Son verdaderas ciudades iluminadas en los límites e inclusive dentro de la Zona Económica Exclusiva de la Argentina. Entre 350 y 500 barcos pesqueros extranjeros vienen a saquear y depredar los recursos ictícolas nacionales localizados en el Mar Argentina frente a las costas de Chubut, Santa Cruz y las islas Malvinas. El Gobierno nacional busca modificar la ley y aumentar las multas a la pesca ilegal en aguas argentinas.
Las denuncias por la pesca ilegal se remontan a muchas décadas atrás en el país. La actividad ilegal se potenció desde los años '90, pero sigue desarrollándose de manera brutal en la actualidad, con el mecanismo de trasbordo de las capturas entre embarcaciones de bandera extranjera en alta mar.
Un par de meses atrás, la organización ambientalista Greenpeace denunció la entrada ilegal de casi 100 buques pesqueros del Este Asiático a la zona económica exclusiva (ZEE) argentina. Los buques ilegales que ocuparon estas aguas venían tras la pesca de calamar en plena pandemia de Coronavirus.
Se estima que estas embarcaciones pueden llegan a capturar 50 toneladas por noche y algunos barcos pueden llegar a medir hasta 70 metros de eslora.
"Mientras la crisis sanitaria nos obliga a encerrarnos en nuestras casas para protegernos del Covid-19 las potencias pesqueras se muestran impunes ante la cuarentena. A pesar de que las calles se vacían y la actividad humana se redujo lo suficiente como para que disminuyera la polución del aire, el efecto contrario está sucediendo en el Mar Argentino. Cientos de buques llegan hasta estas aguas para saquear y vulnerar el Atlántico Sur", señaló Luisina Vueso, coordinadora de la campaña de océanos de Greenpeace Argentina.
Aumento de multas
Ahora el Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de reforma a la Ley de Pesca que tiene como objetivo ampliar y actualizar las multas por pesca ilegal en el Mar Argentino. Las penas hoy van de los 5 a los 10 millones de pesos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 51 de la Ley Federal de Pesca, sancionada en 1998.
El propósito de la iniciativa del Gobierno es desalentar las prácticas ilícitas por parte de los buques en el Mar Argentino ya que las sanciones actuales no guardan proporción alguna con las impuestas hasta el momento.
En tanto, la iniciativa enviada a la Cámara baja propone establecer un régimen variable sobre la base de unidades de valor denominadas Unidades Pesca (UP) cuyo monto será equivalente a un litro de combustible gasoil conforme lo que determine la Autoridad de Aplicación, a los fines de establecer el procedimiento de fijación del valor en moneda de curso legal.
Al explicar los alcances del proyecto, tras una reunión que encabezó el presidente Alberto Fernández, el subsecretario de Pesca, Carlos Liberman, adelantó que "la nueva ley prevé montos equivalentes que van de los 500 mil litros de gasoil a los 3 millones de litros".
Esto equivale a un piso de 1,1 millones de dólares y un techo de 6,5 millones de dólares, considerando los valores de mercado.
Una hstoria de ilegalidad
En un reciente informe realizado por el especialista César Augusto Lerena (*) para el portal Nuestro Mar se revelaron aspectos históricos y legales sobre las capturas pesqueras extranjeras en el Mar Argentino. Allí describió un proceso que se viene dando desde hace por lo menos 50 años y se profundizó después de la Guerra de Malvinas.
Hacia la década del '70 y, aún antes, llegaron al Atlántico Sur decenas de buques pesqueros extranjeros; luego, a partir de 1982, el otorgamiento de licencias británicas ilegales en el área de Malvinas, los acuerdos con la URSS y la Unión Europea, promovieron el interés en el caladero y, a partir de ello, entre 350 y 500 buques depredan en la alta mar los recursos migratorios originarios de la ZEE Argentina, ingresando incluso dentro de ésta. Se estiman en un millón de toneladas anuales las que estos buques extraen, de las cuales, unas 250 mil, son el principal sustento de Malvinas.
