Chubut en una semana decisiva: ¿hay convivencia posible entre el avance minero y la demanda ambiental?La disyuntiva está planteada en toda su magnitud. La minería está nuevamente en el centro de todos los debates, especialmente en Chubut y todas las provincias con prohibiciones mineras. Con la llegada de Alberto Fernández al gobierno, el avance del lobby prominero se extiende a nivel nacional y busca arrinconar a los movimientos ambientalistas que lo enfrentan. La pregunta de fondo es si estos dos procesos contrapuestos pueden convivir de alguna manera o si uno se impondrá sobre el otro, con el costo político que implicaría.
El desembarco de Alberto Fernández en la Casa Rosada desató una nueva avanzada prominera en todo el país, con la mirada puesta especialmente sobre las provincias donde las prohibiciones impiden o limitan el desarrollo de la actividad extractiva.
Chubut y Mendoza han quedado en el centro de las miradas nacionales. El sector minero arremete contra los movimientos ambientalistas al sentir el respaldo político. Las organizaciones pugnan por el mantenimiento de las normativas de restricción pro ambientales.
Determinar si estos dos procesos pueden convivir, cada uno con su propia impronta y particularidades, es la cuestión central a dilucidar con vistas al futuro cercano.
Rechazar la minería de plano en todo el país es una posición de máxima, pero arremeter contra los movimientos ambientalistas y las normativas prohibicionistas puede implicar un relevante costo político.
¿Podrán convivir ambos procesos? ¿Uno puede permitir la existencia del otro? ¿El conflicto sólo se resuelve con la imposición de uno sobre el otro? ¿Cómo se conjugan en una misma provincia el No a la Mina con los promineros? ¿Cómo se resuelve esa dicotomía contrapuesta? Son algunas de las interpelaciones que surgen en estos tiempos convulsionados de minería y rechazo extractivista.
Albertismo y minería
Si bien el presidente Alberto Fernández no hizo declaraciones al respecto después de asumir la presidencia el 10 de diciembre, la designación del sanjuanino Alberto Hensel como secretario de Minería de la Nación es una clara muestra de la impronta prominera de la gestión nacional entrante.
No solamente por el origen extractivista del funcionario surgido de la provincia de San Juan -donde la Barrick Gold produjo uno de los peores derrames de la historia minera nacional en Veladero, vertiendo cianuro y otros químicos contaminantes en los ríos del departamento de Jáchal-, sino porque en el transcurso de los últimos días la impronta prominera puso la mira sobre las dos provincias que tienen las principales prohibiciones legislativas del país.
El secretario de Minería de Nación expresó que "no hay que matar a ningún proyecto (minero)", y agregó que "hay que buscar un equilibrio y en ese punto de vista, hay un equipo trabajando para que no nos suceda eso (matar un proyecto)".
Las únicas declaraciones públicas de Fernández sobre el tema minero las hizo a finales de agosto, cuando en la Capital Federal se reunió con las gobernadoras Alicia Kirchner de Santa Cruz y Lucía Corpacci de Catamarca; donde además participaron empresarios del sector minero.
En esa oportunidad y tras las PASO, Alberto manifestó que se debía "avanzar hacia la sustentabilidad social y económica de la minería"; para luego agregar que se debe concretar "una tarea de educación para que la sociedad comprenda que la minería es una oportunidad".
Después del triunfo de la primera vuelta en octubre, recibió de manos de militantes ambientalistas el libro "Hablemos de minería".
El ministro de Hidrocarburos de Chubut, Martín Cerdá, confirmó que fue invitado por el secretario Hensel para participar de una reunión el próximo martes junto funcionarios de otras provincias con potencial minero.
El ministro chubutense consideró que Fernández tiene entre sus planes avanzar con la minería y señaló que "por los discursos que ha brindado el Presidente, donde su política dijo que iba a priorizar el sector hidrocarburífero, minero y del campo. Entiendo que se va a trabajar fuerte en ese sentido y veremos nosotros cómo nos posicionamos a futuro".
El foco puesto en Chubut y Mendoza
Chubut y Mendoza quedaron en el foco de la arremetida minera nacional. En tierras chubutenses el principal avance se produjo con la sanción de la nueva Ley de Ministerios que impulsó el gobernador Mariano Arcioni y en tierras mendocinas el nuevo gobernador Rodolfo Suárez ya se puso plazos próximos para reformar la Ley 7722 conocida como "antiminera".
