Economía

Impuesto a los ultra-millonarios: una encrucijada nacional

Miguel Croceri.

Ante la amenaza del coronavirus el país necesita dinero para sostener a su economía, a las familias más necesitadas, a la producción y el empleo, y sobre todo al sistema de salud. El gobierno impulsa un gravamen a las fortunas de los grandes capitalistas. El peligro es que las corporaciones consigan impedirlo.

La lucha de la Nación argentina contra el coronavirus no solo tiene como enemigo mortífero al Covid-19, sino que también tiene que enfrentar a poderes de facto que no son en absoluto micro-organismos biológicos sino manifestaciones bien concretas de intereses privilegiados y opresores dentro del (injusto) orden social.

El gobierno de Alberto Fernández está actuando con formidable sensibilidad humanista y con extraordinaria pericia operativa para la gestión del Estado y la articulación de apoyos políticos con otros sectores, en circunstancias dramáticas para el país y la humanidad toda, sobre las que nadie tenía conocimientos previos y la forma de intervenir desde las más altas decisiones del Estado se deben inventar y crear casi minuto a minuto.

(Aclaración: la mencionada pericia no excluye de errores eventualmente graves, como la alarmante aglomeración de cientos o miles de personas frente a los bancos, muchas de ellas jubiladas/os, el pasado 3 de abril, esperando ser atendidas/os. Ningún gobierno ni ningún funcionario ni ningún organismo público están exentos de equivocarse, porque no está dentro de las posibilidades humanas acertar siempre y hacer todo impecablemente y a la perfección).

Además del enfrentamiento contra el virus arrasador se plantea otro, igualmente minuto a minuto, contra gigantescos intereses económicos y políticos. Una de las manifestaciones más flagrantes de estos últimos son las grandes empresas -empezando por conglomerados trasnacionales- que despiden trabajadores/as y/o rebajan los sueldos de sus empleados/as, o que aumentan los precios de alimentos y otros productos esenciales.

Y que lo hacen en momentos donde la prioridad absoluta de la población es tener sustento económico y/o poder abastecerse para sobrevivir dentro de una cuarentena sanitaria imprescindible, que tiene como consecuencia la paralización de la actividad económica ante una amenaza de tremenda gravedad contra la salud comunitaria y la vida de cada persona.

Ante semejante poderío destructivo del capitalismo salvaje extremo, un gobierno que defiende el interés general de la población tiene desafíos que multiplican el problema de origen, o sea la propagación del coronavirus, y que se convierten en una encrucijada.

Uno de esos desafíos es conseguir el dinero que el Estado necesita de modo ineludible para sostener con apoyo monetario a las personas y familias más necesitadas; al mismo tiempo sostener la producción y el empleo en el sector de pequeñas y medianas industrias, comercio, agricultura y demás sectores que no pueden soportar la obligada inactividad productiva; y sobre todo financiar la inmensa inversión pública imprescindible en estos momentos para sostener los sistemas de prevención y atención de la salud.

Conseguir el dinero: ese es el asunto esencial. Ese es el interrogante básico que debe responderse con hechos en las próximas semanas en Argentina. (Y en el resto del mundo también). Varios/as periodistas, analistas, comentaristas, etc. lo han planteado con la metáfora bélica de la "guerra", muy aludida en distintos discursos públicos desde que apareció el nuevo tipo de coronavirus.

(Ejemplos de lo anterior: "Cómo pagar la guerra contra el Covid-19" se tituló un valioso aporte de ideas del economista Emanuel Álvarez Agis, ex viceministro de Axel Kicillof cuando este condujo el ministerio de Economía en el gobierno de Cristina Kirchner. El texto publicado originalmente en el portal Cenital fue reproducido por Va Con Firma al comenzar este mes. Nota del 01/04/20. Casi con iguales palabras en su presentación, el diario BAE-Negocios publicó también a inicios de abril un análisis del economista y periodista Alejandro Bercovich titulado "¿Quién paga la guerra contra el enemigo invisible?").

Asustar a las clases medias

La coalición política "fernandista" que encabezan el presidente Alberto y la vicepresidenta Cristina, está dando señales de cuál es la respuesta que proponen para el interrogante de "quién debe pagar". Una parte sustancial de los recursos deberían obenerse de un impuesto a las "grandes fortunas" o "grandes patrimonios". Es decir, a los ultra-millonarios.

(Digresión: el prefijo aumentativo "ultra" es solo una opción enunciativa entre varias posibles para aludir a lo mismo. Reemplazarlo por otros prefijos que cumplan igual función, o agregárselos, sería igualmente apropiado para reflejar la magnitud de los capitales a los cuales se refiere el concepto. Antes de "millonarios" se podría decir "super", "hiper", "recontra" etc. y también se expresaría una verdad).

