Política

El huevo de la serpiente incubado por Das Neves-Arcioni y el apriete de los bonistas: ¿default financiero o default social?

Conocedores de la profunda crisis financiera y económica de Chubut, los tenedores de bonos en dólares de la deuda provincial comenzaron a presionar al gobierno de Arcioni para que siga pagando religiosamente todos los vencimientos de los créditos tomados en 2016. "Decepcionados", le advirtieron acerca de las "graves consecuencias" que implicaría renegociar sin su consentimiento o caer en una cesación de pagos. El gobierno provincial está ahora frente a la disyuntiva de avanzar hacia un default financiero con los bonistas o profundizar al extremo el default social con los empleados estatales y el conjunto de la sociedad chubutense. Es evidente a priori que las señales indican que el gobierno prioriza a los primeros por sobre los segundos.

En Chubut el default es inevitable, aunque la duda es a quiénes se dejará de atender con los fondos provinciales. O se deja de pagar la deuda en dólares con los bonistas privados y se avanza como mínimo en una renegociación con ampliación de los plazos y quita de capital e intereses -nadie habla de investigar el destino que tuvieron los dólares recibidos- o se aplica un brutal ajuste sobre los empleados públicos y el conjunto de la sociedad chubutense haciéndole pagar a las mayorías un festival de endeudamiento del que se aprovechó la clase dirigente que ocupó el poder en los últimos años.

Esa es la gran disyuntiva por la que atraviesa Chubut, y todas las acciones encaradas por el gobierno de Mariano Arcioni desde 2018 se encaminaron hacia la segunda opción. Esa elección se reflejó nítidamente a través del ajuste que quiso aplicar en 2018 y ahora se verá hasta dónde llega el que tratará de imponer en este 2020.

El primer intento fue frenado por la movilización y la lucha de los estatales, quienes pusieron en jaque al gobierno durante casi todo un semestre. Este segundo intento se fue desgranando hasta su mínima expresión como consecuencia de una crisis política que estalló al interior mismo del oficialismo gobernante. Hasta ahora no jugaron un papel decisivo los gremios estatales, más allá del desborde de las bases por sobre sus conducciones, en su mayoría conciliadoras.

El arcionismo tampoco pudo abrirle las puertas al lobby prominero en Chubut, lo que conlleva un costo político altísimo, tanto frente a los capitales mineros como ante el gobierno de Alberto Fernández, quien dio claras muestras de avanzar en la dirección extractivista. Esta situación implicó una nueva fase de pérdida de gobernabilidad y credibilidad para la administración que lidera Arcioni.

El BOCADE es el bono que más preocupa a los tenedores de deuda chubutense en dólares, pero también el que más afecta a los chubutenses. Solamente por ese título público emitido por Das Neves en 2016 Chubut ya pagó 201 millones de dólares de intereses. Cuando se termine de cancelar en 2026 habrá costado 1.046 millones de dólares. A cambio, la provincia recibió 650 millones de dólares que se esfumaron y dejaron al Estado en la crisis actual.

Garantizáme la mía o te llevo a juicio

La carta enviada por correo electrónico y por Federal Express desde el estudio Latham & Watkins cayó como una bomba expansiva que impactó de lleno en el corazón de un gobierno tambaleante.

La intimación para que siga pagando regularmente los vencimientos por la deuda contraída en 2016 por un total de 650 millones de dólares no es solamente una mera advertencia, sino una presión extra para que el famoso "ordenamiento de las cuentas públicas" -reclamado al unísono desde el Gobierno nacional- se haga realidad garantizando el pago a los tenedores de deuda.

Si los pagos se suspenden, la advertencia devendrá en amenaza. Latham & Watkins ya le hizo saber a Arcioni que "Las acciones de la Provincia ahora tendrán implicaciones graves y de gran alcance en la capacidad de la provincia, sus municipalidades hermanas y la República para atraer inversionistas internacionales para el financiamiento a largo plazo y a gran escala que es vital para su respectivo desarrollo".

La misiva rubricada por Christopher J. Clark -presidente de Latham & Watkins- y dirigida al gobernador Arcioni, el vice Ricardo Sastre, el ministro de Economía Antonena y el ministro de Hidrocarburos Martín Cerdá -curiosamente el encabezamiento incluye a esos cuatro funcionarios- tiene varias aristas interesantes para desmenuzar.

Por un lado, intima a Chubut para que siga afrontando los vencimientos de la deuda en dólares, haciendo especial referencia a los 650 millones tomados en 2016; con un plazo de pago de 10 años y a una tasa de interés del 7,75% en moneda estadounidense.

