Sin respaldo político suficiente para seguir extendiendo la agonía y en busca de una salida al caos financiero de Chubut, el gobernador Mariano Arcioni contrató a J.P. Morgan Chase & Co y Citigroup Inc. como agentes financieros, con la intención de renegociar los plazos de la abultada deuda en dólares que tiene por delante. El acuerdo firmado por el gobernador no fue aprobado hasta ahora por la Legislatura. Será la segunda provincia argentina en intentar convencer a los acreedores de correr hacia adelante los vencimientos de deuda por 908 millones de dólares, luego del intento fracasado de Axel Kicillof con Buenos Aires.
De la deuda total, más del 80% corresponde a bonos internacionales, según la presentación en enero por el propio gobierno. De ese total US$ 650 millones en bonos de Chubut denominados en dólares, bajo legislación extranjera y que están respaldados por regalías de petróleo y gas que se pagan directamente en un fideicomiso, lo que implica que el gobierno no puede acceder a esos fondos para pagar gastos públicos en general y salarios en particular, como destacara recientemente diario Perfil.
Para Arcioni es de vida o muerte -en el plano de la estabilidad política- conseguir el oxígeno que le posibilite mantener en pie económicamente una provincia quebrada y en default técnico -ya sea en el terreno financiero o social- luego de años de toma de deuda que se esfumó como agua entre los dedos para cubrir gastos corrientes de las anteriores y de la actual administración chubutense.
Avanzar con este mecanismo de renegociación no será sencillo para el gobierno de Arcioni, ya que en paralelo se está desarrollando la negociación nacional de Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los bonistas privados extranjeros.
Tanto si fracasan los acuerdos de Nación -lo que provocaría una cesación de pagos o una imposición forzada de condiciones- como si el acuerdo se dilata en el tiempo, se reduciría la posibilidad de que Chubut pueda acordar una renegociación por su propia cuenta y logre avanzar en nuevos perfiles de vencimientos. Por el momento ni se menciona la intención de aplicar quitas a los intereses o a las amortizaciones.
Si bien es cierto que los bonos en dólares emitidos por Chubut bajo legislación extranjera están garantizados por las regalías petroleras que se cobran en dólares, lo que de alguna manera brinda seguridades a los bonistas, nadie podría imaginar una negociación extensa que supere el plazo de finales de marzo con Chubut acordando antes que Nación.
Menos aún puede imaginarse al país declarando el default e imponiendo una cesación de pagos con quitas y plazos forzados y la provincia pagando por su cuenta y con sus propios acuerdos la deuda en dólares en disonancia con la situación nacional.
No es posible pensar en un mecanismo de negociación anticipado o hasta en paralelo al nacional. Chubut sólo tiene chances de renegociar su deuda una vez que se concreten los acuerdos nacionales y se aplaquen los chispazos y las incertidumbres de los bonistas internacionales. Hacerlo en soledad parece una decisión apresurada e imposible de concretar satisfactoriamente.
Esta decisión desesperada de Arcioni de salir a renegociar con urgencia, contratando por decreto -sin que se conozcan los costos fijos y de comisión de la consultoría- a J.P. Morgan Chase & Co y Citigroup Inc. se comprende solamente de lo que El Extremo Sur ha caracterizado como el "Plan Renegociación", que se transformó en la única alternativa ideada por la gestión provincial para intentar oxigenar las cuentas públicas y traspasarle el problema a quien asuma el 10 de diciembre de 2023.
Aunque se deberían investigar judicialmente todos y cada uno de los endeudamientos de Chubut, precisando el destino de cada uno de ellos, lo cierto es que la provincia tiene que pagar deuda -en amortización e intereses- por 908,8 millones de dólares que vencerán desde este mes de febrero y hasta julio de 2026, cuando se cancela en último vencimiento existente en la actualidad.
Como la información siempre termina siendo parcial y poco oficial de parte del gobierno, no se sabe si Chubut saldrá a renegociar la totalidad de esos 908,8 millones de dólares o si buscará solamente refinanciar los 650 millones correspondientes al BOCADE emitido en julio de 2016.