Por ahora son los gobernadores los que se han puesto al frente de la avanzada. La primera puntada la dio Arcioni con la Ley de Ministerios que fue promulgada y publicada en el Boletín Oficial del 11 de diciembre de este año y contiene exactamente el mismo texto del proyecto que había enviado el mandatario chubutense (para profundizar el análisis de la misma ver la publicación del EES www.elextremosur.com/nota/22302). En Chubut queda aún en pie la Ley 5001 que prohíbe el uso de cianuro y la megaminería en el territorio provincial y esa es la principal traba legislativa para los promineros.
Desde Mendoza el gobernador Suárez busca avanzar con celeridad en un proyecto que levante las prohibiciones de la Ley 7722. Según sus propios dichos intentará la semana que comienza derribar las restricciones vinculadas al uso de sustancias químicas (como ácido sulfúrico y el cianuro) así como también mezclas o disoluciones de ellas; y también cualquier otro producto químico cuya producción, importación y uso estén permitidos en el país.
En ese sentido, Hensel aseguró que "ya trabajando con la gente de Mendoza, ayer (el martes) entró la modificación a la Ley 7722. Por supuesto, no solamente hablamos con quienes hoy representan al Gobierno de Mendoza sino con nuestros compañeros y necesitamos revertir algo que trajo el exgobernador (Julio) Cobos. La única manera de que se resuelva es que los radicales, los justicialistas y los conservadores de Mendoza entiendan que todos van a poder hacer su aporte y desprenderse de sus cuestiones ideológicas".
¿Salida "racional" para Chubut?
Desde el gobierno recientemente asumido en Chubut se habla con insistencia de un esquema de minería "racional" para el desarrollo en la provincia, intentando acercarse al esquema de asociatividad tributaria que tiene la estatal Formicruz en la provincia de Santa Cruz y que le permite obtener mayores ingresos que el mísero 3% de regalías que tiene regulada la actividad en todo el país.
El flamante titular de Petrominera Chubut, Javier Touriñán, sostuvo sobre finales de semana que "el tema de discusión no debería ser la minería, sino los controles que debería tener para que la contaminación pueda ser manejable o controlable".
Touriñán expresó que "si vamos a lo que marca el Acuerdo Federal Minero, no nos podemos mover de lo que está planteado ahí. Hay un concepto de regalía que pareciera ser bastante bajo, pero lo que no está claro es cuál es su base de cálculo, si es sobre la boca de mina o no".
En ese marco le apuntó al esquema santacruceño de minería y sostuvo que "además tendría que haber bonos sobre la producción y algún otro tipo de cuestión que sea consensuado con las empresas, como en el caso del petróleo, para que el concepto de regalías pueda ser ampliado sin modificar el código minero".
En una misma línea de pensamiento, el presidente de la Comuna Rural de Gastre (Genaro Pérez) sostuvo que "Hay que darles un espacio a los que están a favor y los que están en contra. Soy un convencido de que la oposición tiene que ser parte del debate y del control. Yo los invitaría a que se sumen".
Pérez agregó que "Yo tengo las mismas preocupaciones que pueden tener los que están en contra. Todos tenemos la preocupación de cuidar el medio ambiente y de cuidar el agua"; y presagió que "hay aldeas que se fueron creando por la actividad ganadera y cada vez hay menos actividad. Entonces o generamos empleo y actividad para todos, o la Meseta va a estar complicada".
Tal como está planteada la situación en Chubut, el problema no parece ser exclusivamente el nivel de regalías que quedarían para el Estado provincial, cuántos puestos de trabajo generaría la actividad minera -ya que todos esos ítems arrojan valores escasos y de bajo impacto- ni cuánta efectividad podrían tener los controles ambientales. El movimiento antiminero surgido desde Esquel hace más de 17 años se ha consolidado con un rechazo marcado y consistente.
Proponer a la minería como la salvación para la provincia y los pueblos del interior parece ilusorio, tanto como que es la única salida productiva, laboral y social para Chubut. No menos cierto es que tampoco se puede vivir sin minería y se debe potenciar el ingenio para encontrar salidas productivas, más allá de que socialmente tenga rechazos evidentes y eso amerite el respeto y validación de la decisión popular. Los pueblos tienen derecho a elegir sus fórmulas productivas y los gobernantes deben desarrollarlas.
Cómo alcanzar un equilibrio entre ambas partes en disputa, si es que existe la posibilidad de armonizar los antagonismos, parece ser una alternativa de difícil resolución y que se va explicitando con el paso de los convulsionados días.
Quizás el problema de fondo no sea minería sí o no, sino el tipo de sistema económico y social -consumista, clasista y elitista- en que se vive y pensar alternativas permitiría transformar de manera sustentable la sociedad, sus esquemas productivos, evitar el saqueo de los recursos naturales y avanzar en la distribución de las riquezas.
