de esta denuncia fue perseguida y hostigada durante largos meses, desarraigandose incluso de su localidad. Al día de la fecha la causa penal no avanzó por la connivencia del poder político con la justicia.

Lamentablemente se siguen apañando estos funcionarios violentos, empatizando con los agresores y no con las denunciantes, porque el patriarcado quiere mujeres sumisas y calladas. Desde esta Multisectorial les decimos a todas las mujeres y disidencias que se animan a denunciar que cuentan con nuestro apoyo, nosotras si les creemos y celebramos que rompan los pactos de silencio, entendiendo que la culpa y la vergüenza no son nuestras, como nos quieren hacer creer.

LAS TRABAJADORAS ESTATALES DENUNCIAMOS al Consejo Directivo de la Universidad Nacional San Juan Bosco y el Ministerio de Educación de la provincia por la falta de protección hacia las compañeras de la UNPSJB y ISFDA N°805 que el 24 de junio de 2019 realizaron presentación administrativa por discriminación, hostigamiento, maltrato, acoso y violencia de género contra el docente Bruno Sancci.

Denunciamos el incumplimiento de la Resolución Universitaria que prometió la Facultad de Humanidades para expresar el "pedido de disculpas institucional por tantos años de silencio e inacción".

Denunciamos la provocación constante de violencia del Ministerio de Educación del Chubut, que cuatro meses después de radicada la denuncia, reubicó laboralmente a Sancci en el mismo ámbito laboral en el que desempeña tareas una de las denunciantes. Esta acción afecta la integridad de las trabajadoras que se animan a manifestar las múltiples violencias vividas dentro de la administración pública.

Mientras tanto siguen llegando denuncias penales contra Sancci en la comisaría. ¿Qué más debemos esperar para que las instituciones educativas estén a la altura de las circunstancias y resuelvan como corresponde?

LAS TRABAJADORAS ESTATALES DENUNCIAMOS al Dr. Cristián Setevich, director del Hospital Santa Teresita de Rawson por Violencia de Género y Laboral. Este funcionario posee tres denuncias con procesos judiciales en curso. Las 3 damnificadas poseen Recursos de Amparo y dos de ellas cuentan con medidas de Restricción de Acercamiento, medida que es violada constantemente por el funcionario, vulnerando los derechos de las trabajadoras.

Por el hostigamiento constante del director, una compañera se tuvo que trasladar a otra dependencia. Otra de ellas padece hostigamiento por quienes se encuentran bajo el mando del director. Le suspendieron de manera arbitraria la jefatura que se encontraba desempeñando, le

realizaron descuentos en sus haberes y desarmaron el equipo de trabajo conformado, eligiendo en su lugar a gente que es funcional a estas prácticas violentas.

¡Así es, el Estado castiga a las víctimas de violencia de género y laboral y premia con la impunidad a los violentos!

LAS TRABAJADORAS ESTATALES denunciamos a DIAZ MIGUEL ANGEL, Jefe de División de Enfermería a la Licenciada ABARCA ISABEL, la Enfermera CASANOVA PAOLA, a la jefa de la División de personal Sra. MIGUELA ORTEGA, al jefe de Servicios Generales y a la jefa de mucamas por persecución, hostigamiento y violencia Laboral, Miguel Díaz tiene denuncias realizadas en 2014, 2018 y 2019. Las mismas tuvieron intervención de la Secretaria de Trabajo y del Ministerio de Salud y a la fecha actual aún se espera que se hagan efectivos los sumarios que corresponden en cada caso.

Así es, el sumario que le labraron a la compañera de vialidad por denunciar al director tiene tiempos récord de gestión, no cómo estas situaciones denunciadas en el Hospital de Rawson, que hace más de 5 años que esperan respuesta. El desigual tiempo de gestión para los sumarios cuando son a funcionarios, que cuando son a trabajadoras reafirman la violencia constante a través de la persecución laboral, el ninguneo de lo denunciado y la anulación de la persona en sus

funciones.

A la fecha los actos de hostigamiento y persecución continúan y son ejercidos por el Jefe y las Supervisoras de dicha División. En el 2019 se denuncia nuevamente a MIGUEL DIAZ, a ISABEL ABARCA, a la Enfermera PAOLA CASANOVA, a la Sra MIGUELA ORTEGA y a les jefes de Servicios Generales y de Mucamas.

