Caso Milagro Sala: habría juicio político a Morales y podrían intervenir JujuyEn audios que se hicieron públicos, el presidente del STJ reconoce que la líder de la agrupación Tupac Amaru está detenida por ser "un problema para el gobierno" pero no por delitos. Proponen juicio político en su contra. Para la Asociación de Abogados jujeños, hay "condiciones" para una intervención federal.
La divulgación de audios en los que el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Jujuy, Pablo Baca, reconoce que Milagro Sala está presa "porque es un problema para el gobierno" pero "no por sus delitos", hace tambalear el sostenimiento político del aparato judicial diseñado por el gobernador radical-macrista Gerardo Morales para tener encarcelada a la líder de la organización Tupac Amaru.
Las grabaciones de sonido son conversaciones telefónicas de Baca con una mujer amiga, y fueron reveladas por el portal de noticias El Cohete a la Luna dirigido por el periodista Horacio Verbitsky, quien además es presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
El escándalo generado derivó en que el presidente del STJ pidiera "licencia" en el cargo, y que además un grupo de diputados provinciales del peronismo de Jujuy presentara un proyecto para sustanciarle juicio político, al tiempo que realizó una denuncia penal en su contra.
Mientras que Morales, el gobernador provincial y responsable político de la persecución contra Milagro, utilizó la vieja táctica de que "no hay mejor defensa que un buen ataque" y redobló su agresividad discursiva en declaraciones radiales a Jorge Lanata. Sostuvo que Sala "no es una presa política sino una delincuente común", y refiriéndose a su actual prisión domiciliaria agregó que "no entiendo por qué no está en una cárcel común, no debería estar en su casa".
Según publicó El Cohete, "entre 2018 y 2019 Baca mantuvo largas conversaciones con una jujeña que decidió grabarlo y entregar el material a este medio. (...) Los diálogos ocurren antes de su ascenso a la presidencia del Tribunal, cuando él era uno de los vocales". (Acceso a la nota original con los audios).
En uno de los fragmentos difundidos, el presidente del máximo órgano judicial admite que Sala está presa "no por sus delitos, sino para que no tengamos que volver al quilombo permanente, a los cortes (de calles), a la quema de gomas". También se queja por actitudes del titular del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez, debido a las "presiones" que ejercía sobre los jueces que sustancian causas contra la dirigente opositora.
Cómo se armó todo
Gerardo Morales asumió la gobernación el 10 de diciembre de 2015, mismo día que Mauricio Macri la presidencia de la Nación. Ambos habían ganado encabezando las listas de la alianza "Cambiemos". Cinco días después, el jujeño envió a la Legislatura provincial un proyecto de ley para ampliar de 5 a 9 la cantidad de jueces del TSJ.
Dos diputados radicales votaron la ley y 24 horas después juraron como miembros del Superior Tribunal, o sea el más alto órgano provincial de administración de justicia. Uno de esos dos era Pablo Baca. A su vez, de los cuatro nuevos integrantes, los otros dos habían sido también diputados radicales en periodos anteriores.
El armado de la estructura de jueces y fiscales oficialistas siguió, días después, con la creación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), al cual le dieron todas las facultades de persecución penal. El gobierno jujeño designó para dirigirlo a Sergio Lello Sánchez, amigo de Gastón Morales, hijo del gobernador.
Más todavía: quien era presidenta del tribunal a fines de 2015, Clara Langhe de Falcone, alias "Titina", también es radical y había sido abogada de Morales. En los últimos cuatro años ha dicho reiteradamente en público que la dirigente de la Tupac Amaru está detenida porque así lo quiere "la gente".
Esa es la base del aparato judicial que tiene presa a Sala desde hace cuatro años, y desde hace uno con prisión domiciliaria por disposición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuyas indicaciones son obligatorias para los Estados miembros del sistema interamericano.
Juicio político y denuncia penal
Luego de hacerse públicas las conversaciones del presidente del tribunal con una amiga, cinco diputados provinciales del Frente de Todos pidieron para él juicio político y además radicaron una denuncia en un juzgado penal. Esta última acusación abarca tanto a Baca como a Lello Sánchez, titular del Ministerio Público de la Acusación.
Los legisladores enumeraron al menos ocho irregularidades o delitos que se desprenden de los audios revelados. Primero, "el gobernador Gerardo Morales es su jefe (en relación a Pablo Baca), por lo cual viola el principio republicano de separación de poderes del estado". Segundo, "hay una ciudadana jujeña que está presa por voluntad de Morales, aunque no corresponda jurídicamente".
En tercer lugar, "la ley que crea el ministerio de la acusación es excesiva, que la hizo Lello Sánchez a su medida (otra muestra más de sus excesos y de la falta de división de poderes), por ejemplo para nombrar a su esposa como funcionara a su cargo". Cuarto, "Lello Sánchez comete excesos en el ejercicio de su función ya que él es quién evita que los otros miembros del máximo órgano judicial ponga los límites a los excesos de Lello Sánchez".