En segundo lugar, los bonistas se mostraron sorprendidos por la intención de renegociación de la deuda, mecanismo al que ahora se denomina "reperfilamiento". Aducen haberse enterado por lo que fue una conferencia de prensa donde se propuso el corrimiento de los plazos de los vencimientos.

Ante este panorama y presumiendo que Chubut pueda aplicar una renegociación forzada de la deuda o que inclusive decrete la cesación de pagos de los títulos en moneda extranjera, desde el estudio de los bonistas le enviaron una clara señal de advertencia al gobierno provincial.

"En caso de que la provincia no cumpla con sus obligaciones con los titulares de los Títulos de Deuda de 2026 (cuando entendemos que la garantía en sí es más que adecuada para cumplir con estas obligaciones) nuestros clientes harán cumplir los términos del Contrato de Fideicomiso y del Contrato de Fideicomiso Argentino en virtud de las leyes argentinas y estadounidenses. Para ello, nuestros clientes utilizarán todas las vías disponibles a su disposición, incluida la búsqueda de todos y cada uno de los recursos disponibles en la ley y en la equidad en los tribunales de los Estados Unidos y Argentina", expresaron en la carta en cuestión.

Arrinconando verbalmente al gobierno provincial agregaron que "Las acciones de la Provincia ahora tendrán implicaciones graves y de gran alcance en la capacidad de la provincia, sus municipalidades hermanas y la República para atraer inversionistas internacionales para el financiamiento a largo plazo y a gran escala que es vital para su respectivo desarrollo".

El origen de la "sorpresa" y "decepción"

El portal EconoJournal hizo público un documento -con fecha del 21 de enero y que también fue remitido al Gobierno nacional- donde Latham & Watkins sostiene que "nos hemos enterado recientemente de que la provincia organizó una conferencia de prensa en la que abordó, entre otras cosas, las medidas propuestas para modificar las obligaciones de pago de la deuda pública de la provincia".

Ante este panorama, a través de Latham & Watkins los bonistas expresaron que "Entendemos por la cobertura de prensa que estas medidas propuestas contemplan un reperfilamiento de los títulos de deuda de 2026, que incluye el aplazamiento de los vencimientos de los pagos de capital durante los próximos cuatro años y la reducción de los pagos de cupones de los títulos de deuda 2026. Nos decepciona que la provincia no haya hecho ningún esfuerzo para discutir esta propuesta que consideramos inviable con nuestros clientes o (suponemos) con cualquier otro tenedor de bonos de 2026".

Si bien es cierto que nunca tuvo tratamiento para convertirse en ley, el Ejecutivo envió a mediados del año pasado -con Alejandro Garzonio en el Ministerio de Economía- un proyecto para que se le autorice la renegociación de la deuda en dólares. Parece que en aquella oportunidad los bonistas no prestaron atención a los medios de comunicación o -lo que sería peor aún- el gobierno no les comunicó la iniciativa que no difiere demasiado de la actual.

Se supone que la conferencia de prensa aludida fue la brindada por el gobernador Arcioni y el ministro de Economía Oscar Antonena el pasado 15 de enero, cuando anunciaron el ajuste y paquete de medidas que apuntaban a la instrumentación del Programa de Reforma Estructural del Estado.

En esa oportunidad Arcioni aseveró que "Hoy Chubut está en una situación financiera delicada, durante demasiado tiempo se tomaron endeudamientos mal planeados, para obras que no se concretaron o para cubrir una mala administración. El resultado es un Estado profundamente endeudado. Esta es la situación en la que nos encontramos".

Un par de horas más tarde, Antonena anunció con su Power Point que "La Provincia de Chubut está haciendo gestiones para recuperar la sostenibilidad de la duda pública". Explicaba que las propuestas serían "Lograr diferir los vencimientos de pagos de capital (amortizaciones) de los próximos cuatro años" y "Reducir los pagos de cupón (intereses) durante ese período".

Antonena brindó más claves en esa ocasión: dijo que los tres ejes centrales del "reperfilamiento y sus dimensiones" iba a estar dado por "Acceso futuro al mercado de la deuda", "Disciplina fiscal y acuerdo social de precios y salarios", y "Performance macro del país y desarrollo de los principales complejos productivos de Chubut".

Esos tres elementos deben leerse como nuevo acceso al crédito internacional para pagar deuda con más endeudamiento, el reclamado ordenamiento de las cuentas públicas y la profundización de la actividad petrolera junto con la sumatoria de la rechazada actividad minera.

