El arcionismo como un macrismo tardío, que le hace pagar todos los costos al empleado público"Se habla de ajuste y la única medida que tomamos es congelar sueldos", expresó el viernes el ministro de Gobierno de Chubut, José María Grazzini. Antes de su "conversión" el mismo dirigente criticaba ácidamente hasta hace un año -cuando era diputado provincial por el Frente Para la Victoria- la gestión de Mariano Arcioni. En esos tiempos el actual ministro destacaba justamente lo que consideraba una injusticia: el pago escalonado de haberes a empleados y jubilados estatales.
La inflación prevista para este mes de enero que transcurre alcanzaría el 4% (1.600 pesos en un sueldo de 40 mil). Si el gobierno nacional acierta iría disminuyendo con el correr de los meses. Sin embargo, de todos modos se llegaría a junio con un total del 20% acumulado en el mejor de los casos -el cálculo indica que serían entonces 8.000 pesos los que dejarían de cobrar los empleados públicos del primer rango tras el congelamiento-.
Si se suma la cláusula gatillo del año pasado -ya el ministro Antonena dijo que no se pagará- y la inflación que desde junio de 2019 al mismo mes de 2020 orillaría el 50%, ese porcentaje como mínimo perderá el poder adquisitivo de los salarios de los estatales. Ni más ni menos, aunque para Grazzini ello sea casi poco representativo. Dos pizzas, decían hace cuatro años.
El discurso que atrasa
Lo cierto es que en este gobierno provincial parece estar viviéndose un macrismo tardío, ya que el costo del obligado ajuste -por las deudas contraídas durante los gobiernos de Das Neves, Buzzi y el propio Arcioni entre 2017 y 2019- deberá ser pagado por los trabajadores cautivos que dependen de un salario fijo del Estado. Su mayoría no pertenecen al cuarto rango.
"Tenemos gente que está en el Estado y no trabaja, no cumplen con el contrato laboral o si está, no cumple con lo que tiene que hacer. Esta es la práctica indeseable", sostiene un Antonena cada vez más alejado de la realidad. El ministro ocupó altos cargos durante el gobierno de Buzzi y acompañó los desbarajustes de Arcioni del año pasado. Después de todo, para eso lo habían traído desde la cómoda secretaría de Gobierno de Camarones que ocupaba.
Antonena fue un soldado obediente para lo que necesitaba el gobernador que buscaba su reelección. No como el levantisco Luis Tarrío que hasta último momento se negaba a acordar paritarias que sabía serían imposibles de cumplir.
Ahora el discurso oficial es que los empleados públicos deben compartir el costo de la situación porque después de todo fue el Estado el que les proporcionó una fuente laboral desde 2003 hasta 2019. Por eso se los tiene en la mira desde distintos ámbitos, mientras algunos influyentes apelan al discurso de la resignación. "Es esto o nada", ha dicho el titular del Superior Tribunal de Justicia, Mario Vivas.
Algo parecido musitó el vicegobernador Ricardo Sastre, el dirigente que creyó que la reelección de Arcioni posibilitaría mantener más o menos unido al dasnevismo residual, sobre todo si enfrente había un candidato del sur de Chubut con escaso tacto en el arte seductor de la política.
Nada está garantizado
Este lunes 20, el ministro de Economía deberá explicar en la Legislatura los detalles del ajuste histórico que proyectó Arcioni en Chubut para que en Buenos Aires empiecen a verlo como un gobernador preocupado por la suerte de sus representados.
El cuestionario de los tres diputados de Juntos por el Cambio que ya le anticiparon es medular y mucho contribuiría a la causa de los ajustadores tener las respuestas precisas, porque las dudas son muchas y compartidas por el propio oficialismo, como expresó la diputada Zulema Andén en Esquel.
El peronismo, en tanto, saldría con una conclusión de su cumbre realizada este fin de semana en la Cordillera, aunque ya hubo adelantados que no dejaron dudas sobre su postura, como Carlos Eliceche y Adriana Casanovas, vicepresidente segundo de la Legislatura y titular del bloque del Frente de Todos, respectivamente.
Por otra parte, habrá que confirmar si finalmente tiene lugar la sesión el jueves 23, como pretende la administración Arcioni. Es que los empleados legislativos podrían apelar a retenciones de servicios por no haber cobrado aún el salario de diciembre, amén de que esta vez los diputados no quieren aprobar a libro cerrado semejante paquete económico. Ya lo hicieron con la Ley de Emergencia el 27 de diciembre y así están.
Por otra parte, la semana será agitada con los empleados públicos en calles y rutas, resaltando su negativa a ser los patos de la boda. Esta vez harán vigilia en la Legislatura porque ya están avisados de que a Sastre le gusta madrugar.
Por su parte, Juan Horacio Pais debe aprender de apuro cómo se conduce un bloque que muestra fisuras ante las primeras adversidades de su gobierno y se buscan consensos con quienes a nivel nacional son aliados, si es que -claro- Arcioni continúa siendo el protegido de Sergio Massa.