Lo cierto es que más allá de cuál sea el monto o la estrategia en base a algún tipo de quita, queda por develar a dónde fue a parar ese volumen de recursos, quiénes son los tenedores de los bonos en la actualidad y cuáles serán los impactos de la deuda en el futuro provincial.
Habría que confirmar los valores actuales de dichos bonos, cómo los afectó la depreciación y en qué condiciones se renegociarán, porque considerarlos al mismo valor nominal que tenían al momento de su emisión parece una jugada para que los bonistas recuperen el valor original.
Algunos de estos bonos emitidos por Chubut tienen en la actualidad cotizaciones descendentes que rondan entre el 16%, el 29% y el 41%; es decir que valen menos en esas proporcionalidades respecto de los valores que tenían al momento de su emisión.
Entre Antonena y Guzmán, los buitres
"Lo más conveniente es que sean agentes financieros quienes lleven adelante una negociación sobre los intereses y el capital", afirmó esta semana el ministro de Economía provincial Oscar Antonena con la poco disimulada angustia que implica patear para adelante los plazos de vencimiento del BOCADE tomado por 650 millones de dólares, que en octubre comienza a cancelar la amortización además de los intereses. Los dichos del ministro chubutense se dieron de bruces con las declaraciones de su par nacional Martín Guzmán en su paso por el Congreso de la Nación.
Guzmán puso el acento en lo que fue el ofrecimiento al mercado financiero del bono dual AF20 y sentenció que "No vamos a permitir que fondos de inversión extranjeros marquen la pauta de la política macroeconómica".
En la dirección opuesta apareció Chubut contratando por decreto al JP Morgan y Citigroup Inc., lo que generó un fuerte ruido entre ambas gestiones que aparentemente se transformaron en un tirón de orejas de Alberto para con Arcioni en la Casa Rosada, más allá de las desmentidas cordiales de algunos cortesanos.
Vale recordar que el J.P. Morgan fue la entidad financiera internacional más cercana a la administración macrista, en la que se desempeñó como un hábil financista Luis "Toto" Caputo -el "Messi de las finanzas", que supo ser ministro y presidente del Banco Central-.
Sin embargo, en abril de 2018 el J.P. Morgan le soltó la mano al gobierno de Cambiemos y arrancó con una feroz fuga de capitales a través de la venta de las recordadas Lebac; que se extendió hasta que el ex presidente impuso nuevamente el cepo luego de la aplastante derrota en las PASO del año pasado.
Con su estilo elegante y metódico, Guzmán lanzó un palazo a Chubut y a todas las provincias que se llenaron de deuda en dólares durante los últimos años. Vale recordar que la administración arcionista tiene encajada más del 80% de deuda en dólares.
"Es insostenible que las provincias se endeuden bajo ley extranjera en moneda extranjera", lanzó Guzmán desde el Congreso, y agregó que los compromisos de pago que tienen los gobernadores se han transformado en "un problema que tenemos que resolver de manera permanente (ya que) eso no debería volver a ocurrir en la Argentina".
En sintonía con las afirmaciones de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner efectuadas desde Cuba -donde propuso "investigar" para qué se le prestó a Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri-, Guzmán expresó que la "restauración de la sustentabilidad de la deuda debe ser una política de Estado... es un proceso en el cual todos vamos a tener que definir de qué lado estamos. Nosotros ya lo tenemos definido, estamos del lado de la gente"; para luego subrayar que "es hora de dar vuelta la página, de sentar condiciones para que haya un 'nunca más' para los ciclos de sobreendeudamiento, ciclos que generan angustia, generan profundos desequilibrios sociales".
Arcioni con la soga al cuello
Sin chances de que Nación lo abastezca de pesos, ya sea con autorizaciones de endeudamiento o con adelantos de coparticipación, Arcioni pende de un hilo para pagar sueldos y hacer funcionar el Estado cuando los ingresos por regalías petroleras quedan retenidos hasta que se cancelan los vencimientos de deuda y luego se liberan para usos corrientes.
