Política

Las razones detrás del ajuste: Chubut procura deshacerse de 10 mil empleados y reprogramar una deuda irresponsable

El plan de recortes y equilibrio fiscal anunciado por el gobernador Arcioni y el ministro Antonena fue presentado como un ajuste en el gasto público y una estrategia para incrementar la recaudación chubutense. En verdad tiene el objetivo principal de trasladarle el costo de la crisis a los trabajadores del Estado provincial, achicando la cantidad de empleados, y poco impactará sobre los ingresos a través del aumento de alícuotas y creación de nuevos tributos.

Para justificar el ajuste los funcionarios provinciales argumentaron cifras de déficits -con escasos datos los certifiquen- que no tienen correlato con la realidad, muestran variaciones alcistas inverosímiles y una notable inconsistencia.

Por más dibujos aritméticos que se hagan, los números utilizados por Antonena para lanzar técnicamente el ajuste no cierran. De golpe y sin justificación alguna duplicó el déficit y cargó las tintas en los salarios estatales para poder instrumentar la poda entre los trabajadores.

El rechazo de los estatales no se hizo esperar. Por el momento es una bronca que crece desde abajo, aunque obligó a las timoratas direcciones sindicales a repudiarlo y habrá que ver si se deciden a convocar a medidas de acción unificadas contra el ajuste.

No se puede perder de vista que gran parte de los estatales son docentes, y estos se encuentran de vacaciones. Eso explica en parte el momento elegido por el gobierno para anunciar el plan de ajuste y restar fuerza inicial a las previsibles protestas.

De fondo, el ajustazo de Arcioni y Antonena busca hacerle pagar la crisis generada por la clase política -con el desbocado endeudamiento en dólares y los malos manejos de las finanzas públicas- a los trabajadores del Estado. De ese modo aspira a congraciarse con Nación y apunta al achicamiento de la Administración pública chubutense.

La peor de las explicaciones la formuló el ministro de Gobierno y Justicia, José María Grazzini, quien en su afán de bajarle la repercusión al ajuste afirmó: "Tenemos la responsabilidad de cuidar el crédito de la provincia y las arcas municipales, por eso no entendemos que sea visto de esta forma y se hable de un ajuste extraordinario contra la Administración Pública, cuando la única medida que tomamos es congelar salarios dentro de los 180 días".

Aunque se lo quiera vestir de "solidario" y "equitativo" y se repartan culpas hacia las desastrosas políticas económicas del macrismo, el "Plan de Reestructuración del Estado" es bastante similar al que Arcioni intentó instrumentar sin éxito en la primera mitad de 2018.

Más allá de muchos medios de comunicación eviten catalogar y profundizar sobre el ajuste, esencialmente se trata de un plan netamente de corte neoliberal y se asemeja al aplicado por el menemismo en los años '90. Por ahora no contempla el desguace total del Estado como lo hizo la gestión del presidente riojano, pero sí abre la asociación pública privada en el sector pesquero y podría avanzar en otros rubros productivos.

Hacia el futuro apunta a transitar un "camino duro" donde prevalecerá la ausencia estatal en las obligaciones para atender necesidades esenciales de la población chubutense. Se verá si la respuesta de los trabajadores estatales consigue modificar ese curso.

Ajuste, jubilados e incongruencias

El ajuste que pretende implementar Arcioni es uno de los más grandes y brutales que haya conocido la historia de la provincia de Chubut. Distintas fuentes consultadas evalúan que buscaría deshacerse de hasta 10.000 empleados públicos utilizando los mecanismos de jubilaciones "forzadas", retiros voluntarios y en menor medida el achicamiento de entre un 15 y el 20% de la planta política.

Esa fórmula de recorte del gasto público es bastante incongruente si se tiene en cuenta que incrementará la cantidad de jubilados y paralelamente incrementará los gastos del Estado a la hora de hacer frente a los retiros voluntarios y su cancelación en cuotas de las liquidaciones finales.