"Se habla de ajuste y la única medida que tomamos es congelar sueldos", expresó el viernes el ministro de Gobierno de Chubut, José María Grazzini. Antes de su "conversión" el mismo dirigente criticaba ácidamente hasta hace un año -cuando era diputado provincial por el Frente Para la Victoria- la gestión de Mariano Arcioni. En esos tiempos el actual ministro destacaba justamente lo que consideraba una injusticia: el pago escalonado de haberes a empleados y jubilados estatales.
La inflación prevista para este mes de enero que transcurre alcanzaría el 4% (1.600 pesos en un sueldo de 40 mil). Si el gobierno nacional acierta iría disminuyendo con el correr de los meses. Sin embargo, de todos modos se llegaría a junio con un total del 20% acumulado en el mejor de los casos -el cálculo indica que serían entonces 8.000 pesos los que dejarían de cobrar los empleados públicos del primer rango tras el congelamiento-.
Si se suma la cláusula gatillo del año pasado -ya el ministro Antonena dijo que no se pagará- y la inflación que desde junio de 2019 al mismo mes de 2020 orillaría el 50%, ese porcentaje como mínimo perderá el poder adquisitivo de los salarios de los estatales. Ni más ni menos, aunque para Grazzini ello sea casi poco representativo. Dos pizzas, decían hace cuatro años.
El discurso que atrasa
Lo cierto es que en este gobierno provincial parece estar viviéndose un macrismo tardío, ya que el costo del obligado ajuste -por las deudas contraídas durante los gobiernos de Das Neves, Buzzi y el propio Arcioni entre 2017 y 2019- deberá ser pagado por los trabajadores cautivos que dependen de un salario fijo del Estado. Su mayoría no pertenecen al cuarto rango.
"Tenemos gente que está en el Estado y no trabaja, no cumplen con el contrato laboral o si está, no cumple con lo que tiene que hacer. Esta es la práctica indeseable", sostiene un Antonena cada vez más alejado de la realidad. El ministro ocupó altos cargos durante el gobierno de Buzzi y acompañó los desbarajustes de Arcioni del año pasado. Después de todo, para eso lo habían traído desde la cómoda secretaría de Gobierno de Camarones que ocupaba.
Antonena fue un soldado obediente para lo que necesitaba el gobernador que buscaba su reelección. No como el levantisco Luis Tarrío que hasta último momento se negaba a acordar paritarias que sabía serían imposibles de cumplir.
Ahora el discurso oficial es que los empleados públicos deben compartir el costo de la situación porque después de todo fue el Estado el que les proporcionó una fuente laboral desde 2003 hasta 2019. Por eso se los tiene en la mira desde distintos ámbitos, mientras algunos influyentes apelan al discurso de la resignación. "Es esto o nada", ha dicho el titular del Superior Tribunal de Justicia, Mario Vivas.
Algo parecido musitó el vicegobernador Ricardo Sastre, el dirigente que creyó que la reelección de Arcioni posibilitaría mantener más o menos unido al dasnevismo residual, sobre todo si enfrente había un candidato del sur de Chubut con escaso tacto en el arte seductor de la política.
Nada está garantizado
Este lunes 20, el ministro de Economía deberá explicar en la Legislatura los detalles del ajuste histórico que proyectó Arcioni en Chubut para que en Buenos Aires empiecen a verlo como un gobernador preocupado por la suerte de sus representados.
El cuestionario de los tres diputados de Juntos por el Cambio que ya le anticiparon es medular y mucho contribuiría a la causa de los ajustadores tener las respuestas precisas, porque las dudas son muchas y compartidas por el propio oficialismo, como expresó la diputada Zulema Andén en Esquel.
El peronismo, en tanto, saldría con una conclusión de su cumbre realizada este fin de semana en la Cordillera, aunque ya hubo adelantados que no dejaron dudas sobre su postura, como Carlos Eliceche y Adriana Casanovas, vicepresidente segundo de la Legislatura y titular del bloque del Frente de Todos, respectivamente.
Por otra parte, habrá que confirmar si finalmente tiene lugar la sesión el jueves 23, como pretende la administración Arcioni. Es que los empleados legislativos podrían apelar a retenciones de servicios por no haber cobrado aún el salario de diciembre, amén de que esta vez los diputados no quieren aprobar a libro cerrado semejante paquete económico. Ya lo hicieron con la Ley de Emergencia el 27 de diciembre y así están.
Por otra parte, la semana será agitada con los empleados públicos en calles y rutas, resaltando su negativa a ser los patos de la boda. Esta vez harán vigilia en la Legislatura porque ya están avisados de que a Sastre le gusta madrugar.
Por su parte, Juan Horacio Pais debe aprender de apuro cómo se conduce un bloque que muestra fisuras ante las primeras adversidades de su gobierno y se buscan consensos con quienes a nivel nacional son aliados, si es que -claro- Arcioni continúa siendo el protegido de Sergio Massa.
