Judiciales denuncian persecución política contra el juez KönigEl Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut emitió un comunicado donde denunció "persecución política" contra el juez de Trelew, Paulo Eduardo König, quien será investigado por presunto abuso de poder.
El Sindicato de Trabajadoras/es Judiciales de Chubut (Sitrajuch) se expresa en defensa de la Independencia del Poder Judicial; que se materializa en la Independencia de las/os Magistradas/os respecto de la injerencia de todo factor de poder interno o externo al Poder Judicial, en particular de los otros poderes del Estado; y como siempre ha sido, se manifiesta en contra de que Jueces o Juezas sean perseguidas/os por el contenido de sus sentencias o resoluciones, tal como está ocurriendo en el caso del Juez Paulo Eduardo König, titular del Juzgado Laboral de la Ciudad de Trelew; contra quien el Fiscal Daniel Báez le inició de oficio una investigación penal, imputándole el delito de abuso de autoridad previsto por los arts. 248 y 45 del Código Penal.
Estos últimos años hemos enfrentado, como clase trabajadora, otra ofensiva más del capital por cercenar nuestros derechos en pos de maximizar sus ganancias. Quienes gobiernan pretenden abolir derechos adquiridos de las/os trabajadoras/es de todas las formas imaginables.
Se busca eliminar la representación de los trabajadores y se lo hace atacando a las/os abogadas/os laboralistas, a los jueces y juezas del trabajo y a los sindicatos. Se necesita imponer un clima propicio para avanzar en la quita u omisión de derechos laborales.
Esta situación nos llevó a la Federación Judicial Argentina; la Asociación de Abogados Laboralistas; el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); la CTA de los Trabajadores; la CTA Autónoma; la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo (ANJUT), y otras organizaciones; a denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las violaciones a los derechos humanos laborales durante el gobierno de Mauricio Macri, el 24 de Octubre de 2017 en Montevideo.
"Vinimos a exponer ante esta Comisión porque en los últimos meses en la Argentina se ha verificado un cuadro de hostigamiento y criminalización de dirigentes sindicales, la "intervención" de diversos sindicatos y la estigmatización y persecución de jueces del fuero laboral y de abogados ligados a la defensa de los trabajadores", reza al inicio el documento de denuncia que se presentó ante la CIDH, órgano de la OEA.
"Los derechos laborales son derechos humanos fundamentales. En ese contexto, los jueces, los sindicalistas, los abogados laboralistas son Defensores de Derechos Humanos y garantes del derecho de acceso a la justicia (..) El agravio permanente a los abogados comprometidos con la defensa de los derechos de los trabajadores, busca atemorizarlos y dificultar que cumplan su función primordial:...Se trata de un ataque a la representación de los trabajadores, con el objetivo de eliminar la defensa legal y la acción colectiva, ... justamente la razón de ser del Derecho Social".
La denuncia presentada ante la CIDH está fundada, entre más, en la arbitrariedad de los pedidos de juicio político a los jueces laborales por el contenido de sus sentencias; en los ataques a los abogados como forma de obstaculizar el acceso a la justicia; y la criminalización de la protesta social y del conflicto colectivo del trabajo.
Por ello, también al gobierno de Arcioni le cabe esta denuncia; como,además, mostraron permanentemente su ministro Massoni y otros integrantes de su gabinete; toda vez que actuaron y actúan contra las y los trabajadores; sus organizaciones y ahora contra jueces como Martín Alesi y Paulo König; que se destacan por resolver los casos que se les plantean de acuerdo a las Constituciones Nacional y Chubutense y los tratados Internacionales de DDHH; porque a Arcioni y a sus colaboradores, no les interesa el buen desempeño de la administración de Justicia. Buscan que nadie se anime a plantear la inconstitucionalidad de la precarización y regresividad de derechos que contienen sus políticas.
En el caso del Juez König; que haya sido el Fiscal Baez; candidato de Arcioni a integrar el Superior Tribunal de Justicia; quien decidió iniciar una investigación y por una causa asociada a la suspensión del Juez Alesi, originada en una acción de vindicación interpuesta por el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Mario Luis Vivas; despierta suspicacias.
Además, como expresa la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo (ANJUT), "Cabe señalar que la decisión del magistrado ha sido tomada dentro de las atribuciones que le confiere la Constitución Nacional y la de la Provincia de Chubut en el ejercicio de la jurisdicción que le compete.Tal decisorio en modo alguno puede ser interpretado como un acto en exceso de las facultades conferidas, por cuanto, no solo el mismo fue objeto de revisión por el órgano superior inmediato sino que prima facie, no surgiría perjuicio alguno a la administración pública ni a la administración de justicia, identificadas como víctimas por el señor Representante del Ministerio Publico respecto del accionar del señor magistrado König."
Por todo lo expuesto DENUNCIAMOS LA PERSECUCIÓN POLÍTICA CONTRA EL JUEZ KÖNIG Y EXIGIMOS EL CESE DE TODA ACCIÓN QUE VIOLENTE LA INDEPENDENCIA DE JUECES; JUEZAS Y DEL PODER JUDICIAL .
El Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut emitió un comunicado donde denunció "persecución política" contra el juez de Trelew, Paulo Eduardo König, quien será investigado por presunto abuso de poder.
El Sindicato de Trabajadoras/es Judiciales de Chubut (Sitrajuch) se expresa en defensa de la Independencia del Poder Judicial; que se materializa en la Independencia de las/os Magistradas/os respecto de la injerencia de todo factor de poder interno o externo al Poder Judicial, en particular de los otros poderes del Estado; y como siempre ha sido, se manifiesta en contra de que Jueces o Juezas sean perseguidas/os por el contenido de sus sentencias o resoluciones, tal como está ocurriendo en el caso del Juez Paulo Eduardo König, titular del Juzgado Laboral de la Ciudad de Trelew; contra quien el Fiscal Daniel Báez le inició de oficio una investigación penal, imputándole el delito de abuso de autoridad previsto por los arts. 248 y 45 del Código Penal.
Estos últimos años hemos enfrentado, como clase trabajadora, otra ofensiva más del capital por cercenar nuestros derechos en pos de maximizar sus ganancias. Quienes gobiernan pretenden abolir derechos adquiridos de las/os trabajadoras/es de todas las formas imaginables.
Se busca eliminar la representación de los trabajadores y se lo hace atacando a las/os abogadas/os laboralistas, a los jueces y juezas del trabajo y a los sindicatos. Se necesita imponer un clima propicio para avanzar en la quita u omisión de derechos laborales.
Esta situación nos llevó a la Federación Judicial Argentina; la Asociación de Abogados Laboralistas; el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); la CTA de los Trabajadores; la CTA Autónoma; la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo (ANJUT), y otras organizaciones; a denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las violaciones a los derechos humanos laborales durante el gobierno de Mauricio Macri, el 24 de Octubre de 2017 en Montevideo.
"Vinimos a exponer ante esta Comisión porque en los últimos meses en la Argentina se ha verificado un cuadro de hostigamiento y criminalización de dirigentes sindicales, la "intervención" de diversos sindicatos y la estigmatización y persecución de jueces del fuero laboral y de abogados ligados a la defensa de los trabajadores", reza al inicio el documento de denuncia que se presentó ante la CIDH, órgano de la OEA.
"Los derechos laborales son derechos humanos fundamentales. En ese contexto, los jueces, los sindicalistas, los abogados laboralistas son Defensores de Derechos Humanos y garantes del derecho de acceso a la justicia (..) El agravio permanente a los abogados comprometidos con la defensa de los derechos de los trabajadores, busca atemorizarlos y dificultar que cumplan su función primordial:...Se trata de un ataque a la representación de los trabajadores, con el objetivo de eliminar la defensa legal y la acción colectiva, ... justamente la razón de ser del Derecho Social".
La denuncia presentada ante la CIDH está fundada, entre más, en la arbitrariedad de los pedidos de juicio político a los jueces laborales por el contenido de sus sentencias; en los ataques a los abogados como forma de obstaculizar el acceso a la justicia; y la criminalización de la protesta social y del conflicto colectivo del trabajo.
Por ello, también al gobierno de Arcioni le cabe esta denuncia; como,además, mostraron permanentemente su ministro Massoni y otros integrantes de su gabinete; toda vez que actuaron y actúan contra las y los trabajadores; sus organizaciones y ahora contra jueces como Martín Alesi y Paulo König; que se destacan por resolver los casos que se les plantean de acuerdo a las Constituciones Nacional y Chubutense y los tratados Internacionales de DDHH; porque a Arcioni y a sus colaboradores, no les interesa el buen desempeño de la administración de Justicia. Buscan que nadie se anime a plantear la inconstitucionalidad de la precarización y regresividad de derechos que contienen sus políticas.
En el caso del Juez König; que haya sido el Fiscal Baez; candidato de Arcioni a integrar el Superior Tribunal de Justicia; quien decidió iniciar una investigación y por una causa asociada a la suspensión del Juez Alesi, originada en una acción de vindicación interpuesta por el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Mario Luis Vivas; despierta suspicacias.
Además, como expresa la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo (ANJUT), "Cabe señalar que la decisión del magistrado ha sido tomada dentro de las atribuciones que le confiere la Constitución Nacional y la de la Provincia de Chubut en el ejercicio de la jurisdicción que le compete.Tal decisorio en modo alguno puede ser interpretado como un acto en exceso de las facultades conferidas, por cuanto, no solo el mismo fue objeto de revisión por el órgano superior inmediato sino que prima facie, no surgiría perjuicio alguno a la administración pública ni a la administración de justicia, identificadas como víctimas por el señor Representante del Ministerio Publico respecto del accionar del señor magistrado König."
Por todo lo expuesto DENUNCIAMOS LA PERSECUCIÓN POLÍTICA CONTRA EL JUEZ KÖNIG Y EXIGIMOS EL CESE DE TODA ACCIÓN QUE VIOLENTE LA INDEPENDENCIA DE JUECES; JUEZAS Y DEL PODER JUDICIAL .