Lo curioso de esa conferencia de prensa brindada por el ministro de Economía, fue que él mismo admitió que "Si la provincia lograra diferir todas las obligaciones por pagos de servicios de deuda (Bonos, Letras y Anticipos del Banco del Chubut), mantendría un déficit de unos 13.000 millones de pesos. En este escenario, el gasto en salarios y jubilaciones propios del ejercicio seguiría en niveles insostenibles".

Nueva decodificación. Aunque se renegocie toda la deuda, la que está colocada en dólares y también la tomada en pesos, Chubut seguiría con un déficit históricamente incomparable -el que nunca se explicó cómo se duplicó respecto del Presupuesto 2020 elaborado por el Poder Ejecutivo y votado por la Legislatura -; por lo que la actual gestión además de renegociar necesita aplicar un ajuste brutal y además proyectar nuevos endeudamientos para seguir pagando la deuda contraída.

Por si hay dudas, fue el propio Antonena quien afirmó: "La provincia enfrenta un problema estructural extremo en términos del peso de su masa salarial, que ya no solo le impide funcionar normalmente e invertir en infraestructura, sino que le impide directamente seguir endeudándose para pagar los salarios y jubilaciones, aun manteniéndolos sin ajustar durante todo 2020 y logrando despejar todos los pagos de deuda durante el ejercicio".

Hasta los bonistas desconfían de los números

¿De dónde salen los números oficiales para que el déficit provincial para este año se haya disparado desde 11.189 millones de pesos a 22.000 mil millones? Hasta el momento nadie lo explicó desde el Gobierno chubutense. Tampoco se habrían enviado oficialmente las respuestas que pidió el bloque legislativo de Juntos por el Cambio con el objetivo de comprender las cuentas que maneja Antonena.

Lo más llamativo es que hasta los propios bonistas ponen en duda los números de Chubut. Se animaron a afirmar en la carta que "No entendemos la supuesta necesidad de reperfilar los títulos de deuda de 2026. La liquidez generada por la Garantía continúa respaldando cómodamente el servicio de la deuda de los títulos de Deuda de 2026 que, como señalamos anteriormente, equivale aproximadamente a 10.000 millones de pesos en liquidez en los últimos cuatro trimestres, comparado con los 2.351 millones equivalentes al servicio de deuda de los Títulos de Deuda de 2026".

¿Una jugada a lo Kicillof?

La de Chubut parece ser una renegociación aún más traumática que la del gobernador Axel Kicillof con la deuda de la provincia de Buenos Aires. Aunque de alguna manera la perspectiva chubutense estaría puesta principalmente en los vencimientos que se vienen a partir de octubre de este año, cuando la provincia ya no sólo tenga pagar los intereses del BOCADE en dólares -como lo hizo hasta ahora- sino que también deba comenzar a cancelar la amortización de manera trimestral.

En enero pasado se acumularon vencimientos por 17 millones de dólares. Allí se concentró el enorme cuello de botella financiero que llevó a la provincia a no poder pagar los sueldos de los estatales correspondientes a diciembre hasta entrado febrero, incluyendo el atraso en los aguinaldos.

Esos vencimientos de deuda durante enero fueron los siguientes: 12,5 millones de dólares solo por los intereses del BOCADE (650 millones dólares tomados en 2016) y 4,4 millones de dólares correspondientes al Fideicomiso Financiero 2020 (150 millones de dólares tomados en 2010), entre los que se pagaron 4,1 millones de amortización y 242 mil dólares de intereses.

Febrero y marzo serán meses relativamente "tranquilos" en cuanto a los vencimientos, aunque entre ambos meses se suman cancelaciones por casi 6 millones de dólares. En febrero se pagarán 3,1 millones de dólares del BOPRO (50 millones tomados en 2016), de los cuales 2,3 millones corresponderán al pago de capital y 740 mil a la cancelación de intereses. En marzo vencerán 5,8 millones de dólares del BODIC 2 (89 millones tomados en 2015), de los cuales 5,5 millones serán para pagar amortizaciones y 312 mil dólares intereses.

Ese mecanismo de ahogo trimestral e impactos mensuales de la deuda se extenderá hasta el mes de septiembre con dimensiones similares a las enumeradas anteriormente; el problema se multiplicará cuando llegue el mes de octubre y los vencimientos a pagar por Chubut asciendan a los casi 40 millones de dólares.

Octubre será clave

Hasta ahora la provincia nunca tuvo que afrontar un pago de deuda tan abultado mensualmente, y es de suponer que las expectativas del gobierno de Arcioni implican renegociar los plazos de los vencimientos antes que llegue el mazazo de octubre. En los meses con cancelaciones mucho menores tampoco puede pagar en término los salarios de los empleados públicos ni hacer frente a los gastos corrientes de funcionamiento del Estado.

