Arremetida del empresariado minero: culpan a la Ley 5.001 de "fomentar empleo público"Casi cerrándose como una embestida de pinzas iniciada desde el Gobierno provincial de Mariano Arcioni para volver a intentar un ajuste del gasto público y responsabilizar a las empleados estatales, la Cámara de Proveedores y Empresarios Mineros (CAPEM) del Chubut se sumó con un comunicado donde responsabiliza a la Ley 5.001 de impedir las inversiones mineras y propiciar el aumento de los trabajadores del Estado.
En el comunicado conocido ayer la CAPEM indicó que la Ley 5.001, que en su primer artículo prohibió la actividad minera, «propició el empleo público como ningún otro modelo lo hizo antes en nuestra provincia, desincentivando además la inversión privada».
La entidad hizo público el documento titulado «5.001, la Ley que modeló un nuevo Chubut», según publicó El Chubut.
«Cientos de leyes se promulgan en la Provincia cada año. Algunas más u otras menos fructíferas, pero solo un puñado de ellas tiene el poder para diseñar el modelo de Provincia por un período de tiempo», dijo la Capem.
«Este es el caso de la Ley 5.001 (hoy XVII N° 68), votada allá por el año 2003. Hacía poco tiempo los resultados del plebiscito de Esquel hicieron pensar a los legisladores provinciales que era necesario establecer una especie de ‘medida cautelar', paralizando la actividad minera por 120 días, para que en dicho plazo un órgano técnico evalúe una zonificación provincial», agregó.
Reseñó que «el año 2003 fue el puntapié inicial de un ciclo virtuoso de la economía argentina, que dejaba de lado la profunda crisis económica que protagonizó los años 2001 y 2002».
En este marco la entidad empresaria indicó que «el actual ministro de Economía de la Provincia, Oscar Antonena, declaró que en el año 2003 había 22.000 empleados en la Planta Permanente de la Provincia, cuando la Ley 5.001 mostró al Estado como norte de todas las políticas».
Así, agregó la Capem, «hasta el año 2017 Chubut se encontraba entre las provincias que más habían incrementado la Planta Permanente del Estado Provincial, con un 79,09% desde el año 2003», y en contraposición mencionó que ese número se ubicó muy por encima del 10.69% de Formosa o del 36,91% de Santa Fe, según datos de la Dirección General de Asuntos Provinciales.
«Además, el Estado Provincial utilizó el incremento de la Planta Temporaria y de contratos de locación de servicios, los cuales en el 2014 ya superaban los 5.000, según la fuente de la Asociación de Trabajadores del Estado», añadió.
De esta manera, «en la actualidad, entre los estados provincial y municipales el Instituto de Seguridad Social y Seguros cuenta con 65.000 personas que realizan aportes, tal como lo han informado sus autoridades».
Como dato adicional, la Capem agregó que «en el mismo período que la Planta del Personal Provincial se incrementó en un 79,09%, el incremento de la población fue de un 35,04%».
Mientras tanto, como resultado de ese crecimiento del empleo público, «la masa salarial de la Provincia se incrementó en ese mismo período (es decir 2003-2017) en un 4.782,68%», y el gasto público total entre el 2003 y el 2019 se incrementó un 7.354,46%.
IMPACTO EN SECTOR PRIVADO
El documento de la Cámara analizó también el impacto que la Ley 5.001 tuvo en el sector privado, «en una época (a partir de 2003) marcada por un crecimiento inédito para la economía argentina que alcanzó en este período tasas de crecimiento históricas». Graficó la Capem que «si el incremento del empleo público anduvo en una moto de altísima cilindrada, el sector privado se subió a una bicicleta en llanta».
Agrega que esto ha sido así porque, de la misma manera que Chubut en el período 2003-2017 estuvo entre las provincias con mayor incremento de sus empleos públicos, «en el mismo período estuvo entre las provincias con más bajo crecimiento del empleo privado, en un período -insistimos- marcado por altas tasas de crecimiento de la economía nacional».
«El modelo 5.001 -dijo la Capem- propició entonces el empleo público como ningún otro modelo lo hizo antes en nuestra provincia, desincentivando además la inversión privada».
«Según datos del Ministerio de Trabajo de la Nación, Chubut contaba en diciembre de 2019 con 94.900 empleos privados registrados. Si comparamos los 65.000 empleos públicos de planta permanente y le agregamos los contratos y becas denunciados por el sindicato de los empleados públicos, los números de empleo público y privado existentes en la provincia se emparejan mucho, poniendo en evidencia un modelo no sustentable por donde se lo mire», argumentó.
Fue la consecuencia, dijo la Capem, «de un modelo delineado quizás de manera accidental, pero que encontró a la Ley 5.001, y su vocación por darle la espalda a la inversión privada, como su matriz ideológica».
«En estos días algunos grupos con esta ideología pretenden, mediante un proyecto de iniciativa popular, profundizar este modelo. Con un horizonte cada vez más amenazante, el éxito de la misma no sería otra cosa que un salto al abismo», concluyó.
