El fiscal que es fan de Massoni olvidó hacer custodiar el IPV y a la noche lo incendiaronEl peculiar fiscal Héctor Iturrioz volvió a ser protagonista de una situación que puso en duda una vez más su idoneidad. Esta vez, en lugar de concluir con los allanamientos originados por la causa de presunta corrupción que involucra al IPV en Comodoro, se fue a Rawson -donde se prodigó elogios mutuos con el ministro Massoni- y como consecuencia no ordenó custodiar la oficina del organismo estatal. Por la noche se produjo en esa sede un incendio que -según todos los indicios-fue provocado intencionalmente con el objetivo de destruir información.
Todo se desencadenó este jueves 10 de septiembre, cuando en forma simultánea se produjeron varios allanamientos en Rawson y Comodoro Rivadavia por una denuncia que vuelve a poner en duda la credibilidad de un organismo estatal.
En este caso se denunció que una mujer llamada Griselda Jonás -que fue detenida- realizaba gestiones en Comodoro en nombre del Instituto Provincial de la Vivienda para beneficiar a quienes le aportaran dinero en efectivo. Se habla de cobros indebidos de entre 200 y 300 mil pesos por persona.
Aparentemente, Jonás contaba con contactos internos en el IPV que le permitieron en el último año lograr su propósito. Sin embargo, el delegado en Comodoro del organismo, Juan Martín Iparraguirre -el mismo que fuera intendente de Rada Tilly entre 1991 y 1995- hizo una denuncia que tuvo frutos bastante tiempo después.
Juntos quieren ser dinamita
En los allanamientos del jueves el ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, encontró una ocasión para desviar por unas horas la atención del conflicto policial que atraviesa Chubut por el retraso en el pago de haberes y se montó en el tema. Brindó una conferencia de prensa en Rawson en la que se explayó sobre lo que sentía "cada vez que descubría un hecho de corrupción" en el Estado. "Tenemos que terminar con esta gente que se cree con poder para enriquecerse", dijo.
Un tanto extraño resultó ver a su lado en la conferencia citada al fiscal que había encabezado los allanamientos en Comodoro, el polémico Héctor Reinaldo Iturrioz, quien parece no dejar pasar causa mediática para montarse sobre ella.
Lo hizo, por ejemplo, con las declaraciones del fugaz ex ministro Coordinador de Gabinete de Chubut, Sergio Mammarelli. En esa ocasión el fiscal anunció que le tomaría declaración virtual -el ex funcionario vive en San Luis- y una vez que lo hizo se preocupó por difundir que contaba con importantes pruebas. Eso fue hace dos meses, pero desde entonces no se supo qué pasó en el tema.
Claro que en este lapso el fiscal no la pasó muy bien cuando fue reprendido por su superior, el procurador Jorge Miquelarena, por calificar de "títere" en su red social al presidente de la Nación, Alberto Fernández.
Iturrioz se disculpó y dijo que había obrado precipitadamente -lo que se supone no debe hacer nunca alguien que decide sobre libertades y bienes de las personas- por un tema personal que le había generado contrariedad; tras comprobar que sus ahorros en dólares no le habían dado el dividendo que esperaba.
A todo esto, en el Consejo de la Magistratura aún pesan sobre Iturrioz dos pedidos de juicio político. Uno por su actuación en la causa Revelación -de la cual ya fue separado- y la otra por su desempeño como funcionario judicial desde que fue designado.
Pasión por el micrófono
El fiscal en cuestión siempre se las ingenia para no estar mucho tiempo detrás de la escena. Donde ve el resquicio, irrumpe con todas sus armas retóricas, tal como hizo esta semana con el caso David González. Como se sabe, el ex diputado provincial fue designado -cinco días antes de concluir su mandato- como Defensor de los Derechos del Adulto Mayor de Chubut por la Legislatura, y lleva nueve meses cobrando alrededor de 300 mil pesos mensuales sin haber trabajado bajo el argumento de que no le designaron asesores ni le asignaron espacio físico.
Luego de que en la citada conferencia celebrada en Rawson Massoni elogiara a Iturrioz, resaltando haber encontrado siempre en el fiscal un aliado en su cruzada contra el delito, este le devolvió gentilezas.
Iturrioz destacaó el auxilio "que nos da la Brigada porque no está sólo constituida por oficiales, por jefes; también hay suboficiales que, si es por la cuantía de sus ingresos, estarían en los primeros rangos" del pago escalonado, dijo al pedirle disculpas a Massoni por interrumpirlo para declararle su admiración.
El funcionario judicial destacó que los policías de la Brigada "nunca ponen como excusa no percibir sus haberes; lo hacen a destajo y máxime cuando en este tiempo hay ejemplos que invitarían a dejar de prestar funciones".
Trascartón, recordó que "yo he iniciado una causa donde un alto funcionario cobra el sueldo y reconoció no trabajar. El que reconoce no trabajar cobra cerca de 240 mil pesos y gente que tiene recursos mucho más acotados no ha parado un día".
El jueves terminó redondo para el fiscal, pero el viernes 11 de septiembre no empezó bien. El incendio declarado en la sede del IPV en Comodoro lo volvió a poner en el ojo de la tormenta por dos motivos: no realizó allanamiento alguno allí y no pidió custodia si es que -como luego trascendió- pensaba hacerlo en los próximos días.
"Me dijo el delegado que acá no vinieron. Lamentamos que no se haya hecho al mismo tiempo el allanamiento donde estaban los legajos", sentenció la gerenta general del IPV, Ivana Papaiani.