Este mecanismo tiene por principal objetivo reducir la planta de personal en actividad, posiblemente de los 42.000 existentes en la actualidad a los 28.000 y 32.000 contabilizados en los años 2007 y 2008. Indefectiblemente, eso se traducirá en un problema a futuro, porque casi se duplicarán las jubilaciones a pagar en Chubut y no habrá una cantidad significativa de aportantes para hacer frente a dichas erogaciones.

En 2007 la relación entre empleados públicos y cantidad de habitantes en la provincia era de 60 cada 1.000, manteniendo niveles similares a principios de los '90 y la década del 2000. Sus puntos más bajos se registraron entre1991 y 1993 con 50 de promedio. Un año después pasó a ser de 70 empleados públicos cada 1.000 habitantes, quedándose estancada en ese ratio y con picos de 76 en los años 2011 y 2012.

Con el ajuste quedarían aproximadamente 1,4 trabajadores activos por cada jubilado en la provincia. Los especialistas aconsejan que el ratio entre aportantes y pasivos debe estar entre 3 y 4. En Chubut se pasaría a tener 32.000 activos y los jubilados podrían superar los 22.000 -hoy se contabilizan 17.500 pasivos-; por lo que ese esquema estallaría por los aires más pronto que tarde.

Este dispositivo muestra a las claras que se busca reducir significativamente la cantidad de trabajadores activos para reducir el gasto público. Por el alto nivel de conflictividad que desataría no pueden despedirlos lisa y llanamente, aunque trata de cumplir con las metas que le habría exigido el gobierno de Alberto Fernández de achicamiento del gasto salarial. Apuesta además a que esos jubilados se vayan reduciendo por una consecuencia etaria lógica.

Así lo hizo saber el ministro de Economía provincial, afirmando que "La provincia pretende encarar una profunda reorganización operativa, de manera coordinada con el Gobierno Nacional, tendiente a generar sostenibilidad fiscal".

El propio Antonena señaló que "Chubut se enfrenta a un problema estructural del Sistema Jubilatorio que demanda cada vez más recursos fiscales de una provincia con fuerte déficit fiscal y falta de acceso al financiamiento".

Contrariamente a esa definición, ahora busca incrementar dicho problema sumándole más pasivos al sistema jubilatorio por lo que -si sus dichos son ciertos- lleva a pensar que las dificultades se ahondarán en el futuro cercano con una relación de 1,4 trabajadores activos por cada pasivo.

Transitoriamente y de manera temporal puede ser que las jubilaciones "forzadas", a las que se pagará entre 55 y 70% de lo que cobra un activo, sirvan para reducir el déficit estructural. Las perspectivas futuras son extremadamente explosivas y volátiles.

"El agente que reúna los requisitos para acceder a la Jubilación Ordinaria entre el 31 de diciembre de 2022 y el 31 de diciembre de 2024, percibirá como prestación un haber equivalente al 55% móvil de la remuneración del cargo desempeñado al momento del acogimiento al presente régimen", versa el borrador del proyecto; mientras que en el segundo escenario está previsto para el empleado que reúna los requisitos para acceder a la Jubilación Ordinaria entre el 31 de diciembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2023, le corresponderá "un haber equivalente al 70% móvil de la remuneración" del cargo que desempeñaba.

Los trabajadores que se acojan al retiro voluntario recibirán una "gratificación única extraordinaria, por cada año o fracción no inferior de SEIS (6) meses de antigüedad de servicios, que se abonará en Veinticuatro (24) cuotas mensuales".

Humo tributario y gestual

El anuncio del gobernador Arcioni a la hora de blanquear el ajuste estuvo acompañado por dos aristas meramente gestuales y que no tienen correlato con la profundidad de las lapidarias medidas que buscan achicar el Estado.

Por un lado, adelantó que por seis meses dejará de cobrar su salario -al que contradictoriamente intentó aumentar desmesuradamente en tres oportunidades-. Por el otro, habló de la instrumentación de un esquema tributario de recaudación del que no se tienen precisiones.

Ambas aristas aparentan una cortina de humo que para nada apunta al fondo de los problemas existentes en Chubut. Por el contrario, se transforman en lánguidas medidas gestuales que solamente sirven para crear adhesión social, estigmatizar a los empleados públicos e instalar el ajuste como única alternativa posible.

