Mónica Saso: "Las cuatro vacantes en el Superior Tribunal deben ser ocupadas por mujeres; es una exclusión histórica"Entrevista de Lola Sánchez
La situación de las mujeres en la Justicia chubutense está marcada por la desigualdad y la discriminación. En toda su historia ninguna mujer ha ocupado cargos de máxima relevancia. En diálogo exclusivo con El Extremo Sur, la diputada provincial Mónica Saso -quien formuló el proyecto de ley para incorporar la paridad de Género en el Superior Tribunal de Justicia- aseguró que "la ausencia de las mujeres en un máximo tribunal es la exclusión histórica de las mujeres en los espacios de decisión" y que existe un "patrón cultural que propicia obstáculos sociales que tenemos para participar en espacios públicos". "En la Justicia los números la realidad es alarmante, las mujeres están mayoritariamente en los estratos más bajos, y a medida que subimos a los cargos más relevantes y valorados en su mayoría hay varones", enfatizó.
¿En qué consiste el Proyecto de Ley para la paridad en el STJ?
El proyecto 052/20, que ingresó en el mes de junio a la Legislatura, tiene una doble finalidad. Por un lado, dejar explícito el mandato constitucional y la paridad e igualdad en el acceso a los más altos cargos judiciales. Por otra parte, lo que proponemos es una cláusula transitoria que establece que en esta oportunidad deben proponerse únicamente mujeres. Evaluamos esta medida y estamos convencidas de que tiene que ser así. Se tiene que aplicar una reparación histórica en cuanto a la falta de mujeres en el Superior como medida de acción afirmativa.
¿De qué manera modificaría la ley propuesta la composición del Superior Tribunal de Justicia?
La judicatura incluye 6 miembros y hoy hay dos integrantes (Vivas y Panizzi) tras la renuncia de Donnet. Para completarla, tendrían que proponerse cuatro integrantes más. A eso agreguemos al procurador y al defensor general que no están vacantes. En este sentido de paridad y reparación histórica, consideramos que los cuatro lugares tienen que ser ocupados por mujeres. Es la intención que tenemos desde el sector y desde los colectivos que nos han estado acompañando, desde AMJA (Asociación de Mujeres Jueces de Argentina), que fue también parte de este proyecto. No estamos hablando de paridad en las vacantes, sino en la composición y la integración del Máximo Tribunal, de lo contrario no estaríamos hablando de una igualdad plena.
¿Cómo es, en general, la situación de las mujeres en la Justicia en nuestro país?
Recientemente se difundió un informe sobre la situación de discriminación estructural en el acceso en condiciones de igualdad de las mujeres a los cargos de máxima jerarquía en la Justicia argentina. Fue presentado por la Oficina de la Mujer del Poder Judicial. En la Corte Suprema de la Nación desde 1973 a 2020 solo hubo 3 puestos cubiertos por mujeres. Ministros en los tribunales provinciales: 43% mujeres y 57% hombres. En Chubut, cero mujeres. Una democracia completa es una democracia paritaria en iguales condiciones; sabemos que es compromiso, son decisiones políticas, es acompañamiento de todos los sectores. Hay un trabajo fuerte realizado en torno al proyecto. Estoy agradecida por las campañas que se llevaron a cabo en acompañamiento al proyecto, que es fruto del trabajo colectivo. También exigimos la necesidad de que haya perspectiva de género, que las decisiones judiciales incorporen esa perspectiva. Que el derecho de igualdad se haga efectivo en ese ámbito de la vida de las personas.
¿A pesar de las capacitaciones como las que brinda la Ley Micaela todavía existen operarios judiciales que trabajan sin perspectiva de género?
Ellos tienen un programa muy interesante, obligatorio y permanente en el marco de la Ley Micaela, que realmente fue uno de los que me impulsó a presentarlo en la Cámara para los trabajadores y trabajadoras de la Legislatura. Conformamos una mesa a tal fin, porque me parece importante en todos estos ámbitos trabajar en la Ley Micaela. Considero que falta muchísimo, porque la discriminación a la que han sido históricamente expuestas las mujeres en el acceso a los máximos cargos de los poderes judiciales ignora el artículo 7 de la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer). Hay que revertir esta situación y producir una reparación histórica respecto a los derechos de las mujeres. Necesitamos, queremos y exigimos contar con una Justicia con perspectiva de género y de Derechos Humanos, que sea independiente no sólo por el bien de los chubutenses sino también por el bien de la Argentina. No podemos dejar de entender que la ausencia de las mujeres en un máximo tribunal es la exclusión histórica de las mujeres en los espacios de decisión.
¿Qué avances han logrado en torno a la eliminación de un lenguaje sexista en el ámbito judicial?
