Terminados en "on": Resignación o intervenciónPor Hernán Díaz Varela.
Docente en Lengua y Comunicación. Militante político y social.
En este país de memoria corta -el "país esponja" que canta León Gieco en "Los Salieris de Charly"- es importante refrescar lo sucedido desde hace escasos siete meses.
El vértigo del segundo semestre del año pasado (en el que no hubo para Chubut ni brotes verdes ni luz al final del túnel pero sí un modo de gestión pública calcado del modelo macrista, e incluyó muertes, detenciones arbitrarias y criminalización de la protesta social) desembocó en una suerte de pax romana sobre fin de año a la espera de soluciones cuasi mágicas provenientes de un Godot nacional que, hasta la fecha, sólo ha provisto las dosis necesarias de cannabis financiero para calmar parcialmente los ánimos de los chubutenses durante el período estival.
Los acuerdos básicos subyacentes a este escenario político son básicamente dos: en primer lugar, toda la clase política acepta como hecho consumado el "faltante de caja" de 650 millones de dólares -más intereses- que el gobierno de Das Neves - Arcioni recibió y evaporó en poco más de dos años, sin ningún intento más o menos serio de investigar el destino de ese dinero y dando por sentada la "socialización de la deuda".
En segundo lugar, que la deuda pública generada por un gobierno cuyos principales funcionarios están presos, procesados o imputados por hechos de corrupción y delitos contra la administración pública la tienen que pagar los trabajadores y los jubilados provinciales por la vía del ajuste.
Luego de completar su gabinete zombi con funcionarios de probada impericia en otras áreas o en las mismas en las que fueron nuevamente convocados, el gobernador electo Mariano Ezequiel Arcioni continuó su peregrinación de rodillas sangrantes ante el Ministerio de Economía de la Nación, que le habilitó la semana pasada 800 millones de pesos - apenas un tercio de lo solicitado y por segunda "última vez"- para terminar de abonar salarios y jubilaciones de diciembre en la primera semana de febrero. Por supuesto, se imputan como adelantos de coparticipación, incrementando aún más el stock de deuda pública.
Desde comienzos de este año, las protestas sociales comenzaron con reuniones de jubilados estatales, marchas de autoconvocados de Salud, con declaraciones de médicos que denunciaron las deplorables condiciones laborales en los hospitales públicos, otras de maestros que exhibieron los mismos reclamos y enarbolaron idénticos argumentos que el año pasado, y de los brigadistas forestales que continúan en huelga debido a que el gobierno no sólo no cumple con la paritaria salarial acordada, sino que ni siquiera provee de los elementos necesarios para realizar su de por sí riesgoso trabajo, justamente en la época del año en que ese servicio resulta indispensable.
Concomitantemente, el rechazo multitudinario en toda la provincia a la nueva embestida minera dejó -una vez más- desairado al gobernador, quien en una nueva acrobacia discursiva dijo hace un par de días que "no nos preocupáramos porque en su gobierno no iba a haber megaminería".
Por otra parte, y ante el incumplimiento del pago de salarios en tiempo y forma, el gremio legislativo se plantó en retención de servicios impidiendo la realización de sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo para tratar el paquete de leyes del ajuste provincial que incluye, entre otras lindezas, el congelamiento por seis meses de salarios y jubilaciones, un plan de retiros y jubilaciones anticipadas y un incremento en el impuesto de sellos a las transferencias de bienes, medidas que no contarían con el aval legislativo como ya manifestaron públicamente los diputados del Frente Patriótico, Juntos por el Cambio y otros que responden directamente al vicegobernador Ricardo Sastre y al poderoso intendente de Trelew, Adrián Maderna.
Enojado y haciendo gala de su inmadurez política, Arcioni no tuvo mejor idea que tratar a sus socios políticos de "miserables" y Oscar Antonena, su fiel compañero en la frecuente peregrinación mendicante al Ministerio de Economía nacional, mandó a los legisladores a trabajar, deschavando que cobran más de 300 mil pesos. Un aporte a la confusión general.