El peculiar fiscal Héctor Iturrioz volvió a ser protagonista de una situación que puso en duda una vez más su idoneidad. Esta vez, en lugar de concluir con los allanamientos originados por la causa de presunta corrupción que involucra al IPV en Comodoro, se fue a Rawson -donde se prodigó elogios mutuos con el ministro Massoni- y como consecuencia no ordenó custodiar la oficina del organismo estatal. Por la noche se produjo en esa sede un incendio que -según todos los indicios-fue provocado intencionalmente con el objetivo de destruir información.
Todo se desencadenó este jueves 10 de septiembre, cuando en forma simultánea se produjeron varios allanamientos en Rawson y Comodoro Rivadavia por una denuncia que vuelve a poner en duda la credibilidad de un organismo estatal.
En este caso se denunció que una mujer llamada Griselda Jonás -que fue detenida- realizaba gestiones en Comodoro en nombre del Instituto Provincial de la Vivienda para beneficiar a quienes le aportaran dinero en efectivo. Se habla de cobros indebidos de entre 200 y 300 mil pesos por persona.
Aparentemente, Jonás contaba con contactos internos en el IPV que le permitieron en el último año lograr su propósito. Sin embargo, el delegado en Comodoro del organismo, Juan Martín Iparraguirre -el mismo que fuera intendente de Rada Tilly entre 1991 y 1995- hizo una denuncia que tuvo frutos bastante tiempo después.
Juntos quieren ser dinamita
En los allanamientos del jueves el ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, encontró una ocasión para desviar por unas horas la atención del conflicto policial que atraviesa Chubut por el retraso en el pago de haberes y se montó en el tema. Brindó una conferencia de prensa en Rawson en la que se explayó sobre lo que sentía "cada vez que descubría un hecho de corrupción" en el Estado. "Tenemos que terminar con esta gente que se cree con poder para enriquecerse", dijo.
Un tanto extraño resultó ver a su lado en la conferencia citada al fiscal que había encabezado los allanamientos en Comodoro, el polémico Héctor Reinaldo Iturrioz, quien parece no dejar pasar causa mediática para montarse sobre ella.
Lo hizo, por ejemplo, con las declaraciones del fugaz ex ministro Coordinador de Gabinete de Chubut, Sergio Mammarelli. En esa ocasión el fiscal anunció que le tomaría declaración virtual -el ex funcionario vive en San Luis- y una vez que lo hizo se preocupó por difundir que contaba con importantes pruebas. Eso fue hace dos meses, pero desde entonces no se supo qué pasó en el tema.
Claro que en este lapso el fiscal no la pasó muy bien cuando fue reprendido por su superior, el procurador Jorge Miquelarena, por calificar de "títere" en su red social al presidente de la Nación, Alberto Fernández.
Iturrioz se disculpó y dijo que había obrado precipitadamente -lo que se supone no debe hacer nunca alguien que decide sobre libertades y bienes de las personas- por un tema personal que le había generado contrariedad; tras comprobar que sus ahorros en dólares no le habían dado el dividendo que esperaba.
A todo esto, en el Consejo de la Magistratura aún pesan sobre Iturrioz dos pedidos de juicio político. Uno por su actuación en la causa Revelación -de la cual ya fue separado- y la otra por su desempeño como funcionario judicial desde que fue designado.
Pasión por el micrófono
El fiscal en cuestión siempre se las ingenia para no estar mucho tiempo detrás de la escena. Donde ve el resquicio, irrumpe con todas sus armas retóricas, tal como hizo esta semana con el caso David González. Como se sabe, el ex diputado provincial fue designado -cinco días antes de concluir su mandato- como Defensor de los Derechos del Adulto Mayor de Chubut por la Legislatura, y lleva nueve meses cobrando alrededor de 300 mil pesos mensuales sin haber trabajado bajo el argumento de que no le designaron asesores ni le asignaron espacio físico.
Luego de que en la citada conferencia celebrada en Rawson Massoni elogiara a Iturrioz, resaltando haber encontrado siempre en el fiscal un aliado en su cruzada contra el delito, este le devolvió gentilezas.
Iturrioz destacaó el auxilio "que nos da la Brigada porque no está sólo constituida por oficiales, por jefes; también hay suboficiales que, si es por la cuantía de sus ingresos, estarían en los primeros rangos" del pago escalonado, dijo al pedirle disculpas a Massoni por interrumpirlo para declararle su admiración.
El funcionario judicial destacó que los policías de la Brigada "nunca ponen como excusa no percibir sus haberes; lo hacen a destajo y máxime cuando en este tiempo hay ejemplos que invitarían a dejar de prestar funciones".
Trascartón, recordó que "yo he iniciado una causa donde un alto funcionario cobra el sueldo y reconoció no trabajar. El que reconoce no trabajar cobra cerca de 240 mil pesos y gente que tiene recursos mucho más acotados no ha parado un día".
El jueves terminó redondo para el fiscal, pero el viernes 11 de septiembre no empezó bien. El incendio declarado en la sede del IPV en Comodoro lo volvió a poner en el ojo de la tormenta por dos motivos: no realizó allanamiento alguno allí y no pidió custodia si es que -como luego trascendió- pensaba hacerlo en los próximos días.
"Me dijo el delegado que acá no vinieron. Lamentamos que no se haya hecho al mismo tiempo el allanamiento donde estaban los legajos", sentenció la gerenta general del IPV, Ivana Papaiani.
