Un grupo de nueve diputados provinciales presentó un proyecto de ley para pagarle con fondos propios los sueldos a los empleados de la Legislatura. Argumentan que lo hacen "para poder sesionar".
Con esa propuesta discriminan al resto de los empleados públicos de Chubut y los dejan sin chances para poder autogenerar fondos para percibir sus salarios impagos por el gobierno de Arcioni.
Los diputados que discriminan
El proyecto impulsado por cinco legisladores del arcionismo, uno del interbloque que se alejó de las huestes oficialistas y tres de la oposición que conforma Juntos por el Cambio, pretende habilitar al vicegobernador Ricardo Sastre para realizar el pago de salarios de abril a los empleados legislativos de la planta permanente con fondos de la cuenta de bienes y servicios.
Los legisladores firmantes son Juan Horacio Pais, Graciela Cigudosa, María Cativa, Roddy Ingram y Emiliano Mongilardi por el arcionismo; Pablo Nouveau del interbloque que se desprendió hace unas semanas y los opositores macristas Manuel Pagliaroni, Andrea Aguilera y Sebastián López.
El mecanismo propuesto es la utilización de fondos propios acumulados, que rondarían en 45 millones de pesos, para así efectivizar los sueldos de abril y posteriormente cubrir esos fondos con nuevos dineros enviados por el Poder Ejecutivo.
El artículo primero establece "autorizar la utilización de los fondos existentes y los que se transfieran por la aplicación de la Ley II N° 213 para el pago correspondiente a los salarios de los empleados de planta permanente de la Honorable Legislatura del Chubut, devengados durante el mes de abril de 2020".
El segundo avanza en que "se encuentran expresamente excluidos de la aplicación del artículo primero los diputados y diputadas, secretarios habilitado y legislativo".
Mientras que el tercer punto del articulado indica que "las partidas presupuestarias afectadas serán compensadas cuando el Ministerio de Economía y Crédito Público transfiera los fondos correspondientes al pago de los salarios que se hubieran saldado con los fondos transferidos a la orden de la Legislatura".
¿Se habilitó la sesión del martes por este proyecto?
El secretario general de la APEL, Angel Sierra, había anunciado el lunes que el personal legislativo no facilitaría la sesión del pasado martes producto de los salarios impagos correspondientes a abril y mayo.
Arcioni ya les había pagado a los trabajadores de la Legislatura en marzo para que abrieran las puertas y así poder concretar la apertura de sesiones en el inicio de su nuevo período de gobierno; situación que habilitó una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público que presentó la Asociación de Magistrados en contra del ministro de Economía, Oscar Antonena.
Curiosamente de un día para el otro cambió de posición, habilitó la sesión que aprobó el préstamo de los 5.000 millones de pesos de Nación y aunque en la sesión se produjeron algunos problemas por la duración de las exposiciones de los diputados, el personal de APEL facilitó el funcionamiento de los diputados.
Quizás en el proyecto ingresado por el oficialismo y parte de la oposición se encuentre la explicación del cambio de postura del sindicato de los trabajadores legislativos; aunque quizás también pueda surgir de los altos salarios que cobran los miembros de la comisión directiva y que con este proyecto se harían de sus jugosos sueldos atrasados.
En el listado de quienes se beneficiarían con el cobro discrecional, se encuentran: Angel Sierra con un ingreso bruto mensual de 336.471 pesos; Sandra Sosa con 383.208 pesos; Sandra Jones con 444.953 pesos; y Diana Ramírez con un salario de 378.209 pesos.
Autarquía discriminatoria por la fuerza
El proyecto en cuestión de alguna manera termina imponiendo desde la vía de los hechos, el concepto de autarquía que el gobernador Mariano Arcioni envió a la Legislatura para su tratamiento por parte de los diputados.
Tal como analizó El Extremo Sur, la autarquía impulsada por el gobernador afectaría al Poder Legislativo y al Poder Judicial busca transferirle en condiciones desiguales la crisis a los dos estamentos del Estado; pero impactando negativamente sobre el vinculado al ámbito de la Justicia.
El proyecto de autarquía de la Justicia y del Poder Legislativo que presentó el gobernador Mariano Arcioni apunta esencialmente a la transferencia de la crisis económica a ambos poderes del Estado. Si se aprobara, de alguna manera terminaría privatizando con la utilización de mecanismos de mercado a dos de los tres poderes del Estado provincial. Además, terminaría reduciendo el presupuesto a la Justicia y la obligaría a endeudarse en el mercado financiero para funcionar.
Uno de los aspectos más preocupantes del proyecto es la transferencia de responsabilidades esenciales del Estado. Podría afirmarse que de alguna manera "privatiza" -mediante el traspaso a estamentos del Estado con una capacidad de recaudación prácticamente nula- el desempeño del Poder Legislativo y Judicial. Por si fuera poco, fragmenta y rompe la cohesión del Estado sobre la base de la autarquía y la posibilidad de administración de recursos.
Buscando paralelismos de estos cambios, podrían equipararse a la transferencia de los servicios públicos de Salud y Educación del Estado Nacional a las Provincias, claro que sin aporte de recursos ni capacidad objetiva de recaudación.
Más todavía, el proyecto de Arcioni abre con vistas al futuro una fuerte incertidumbre respecto del funcionamiento de ambos poderes del Estado, ya que los dejaría librados a las variables del mercado -como la recaudación por regalías petroleras-, el endeudamiento y la obtención de rentabilidades extraordinarias sobre las operaciones financieras.