"En el caso del BOCADE hay un fiduciario que es el Deustche Bank o Comafi que tiene como activo a las regalías petroleras de Pan American Energy, de manera que ante cada vencimiento el banco retiene lo que corresponde para el pago de la obligación y cumple. Lo que queda es lo que llega a Chubut, lo que implica una sangría muy importante por trimestre", reconoció el ministro Antonena a la hora de justificar la crisis provincial.
Es reiterativo pero necesario decir que la madre de todos los problemas de Chubut son los 1.159 millones de dólares de deuda que se emitieron en moneda extranjera desde 2010 en adelante. Claro que a ese brutal endeudamiento se le sumó el festival de gastos corrientes y las malas administraciones que se extendieron durante los últimos 10 años.
La plata prestada a Chubut no está en las arcas del Estado, pero tampoco se observan obras públicas ni mejoras en la calidad de los servicios del estado. La provincia atraviesa una crisis que parece inasumible. Como agravante, se ejecutan enormes vencimientos de deuda trimestral; que se extenderán como mínimo hasta 2026. Si Arcioni lograra renegociarlos se traducirían en muchos más años de asfixia por la deuda.
"Si lo de la deuda se complica, si la Nación se resfría, a nosotros nos da una pulmonía. No descartamos emitir cuasimonedas, la posibilidad siempre está, pero es el último recurso", le dijo a la Política Online un jefe de gabinete provincial para enmarcar el panorama del que no escapa Chubut.
Los problemas son aún mayores para la provincia de Arcioni, ya que no llega con sus ingresos, propios y nacionales, para hacer frente a los salarios estatales -los correspondientes a enero comenzaron a pagarse el 15 de febrero, y se especula que terminarán de cancelarse ya entrado marzo- y tampoco para los gastos de funcionamiento de los organismos y servicios del Estado.
Alberto Fernández no le soltó la mano hasta ahora, más allá de las exigencias de "ordenamiento fiscal" -que se deben traducir en un ajuste provincial- y los tirones de orejas. Le giró 1.000 millones de pesos a Arcioni para que terminara de pagar los salarios de diciembre el mes pasado y además lo autorizó a emitir 800 millones de pesos para los sueldos de enero -"no hay más" le anticiparon-.
Ante el descalabro chubutense nada parece alcanzar, y ya el gobernador pidió autorización para emitir 2.500 millones de pesos en "papelitos", algo que le fue denegado desde la Rosada.
Como si tuviera pocas piedras que sortear, el gobernador Arcioni y su neoliberal escudero financiero Antonena se toparon a finales del mes pasado con el apriete del estudio de bonistas Latham & Watkins, que los intimó a sostener el pago de los vencimientos de la deuda bajo la amenaza de llevar a la provincia a los tribunales internacionales de Nueva York.
"En caso de que la provincia no cumpla con sus obligaciones con los titulares de los Títulos de Deuda de 2026 (cuando entendemos que la garantía en sí es más que adecuada para cumplir con estas obligaciones) nuestros clientes harán cumplir los términos del Contrato de Fideicomiso y del Contrato de Fideicomiso Argentino en virtud de las leyes argentinas y estadounidenses. Para ello, nuestros clientes utilizarán todas las vías disponibles a su disposición, incluida la búsqueda de todos y cada uno de los recursos disponibles en la ley y en la equidad en los tribunales de los Estados Unidos y Argentina", expresaron en la carta enviada a Fontana 50.
Antonena intentó desconocer al estudio Latham & Watkins y manifestó que "dicen tener la mayor tenencia de esos títulos, lo cual no nos consta, advirtiendo que demandarán a la provincia si no cumplimos con nuestras obligaciones lo cual es un absurdo en sí mismo".
Mientras buscaba repartir culpas a las gestiones municipales anteriores -aduciendo que "encima, el destino de esos fondos fue cambiado por ley y se coparticipó el 15% a los municipios, con lo cual la provincia tiene que devolver plata que utilizaron las comunas para pagar sus gastos corrientes"- Antonena se ató junto a Arcioni al mástil principal del "Plan renegociación". El iceberg está cerca.