Todas las denuncias mencionadas anteriormente se encuentran estancadas en la dirección de legales del Ministerio de Salud.

Denunciamos la falta de respuesta de la Ministra de Gobierno Mariana Vega y del Ministro de Salud Dr. Fabián Puratich quienes fueron puestos en conocimiento de la grave situación.

Todos los Sumarios de las personas violentas del hospital de Rawson se encuentran trabados en el mismo Ministerio de Salud.

LAS TRABAJADORAS ESTATALES DENUNCIAMOS QUE La Dirección General de Asuntos Legales se ha convertido en un agujero negro donde nada se resuelve y por el contrario se sigue sosteniendo en el sistema a estos personajes nefastos que lejos de realizar una buena gestión, se dedican a violentar a les compañeres trabajadores de la Salud. Esta grave situación de hostigamiento, persecución y violencia, lamentablemente no es la única dentro de Salud Pública, sino que antes la inacción de las autoridades, denunciar, hoy en día puede traernos muchos más problemas que soluciones, padeciendo a directivos que toman represalias y hacen insostenible la vida laboral de las mujeres y personas que se animan a exponer las prácticas sistemáticas de violencia de género y laboral en la administración pública y entes autárquicos.

Denunciamos al gobernador Mariano Arcioni y a Federico Massoni por criminalizar la protesta y la persecución a las compañeras docentes que vienen sosteniendo más de 100 días de lucha, en las calles, reclamando por los derechos que les corresponden y que el gobierno les está negando.

Denunciamos al gobernador Mariano Arcioni que INCUMPLIÓ e INCUMPLE la paritaria firmada en 2018, con la gravedad institucional que eso supone, que paga escalonadamente, sin cronograma de pagos y amenaza con el descuento de los días de paro, derecho legítimo de las trabajadoras.

Denunciamos al ministro Federico Massoni que frente al reclamo de trabajadoras y trabajadores estatales utiliza la fuerza pública para reprimir, las patotas de Loma Ávila y la provocación constante.

¡Les decimos que sabemos defender nuestros derechos en las calles, que es el lugar dónde los hemos ganado! Jorgelina y María Cristina PRESENTES!

Queremos denunciar que la burocracia de la administración pública se encuentra al servicio de los violentos: cuando somos las trabajadoras las que iniciamos denuncias administrativas por violencia laboral y de género, los procesos de sumarios se dilatan y terminan archivados o con dictámenes que carecen de perspectiva de género. En cambio, cuando son los violentos quienes utilizan esa herramienta para castigarnos por denunciar, el curso del trámite es rápido y resolutivo.

Nosotras, que somos constantemente violentadas, somos las que debemos tomarnos licencia psicológica, trasladarnos a otra dependencia, dejar nuestras funciones. Y no podemos permitir que se siga afianzando este entramado de violencia en el Estado que protege machirulos.

Compañeras que garantizan derechos en los hospitales, en las distintas dependencias del gobierno son perseguidas, violentadas con el doble daño que causa, a las trabajadoras vulneradas y al pueblo que no tiene garantizado su derecho.

El accionar y las prácticas institucionales del gobierno y sus dependencias, de los entes autárquicos provinciales distan mucho de honrar la perspectiva de género que predican al "adherir" a la Ley Micaela.

Intimamos al Gobierno Provincial a que cese en su decisión de cuidar violentos en el estado y deje de lado los discursos amigos que solo buscan la foto en los diarios.

Exigimos que se tomen las acciones pertinentes para evitar que las trabajadoras sigamos siendo víctimas del acoso y abuso por parte de algunos.

Exigimos vivir en un ambiente laboral libre de todas las violencias, el cumplimiento del cupo laboral trans/travesti, la aplicación de las capacitaciones por la Ley Micaela en todos los organismos y que se aplique en los entes autárquicos. Exigimos el cumplimiento de la ley de licencia por violencia de género.

Las trabajadoras estatales hacemos esta denuncia pública porque nos urge desarmar este entramado de prácticas violentas en la administración pública. Nos urge terminar con años de inequidad, y persecución laboral.

Este Estado es reproductor de la violencia machista hacia las trabajadoras estatales. Es protector de los violentos y sus privilegios. Es garante del patriarcado y es cómplice de los femicidios en nuestra provincia.

NOSOTRAS, TRABAJADORAS ESTATALES DECIMOS BASTA DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL ! BASTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO! BASTA DE VIOLENCIA LABORAL!