Es la economía, gobernador: fue del "paquetazo" al "paquetito" pero la sesión del 29 corre peligro Si algo faltaría para poner a prueba la autoridad de Arcioni sería que finalmente no haya sesión el próximo miércoles. Desde su entorno deslizaron que es casi imposible que puedan pagar la mitad de sus haberes a los empleados legislativos, sin los cuales resulta imposible llevar a cabo la meneada reunión que ya debió postergarse una vez. En tanto, sobre los pocos proyectos que eventualmente podrían tener tratamiento ya surgieron nuevos cuestionamientos que deslizan la posibilidad de judicializar lo que llegue a aprobarse.
Iba a ser un "paquetazo", pero termina siendo un "paquetito". Apenas un tercio de las iniciativas anunciadas por el ministro de Economía Oscar Antonena -un par de horas después de que Mariano Arcioni difundiera en las redes sociales un video anunciando con tono compungido que él no cobraría sus haberes por 6 meses-, sería el que finalmente llegue a la Legislatura esta semana para ser tratado en sesión extraordinaria. Si es que la finalmente se realiza, claro.
El viernes se dio como un hecho que la sesión sería factible luego de que el titular del Poder Legislativo, el vicegobernador Ricardo Sastre, mediara ante el gremio APEL para que prestara su imprescindible colaboración. Como se sabe, sin ellos no hay sesión posible.
La cuestión es que la mayoría de los empleados legislativos pertenecen al tercer rango -esa división que estableció la administración de Arcioni a la hora de definir quién cobra primero el sueldo del mes y quiénes deben esperar- y por ello están aplicando una retención de servicios, tal como ruidosamente lo hicieron público durante la semana pasada mientras Antonena intentaba acordar con los diputados los proyectos a tratar para que Chubut "vuelva ser viable" y se aleje del precipicio.
Es la economía I
Angel Sierra -titular de APEL- sostuvo que si les pagan la mitad de sus sueldos de diciembre del año pasado, ellos trabajarán medio turno. Con esas exiguas tres horas debería alcanzar para debatir en profundidad -como se supone debe ser- medidas económicas que llegan para quedarse un largo tiempo.
Sin embargo, desde el Poder Ejecutivo dejaron trascender en las últimas horas que los 1.000 millones de pesos que necesitarían para depositar antes del miércoles no están. ¿Entonces?
Hasta este domingo la mayoría de los diputados que debería votar lo que queda del promocionado ajuste desconocía en qué monto se traduciría para el Tesoro provincial. Tampoco estaba claro cuánto ingresaría por las iniciativas que Arcioni debió dejar en el camino como jirones de la disputa con diversos sectores, algunos mejor intencionados que otros.
Son parte de ellos -por ejemplo- la venta de tierras fiscales con bosque nativo; la creación de una empresa provincial de pesca o la modificación de la ley de la actividad para poder disponer a su arbitrio de los beneficios que permite distribuir permisos; la Tasa Vial; y el congelamiento salarial en la administración pública.
"Al final el único que pone el hombro y está dispuesto a trabajar gratis por los otros soy yo, mientras los empleados no aceptan seguir cobrando lo mismo según el cronograma de ocasión", bien podría haber sido una amarga reflexión del hoy cercado gobernador que pensaba tener ley el jueves 23, para viajar con ella inmediatamente a Buenos Aires.
A Arcioni lo apuran por arriba -desde el Ministerio de Economía que conduce Martín Guzmán- y por abajo. Sus propios diputados no comparten totalmente los sectores del Estado y del sector privado en los que el gobernador eligió hacer cirugía mayor; en algunos casos sin anestesia.
Su ministro de Gobierno, el converso José María Grazzini, admitió que el congelamiento salarial en la administración pública será un hecho, por lo cual tendrá que producirse a través de un decreto del propio Arcioni.
Con empleados públicos que ya realizan medidas de fuerza y con la masiva movilización que se anuncia para el miércoles en Rawson -día de la hipotética sesión-, el gobernador bien puede redoblar la apuesta y sacar por decreto leyes que los diputados no acompañan; que incluso podrían llegar a ser algunas más en las siguientes horas. Es que no solo el lobby pesquero mostró los dientes en estos días. Es la economía.
Es la economía II
"No nos encontramos frente a un tributo a las grandes fortunas, sino frente a un impuesto que incidirá sobre los estratos medios de los chubutenses que ya contribuyen con el pago de sus impuestos para solventar la sobredimensión de los gastos que generan los tres poderes del Estado, el cual últimamente destina más de lo que ingresa para pagar salarios en mora, arrimando al precipicio a la provincia toda y colocándonos frente a un año 2020 que será marcado por una creciente conflictividad social, frente a una clase dirigente que carece de autocrítica y razonabilidad y que, como única respuesta, pretende exigir un mayor esfuerzo a la sociedad".
