Caótica jornada de conflictos laborales y sociales en Caleta OliviaEn forma simultánea, ayer se registraron varias manifestaciones que involucraron a más de 400 trabajadores y desocupados en diferentes sitios de esta ciudad. La principal fue protagonizada por empleados municipales contratados por la gestión de Facundo Prades que, ante el temor de perder sus fuentes laborales, impidieron que los concejales sesionaran en la sede de los petroleros jerárquicos. Tuvieron que hacerlo en un reducido salón del edificio legislativo.
El Patagónico publicó que todas las situaciones de conflictos se produjeron entre las 9 y el mediodía pero solo fueron tres las que se visibilizaron púbicamente, dado que también persiste el paro de los choferes de la empresa de colectivos urbanos Maxia -que ayer no cortaron la ruta- y una protesta pasiva de petroleros de varias empresas contratistas de Sinopec.
Las dos restantes manifestaciones que se visibilizaron en la víspera fueron las que llevaron adelante operarios y operarias de las Fundación Santa Cruz Sustentable y desocupados nucleados en el movimiento social vinculado con el Partido Obrero.
El primer grupo provocó una gran quema de cubiertas en la delegación del Ministerio de Trabajo reclamando el pago salarios de noviembre y fecha de pago del aguinaldo.
La vocera, Jesica Costancio, dijo que a esos pedidos se suma la incertidumbre de la continuidad laboral teniendo también en cuenta que uno de los pocos lugares de trabajo que contaban -el galpón ubicado en el predio del basural- fue afectado hace pocas semanas por un incendio que dejó inutilizada la máquina de reciclaje de residuos urbanos.
En tanto los desocupados del Polo Obrero, entre ellos numerosas mujeres, acudieron a las oficinas municipales donde funciona la Secretaría de Desarrollo Social para solicitar a las nuevas autoridades no solo la entrega de bolsones de alimentos, sino también que se ponga en práctica un programa de tareas de remediación ambiental para generar puestos de empleo.
LOS CONCEJALES NO PUDIERON SESIONAR
El conflicto más relevante se registró en el acceso al edificio del sindicato de petroleros jerárquicos, ubicado en la avenida San Martín, donde cientos de empleados municipales contratados en los últimos meses de gestión del exintendente Facundo Prades (se estima que son más de 500) impidieron el ingreso del nuevo cuerpo de concejales.
Consecuentemente, en ese lugar tuvo que suspenderse la sesión extraordinaria que estaba prevista para las 10, aunque más tarde -alrededor de las 15- la misma pudo llevarse a cabo en un reducido salón del edificio legislativo comunal.
Los manifestantes tenían conocimiento de que se iba a tratar y aprobar una ordenanza que establecía que el 31 de diciembre quedarían sin efecto los contratos laborales que Prades autorizó a partir del primer día de julio de este mismo año.
En rigor, fueron cuatro los ediles que llegaron a la sede de los petroleros jerárquicos: Miguel Troncoso (presidente), Juan Carlos Juárez y Paola Álvarez, quienes conforman la bancada del Frente de Todos, y Gabriel Murúa (referente del sector de Prades), ya que el quinto edil, Gerardo Terraz, ni siquiera debutó como tal ya que solicitó licencia extraordinaria para ocupar un cargo en la Secretaría de Minería que le ofreciera el Gobierno provincial.
Hubo fuertes discusiones con los manifestantes y poca cintura política del presidente del Concejo, ya que no fueron muy convincentes sus dichos acerca de la preservación de fuentes laborales y el más coherente fue Juan Carlos Juárez, quien les dijo a los contratados que se haría todo lo posible para responder satisfactoriamente a sus demandas.
En las inmediaciones se apostaron numerosos policías, pero no se produjeron incidentes y los concejales se retiraron para más tarde llevar adelante la extraordinaria en el edificio parlamentario de la comuna, la cual se extendió hasta avanzada la tarde.
En forma simultánea, ayer se registraron varias manifestaciones que involucraron a más de 400 trabajadores y desocupados en diferentes sitios de esta ciudad. La principal fue protagonizada por empleados municipales contratados por la gestión de Facundo Prades que, ante el temor de perder sus fuentes laborales, impidieron que los concejales sesionaran en la sede de los petroleros jerárquicos. Tuvieron que hacerlo en un reducido salón del edificio legislativo.
El Patagónico publicó que todas las situaciones de conflictos se produjeron entre las 9 y el mediodía pero solo fueron tres las que se visibilizaron púbicamente, dado que también persiste el paro de los choferes de la empresa de colectivos urbanos Maxia -que ayer no cortaron la ruta- y una protesta pasiva de petroleros de varias empresas contratistas de Sinopec.
Las dos restantes manifestaciones que se visibilizaron en la víspera fueron las que llevaron adelante operarios y operarias de las Fundación Santa Cruz Sustentable y desocupados nucleados en el movimiento social vinculado con el Partido Obrero.
El primer grupo provocó una gran quema de cubiertas en la delegación del Ministerio de Trabajo reclamando el pago salarios de noviembre y fecha de pago del aguinaldo.
La vocera, Jesica Costancio, dijo que a esos pedidos se suma la incertidumbre de la continuidad laboral teniendo también en cuenta que uno de los pocos lugares de trabajo que contaban -el galpón ubicado en el predio del basural- fue afectado hace pocas semanas por un incendio que dejó inutilizada la máquina de reciclaje de residuos urbanos.
En tanto los desocupados del Polo Obrero, entre ellos numerosas mujeres, acudieron a las oficinas municipales donde funciona la Secretaría de Desarrollo Social para solicitar a las nuevas autoridades no solo la entrega de bolsones de alimentos, sino también que se ponga en práctica un programa de tareas de remediación ambiental para generar puestos de empleo.
LOS CONCEJALES NO PUDIERON SESIONAR
El conflicto más relevante se registró en el acceso al edificio del sindicato de petroleros jerárquicos, ubicado en la avenida San Martín, donde cientos de empleados municipales contratados en los últimos meses de gestión del exintendente Facundo Prades (se estima que son más de 500) impidieron el ingreso del nuevo cuerpo de concejales.
Consecuentemente, en ese lugar tuvo que suspenderse la sesión extraordinaria que estaba prevista para las 10, aunque más tarde -alrededor de las 15- la misma pudo llevarse a cabo en un reducido salón del edificio legislativo comunal.
Los manifestantes tenían conocimiento de que se iba a tratar y aprobar una ordenanza que establecía que el 31 de diciembre quedarían sin efecto los contratos laborales que Prades autorizó a partir del primer día de julio de este mismo año.
En rigor, fueron cuatro los ediles que llegaron a la sede de los petroleros jerárquicos: Miguel Troncoso (presidente), Juan Carlos Juárez y Paola Álvarez, quienes conforman la bancada del Frente de Todos, y Gabriel Murúa (referente del sector de Prades), ya que el quinto edil, Gerardo Terraz, ni siquiera debutó como tal ya que solicitó licencia extraordinaria para ocupar un cargo en la Secretaría de Minería que le ofreciera el Gobierno provincial.
Hubo fuertes discusiones con los manifestantes y poca cintura política del presidente del Concejo, ya que no fueron muy convincentes sus dichos acerca de la preservación de fuentes laborales y el más coherente fue Juan Carlos Juárez, quien les dijo a los contratados que se haría todo lo posible para responder satisfactoriamente a sus demandas.
En las inmediaciones se apostaron numerosos policías, pero no se produjeron incidentes y los concejales se retiraron para más tarde llevar adelante la extraordinaria en el edificio parlamentario de la comuna, la cual se extendió hasta avanzada la tarde.