En lo que va del año, el planteo más contundente respecto de la necesidad de ordenar las cuentas y, básicamente, pagar salarios en tiempo y forma, provino del ámbito judicial. Luego de la decisión solitaria e inconsulta del presidente del Superior Tribunal, Mario Vivas, de desacoplar el salario de los jueces y empleados del "enganche automático" con los incrementos que otorga la Corte Suprema nacional, la respuesta no se hizo esperar. Tanto el gremio Sitrajuch como la Asociación de Magistrados criticaron duramente esta metida de mano en los bolsillos y desde la corporación de jueces se generó la propuesta de pagar "con fondos propios" los sueldos de ese Poder. En buen romance, tomar "prestado" de los ingresos por tasas judiciales, costas de procesos y similares que abonamos quienes requerimos del servicio de justicia, pagar los salarios del sector y "devolverlos" en breve.
Asimismo, se le planteó al gobernador la posibilidad de designar un "veedor judicial" de las cuentas públicas para corroborar el real estado de las finanzas provinciales. Cuesta entender porqué, si venimos de dos años de conflicto y pago escalonado ilegal, no se les ocurrió hacer uso antes de las potestades de investigación que tienen tanto el Ministerio Público como los jueces. La mora de más de un mes en el pago de sus haberes y en plena feria -vacaciones- judicial parece haberles sacudido la modorra.
De todos modos -incluso con la advertencia de auditar las cuentas públicas-, lo cierto es que la propuesta del sector judicial equivale a que los docentes les cobremos a nuestros estudiantes unos pesos, o los médicos de hospitales públicos a sus pacientes, o la policía una colaboración "voluntaria" a los vecinos; todo para hacernos de "fondos propios" y pagar nuestros salarios a tiempo, asegurar así esos servicios públicos cuyo garante es el Estado provincial y, eventualmente, devolver ese dinero a los usuarios -todos nosotros- en un tiempo prudencial. No resiste el más elemental análisis, pero desnuda la pretensión individual de un sector de funcionarios públicos con gran poder de lobby.
Respecto de los docentes, cuando dentro de unos días el ciclo lectivo no comience porque no están garantizadas las condiciones laborales, salariales, edilicias y operativas todes advertiremos que, además de desnudo, el rey está en pelotas.
Es el mismo gobernador que, quince días después de las elecciones provinciales que lo llevaron a su cargo en junio de 2019, se sacó la careta y pidió autorización a la Legislatura -que ni siquiera la trató- para renegociar 1.006 millones de dólares de deuda pública, de los cuáles cerca del 90 por ciento se generó entre 2016 y 2019, es decir, durante su gestión como vicegobernador y luego gobernador tras el fallecimiento de Mario Das Neves.
Incluso con la nueva conformación de la Cámara de Diputados luego del 10 de diciembre, Arcioni tampoco logró autorización para reperfilar la deuda pública, que sumaba ya unos 100 millones de dólares más.
El Decreto 2038 firmado por el gobernador hace unos días pone a Chubut al borde de la intervención federal. Es una confesión de incompetencia funcional, política y personal de Arcioni y Antonena para cumplir con su tarea. Mediante este instrumento el gobierno contrató a dos bancos privados, JP Morgan y Citicorp, para que reestructuren la deuda pública de Chubut. No pasó por Legislatura, pero así como las fracturas de bloque y divisiones impiden lograr tratamiento parlamentario de las impopulares medidas que plantea el Ejecutivo, también evitan una eventual derogación de este decreto al no lograrse el número de votos para hacerlo.
En este estado de situación ya están dadas las condiciones objetivas para una intervención federal de la provincia. Para ello, toda la clase política, y particularmente nuestros representantes, deben escuchar a sus representados. Este gobierno es producto de una estafa electoral. Nadie, en buena fe, los votó para esto. Como me dice habitualmente un veterano político santacruceño, en política el contexto es condición, nunca excusa. El derrotero que confirma el último decreto es de pagar toda la deuda pública sin auditarla -porque de hacerlo se estarían pegando un tiro en los pies muchos de los actuales funcionarios e incluso el propio gobernador-, negociando quita de intereses y plazos de pago, comprometiendo a futuras gestiones y, en concreto, hipotecando nuestro futuro. Para ello cuentan con nuestra resignación. Que la Nación intervenga sería nada más que asumir el rol que declinó durante los últimos cuatro años en los que, como repite hasta el hartazgo Alberto Fernández, la Patagonia fue por mucho la región más castigada. Es hora de que asuman sus responsabilidades, y que paguen los responsables. Claramente, no somos los trabajadores ni los jubilados.