Además de la Ley mencionada, también redactamos la Ley del lenguaje no sexista. Creemos que el modo de redacción actual invisibiliza no solo a las mujeres sino al colectivo LGBTQ, tratamos de hablar de personas candidatas, personas propuestas. Esto en concordancia con una multiplicidad de tratados internacionales, normas, convenios, que son de público conocimiento. Necesitamos la presencia de juezas con perspectiva de género en el máximo tribunal porque nos va a permitir avanzar en la defensa de los Derechos Humanos de las mujeres. Vuelvo a hacer hincapié en que nunca ha habido una mujer integrando el Superior Tribunal de Justicia de Chubut. Es necesario que sigamos trabajando, hay leyes que las debemos adecuar con perspectiva de género, una mirada integral de Derechos Humanos y una transversalidad en todas las políticas públicas que se propongan en la actualidad.
Recientemente presentaste un proyecto de presupuesto con perspectiva de género. ¿Cómo podría implementarse esto en la delicada situación financiera de la provincia?
Es doblemente grave la situación que está atravesando la provincia de Chubut. Tenemos una pandemia mundial que nos está atacando fuertemente y por otro lado está el problema de la falta de pago de los salarios de los trabajadores y trabajadoras del sector público. Desde que iniciamos la gestión enviamos numerosos pedidos de informe a los fines de recabar información para poder plantear leyes acordes o proyectos de cualquier índole que apunten al beneficio de todos los chubutenses y principalmente a los sectores más vulnerados. Nos han contestado puntualmente uno, que es un Programa de Fortalecimiento Integral para víctimas de Violencia de Género. Ahí vi que el presupuesto era de 1 millón de pesos para este 2020. Eso nos hizo bastante ruido, por lo que empezamos a trabajar conjuntamente con el equipo económico de Nancy González en un presupuesto con perspectiva de género. Este proyecto lo presenté el 18 de agosto pasado, tuvo giro y también fue presentado a la comisión de Derechos Humanos y Género que presido.
¿En qué consiste la propuesta?
Consiste en las modificaciones a la Ley Provincial de Administración Financiera. Se intenta introducir pautas claras a la hora de elaborar los presupuestos anuales para lograr una distribución más adecuada y equitativa de los recursos públicos. Queremos examinar cómo ese gasto público obstruye o promueve la igualdad de género, y proponemos la herramienta del "gasto etiquetado". Si logramos aprobar ese proyecto no estamos hablando sólo de números en las planillas, sino que este "gasto etiquetado" señalará esas acciones presupuestarias que están destinadas a acortar las brechas de género. Queremos identificar los recursos que el presupuesto asigna a programas y acciones dirigidas a atender las necesidades e intereses específicos de mujeres, niños y niñas y sectores vulnerables. Esta transversalidad de género que proponemos va a incidir directamente en todas las estructuras económicas, en la distribución del gasto público, en cada sistema de recaudación.
¿De qué manera se incluye el tema del trabajo doméstico en este debate?
La modificación de la Ley es un primer paso. En una segunda etapa queremos abarcar la cuestión de los recursos. Respecto a la economía de los cuidados, estamos convencidos de que la política tributaria tiene un impacto directo en los ingresos de los hogares y en la distribución de las tareas al interior de los mismos. Nos hemos reunido por videoconferencia con compañeras, jefas y jefes comunales, intendentes, para promocionar la autonomía económica, fortalecer acciones para erradicar la violencia, facilitar acceso a la salud, a la educación, a una vivienda digna. Y por supuesto a una participación política de las mujeres en igualdad de las mujeres, plena y real. Hay un patrón cultural que insiste en que las mujeres son responsables de las tareas en el ámbito doméstico y los varones relegados al ámbito público.
¿Cómo afecta esto al acceso de las mujeres a los espacios de poder?
Este patrón cultural es de alguna manera responsable en la creación de determinados obstáculos sociales que hoy tenemos para participar en cualquiera de los ámbitos. En la Justicia los números son alarmantes, Hay mayoritariamente mujeres en los estratos más bajos de la Justicia, y a medida que subimos a los cargos más relevantes y valorados, en su mayoría hay varones. Son muchos frentes a los que debemos apuntar. Esto no es solamente una lucha mía y de mi sector político, sino de numerosas mujeres y colectivos comprometidos con lo que estamos proponiendo.
¿Tuviste oportunidad de dialogar con la Ministra de Géneros sobre dicha problemática?