Como quinto punto, "Morales es el jefe del equipo el cual integran Lello Sánchez y Él mismo (Baca), entre otros". Sexto, "que en la tramitación de las causas contra funcionarios y dirigentes políticos, fueron acomodando las causa, violando el principio de imparcialidad de los jueces".
En séptimo lugar, "Lello Sánchez presiona a jueces que tienen causas de su interés", y octavo y último, "Lello Sánchez y Clara de Falcone son incompetentes para estar en el cargo", expresan los legisladores denunciantes.
Abogados jujeños
Las reacciones ante la acumulación de evidencias incluyen un pronunciamiento de la Asociación de Abogados de Jujuy (AAJ) en el cual reclama que el presidente del Superior Tribunal renuncie a su cargo, y concluyen que hay motivos para una "intervención federal".
Tras denunciar "un maridaje entre el poder político y el poder judicial" en la provincia, la entidad resalta que "los y las justiciables claman por un Estado de Derecho y por una administración de justicia imparcial, no discriminatorio, transparente y eficaz".
Ante ello "estamos obligados a pedir la renuncia del Dr. Pablo Baca", y además "denunciamos el estado de gravedad institucional que se vive en la provincia, y por lo tanto, lamentamos que estén dadas las condiciones objetivos para hablar de una intervención federal".
Justicia Legítima
A nivel nacional, la asociación Justicia Legítima que preside la ex jueza María Laura Garrigós de Rebori, manifestó tras la difusión de los audios "su más profunda preocupación en razón de que tales dichos trasuntan descarnadamente el total avasallamiento del Estado de Derecho y la independencia del Poder Judicial en la provincia de Jujuy".
Apuntó también que "la gravedad de esa situación radica en que ese escandaloso pisoteo" de la legalidad "tiene como consecuencia el sostenimiento, por más de cuatro años, de la prisión arbitraria -conforme lo declarara el Equipo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU- de Milagros Sala y otros presos y presas de la organización Tupac Amaru".
"Frente a esta grosera" situación, "solicitamos a las autoridades correspondientes la adopción de las medidas que constitucionalmente corresponden, a fin de hacer cesar el obrar antijurídico de los poderes de ese Estado provincial", concluye Justicia Legítima.
Fuente: Va Con Firma
En audios que se hicieron públicos, el presidente del STJ reconoce que la líder de la agrupación Tupac Amaru está detenida por ser "un problema para el gobierno" pero no por delitos. Proponen juicio político en su contra. Para la Asociación de Abogados jujeños, hay "condiciones" para una intervención federal.
La divulgación de audios en los que el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Jujuy, Pablo Baca, reconoce que Milagro Sala está presa "porque es un problema para el gobierno" pero "no por sus delitos", hace tambalear el sostenimiento político del aparato judicial diseñado por el gobernador radical-macrista Gerardo Morales para tener encarcelada a la líder de la organización Tupac Amaru.
Las grabaciones de sonido son conversaciones telefónicas de Baca con una mujer amiga, y fueron reveladas por el portal de noticias El Cohete a la Luna dirigido por el periodista Horacio Verbitsky, quien además es presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
El escándalo generado derivó en que el presidente del STJ pidiera "licencia" en el cargo, y que además un grupo de diputados provinciales del peronismo de Jujuy presentara un proyecto para sustanciarle juicio político, al tiempo que realizó una denuncia penal en su contra.
Mientras que Morales, el gobernador provincial y responsable político de la persecución contra Milagro, utilizó la vieja táctica de que "no hay mejor defensa que un buen ataque" y redobló su agresividad discursiva en declaraciones radiales a Jorge Lanata. Sostuvo que Sala "no es una presa política sino una delincuente común", y refiriéndose a su actual prisión domiciliaria agregó que "no entiendo por qué no está en una cárcel común, no debería estar en su casa".
Según publicó El Cohete, "entre 2018 y 2019 Baca mantuvo largas conversaciones con una jujeña que decidió grabarlo y entregar el material a este medio. (...) Los diálogos ocurren antes de su ascenso a la presidencia del Tribunal, cuando él era uno de los vocales". (Acceso a la nota original con los audios).
En uno de los fragmentos difundidos, el presidente del máximo órgano judicial admite que Sala está presa "no por sus delitos, sino para que no tengamos que volver al quilombo permanente, a los cortes (de calles), a la quema de gomas". También se queja por actitudes del titular del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez, debido a las "presiones" que ejercía sobre los jueces que sustancian causas contra la dirigente opositora.
