El gobierno busca forzar a 4.500 estatales a la jubilación; la Caja quedaría al borde del estallidoEl presidente del Instituto de Seguridad Social y Seguros, Miguel Arnaudo, adelantó que hay en Chubut unos 4.500 empleados estatales en condiciones de ser jubilados de manera forzada. El titular del ISSyS admitió que con el mecanismo de un solo ingreso por cada tres jubilaciones hará que "la situación de corto plazo la situación de la caja puede ser más complicada". Además dejarán de aportar hasta un tope de 1.500 agentes que podrían adherirse a los retiros voluntarios.
De acuerdo con el proyecto presentado por el Ejecutivo existen 2.783 agentes en condiciones de acceder a la Jubilación Ordinaria dentro de los primeros tres años -cobrando jubilaciones del 55%-, y 1.687 trabajadores dentro de los cuatro y cinco años -con haberes del 70% del salario de un activo-. Los estatales que serían jubilados de manera forzada totalizarán 4.470 empleados en condiciones de anticipar la jubilación.
A esos casi 4.500 nuevos jubilados que sumará la gestión de Arcioni se le deberán descontar entre 700 y 1.500 retiros voluntarios -según las propias especulaciones oficiales-; los que se transformarán en activos que dejarán de aportar al sistema previsional chubutense estatal y cobrarán sus indemnizaciones -de un mes por cada de antigüedad más un 10% adicional- en 24 cuotas consecutivas.
En diálogo con La Posta Comodorense Radio, Arnaudo admitió que "Nosotros tenemos un sistema de reparto y si tenemos menos cantidad de aportantes y más cantidad de jubilados lógicamente la situación de corto plazo la situación de la caja puede ser más complicada".
Las contradictorias afirmaciones del presidente del ISSyS deben dividirse en dos conceptos para poder comprender lo que ha querido manifestar. Arnaudo indicó que las jubilaciones forzadas del ajuste no impactarían en la Caja de Jubilaciones porque el Estado provincial seguiría pagando el 100% de los aportes por un lapso máximo, mientras que el agente no va a trabajar y percibe entre el 70 y el 55% del salario que cobraba en actividad.
En ese caso el mayor beneficio sería para el Estado que pagaría entre un 30 y un 45% menos de salario, el empleado público jubilado forzadamente por el ajuste y que suman 4.500 cobraría mucho menos por su salario -pero la Caja percibiría la totalidad de sus aportes por un lapso máximo de 5 años-.
El gobierno especula que si solamente adhieren solamente el 40% de los trabajadores jubilables, conseguirá reducir en 749 millones de pesos las erogaciones del gobierno provincial; mientras que si logra "sacarse de encima" a los 4.500 activos el "ahorro fiscal" ascendería a los 1.873 millones de pesos.
Después esa enorme cantidad de jubilados sí generaría un enorme problema en la Caja de Jubilaciones porque dejarían de percibirse esas contribuciones y se les deberán seguir pagando los haberes a los nuevos jubilados, a pesar de que haya una cantidad mucho menor de aportantes activos.
Un problema tanto o mucho más grave e inmediato generarán los retiros voluntarios y el mecanismo de un solo ingreso cada tres jubilados por la fuerza. Eso significará que en lo inmediato el ajuste enviará al sistema jubilatorio a tres activos y solamente sumará uno en su reemplazo, por ende cada tres jubilaciones que se deban pagar mensualmente apenas se contará con el ingreso de un activo.
Como una dificultad adicional se debe considerar el congelamiento salarial que no sumarán mayores aportes jubilatorios, mientras en paralelo se irán incorporando miles de jubilados expulsados de la planta de personal por el ajuste y difícilmente las prestaciones del ISSyS puedan congelarse de la misma manera.
Tal como anticipó El Extremo Sur el domingo pasado, el mayor de los impactos con el plan de ajuste no solamente serán afectados los propios trabajadores estatales -activos y pasivos- que tendrán los sueldos congelados por seis meses y seguirán cobrando de manera escalonada; sino que además se sumarían 4.500 nuevos jubilados a los que el Estado le deberán pagar los haberes mensuales y cada vez habrá menos ingresos al sistema de reparto que conforma la Caja de Jubilaciones, pudiendo contabilizarse hasta 6.000 aportantes menos por las jubilaciones y los retiros voluntarios.
Arnaudo declaró que los integrantes del sistema previsional en la actualidad son 18.400 pasivos, mientras que el último balance del ISSyS -del año 2018- constató 13.455 jubilaciones y 3.624 pensiones; sumando 17.079 pasivos en Chubut. Si se le agregan las 4.500 jubilaciones forzadas y los posibles 1.500 retiros voluntarios, el sistema previsional debería pagar haberes a más 23.000 o 24.500 pasivos y los activos frente a un total de 56.000 aportantes, dejando una relación de 2,4 o 2,2 activos por cada pasivo.
Ante este panorama crítico y de profundo desfinanciamiento, el sistema previsional de Chubut ingresará en un proceso latente y constante de posible estallido; por lo que no habría que descartar que el plan de ajuste de Arcioni considere una segunda etapa que le apunte directamente al sistema jubilatorio y se emparente con que el se pretende instrumentar en la patagónica provincia de Neuquén, con aumentos de la edad jubilatoria o del porcentaje de los aportes.
