Espías, fiscales y policías: el delito de espionaje interno goza de impunidad total en ChubutEl espionaje interno en Chubut por parte de fuerzas armadas y la Policía fue noticia en los últimos días por dos acontecimientos. Por un lado, el juez Guido Otranto eximía de responsabilidades a los fiscales que aceptaron los "aportes" de un "servicio" que con la excusa de establecer la peligrosidad de Facundo Jones Huala extendió su radio a organizaciones anti minería y militantes.
Por otra, el comisario juzgado por la desaparición y muerte de Angel Bel fue señalado por haber ordenado infiltrar sindicatos hace más de 45 años.
En el medio estuvo el escándalo protagonizado por la Armada, cuyo personal de la base Zar fue denunciado en 2006 por espiar a políticos y periodistas.
El 17 de abril de 2017 los fiscales de Chubut, Fernando Rivarola y María Bottini, fueron procesados en el marco de la causa que se instruía por el espionaje a vecinos de Esquel, militantes del "no a la mina", de pueblos originarios y periodistas.
La misma medida recayó en los policías Claudio Alfredo Rodríguez y Adrián Alejandro Muñoz, que habrían tenido contacto en la zona con un agente de Inteligencia que se ocupó del espionaje y al que también procesaron, pero al que nunca condenaron.
El juez que adoptó la decisión fue Guido Otranto, el mismo que quedará en el recuerdo como la primera autoridad judicial que sucumbió a Patricia Bullrich a la hora de investigar la desaparición de Santiago Maldonado, el 1 de agosto de 2017.
Dijeron que no podían saber
La causa por el espionaje ilegal comenzó en el Juzgado Federal a cargo del juez Guido Otranto en 2015, a partir de la propia presentación de los fiscales cuestionados.
En las fichas que se conocieron de unas 30 personas de Esquel y la Comarca Andina se hacía mención a situaciones particulares y personales de diferentes vecinos de la zona con una lectura subjetiva de su vida.
El material les había sido entregado por un agente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a la brigada de investigaciones de Lago Puelo, y después se lo habían hecho llegar al Ministerio Público Fiscal en el marco de la investigación de un grupo mapuche que reclamaba la devolución de tierras en la zona de Leleque.
Los fiscales Rivarola -actualmente desempeñándose en el Valle, donde tiene la causa de la violación en manada a una menor de edad en el año 2012- y Bottini se mostraron solícitos con el agente de Inteligencia que les pidió una cita para compartir con ellos la información que disponía por haberse infiltrado entre organizaciones que se oponen a la explotación minera y son solidarios con los reclamos de los pueblos originarios respecto de recuperar tierras que ancestralmente les pertenecían.
El pasado martes 12 se conoció el último fallo del juez Otranto planteando que no hubo intención por parte de los fiscales y policías de omitir la denuncia de la perpetración del delito cometido por el agente de inteligencia, por lo que terminó absolviéndolos de cualquier responsabilidad.
Esta definición estuvo en línea con lo dispuesto en 2017 por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, que integran los jueces Aldo Suárez, Hebe Corchuelo de Huberman y Javier Leal de Ibarra, el mismo que aún comparte con Martín Irurzun la responsabilidad de la Oficina de Escuchas.
Lo cierto es que el tribunal de Comodoro había entendido que los fiscales al momento de tomar contacto con el agente AFI no sabían "nada" acerca de la tarea que esta persona realizaba o si estaba autorizado por el jefe del organismo, Gustavo Arribas, el mismo que hizo su fortuna comprando y vendiendo jugadores; y que fue absuelto rápidamente de una causa por enriquecimiento ilícito por el juez Rodolfo Canicoba Corral, quien ahora enfrenta un posible jury.
Los obreros de Futaleufú
El espionaje interno es ilegal, pero en la historia argentina hay múltiples casos denunciados y que quedaron impunes.
En el marco del juicio al comisario retirado Tito Nichols, por ejemplo, se hizo público un hecho de inusitada gravedad y que prácticamente pasó desapercibido, teniendo en cuenta que lo que se busca es esclarecer quiénes secuestraron y mataron al militante Elvio Ángel Bel en Trelew en noviembre de 1976.
El jueves 14 declaró el ex subsecretario de Derechos Humanos de Chubut, Juan Arcuri, quien hizo mención al archivo hallado cuando se reformó la Casa de Gobierno: fichas de inteligencia con seguimientos, perfiles y antecedentes de personas, gremios y grupos sociales y educativos de la zona.
Los papeles incluyen firmas y sellos de Nichols, según reconoció Arcuri, resaltando episodios que comprometen al ex comisario y ex concejal que parece no siempre tuvo la afabilidad algo forzada que exhibe por estos días; ahora que le toca responder por su pasado ante jueces y familiares de víctimas de la dictadura.
Según Arcuri, Nichols detuvo en Rawson a un cabo de apellido Onzari, de la Banda de Música, acusado de integrar la organización que encabezaba Bel.