Por Hernán Díaz Varela.
Docente en Lengua y Comunicación. Militante político y social.
En este país de memoria corta -el "país esponja" que canta León Gieco en "Los Salieris de Charly"- es importante refrescar lo sucedido desde hace escasos siete meses.
El vértigo del segundo semestre del año pasado (en el que no hubo para Chubut ni brotes verdes ni luz al final del túnel pero sí un modo de gestión pública calcado del modelo macrista, e incluyó muertes, detenciones arbitrarias y criminalización de la protesta social) desembocó en una suerte de pax romana sobre fin de año a la espera de soluciones cuasi mágicas provenientes de un Godot nacional que, hasta la fecha, sólo ha provisto las dosis necesarias de cannabis financiero para calmar parcialmente los ánimos de los chubutenses durante el período estival.
Los acuerdos básicos subyacentes a este escenario político son básicamente dos: en primer lugar, toda la clase política acepta como hecho consumado el "faltante de caja" de 650 millones de dólares -más intereses- que el gobierno de Das Neves - Arcioni recibió y evaporó en poco más de dos años, sin ningún intento más o menos serio de investigar el destino de ese dinero y dando por sentada la "socialización de la deuda".
En segundo lugar, que la deuda pública generada por un gobierno cuyos principales funcionarios están presos, procesados o imputados por hechos de corrupción y delitos contra la administración pública la tienen que pagar los trabajadores y los jubilados provinciales por la vía del ajuste.
Luego de completar su gabinete zombi con funcionarios de probada impericia en otras áreas o en las mismas en las que fueron nuevamente convocados, el gobernador electo Mariano Ezequiel Arcioni continuó su peregrinación de rodillas sangrantes ante el Ministerio de Economía de la Nación, que le habilitó la semana pasada 800 millones de pesos - apenas un tercio de lo solicitado y por segunda "última vez"- para terminar de abonar salarios y jubilaciones de diciembre en la primera semana de febrero. Por supuesto, se imputan como adelantos de coparticipación, incrementando aún más el stock de deuda pública.
Desde comienzos de este año, las protestas sociales comenzaron con reuniones de jubilados estatales, marchas de autoconvocados de Salud, con declaraciones de médicos que denunciaron las deplorables condiciones laborales en los hospitales públicos, otras de maestros que exhibieron los mismos reclamos y enarbolaron idénticos argumentos que el año pasado, y de los brigadistas forestales que continúan en huelga debido a que el gobierno no sólo no cumple con la paritaria salarial acordada, sino que ni siquiera provee de los elementos necesarios para realizar su de por sí riesgoso trabajo, justamente en la época del año en que ese servicio resulta indispensable.
Concomitantemente, el rechazo multitudinario en toda la provincia a la nueva embestida minera dejó -una vez más- desairado al gobernador, quien en una nueva acrobacia discursiva dijo hace un par de días que "no nos preocupáramos porque en su gobierno no iba a haber megaminería".
Por otra parte, y ante el incumplimiento del pago de salarios en tiempo y forma, el gremio legislativo se plantó en retención de servicios impidiendo la realización de sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo para tratar el paquete de leyes del ajuste provincial que incluye, entre otras lindezas, el congelamiento por seis meses de salarios y jubilaciones, un plan de retiros y jubilaciones anticipadas y un incremento en el impuesto de sellos a las transferencias de bienes, medidas que no contarían con el aval legislativo como ya manifestaron públicamente los diputados del Frente Patriótico, Juntos por el Cambio y otros que responden directamente al vicegobernador Ricardo Sastre y al poderoso intendente de Trelew, Adrián Maderna.
Enojado y haciendo gala de su inmadurez política, Arcioni no tuvo mejor idea que tratar a sus socios políticos de "miserables" y Oscar Antonena, su fiel compañero en la frecuente peregrinación mendicante al Ministerio de Economía nacional, mandó a los legisladores a trabajar, deschavando que cobran más de 300 mil pesos. Un aporte a la confusión general.