Esta pesca no es neutra desde el punto de vista de la soberanía nacional ni la biología, ya que los recursos forman parte de un ecosistema que, estas extracciones depredan, ocasionando un grave desequilibrio. Los buques extranjeros se apropian de recursos originarios de la ZEE, de dominio del Estado Argentino, independientemente del lugar donde se capturen.
Más allá de que el Instituto de Investigación (INIDEP) debería determinar en esa área el "Rendimiento Máximo Sostenible" (la máxima captura posible sin depredar) basta saber que la Argentina desembarca oficialmente por año unas 800 mil toneladas de unos 530 buques de diversas esloras, mientras que en la Alta Mar, entre 350 y 500 buques extranjeros de gran porte pescan subsidiados en forma ininterrumpida, con trabajo esclavo, recargando combustible libre de impuestos y haciendo transbordo en la Alta Mar, para estimar, que los desembarcos argentinos se duplicarían si los barcos nacionales pescan en esa área y, con ello, duplicarían la ocupación de mano de obra y la radicación industrial en el litoral marítimo y, seguramente, acuerdos de por medio, se desalentaría la pesca ilegal (INDNR) y el interés de pescar con licencias británicas en el área de Malvinas de la ZEE Argentina.
La pesca en la Alta Mar es entonces, por parte de los buques nacionales, un imperativo estratégico impostergable para desalentar la pesca extranjera a distancia (17.000 pesqueros chinos pescan en el mundo) con interés creciente de alimentos proteicos; la necesidad de consolidar la nuestra Soberanía Marítima, debilitar la posición británica en el área de Malvinas y favorecer los Acuerdos entre partes previstos en la CONVEMAR, con el objetivo de alcanzar la Soberanía territorial, económica, social y alimentaria.
Es imprescindible y urgente terminar con esta depredación en la Alta Mar de los recursos pesqueros migratorios argentinos porque quebranta la soberanía territorial y alimentaria argentina; le quita sostenibilidad a la pesca en la ZEE y en el ecosistema; atenta contra la economía y el empleo nacional; hace imprevisible la actividad industrial y el desarrollo del litoral marítimo; favorece la internacionalización del Atlántico Sudoccidental y la consolidación británica en Malvinas. Ocupar la Alta Mar y pescar en ellos debe ser una estrategia del Estado Nacional que trasciende las cuestiones pesqueras y da respuesta a la Disposición transitoria primera de la Constitución Nacional.
Ahora ¿de quién es la responsabilidad de que los recursos migratorios originarios de la ZEE Argentina sean capturados en la Alta Mar por buques extranjeros y, de quién debiera ser la responsabilidad de que se capturen con buques de bandera nacional más allá de las 200 millas? ¿De quién la responsabilidad de que esos buques extraigan todos los años un volumen estimado al millón de toneladas valuadas en unos 2.600 millones de dólares que le permitirían a la Argentina llevar un nuevo modelo pesquero industrial, triplicando las exportaciones y el trabajo? Del Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca y del Consejo Federal Pesquero. No se puede pretender que -espontáneamente- la flota argentina vaya a pescar a la Alta Mar con los mayores riesgos y costos que ello implica.
En ese sentido, en primer lugar, habría que eximir de todo impuesto interno (incluso al combustible) a todos los buques que pesquen en la Alta Mar.
Las fuerzas armadas y las de seguridad, por su parte, prestarán el apoyo necesario a la flota nacional, entendiendo, que eventuales confrontaciones y agresiones de buques extranjeros a los buques nacionales deben interpretarse como actos de piratería previstos en los artículos 80º, 100º y 101º de la CONVEMAR y consecuentemente sujetos a la represión y aprehensión.
(*) Experto en Atlántico Sur y Pesca, ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Ctes) ex Prof. Universidad UNNE y FASTA, Asesor en el Senado de la Nación, Doctor en Ciencias, Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos "Atlántico Sur, Malvinas y Reforma Federal Pesquera", 2019).