Además, estando como jefe de la Comisaría de Trevelin, en 1974, Nichols recomendó infiltrar a policías de civil en la empresa que construía la presa de Futaleufú para un seguimiento ideológico de la actividad de la UOCRA. Su propósito era "evitar conflictos gremiales".
Chubut siempre estuvo cerca
El 18 de febrero de 2015 fueron condenados en Chubut dos ex jefes de la Armada por el espionaje ilegal en la Base Zar de Trelew. El almirante Jorge Godoy -jefe de la Armada- recibió una condena de 2 años en suspenso y fue obligado a hacer un curso de Derechos Humanos.
En tanto Benito Rótolo -su segundo-, mereció una condena de un año y ocho meses en suspenso. Fueron los que terminaron pagando -y más que levemente- la responsabilidad por el delito denunciado nueve años antes, mientras el Presidente era Néstor Kirchner y el gobernador, Mario Das Neves.
Ambos fueron considerados los únicos responsables del espionaje ilegal realizado a políticos, periodistas, funcionarios y militantes sociales, sindicales y culturales desde la Base Aeronaval Almirante Zar, en Trelew, de triste fama porque allí fue donde fusilaron a 19 presos políticos en 1972.
El fiscal federal de Rawson, Fernando Gelvez, y la querella que encabezó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) habían pedido dos años de prisión para ambos, aunque en suspenso para Rótolo y de "cumplimiento efectivo" para Godoy.
El caso tuvo su puntapié en 2006 cuando el cabo Carlos Alegre escribió un correo electrónico al CELS y contó que estaba siendo presionado para realizar tareas de espionaje explícitamente prohibidas por las leyes de Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia.
En 2012, trece marinos ya habían sido condenados por estos hechos, con penas que oscilaron entre los 6 meses y el año y medio de prisión en suspenso. Tres años después concluía el juicio con la condena a los que daban las órdenes.
Godoy y Rótolo estaban acusados por los delitos de "abuso de autoridad" y "violación de los deberes de funcionario público" porque ordenaron tareas ilegales de inteligencia o bien "omitieron -intencionalmente- hacerlas cesar".
En esos registros había seguimientos, entre la década del 90 y hasta 2006, a las organizaciones que cada 24 de marzo se convocaban para denunciar el golpe; a referentes locales de las comunidades galesas y bolivianas, por ejemplo, y también a funcionarios locales, provinciales y nacionales, como la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré, o el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde.
El espionaje interno en Chubut por parte de fuerzas armadas y la Policía fue noticia en los últimos días por dos acontecimientos. Por un lado, el juez Guido Otranto eximía de responsabilidades a los fiscales que aceptaron los "aportes" de un "servicio" que con la excusa de establecer la peligrosidad de Facundo Jones Huala extendió su radio a organizaciones anti minería y militantes.
Por otra, el comisario juzgado por la desaparición y muerte de Angel Bel fue señalado por haber ordenado infiltrar sindicatos hace más de 45 años.
En el medio estuvo el escándalo protagonizado por la Armada, cuyo personal de la base Zar fue denunciado en 2006 por espiar a políticos y periodistas.
El 17 de abril de 2017 los fiscales de Chubut, Fernando Rivarola y María Bottini, fueron procesados en el marco de la causa que se instruía por el espionaje a vecinos de Esquel, militantes del "no a la mina", de pueblos originarios y periodistas.
La misma medida recayó en los policías Claudio Alfredo Rodríguez y Adrián Alejandro Muñoz, que habrían tenido contacto en la zona con un agente de Inteligencia que se ocupó del espionaje y al que también procesaron, pero al que nunca condenaron.
El juez que adoptó la decisión fue Guido Otranto, el mismo que quedará en el recuerdo como la primera autoridad judicial que sucumbió a Patricia Bullrich a la hora de investigar la desaparición de Santiago Maldonado, el 1 de agosto de 2017.
Dijeron que no podían saber
La causa por el espionaje ilegal comenzó en el Juzgado Federal a cargo del juez Guido Otranto en 2015, a partir de la propia presentación de los fiscales cuestionados.
En las fichas que se conocieron de unas 30 personas de Esquel y la Comarca Andina se hacía mención a situaciones particulares y personales de diferentes vecinos de la zona con una lectura subjetiva de su vida.
El material les había sido entregado por un agente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a la brigada de investigaciones de Lago Puelo, y después se lo habían hecho llegar al Ministerio Público Fiscal en el marco de la investigación de un grupo mapuche que reclamaba la devolución de tierras en la zona de Leleque.
Los fiscales Rivarola -actualmente desempeñándose en el Valle, donde tiene la causa de la violación en manada a una menor de edad en el año 2012- y Bottini se mostraron solícitos con el agente de Inteligencia que les pidió una cita para compartir con ellos la información que disponía por haberse infiltrado entre organizaciones que se oponen a la explotación minera y son solidarios con los reclamos de los pueblos originarios respecto de recuperar tierras que ancestralmente les pertenecían.