Aunque el tono del discurso se le parece, el documento conocido este fin de semana no es de la Mesa de Unidad Sindical sino del Colegio de Abogados de Puerto Madryn, que sentó postura sobre el impuesto que se pretende aplicar a las transferencias de bienes o herencias.
Se trata de una de las pocas iniciativas de la dupla Arcioni-Antonena que sobrevivió a la poda de propios y ajenos.
Los profesionales de las leyes directamente exhortaron "a los legisladores de la provincia a no aprobar la iniciativa cuestionada, pues la misma resulta inconstitucional y podrá generar diversos planteos judiciales con los mayores costos que ello ocasionará a nuestra provincia".
Es decir, si tal ley se aprueba de inmediato lloverán amparos judiciales que la tornarían inaplicable. ¿Qué queda entonces de aquella enumeración realizada por Antonena el miércoles 15 de enero que según él permitiría emprolijar cuentas para asegurar el pago a empleados, jubilados y proveedores en los meses por venir? Muy poco.
Uno de los proyectos que pervive es el de aumentar gravámenes en actividades como la agricultura, ganadería, caza y silvicultura -la cría de animales, tributará por el excedente previsto en el inciso 13 del artículo 149° del código fiscal-; pesca y servicios conexos; explotación de minas y canteras; industria manufacturera; electricidad, gas y agua; construcción; comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres; servicios de hotelería y restaurantes; servicios de transporte, almacenamiento y comunicaciones; como también la intermediación financiera y otros servicios financieros.
Se trata de sectores cautivos y perfectamente identificables, la mayoría de los cuales -por no decir casi todos- realizan actividades que no la han pasado bien durante el macrismo y que intentan sobrellevar lo mejor que pueden la dura realidad.
Claro que aquí también aparecen mencionadas "actividades de servicios relacionados con la extracción de petróleo y gas". A las grandes operadoras no se las puede alcanzar con un tributo provincial, aunque sí a pequeñas empresas que allí prestan servicios.
En el bloque oficialista de la inestable mayoría hay al menos tres legisladores que conocen bien la trama petrolera y que todavía nada dijeron al respecto, seguramente porque están esperando que el proyecto llegue al recinto legislativo y que el ministro de Hidrocarburos, Martín Cerdá, brinde la correspondiente explicación.
En este contexto tampoco hay que perder de vista a los diputados que sin provenir del tronco sindical son oriundos de Comodoro Rivadavia, una ciudad cuya economía se basa en la actividad hidrocarburífera. Es la economía.
Es la economía III
En este contexto, prácticamente pasó desapercibido el duro documento que emitió la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales -reforzado por las declaraciones formuladas por el Procurador Fiscal, Jorge Miquelarena- en cuanto a lo fastidioso que resulta a esta altura no tener certezas sobre las fechas de cobro de haberes.
"Hemos sostenido que la eliminación del déficit financiero provincial no puede depender de la reducción de gastos del funcionamiento del Poder Judicial que representa solamente el 6% del presupuesto provincial, y menos aún del congelamiento de salarios en el contexto inflacionario en el que funciona anormalmente la economía argentina. El Poder Judicial tiene 1800 dependientes que representan un 3% de la planta total de empleadas/os públicos que, según información extraoficial, supera los 60 mil", sostiene el comunicado firmado por quienes tendrán una asamblea extraordinaria solo para tratar este tema.
El viernes 7 de febrero pedirán explicaciones a la cúpula del Poder Judicial -Mario Vivas, Alejandro Panizzi y Miguel Donnet- por la inconsulta decisión que adoptaron de acompañar el congelamiento de haberes por 6 meses.
En el pronunciamiento en cuestión, magistrados y funcionarios judiciales recuerdan que "a diferencia de lo que ocurre con los demás Poderes, la magistratura y funcionariado judicial deben acreditar entre dos y diez años de ejercicio de la abogacía y participar de un concurso público de antecedentes y oposición para acceder al cargo; sus decisiones son revisadas por el sistema previsto en cada proceso en las diversas instancias hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación; son evaluados a los tres años por el Consejo de la Magistratura y, en su caso, removidos por sumario o por juicio político por mal desempeño".
Queda claro que los judiciales no se consideran empleados públicos comunes y silvestres.
Ello se hace evidente cuando recuerdan que "en el Poder Ejecutivo Provincial hay -al menos- 540 funcionarios que cobran el mismo salario que la Judicatura, a quienes NO (SIC) se los somete a una evaluación de su idoneidad y a diferencia de la Magistratura y Funcionariado Judicial -sobre los que pesa una prohibición legal para hacerlo- mantienen paralelamente a su función otras actividades económicas rentables".