La disyuntiva está planteada en toda su magnitud. La minería está nuevamente en el centro de todos los debates, especialmente en Chubut y todas las provincias con prohibiciones mineras. Con la llegada de Alberto Fernández al gobierno, el avance del lobby prominero se extiende a nivel nacional y busca arrinconar a los movimientos ambientalistas que lo enfrentan. La pregunta de fondo es si estos dos procesos contrapuestos pueden convivir de alguna manera o si uno se impondrá sobre el otro, con el costo político que implicaría.
El desembarco de Alberto Fernández en la Casa Rosada desató una nueva avanzada prominera en todo el país, con la mirada puesta especialmente sobre las provincias donde las prohibiciones impiden o limitan el desarrollo de la actividad extractiva.
Chubut y Mendoza han quedado en el centro de las miradas nacionales. El sector minero arremete contra los movimientos ambientalistas al sentir el respaldo político. Las organizaciones pugnan por el mantenimiento de las normativas de restricción pro ambientales.
Determinar si estos dos procesos pueden convivir, cada uno con su propia impronta y particularidades, es la cuestión central a dilucidar con vistas al futuro cercano.
Rechazar la minería de plano en todo el país es una posición de máxima, pero arremeter contra los movimientos ambientalistas y las normativas prohibicionistas puede implicar un relevante costo político.
¿Podrán convivir ambos procesos? ¿Uno puede permitir la existencia del otro? ¿El conflicto sólo se resuelve con la imposición de uno sobre el otro? ¿Cómo se conjugan en una misma provincia el No a la Mina con los promineros? ¿Cómo se resuelve esa dicotomía contrapuesta? Son algunas de las interpelaciones que surgen en estos tiempos convulsionados de minería y rechazo extractivista.
Albertismo y minería
Si bien el presidente Alberto Fernández no hizo declaraciones al respecto después de asumir la presidencia el 10 de diciembre, la designación del sanjuanino Alberto Hensel como secretario de Minería de la Nación es una clara muestra de la impronta prominera de la gestión nacional entrante.
No solamente por el origen extractivista del funcionario surgido de la provincia de San Juan -donde la Barrick Gold produjo uno de los peores derrames de la historia minera nacional en Veladero, vertiendo cianuro y otros químicos contaminantes en los ríos del departamento de Jáchal-, sino porque en el transcurso de los últimos días la impronta prominera puso la mira sobre las dos provincias que tienen las principales prohibiciones legislativas del país.
El secretario de Minería de Nación expresó que "no hay que matar a ningún proyecto (minero)", y agregó que "hay que buscar un equilibrio y en ese punto de vista, hay un equipo trabajando para que no nos suceda eso (matar un proyecto)".
Las únicas declaraciones públicas de Fernández sobre el tema minero las hizo a finales de agosto, cuando en la Capital Federal se reunió con las gobernadoras Alicia Kirchner de Santa Cruz y Lucía Corpacci de Catamarca; donde además participaron empresarios del sector minero.
En esa oportunidad y tras las PASO, Alberto manifestó que se debía "avanzar hacia la sustentabilidad social y económica de la minería"; para luego agregar que se debe concretar "una tarea de educación para que la sociedad comprenda que la minería es una oportunidad".
Después del triunfo de la primera vuelta en octubre, recibió de manos de militantes ambientalistas el libro "Hablemos de minería".
El ministro de Hidrocarburos de Chubut, Martín Cerdá, confirmó que fue invitado por el secretario Hensel para participar de una reunión el próximo martes junto funcionarios de otras provincias con potencial minero.
El ministro chubutense consideró que Fernández tiene entre sus planes avanzar con la minería y señaló que "por los discursos que ha brindado el Presidente, donde su política dijo que iba a priorizar el sector hidrocarburífero, minero y del campo. Entiendo que se va a trabajar fuerte en ese sentido y veremos nosotros cómo nos posicionamos a futuro".
El foco puesto en Chubut y Mendoza
Chubut y Mendoza quedaron en el foco de la arremetida minera nacional. En tierras chubutenses el principal avance se produjo con la sanción de la nueva Ley de Ministerios que impulsó el gobernador Mariano Arcioni y en tierras mendocinas el nuevo gobernador Rodolfo Suárez ya se puso plazos próximos para reformar la Ley 7722 conocida como "antiminera".