En lo que va del año, el planteo más contundente respecto de la necesidad de ordenar las cuentas y, básicamente, pagar salarios en tiempo y forma, provino del ámbito judicial. Luego de la decisión solitaria e inconsulta del presidente del Superior Tribunal, Mario Vivas, de desacoplar el salario de los jueces y empleados del "enganche automático" con los incrementos que otorga la Corte Suprema nacional, la respuesta no se hizo esperar. Tanto el gremio Sitrajuch como la Asociación de Magistrados criticaron duramente esta metida de mano en los bolsillos y desde la corporación de jueces se generó la propuesta de pagar "con fondos propios" los sueldos de ese Poder. En buen romance, tomar "prestado" de los ingresos por tasas judiciales, costas de procesos y similares que abonamos quienes requerimos del servicio de justicia, pagar los salarios del sector y "devolverlos" en breve.
Asimismo, se le planteó al gobernador la posibilidad de designar un "veedor judicial" de las cuentas públicas para corroborar el real estado de las finanzas provinciales. Cuesta entender porqué, si venimos de dos años de conflicto y pago escalonado ilegal, no se les ocurrió hacer uso antes de las potestades de investigación que tienen tanto el Ministerio Público como los jueces. La mora de más de un mes en el pago de sus haberes y en plena feria -vacaciones- judicial parece haberles sacudido la modorra.
De todos modos -incluso con la advertencia de auditar las cuentas públicas-, lo cierto es que la propuesta del sector judicial equivale a que los docentes les cobremos a nuestros estudiantes unos pesos, o los médicos de hospitales públicos a sus pacientes, o la policía una colaboración "voluntaria" a los vecinos; todo para hacernos de "fondos propios" y pagar nuestros salarios a tiempo, asegurar así esos servicios públicos cuyo garante es el Estado provincial y, eventualmente, devolver ese dinero a los usuarios -todos nosotros- en un tiempo prudencial. No resiste el más elemental análisis, pero desnuda la pretensión individual de un sector de funcionarios públicos con gran poder de lobby.
Respecto de los docentes, cuando dentro de unos días el ciclo lectivo no comience porque no están garantizadas las condiciones laborales, salariales, edilicias y operativas todes advertiremos que, además de desnudo, el rey está en pelotas.
Es el mismo gobernador que, quince días después de las elecciones provinciales que lo llevaron a su cargo en junio de 2019, se sacó la careta y pidió autorización a la Legislatura -que ni siquiera la trató- para renegociar 1.006 millones de dólares de deuda pública, de los cuáles cerca del 90 por ciento se generó entre 2016 y 2019, es decir, durante su gestión como vicegobernador y luego gobernador tras el fallecimiento de Mario Das Neves.
Incluso con la nueva conformación de la Cámara de Diputados luego del 10 de diciembre, Arcioni tampoco logró autorización para reperfilar la deuda pública, que sumaba ya unos 100 millones de dólares más.
El Decreto 2038 firmado por el gobernador hace unos días pone a Chubut al borde de la intervención federal. Es una confesión de incompetencia funcional, política y personal de Arcioni y Antonena para cumplir con su tarea. Mediante este instrumento el gobierno contrató a dos bancos privados, JP Morgan y Citicorp, para que reestructuren la deuda pública de Chubut. No pasó por Legislatura, pero así como las fracturas de bloque y divisiones impiden lograr tratamiento parlamentario de las impopulares medidas que plantea el Ejecutivo, también evitan una eventual derogación de este decreto al no lograrse el número de votos para hacerlo.
En este estado de situación ya están dadas las condiciones objetivas para una intervención federal de la provincia. Para ello, toda la clase política, y particularmente nuestros representantes, deben escuchar a sus representados. Este gobierno es producto de una estafa electoral. Nadie, en buena fe, los votó para esto. Como me dice habitualmente un veterano político santacruceño, en política el contexto es condición, nunca excusa. El derrotero que confirma el último decreto es de pagar toda la deuda pública sin auditarla -porque de hacerlo se estarían pegando un tiro en los pies muchos de los actuales funcionarios e incluso el propio gobernador-, negociando quita de intereses y plazos de pago, comprometiendo a futuras gestiones y, en concreto, hipotecando nuestro futuro. Para ello cuentan con nuestra resignación. Que la Nación intervenga sería nada más que asumir el rol que declinó durante los últimos cuatro años en los que, como repite hasta el hartazgo Alberto Fernández, la Patagonia fue por mucho la región más castigada. Es hora de que asuman sus responsabilidades, y que paguen los responsables. Claramente, no somos los trabajadores ni los jubilados.