Apenas surgieron las primeras versiones de proyectos en elaboración para legislar en ese sentido, las cadenas mediáticas de la derecha pusieron en marcha sus afinados mecanismos de sabotaje mediante las mentiras, las estafas informativas y la acción psicológica sobre la opinión pública.

Su objetivo inicial es asustar a las clases medias, y su objetivo estratégico -el final, el que se busca por último- es defender a las clases sociales privilegiadas y a las corporaciones locales y trasnacionales que representan sus intereses. Es decir, nada más y nada menos que cumplir con la razón de ser de dichas cadenas (encabezadas por el canal TN del cártel Clarín y otros como los medios del grupo empresarial América), cual es la de generar en la subjetividad de la población el sostén ideológico de la dominación social vigente.

Máximo Kirchner, presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados de la Nación, lidera políticamente el impulso a un proyecto de ley que cuenta con el aval del presidente Alberto Fernández, y cuya elaboración está siendo coordinada por el diputado Carlos Heller.

Ante cada situación de acoso de la jauría de interrogadores del periodismo hegemónico, propagadores de versiones falsas para cumplir el recién señalado propósito de asustar a las clases medias, Heller ha dicho reiteradamente: "Jamás formó parte de nuestro proyecto la idea de gravar a los que tienen más de 150.000 dolares. Muy lejos de eso, quizá sea 20 o 30 veces esa suma. Pero lo digo a modo de ejemplo, no lo tomen al pie de la letra. No hay todavía un dato certero sobre eso. Estamos trabajando". (Una de las ocasiones en que el legislador hizo tales precisiones fue en declaraciones a Radio Mitre, del Grupo Clarín. Sus conceptos fueron recogidos este fin de semana en una crónica de la agencia Télam que aborda en general el tema del proyectado impuesto).

Sabotaje de las corporaciones

La idea central del oficialismo es nítida: la plata para sostener la economía y el sistema de salud en el contexto de la pandemia hay que ir a buscarla en los ultra-millonarios. Sin embargo, esa voluntad política choca -una vez más- contra el sabotaje de corporaciones que conservan cuotas y resortes de poder capaces de derrotar a los intereses populares.

En primer lugar porque el oficialismo está en minoría en la Cámara de Diputados, y desde su asunción (hace solo cuatro meses, aunque parece olvidarse) tuvo enormes dificultades para conseguir el quórum y poder sesionar, y así aprobar los proyectos que encaminaron su gestión. (El primero de ellos fue la ley de nombre interminable "de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública").

En segundo término, porque toda la discusión pública en la sociedad está/estará sometida al boicot de las cadenas mediáticas dominantes más el aparato clandestino de la derecha en las redes digitales, ambos constituidos en gigantescos dispositivos de poder con los cuales se agita el accionar desestabilizador en los sectores de la población propensos a las ideologías reaccionarias. Así viene ocurriendo mediante los "cacelorazos" contra "los políticos".

En tercer lugar, aun cuando los dos obstáculos anteriores pudieran ser superados y una mayoría parlamentaria sancionara una ley impulsada por el gobierno para cobrar un impuesto especial a las grandes fortunas, luego esa norma podría ser derogada de facto por la corrompida corporación judicial.

Cualquier juez/jueza al servicio de los grandes capitalistas que declarara "inconstitucional" una ley de ese tipo, entre los/las muchos/as jueces/juezas y fiscales de esa calaña que existen en la fracción dominante del Poder Judicial, derrumbaría la arquitectura impositiva imprescindible para sostener tanto la economía del país como de las familias y empresas más necesitadas, y fundamentalmente los servicios de salud en un contexto trágico.

A ese desafío se encuentran sometidos la democracia argentina y las mayorías sociales cuyos intereses deben ser representados por el sistema político. La encrucijada nacional sería dramática si las minorías privilegiadas obtienen éxito con su estrategia de sabotaje.

El peligro es que el capitalismo salvaje extremo, a través de sus poderes corporativos, consiga derrotar a la voluntad democrática de la Nación y entonces el país se encuentre ante un abismo todavía mayor.

Existe una sola alternativa para que las argentinas y argentinos sigamos aferrados a la salud comunitaria y a la vida: que las representaciones políticas surgidas del voto ciudadano obliguen a que los ultra-millonarios paguen un impuesto de emergencia, para contribuir a que el conjunto de la Nación pueda continuar luchando contra el coronavirus.

Fuente: Va Con Firma