Casi cerrándose como una embestida de pinzas iniciada desde el Gobierno provincial de Mariano Arcioni para volver a intentar un ajuste del gasto público y responsabilizar a las empleados estatales, la Cámara de Proveedores y Empresarios Mineros (CAPEM) del Chubut se sumó con un comunicado donde responsabiliza a la Ley 5.001 de impedir las inversiones mineras y propiciar el aumento de los trabajadores del Estado.
En el comunicado conocido ayer la CAPEM indicó que la Ley 5.001, que en su primer artículo prohibió la actividad minera, «propició el empleo público como ningún otro modelo lo hizo antes en nuestra provincia, desincentivando además la inversión privada».
La entidad hizo público el documento titulado «5.001, la Ley que modeló un nuevo Chubut», según publicó El Chubut.
«Cientos de leyes se promulgan en la Provincia cada año. Algunas más u otras menos fructíferas, pero solo un puñado de ellas tiene el poder para diseñar el modelo de Provincia por un período de tiempo», dijo la Capem.
«Este es el caso de la Ley 5.001 (hoy XVII N° 68), votada allá por el año 2003. Hacía poco tiempo los resultados del plebiscito de Esquel hicieron pensar a los legisladores provinciales que era necesario establecer una especie de ‘medida cautelar', paralizando la actividad minera por 120 días, para que en dicho plazo un órgano técnico evalúe una zonificación provincial», agregó.
Reseñó que «el año 2003 fue el puntapié inicial de un ciclo virtuoso de la economía argentina, que dejaba de lado la profunda crisis económica que protagonizó los años 2001 y 2002».
En este marco la entidad empresaria indicó que «el actual ministro de Economía de la Provincia, Oscar Antonena, declaró que en el año 2003 había 22.000 empleados en la Planta Permanente de la Provincia, cuando la Ley 5.001 mostró al Estado como norte de todas las políticas».
Así, agregó la Capem, «hasta el año 2017 Chubut se encontraba entre las provincias que más habían incrementado la Planta Permanente del Estado Provincial, con un 79,09% desde el año 2003», y en contraposición mencionó que ese número se ubicó muy por encima del 10.69% de Formosa o del 36,91% de Santa Fe, según datos de la Dirección General de Asuntos Provinciales.
«Además, el Estado Provincial utilizó el incremento de la Planta Temporaria y de contratos de locación de servicios, los cuales en el 2014 ya superaban los 5.000, según la fuente de la Asociación de Trabajadores del Estado», añadió.
De esta manera, «en la actualidad, entre los estados provincial y municipales el Instituto de Seguridad Social y Seguros cuenta con 65.000 personas que realizan aportes, tal como lo han informado sus autoridades».
Como dato adicional, la Capem agregó que «en el mismo período que la Planta del Personal Provincial se incrementó en un 79,09%, el incremento de la población fue de un 35,04%».
Mientras tanto, como resultado de ese crecimiento del empleo público, «la masa salarial de la Provincia se incrementó en ese mismo período (es decir 2003-2017) en un 4.782,68%», y el gasto público total entre el 2003 y el 2019 se incrementó un 7.354,46%.
IMPACTO EN SECTOR PRIVADO
El documento de la Cámara analizó también el impacto que la Ley 5.001 tuvo en el sector privado, «en una época (a partir de 2003) marcada por un crecimiento inédito para la economía argentina que alcanzó en este período tasas de crecimiento históricas». Graficó la Capem que «si el incremento del empleo público anduvo en una moto de altísima cilindrada, el sector privado se subió a una bicicleta en llanta».
Agrega que esto ha sido así porque, de la misma manera que Chubut en el período 2003-2017 estuvo entre las provincias con mayor incremento de sus empleos públicos, «en el mismo período estuvo entre las provincias con más bajo crecimiento del empleo privado, en un período -insistimos- marcado por altas tasas de crecimiento de la economía nacional».
«El modelo 5.001 -dijo la Capem- propició entonces el empleo público como ningún otro modelo lo hizo antes en nuestra provincia, desincentivando además la inversión privada».
«Según datos del Ministerio de Trabajo de la Nación, Chubut contaba en diciembre de 2019 con 94.900 empleos privados registrados. Si comparamos los 65.000 empleos públicos de planta permanente y le agregamos los contratos y becas denunciados por el sindicato de los empleados públicos, los números de empleo público y privado existentes en la provincia se emparejan mucho, poniendo en evidencia un modelo no sustentable por donde se lo mire», argumentó.
Fue la consecuencia, dijo la Capem, «de un modelo delineado quizás de manera accidental, pero que encontró a la Ley 5.001, y su vocación por darle la espalda a la inversión privada, como su matriz ideológica».
«En estos días algunos grupos con esta ideología pretenden, mediante un proyecto de iniciativa popular, profundizar este modelo. Con un horizonte cada vez más amenazante, el éxito de la misma no sería otra cosa que un salto al abismo», concluyó.