El presidente del Instituto de Seguridad Social y Seguros, Miguel Arnaudo, adelantó que hay en Chubut unos 4.500 empleados estatales en condiciones de ser jubilados de manera forzada. El titular del ISSyS admitió que con el mecanismo de un solo ingreso por cada tres jubilaciones hará que "la situación de corto plazo la situación de la caja puede ser más complicada". Además dejarán de aportar hasta un tope de 1.500 agentes que podrían adherirse a los retiros voluntarios.
De acuerdo con el proyecto presentado por el Ejecutivo existen 2.783 agentes en condiciones de acceder a la Jubilación Ordinaria dentro de los primeros tres años -cobrando jubilaciones del 55%-, y 1.687 trabajadores dentro de los cuatro y cinco años -con haberes del 70% del salario de un activo-. Los estatales que serían jubilados de manera forzada totalizarán 4.470 empleados en condiciones de anticipar la jubilación.
A esos casi 4.500 nuevos jubilados que sumará la gestión de Arcioni se le deberán descontar entre 700 y 1.500 retiros voluntarios -según las propias especulaciones oficiales-; los que se transformarán en activos que dejarán de aportar al sistema previsional chubutense estatal y cobrarán sus indemnizaciones -de un mes por cada de antigüedad más un 10% adicional- en 24 cuotas consecutivas.
En diálogo con La Posta Comodorense Radio, Arnaudo admitió que "Nosotros tenemos un sistema de reparto y si tenemos menos cantidad de aportantes y más cantidad de jubilados lógicamente la situación de corto plazo la situación de la caja puede ser más complicada".
Las contradictorias afirmaciones del presidente del ISSyS deben dividirse en dos conceptos para poder comprender lo que ha querido manifestar. Arnaudo indicó que las jubilaciones forzadas del ajuste no impactarían en la Caja de Jubilaciones porque el Estado provincial seguiría pagando el 100% de los aportes por un lapso máximo, mientras que el agente no va a trabajar y percibe entre el 70 y el 55% del salario que cobraba en actividad.
En ese caso el mayor beneficio sería para el Estado que pagaría entre un 30 y un 45% menos de salario, el empleado público jubilado forzadamente por el ajuste y que suman 4.500 cobraría mucho menos por su salario -pero la Caja percibiría la totalidad de sus aportes por un lapso máximo de 5 años-.
El gobierno especula que si solamente adhieren solamente el 40% de los trabajadores jubilables, conseguirá reducir en 749 millones de pesos las erogaciones del gobierno provincial; mientras que si logra "sacarse de encima" a los 4.500 activos el "ahorro fiscal" ascendería a los 1.873 millones de pesos.
Después esa enorme cantidad de jubilados sí generaría un enorme problema en la Caja de Jubilaciones porque dejarían de percibirse esas contribuciones y se les deberán seguir pagando los haberes a los nuevos jubilados, a pesar de que haya una cantidad mucho menor de aportantes activos.
Un problema tanto o mucho más grave e inmediato generarán los retiros voluntarios y el mecanismo de un solo ingreso cada tres jubilados por la fuerza. Eso significará que en lo inmediato el ajuste enviará al sistema jubilatorio a tres activos y solamente sumará uno en su reemplazo, por ende cada tres jubilaciones que se deban pagar mensualmente apenas se contará con el ingreso de un activo.
Como una dificultad adicional se debe considerar el congelamiento salarial que no sumarán mayores aportes jubilatorios, mientras en paralelo se irán incorporando miles de jubilados expulsados de la planta de personal por el ajuste y difícilmente las prestaciones del ISSyS puedan congelarse de la misma manera.
Tal como anticipó El Extremo Sur el domingo pasado, el mayor de los impactos con el plan de ajuste no solamente serán afectados los propios trabajadores estatales -activos y pasivos- que tendrán los sueldos congelados por seis meses y seguirán cobrando de manera escalonada; sino que además se sumarían 4.500 nuevos jubilados a los que el Estado le deberán pagar los haberes mensuales y cada vez habrá menos ingresos al sistema de reparto que conforma la Caja de Jubilaciones, pudiendo contabilizarse hasta 6.000 aportantes menos por las jubilaciones y los retiros voluntarios.
Arnaudo declaró que los integrantes del sistema previsional en la actualidad son 18.400 pasivos, mientras que el último balance del ISSyS -del año 2018- constató 13.455 jubilaciones y 3.624 pensiones; sumando 17.079 pasivos en Chubut. Si se le agregan las 4.500 jubilaciones forzadas y los posibles 1.500 retiros voluntarios, el sistema previsional debería pagar haberes a más 23.000 o 24.500 pasivos y los activos frente a un total de 56.000 aportantes, dejando una relación de 2,4 o 2,2 activos por cada pasivo.
Ante este panorama crítico y de profundo desfinanciamiento, el sistema previsional de Chubut ingresará en un proceso latente y constante de posible estallido; por lo que no habría que descartar que el plan de ajuste de Arcioni considere una segunda etapa que le apunte directamente al sistema jubilatorio y se emparente con que el se pretende instrumentar en la patagónica provincia de Neuquén, con aumentos de la edad jubilatoria o del porcentaje de los aportes.