A modo de justificación el Poder Ejecutivo incluirá proyectos -que aún no ingresaron a la Legislatura para su tratamiento- que incrementarían la recaudación de los impuestos provinciales. Algunos sufrirían aumentos, como el Impuesto al sello o los Ingresos Brutos, y otros serían creados, como una Tasa Vial o la de Transferencia de Bienes.

Por todos esos rubros tributarios el Estado provincial podría estar recaudando a lo largo de 2020 alrededor de 2.500 millones de pesos extra. Esa cantidad tan sólo representaría el 12,2% de los ingresos presupuestados para el año, o el 14,8% del nuevo endeudamiento, o el 18,1% de todos los pagos por la deuda que fueron previstos para el 2020 previsto por el ministro Antonena.

Ni qué hablar si se comparan esos 2.500 millones de pesos con los Gastos totales proyectados en el Presupuesto provincial 2020, que ascienden a 121.500 millones. En ese caso solamente implicarían un incremento del 2,1% anual.

Antonena proyecta "un 50% de crecimiento real en 4 años" mediante la recaudación con los anuncios efectuados, pero los porcentajes antes mencionados lo dejan muy lejos de esos números ilusorios para el esquema de recaudación; salvo que el eje central esté puesto en la visión neoliberal de achicar los gastos en personal y reducir los servicios del Estado.

Si tratara de repartir el ajuste equitativamente entre los recortes y los impuestos, esta no parece ser la fórmula; ya que si el déficit a achicar es de 11.000 millones de pesos con los tributos se conseguirán apenas el 22% y con el recorte de gastos entre los empleados públicos el 78% restante. En tanto que si el equilibrio a lograr es sobre un déficit de 22.000 millones de pesos, en impuestos ingresarían solamente el 11% y el 89% correspondería al ajuste sobre los trabajadores; por ende no hay equidad y los recortes recaen sobre la parte más sensible del entramado estatal.

Inconsistencias deficitarias

Las explicaciones de Antonena para justificar el ajuste sumaron las dudas sobre los números financieros de la provincia. Las cifras reveladas por el ministro son incongruentes con las validadas en el Presupuesto 2020 y tuvieron variaciones injustificadas e inentendibles.

El economista Facundo Ball señaló con certeza que "En principio no me cierran algunos números. Según el presupuesto hace algunos días atrás el déficit era uno, y ahora muestra números completamente distintos. Mucho más grandes"; y luego agregó que "la relación de salarios con los ingresos supera el 100%. Hay números raros, que no me cierran".

Sus afirmaciones tienen correlato con las constataciones efectuadas por El Extremo Sur, esencialmente en el rubro de los déficits de los que habló Antonena. En el Presupuesto 2020, el ministro proyectó un déficit financiero -luego del pago de la deuda y con el aumento de la masa salarial incluido- que ascendía a los 11.189 millones. Llamativamente, el día del ajuste habló de dos déficits muy superiores que casi crecieron geométricamente.

El Power Point con que presentó el ajuste mencionó un déficit financiero para este año de 22.000 millones de pesos, lo que significa un salto cercano al doble sin que haya justificación alguna ni sustento informativo para tamaño ensanchamiento. Además, el ministro aclaró que ese resultado negativo se produciría "asumiendo que no se ajustan salarios ni jubilaciones durante el año".

Luego agregó que si se contemplan las deudas de ejercicios anteriores -que incluyen ajustes salariales pendientes, deuda con SEROS, CAMMESA, proveedores, YPF, etc.- el déficit ascendería a los 36.879 millones. En este rubro no detalla los montos de cada deudor, aunque podría interpretarse que serían acertados.

La gran duda surge en cómo hizo el ministro para duplicar el déficit financiero original, llevándolo en números redondos de 11.000 a 22.000 millones de pesos. No conforme con eso y como en un pase de magia aseveró que "La masa salarial con ajuste -se entiende por inflación- ascendería a 70.000 millones de pesos anuales" que representarían un "150% de los ingresos netos" y "llevaría el déficit anual a 37.000 millones de pesos".