Es la economía, gobernador.
Si algo faltaría para poner a prueba la autoridad de Arcioni sería que finalmente no haya sesión el próximo miércoles. Desde su entorno deslizaron que es casi imposible que puedan pagar la mitad de sus haberes a los empleados legislativos, sin los cuales resulta imposible llevar a cabo la meneada reunión que ya debió postergarse una vez. En tanto, sobre los pocos proyectos que eventualmente podrían tener tratamiento ya surgieron nuevos cuestionamientos que deslizan la posibilidad de judicializar lo que llegue a aprobarse.
Iba a ser un "paquetazo", pero termina siendo un "paquetito". Apenas un tercio de las iniciativas anunciadas por el ministro de Economía Oscar Antonena -un par de horas después de que Mariano Arcioni difundiera en las redes sociales un video anunciando con tono compungido que él no cobraría sus haberes por 6 meses-, sería el que finalmente llegue a la Legislatura esta semana para ser tratado en sesión extraordinaria. Si es que la finalmente se realiza, claro.
El viernes se dio como un hecho que la sesión sería factible luego de que el titular del Poder Legislativo, el vicegobernador Ricardo Sastre, mediara ante el gremio APEL para que prestara su imprescindible colaboración. Como se sabe, sin ellos no hay sesión posible.
La cuestión es que la mayoría de los empleados legislativos pertenecen al tercer rango -esa división que estableció la administración de Arcioni a la hora de definir quién cobra primero el sueldo del mes y quiénes deben esperar- y por ello están aplicando una retención de servicios, tal como ruidosamente lo hicieron público durante la semana pasada mientras Antonena intentaba acordar con los diputados los proyectos a tratar para que Chubut "vuelva ser viable" y se aleje del precipicio.
Es la economía I
Angel Sierra -titular de APEL- sostuvo que si les pagan la mitad de sus sueldos de diciembre del año pasado, ellos trabajarán medio turno. Con esas exiguas tres horas debería alcanzar para debatir en profundidad -como se supone debe ser- medidas económicas que llegan para quedarse un largo tiempo.
Sin embargo, desde el Poder Ejecutivo dejaron trascender en las últimas horas que los 1.000 millones de pesos que necesitarían para depositar antes del miércoles no están. ¿Entonces?
Hasta este domingo la mayoría de los diputados que debería votar lo que queda del promocionado ajuste desconocía en qué monto se traduciría para el Tesoro provincial. Tampoco estaba claro cuánto ingresaría por las iniciativas que Arcioni debió dejar en el camino como jirones de la disputa con diversos sectores, algunos mejor intencionados que otros.
Son parte de ellos -por ejemplo- la venta de tierras fiscales con bosque nativo; la creación de una empresa provincial de pesca o la modificación de la ley de la actividad para poder disponer a su arbitrio de los beneficios que permite distribuir permisos; la Tasa Vial; y el congelamiento salarial en la administración pública.
"Al final el único que pone el hombro y está dispuesto a trabajar gratis por los otros soy yo, mientras los empleados no aceptan seguir cobrando lo mismo según el cronograma de ocasión", bien podría haber sido una amarga reflexión del hoy cercado gobernador que pensaba tener ley el jueves 23, para viajar con ella inmediatamente a Buenos Aires.
A Arcioni lo apuran por arriba -desde el Ministerio de Economía que conduce Martín Guzmán- y por abajo. Sus propios diputados no comparten totalmente los sectores del Estado y del sector privado en los que el gobernador eligió hacer cirugía mayor; en algunos casos sin anestesia.
Su ministro de Gobierno, el converso José María Grazzini, admitió que el congelamiento salarial en la administración pública será un hecho, por lo cual tendrá que producirse a través de un decreto del propio Arcioni.
Con empleados públicos que ya realizan medidas de fuerza y con la masiva movilización que se anuncia para el miércoles en Rawson -día de la hipotética sesión-, el gobernador bien puede redoblar la apuesta y sacar por decreto leyes que los diputados no acompañan; que incluso podrían llegar a ser algunas más en las siguientes horas. Es que no solo el lobby pesquero mostró los dientes en estos días. Es la economía.
Es la economía II
"No nos encontramos frente a un tributo a las grandes fortunas, sino frente a un impuesto que incidirá sobre los estratos medios de los chubutenses que ya contribuyen con el pago de sus impuestos para solventar la sobredimensión de los gastos que generan los tres poderes del Estado, el cual últimamente destina más de lo que ingresa para pagar salarios en mora, arrimando al precipicio a la provincia toda y colocándonos frente a un año 2020 que será marcado por una creciente conflictividad social, frente a una clase dirigente que carece de autocrítica y razonabilidad y que, como única respuesta, pretende exigir un mayor esfuerzo a la sociedad".