El pasado martes 12 se conoció el último fallo del juez Otranto planteando que no hubo intención por parte de los fiscales y policías de omitir la denuncia de la perpetración del delito cometido por el agente de inteligencia, por lo que terminó absolviéndolos de cualquier responsabilidad.
Esta definición estuvo en línea con lo dispuesto en 2017 por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, que integran los jueces Aldo Suárez, Hebe Corchuelo de Huberman y Javier Leal de Ibarra, el mismo que aún comparte con Martín Irurzun la responsabilidad de la Oficina de Escuchas.
Lo cierto es que el tribunal de Comodoro había entendido que los fiscales al momento de tomar contacto con el agente AFI no sabían "nada" acerca de la tarea que esta persona realizaba o si estaba autorizado por el jefe del organismo, Gustavo Arribas, el mismo que hizo su fortuna comprando y vendiendo jugadores; y que fue absuelto rápidamente de una causa por enriquecimiento ilícito por el juez Rodolfo Canicoba Corral, quien ahora enfrenta un posible jury.
Los obreros de Futaleufú
El espionaje interno es ilegal, pero en la historia argentina hay múltiples casos denunciados y que quedaron impunes.
En el marco del juicio al comisario retirado Tito Nichols, por ejemplo, se hizo público un hecho de inusitada gravedad y que prácticamente pasó desapercibido, teniendo en cuenta que lo que se busca es esclarecer quiénes secuestraron y mataron al militante Elvio Ángel Bel en Trelew en noviembre de 1976.
El jueves 14 declaró el ex subsecretario de Derechos Humanos de Chubut, Juan Arcuri, quien hizo mención al archivo hallado cuando se reformó la Casa de Gobierno: fichas de inteligencia con seguimientos, perfiles y antecedentes de personas, gremios y grupos sociales y educativos de la zona.
Los papeles incluyen firmas y sellos de Nichols, según reconoció Arcuri, resaltando episodios que comprometen al ex comisario y ex concejal que parece no siempre tuvo la afabilidad algo forzada que exhibe por estos días; ahora que le toca responder por su pasado ante jueces y familiares de víctimas de la dictadura.
Según Arcuri, Nichols detuvo en Rawson a un cabo de apellido Onzari, de la Banda de Música, acusado de integrar la organización que encabezaba Bel.
Además, estando como jefe de la Comisaría de Trevelin, en 1974, Nichols recomendó infiltrar a policías de civil en la empresa que construía la presa de Futaleufú para un seguimiento ideológico de la actividad de la UOCRA. Su propósito era "evitar conflictos gremiales".
Chubut siempre estuvo cerca
El 18 de febrero de 2015 fueron condenados en Chubut dos ex jefes de la Armada por el espionaje ilegal en la Base Zar de Trelew. El almirante Jorge Godoy -jefe de la Armada- recibió una condena de 2 años en suspenso y fue obligado a hacer un curso de Derechos Humanos.
En tanto Benito Rótolo -su segundo-, mereció una condena de un año y ocho meses en suspenso. Fueron los que terminaron pagando -y más que levemente- la responsabilidad por el delito denunciado nueve años antes, mientras el Presidente era Néstor Kirchner y el gobernador, Mario Das Neves.
Ambos fueron considerados los únicos responsables del espionaje ilegal realizado a políticos, periodistas, funcionarios y militantes sociales, sindicales y culturales desde la Base Aeronaval Almirante Zar, en Trelew, de triste fama porque allí fue donde fusilaron a 19 presos políticos en 1972.
El fiscal federal de Rawson, Fernando Gelvez, y la querella que encabezó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) habían pedido dos años de prisión para ambos, aunque en suspenso para Rótolo y de "cumplimiento efectivo" para Godoy.
El caso tuvo su puntapié en 2006 cuando el cabo Carlos Alegre escribió un correo electrónico al CELS y contó que estaba siendo presionado para realizar tareas de espionaje explícitamente prohibidas por las leyes de Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia.
En 2012, trece marinos ya habían sido condenados por estos hechos, con penas que oscilaron entre los 6 meses y el año y medio de prisión en suspenso. Tres años después concluía el juicio con la condena a los que daban las órdenes.
Godoy y Rótolo estaban acusados por los delitos de "abuso de autoridad" y "violación de los deberes de funcionario público" porque ordenaron tareas ilegales de inteligencia o bien "omitieron -intencionalmente- hacerlas cesar".
En esos registros había seguimientos, entre la década del 90 y hasta 2006, a las organizaciones que cada 24 de marzo se convocaban para denunciar el golpe; a referentes locales de las comunidades galesas y bolivianas, por ejemplo, y también a funcionarios locales, provinciales y nacionales, como la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré, o el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde.