El déficit incorporado en el Presupuesto 2020 que el mismo Antonena elaboró contemplaba una variación de la masa salarial del 51,8% y así se llegaba -producto de los efectos de la deuda- al resultado deficitario de 11.189 millones de pesos. Sin argumentación alguna, el ministro afirmó que en realidad sería de 22.000 millones de pesos y que por los aumentos salariales según la inflación ascendería a los 37.000 millones de pesos. La inconsistencia de los números y la opacidad resulten evidentes.

Reconocimiento y dudas por una deuda que asfixia

A través de numerosos informes, El Extremo Sur ha dejado en claro que la deuda es la madre de todos los problemas para las cuentas públicas chubutenses. Se ha demostrado en múltiples oportunidades que allí radica el origen de la asfixia que pone a la provincia en crisis recurrentes, pero que además hace falta aclarar cuál fue el destino de esos fondos que llegaron a las arcas provinciales a través de la emisión de bonos de deuda en dólares.

Quien se encargó de responder parcialmente estas preguntas fue el propio Arcioni, quien en su discurso para anunciar al ajuste señaló: "Hoy Chubut está en una situación financiera delicada, durante demasiado tiempo se tomaron endeudamientos mal planeados, para obras que no se concretaron o para cubrir una mala administración. El resultado es un Estado profundamente endeudado. Esta es la situación en la que nos encontramos".

El reconocimiento del primer mandatario chubutense conlleva en sí la admisión de algo que había dejado entrever el propio ministro Antonena y que ahora ambos coinciden en aceptar. La deuda que tomó Chubut no se utilizó para obras, aunque estaba establecido por ley de que debía ser así, y que derivó al financiamiento del gasto público de las malas administraciones.

Esta sola aceptación ameritaría que un Fiscal de Estado tome cartas en el asunto e investigue hasta las últimas consecuencias lo que sucedió, elevando a juicio por mala administración de los fondos públicos y mal desempeño en los funcionarios del Estado. Lamentablemente, hasta el momento no se iniciaron acciones judiciales al respecto.

Al Ejecutivo provincial no le alcanza con achicar la plantilla de personal en miles de trabajadores, sino que además necesita congelar los salarios al menos por 180 días y seguir teniendo el aval legislativo para pagar de manera escalonada y atrasada. En paralelo precisa con urgencia reperfilar -entiéndase renegociar la deuda en dólares que se encuentra en virtual default- para no caer en cesación de pagos y disparar un efecto cascada entre las demás provincias con alto endeudamiento.

Para eso buscará correr hacia adelante los vencimientos de en dólares, tanto de las amortizaciones como de los intereses, con la perspectiva de ganar tiempo por lo menos durante cuatro años. También debería ver si consigue achicar al máximo posible los montos a pagar por los intereses de la deuda provincial.

Lograrlo no será nada fácil para la Administración provincial, mucho más aún si se tiene en cuenta que difícilmente vaya a conseguir la renegociación de la deuda hasta que Nación no consiga un esquema similar con el Fondo Monetario Internacional (FMI); lo que por ahora parece posible recién para mediados de año.

Chubut se propone correr los plazos del endeudamiento con los bonistas en dólares hasta el 2024 y así reducir el déficit financiero del 2020 en 13.000 millones de pesos, según lo dijo el mismísimo Antonena.

Curiosamente si consiguiera concretar la renegociación de manera satisfactoria el déficit original de 11.189 millones de pesos se esfumaría y la provincia podría terminar con un pequeño superávit. En el peor de los casos quedaría con un déficit en función de los pagos adeudados de los ejercicios anteriores, pero jamás se llegaría a los números presentados por el ministro.

Quizás de allí surjan las respuestas a la pregunta de cómo y por qué Antonena duplicó el déficit existente en el Presupuesto 2020. De esa manera se buscaría justificar el ajuste brutal e instalar en el imaginario colectivo que la culpa es de los trabajadores estatales; para entonces trasladarle los costos de la crisis estructural de Chubut.