Aunque el tono del discurso se le parece, el documento conocido este fin de semana no es de la Mesa de Unidad Sindical sino del Colegio de Abogados de Puerto Madryn, que sentó postura sobre el impuesto que se pretende aplicar a las transferencias de bienes o herencias.
Se trata de una de las pocas iniciativas de la dupla Arcioni-Antonena que sobrevivió a la poda de propios y ajenos.
Los profesionales de las leyes directamente exhortaron "a los legisladores de la provincia a no aprobar la iniciativa cuestionada, pues la misma resulta inconstitucional y podrá generar diversos planteos judiciales con los mayores costos que ello ocasionará a nuestra provincia".
Es decir, si tal ley se aprueba de inmediato lloverán amparos judiciales que la tornarían inaplicable. ¿Qué queda entonces de aquella enumeración realizada por Antonena el miércoles 15 de enero que según él permitiría emprolijar cuentas para asegurar el pago a empleados, jubilados y proveedores en los meses por venir? Muy poco.
Uno de los proyectos que pervive es el de aumentar gravámenes en actividades como la agricultura, ganadería, caza y silvicultura -la cría de animales, tributará por el excedente previsto en el inciso 13 del artículo 149° del código fiscal-; pesca y servicios conexos; explotación de minas y canteras; industria manufacturera; electricidad, gas y agua; construcción; comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres; servicios de hotelería y restaurantes; servicios de transporte, almacenamiento y comunicaciones; como también la intermediación financiera y otros servicios financieros.
Se trata de sectores cautivos y perfectamente identificables, la mayoría de los cuales -por no decir casi todos- realizan actividades que no la han pasado bien durante el macrismo y que intentan sobrellevar lo mejor que pueden la dura realidad.
Claro que aquí también aparecen mencionadas "actividades de servicios relacionados con la extracción de petróleo y gas". A las grandes operadoras no se las puede alcanzar con un tributo provincial, aunque sí a pequeñas empresas que allí prestan servicios.
En el bloque oficialista de la inestable mayoría hay al menos tres legisladores que conocen bien la trama petrolera y que todavía nada dijeron al respecto, seguramente porque están esperando que el proyecto llegue al recinto legislativo y que el ministro de Hidrocarburos, Martín Cerdá, brinde la correspondiente explicación.
En este contexto tampoco hay que perder de vista a los diputados que sin provenir del tronco sindical son oriundos de Comodoro Rivadavia, una ciudad cuya economía se basa en la actividad hidrocarburífera. Es la economía.
Es la economía III
En este contexto, prácticamente pasó desapercibido el duro documento que emitió la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales -reforzado por las declaraciones formuladas por el Procurador Fiscal, Jorge Miquelarena- en cuanto a lo fastidioso que resulta a esta altura no tener certezas sobre las fechas de cobro de haberes.
"Hemos sostenido que la eliminación del déficit financiero provincial no puede depender de la reducción de gastos del funcionamiento del Poder Judicial que representa solamente el 6% del presupuesto provincial, y menos aún del congelamiento de salarios en el contexto inflacionario en el que funciona anormalmente la economía argentina. El Poder Judicial tiene 1800 dependientes que representan un 3% de la planta total de empleadas/os públicos que, según información extraoficial, supera los 60 mil", sostiene el comunicado firmado por quienes tendrán una asamblea extraordinaria solo para tratar este tema.
El viernes 7 de febrero pedirán explicaciones a la cúpula del Poder Judicial -Mario Vivas, Alejandro Panizzi y Miguel Donnet- por la inconsulta decisión que adoptaron de acompañar el congelamiento de haberes por 6 meses.
En el pronunciamiento en cuestión, magistrados y funcionarios judiciales recuerdan que "a diferencia de lo que ocurre con los demás Poderes, la magistratura y funcionariado judicial deben acreditar entre dos y diez años de ejercicio de la abogacía y participar de un concurso público de antecedentes y oposición para acceder al cargo; sus decisiones son revisadas por el sistema previsto en cada proceso en las diversas instancias hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación; son evaluados a los tres años por el Consejo de la Magistratura y, en su caso, removidos por sumario o por juicio político por mal desempeño".
Queda claro que los judiciales no se consideran empleados públicos comunes y silvestres.
Ello se hace evidente cuando recuerdan que "en el Poder Ejecutivo Provincial hay -al menos- 540 funcionarios que cobran el mismo salario que la Judicatura, a quienes NO (SIC) se los somete a una evaluación de su idoneidad y a diferencia de la Magistratura y Funcionariado Judicial -sobre los que pesa una prohibición legal para hacerlo- mantienen paralelamente a su función otras actividades económicas rentables".
Es la economía, gobernador.