Cómo se armó todo
Gerardo Morales asumió la gobernación el 10 de diciembre de 2015, mismo día que Mauricio Macri la presidencia de la Nación. Ambos habían ganado encabezando las listas de la alianza "Cambiemos". Cinco días después, el jujeño envió a la Legislatura provincial un proyecto de ley para ampliar de 5 a 9 la cantidad de jueces del TSJ.
Dos diputados radicales votaron la ley y 24 horas después juraron como miembros del Superior Tribunal, o sea el más alto órgano provincial de administración de justicia. Uno de esos dos era Pablo Baca. A su vez, de los cuatro nuevos integrantes, los otros dos habían sido también diputados radicales en periodos anteriores.
El armado de la estructura de jueces y fiscales oficialistas siguió, días después, con la creación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), al cual le dieron todas las facultades de persecución penal. El gobierno jujeño designó para dirigirlo a Sergio Lello Sánchez, amigo de Gastón Morales, hijo del gobernador.
Más todavía: quien era presidenta del tribunal a fines de 2015, Clara Langhe de Falcone, alias "Titina", también es radical y había sido abogada de Morales. En los últimos cuatro años ha dicho reiteradamente en público que la dirigente de la Tupac Amaru está detenida porque así lo quiere "la gente".
Esa es la base del aparato judicial que tiene presa a Sala desde hace cuatro años, y desde hace uno con prisión domiciliaria por disposición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuyas indicaciones son obligatorias para los Estados miembros del sistema interamericano.
Juicio político y denuncia penal
Luego de hacerse públicas las conversaciones del presidente del tribunal con una amiga, cinco diputados provinciales del Frente de Todos pidieron para él juicio político y además radicaron una denuncia en un juzgado penal. Esta última acusación abarca tanto a Baca como a Lello Sánchez, titular del Ministerio Público de la Acusación.
Los legisladores enumeraron al menos ocho irregularidades o delitos que se desprenden de los audios revelados. Primero, "el gobernador Gerardo Morales es su jefe (en relación a Pablo Baca), por lo cual viola el principio republicano de separación de poderes del estado". Segundo, "hay una ciudadana jujeña que está presa por voluntad de Morales, aunque no corresponda jurídicamente".
En tercer lugar, "la ley que crea el ministerio de la acusación es excesiva, que la hizo Lello Sánchez a su medida (otra muestra más de sus excesos y de la falta de división de poderes), por ejemplo para nombrar a su esposa como funcionara a su cargo". Cuarto, "Lello Sánchez comete excesos en el ejercicio de su función ya que él es quién evita que los otros miembros del máximo órgano judicial ponga los límites a los excesos de Lello Sánchez".
Como quinto punto, "Morales es el jefe del equipo el cual integran Lello Sánchez y Él mismo (Baca), entre otros". Sexto, "que en la tramitación de las causas contra funcionarios y dirigentes políticos, fueron acomodando las causa, violando el principio de imparcialidad de los jueces".
En séptimo lugar, "Lello Sánchez presiona a jueces que tienen causas de su interés", y octavo y último, "Lello Sánchez y Clara de Falcone son incompetentes para estar en el cargo", expresan los legisladores denunciantes.
Abogados jujeños
Las reacciones ante la acumulación de evidencias incluyen un pronunciamiento de la Asociación de Abogados de Jujuy (AAJ) en el cual reclama que el presidente del Superior Tribunal renuncie a su cargo, y concluyen que hay motivos para una "intervención federal".
Tras denunciar "un maridaje entre el poder político y el poder judicial" en la provincia, la entidad resalta que "los y las justiciables claman por un Estado de Derecho y por una administración de justicia imparcial, no discriminatorio, transparente y eficaz".
Ante ello "estamos obligados a pedir la renuncia del Dr. Pablo Baca", y además "denunciamos el estado de gravedad institucional que se vive en la provincia, y por lo tanto, lamentamos que estén dadas las condiciones objetivos para hablar de una intervención federal".
Justicia Legítima
A nivel nacional, la asociación Justicia Legítima que preside la ex jueza María Laura Garrigós de Rebori, manifestó tras la difusión de los audios "su más profunda preocupación en razón de que tales dichos trasuntan descarnadamente el total avasallamiento del Estado de Derecho y la independencia del Poder Judicial en la provincia de Jujuy".
Apuntó también que "la gravedad de esa situación radica en que ese escandaloso pisoteo" de la legalidad "tiene como consecuencia el sostenimiento, por más de cuatro años, de la prisión arbitraria -conforme lo declarara el Equipo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU- de Milagros Sala y otros presos y presas de la organización Tupac Amaru".
"Frente a esta grosera" situación, "solicitamos a las autoridades correspondientes la adopción de las medidas que constitucionalmente corresponden, a fin de hacer cesar el obrar antijurídico de los poderes de ese Estado provincial", concluye Justicia Legítima.
Fuente: Va Con Firma