Esos 39,6 millones de dólares que vencerán en octubre pegan un salto enorme en su volumen, ya que comienza a correr la cancelación de la amortización del BOCADE; que insumirá, además de los 12,5 millones de dólares de intereses, otros 27 millones más por el primer pago de capital.

Si hasta el momento el impacto de la deuda en dólares ha sido casi mortal, es de imaginar que tener que pagar 40 millones de dólares en un solo mes hará saltar por los aires las cuentas públicas. El gobierno quiere anticiparse a ese momento explosivo. Por eso busca acelerar la renegociación. Sin embargo, los bonistas ya le están marcando la cancha con su rechazo al "reperfilamiento", porque saben que sus ingresos están garantizados por las regalías petroleras dentro del mecanismo de pago acordado con Chubut.

Vale recordar que los fondos por regalías petroleras se inmovilizan, son absorbidos por las cancelaciones de la deuda y solamente se liberan los sobrantes una vez que se cumplimentó el pago de la misma. Recién en ese momento el Estado puede disponer de las regalías restantes, si las hubiera.

Octubre será un mes donde posiblemente no alcancen ni siquiera todas las regalías percibidas por la provincia en dicho mes; prácticamente se necesitarían los ingresos por regalías de un mes y medio. En octubre de 2019 Chubut cobró 28,6 millones de dólares en regalías. Para llegar a los 40 millones de deuda se absorbería cerca del 40% de los ingresos por septiembre; es decir que la provincia dejará de contar con sus ingresos por regalías por lo menos por un mes y medio. En paralelo deberá afrontar los salarios estatales, los gastos corrientes y los pagos atrasados a proveedores y demás acreedores en pesos.

El bocadito del BOCADE

Ahí no se terminan todos los problemas, porque en 2021 habrá otros cuatro vencimientos de esas dimensiones exorbitantes. En enero del año que viene vencerán 39,1 millones de dólares en enero; 38,6 millones en abril; 38,1 millones en julio y otros 37,5 millones en octubre.

El BOCADE es el título de deuda emitido en julio de 2016 durante el tercer mandato de Mario Das Neves con Mariano Arcioni como vice gobernador, cuando Chubut se endeudó por 650 millones de dólares a una tasa del 7,75% anual en moneda estadounidense.

Resulta inaceptable que el actual gobernador Arcioni quiera desprenderse de la responsabilidad del endeudamiento al que denominó como "mal planeado", cuando él mismo integró dicha gestión de gobierno.

El BOCADE se tomó para cancelar deuda atrasada con proveedores, muchos de los cuáles aún no cobraron o reclaman nuevos servicios impagos. Un 15% iba a destinarse para la obra pública y otra porción iría a los municipios para cubrir gastos corrientes.

Sólo por el BOCADE se pagó desde 2016 hasta fines de 2019 un total de 201,5 millones de dólares de intereses, partiendo de una deuda original de 650 millones de dólares a una tasa anual del 7,75%.

Al BOCADE todavía le queda generar cinco años más de sangría y lenta agonía para Chubut. Hasta que el bono se cancele definitivamente la provincia habrá pagado entre 2016 y el 2026 la impactante suma de 1.046,7 millones de dólares, de los cuales 650 millones habrán sido por el capital y los 396,7 millones restantes por la cancelación de intereses. Es evidente que esos millones originales no resolvieron ni uno solo de los problemas de Chubut, objetivos que fueron esgrimidos como argumento para solicitar el préstamo.

Hasta ahora el BOCADE y todos los demás títulos públicos que conforman el festival de la deuda con la que hundió a la provincia la clase política que pasó por el gobierno en los últimos 10 años han sido pagados por el pueblo chubutense. Los bonistas se han visto beneficiados con una deuda ilegítima que debería ser investigada por su carácter de ilegal y fraudulenta.

Los tenedores de bonos están dispuestos a litigar contra Chubut en los tribunales de Estados Unidos, porque así se estableció cuando se firmaron los acuerdos para no perder un solo peso de los contratos firmados.

El pueblo chubutense y los trabajadores aparecen como las víctimas propiciatorias que seguirán cargando sobre sus espaldas el default social. Eso deja sin salarios a los estatales y sin escuelas, obras y servicios al conjunto de la sociedad. Ellos tendrán que enfrentaren las calles y en los tribunales nacionales un desfalco histórico que nada tiene que envidiarle al producido a nivel nacional.

El bocadito del BOCADE tiene un sabor muy dulce para unos pocos y muy amargo para muchos otros.