Por ahora son los gobernadores los que se han puesto al frente de la avanzada. La primera puntada la dio Arcioni con la Ley de Ministerios que fue promulgada y publicada en el Boletín Oficial del 11 de diciembre de este año y contiene exactamente el mismo texto del proyecto que había enviado el mandatario chubutense (para profundizar el análisis de la misma ver la publicación del EES www.elextremosur.com/nota/22302). En Chubut queda aún en pie la Ley 5001 que prohíbe el uso de cianuro y la megaminería en el territorio provincial y esa es la principal traba legislativa para los promineros.
Desde Mendoza el gobernador Suárez busca avanzar con celeridad en un proyecto que levante las prohibiciones de la Ley 7722. Según sus propios dichos intentará la semana que comienza derribar las restricciones vinculadas al uso de sustancias químicas (como ácido sulfúrico y el cianuro) así como también mezclas o disoluciones de ellas; y también cualquier otro producto químico cuya producción, importación y uso estén permitidos en el país.
En ese sentido, Hensel aseguró que "ya trabajando con la gente de Mendoza, ayer (el martes) entró la modificación a la Ley 7722. Por supuesto, no solamente hablamos con quienes hoy representan al Gobierno de Mendoza sino con nuestros compañeros y necesitamos revertir algo que trajo el exgobernador (Julio) Cobos. La única manera de que se resuelva es que los radicales, los justicialistas y los conservadores de Mendoza entiendan que todos van a poder hacer su aporte y desprenderse de sus cuestiones ideológicas".
¿Salida "racional" para Chubut?
Desde el gobierno recientemente asumido en Chubut se habla con insistencia de un esquema de minería "racional" para el desarrollo en la provincia, intentando acercarse al esquema de asociatividad tributaria que tiene la estatal Formicruz en la provincia de Santa Cruz y que le permite obtener mayores ingresos que el mísero 3% de regalías que tiene regulada la actividad en todo el país.
El flamante titular de Petrominera Chubut, Javier Touriñán, sostuvo sobre finales de semana que "el tema de discusión no debería ser la minería, sino los controles que debería tener para que la contaminación pueda ser manejable o controlable".
Touriñán expresó que "si vamos a lo que marca el Acuerdo Federal Minero, no nos podemos mover de lo que está planteado ahí. Hay un concepto de regalía que pareciera ser bastante bajo, pero lo que no está claro es cuál es su base de cálculo, si es sobre la boca de mina o no".
En ese marco le apuntó al esquema santacruceño de minería y sostuvo que "además tendría que haber bonos sobre la producción y algún otro tipo de cuestión que sea consensuado con las empresas, como en el caso del petróleo, para que el concepto de regalías pueda ser ampliado sin modificar el código minero".
En una misma línea de pensamiento, el presidente de la Comuna Rural de Gastre (Genaro Pérez) sostuvo que "Hay que darles un espacio a los que están a favor y los que están en contra. Soy un convencido de que la oposición tiene que ser parte del debate y del control. Yo los invitaría a que se sumen".
Pérez agregó que "Yo tengo las mismas preocupaciones que pueden tener los que están en contra. Todos tenemos la preocupación de cuidar el medio ambiente y de cuidar el agua"; y presagió que "hay aldeas que se fueron creando por la actividad ganadera y cada vez hay menos actividad. Entonces o generamos empleo y actividad para todos, o la Meseta va a estar complicada".
Tal como está planteada la situación en Chubut, el problema no parece ser exclusivamente el nivel de regalías que quedarían para el Estado provincial, cuántos puestos de trabajo generaría la actividad minera -ya que todos esos ítems arrojan valores escasos y de bajo impacto- ni cuánta efectividad podrían tener los controles ambientales. El movimiento antiminero surgido desde Esquel hace más de 17 años se ha consolidado con un rechazo marcado y consistente.
Proponer a la minería como la salvación para la provincia y los pueblos del interior parece ilusorio, tanto como que es la única salida productiva, laboral y social para Chubut. No menos cierto es que tampoco se puede vivir sin minería y se debe potenciar el ingenio para encontrar salidas productivas, más allá de que socialmente tenga rechazos evidentes y eso amerite el respeto y validación de la decisión popular. Los pueblos tienen derecho a elegir sus fórmulas productivas y los gobernantes deben desarrollarlas.
Cómo alcanzar un equilibrio entre ambas partes en disputa, si es que existe la posibilidad de armonizar los antagonismos, parece ser una alternativa de difícil resolución y que se va explicitando con el paso de los convulsionados días.
Quizás el problema de fondo no sea minería sí o no, sino el tipo de sistema económico y social -consumista, clasista y elitista- en que se vive y pensar alternativas permitiría transformar de manera sustentable la sociedad, sus esquemas productivos, evitar el saqueo de los recursos naturales y avanzar en la distribución de las riquezas.