Tuve la oportunidad de estar con ella cuando vino por el tema del Fiscal Rivarola, tuvimos un diálogo y de hecho tiene un diálogo permanente con la Senadora Nacional Nancy González. Estamos trabajando con el Ministerio para concretar acciones y programas con el fin de que la senadora González sea un enlace del sector con la Ministra. Respecto al Gobierno Nacional, sabemos lo que piensa y quiere, y sabe que debe accionar en pos de eso en materia de género. Tenemos muchos vínculos con todos los colectivos tanto feministas como otros, y esa cercanía nos va a favorecer también para distintos armados. Esas capacidades son las que necesitamos como mujeres, ciudadanas y obviamente también como funcionarias. Ser parte de su sector político realmente favorece a la hora de emprender determinadas cuestiones o del armado de proyectos siempre desde Buenos Aires. La senadora tiene un equipo especializado y siempre están abiertas las puertas.
¿Qué visión tenés del lugar que las mujeres ocupan en la política?
Nancy González es autora de la Ley de Violencia Política, un término que tanto costó incorporar. Creo que de a poco lo estamos visibilizando. Es esencial poder ver cuando hablamos de violencia de género de qué tipo de violencia estamos hablando y también cuando es violencia política. A las mujeres muchas veces se las violenta por el solo hecho de ser mujeres. Mucho más todavía si está en la discusión por espacios de poder. En la Legislatura es la primera vez que hay una cámara con paridad de género. Veo un acompañamiento de todo el bloque, creo que hay un cambio y un entendimiento en torno a esta reparación histórica de la exclusión de la mujer en espacios de decisión. Falta muchísimo todavía. Estamos hablando de patriarcado y de patrones culturales que dejan a la mujer en los ámbitos domésticos. Tenemos un trabajo fuerte por delante; tenemos que ir por muchísimo más. Queremos más mujeres en la Justicia y en todos los espacios de decisión; eso es un compromiso que está a la vista.
Entrevista de Lola Sánchez
La situación de las mujeres en la Justicia chubutense está marcada por la desigualdad y la discriminación. En toda su historia ninguna mujer ha ocupado cargos de máxima relevancia. En diálogo exclusivo con El Extremo Sur, la diputada provincial Mónica Saso -quien formuló el proyecto de ley para incorporar la paridad de Género en el Superior Tribunal de Justicia- aseguró que "la ausencia de las mujeres en un máximo tribunal es la exclusión histórica de las mujeres en los espacios de decisión" y que existe un "patrón cultural que propicia obstáculos sociales que tenemos para participar en espacios públicos". "En la Justicia los números la realidad es alarmante, las mujeres están mayoritariamente en los estratos más bajos, y a medida que subimos a los cargos más relevantes y valorados en su mayoría hay varones", enfatizó.
¿En qué consiste el Proyecto de Ley para la paridad en el STJ?
El proyecto 052/20, que ingresó en el mes de junio a la Legislatura, tiene una doble finalidad. Por un lado, dejar explícito el mandato constitucional y la paridad e igualdad en el acceso a los más altos cargos judiciales. Por otra parte, lo que proponemos es una cláusula transitoria que establece que en esta oportunidad deben proponerse únicamente mujeres. Evaluamos esta medida y estamos convencidas de que tiene que ser así. Se tiene que aplicar una reparación histórica en cuanto a la falta de mujeres en el Superior como medida de acción afirmativa.
¿De qué manera modificaría la ley propuesta la composición del Superior Tribunal de Justicia?
La judicatura incluye 6 miembros y hoy hay dos integrantes (Vivas y Panizzi) tras la renuncia de Donnet. Para completarla, tendrían que proponerse cuatro integrantes más. A eso agreguemos al procurador y al defensor general que no están vacantes. En este sentido de paridad y reparación histórica, consideramos que los cuatro lugares tienen que ser ocupados por mujeres. Es la intención que tenemos desde el sector y desde los colectivos que nos han estado acompañando, desde AMJA (Asociación de Mujeres Jueces de Argentina), que fue también parte de este proyecto. No estamos hablando de paridad en las vacantes, sino en la composición y la integración del Máximo Tribunal, de lo contrario no estaríamos hablando de una igualdad plena.
¿Cómo es, en general, la situación de las mujeres en la Justicia en nuestro país?
Recientemente se difundió un informe sobre la situación de discriminación estructural en el acceso en condiciones de igualdad de las mujeres a los cargos de máxima jerarquía en la Justicia argentina. Fue presentado por la Oficina de la Mujer del Poder Judicial. En la Corte Suprema de la Nación desde 1973 a 2020 solo hubo 3 puestos cubiertos por mujeres. Ministros en los tribunales provinciales: 43% mujeres y 57% hombres. En Chubut, cero mujeres. Una democracia completa es una democracia paritaria en iguales condiciones; sabemos que es compromiso, son decisiones políticas, es acompañamiento de todos los sectores. Hay un trabajo fuerte realizado en torno al proyecto. Estoy agradecida por las campañas que se llevaron a cabo en acompañamiento al proyecto, que es fruto del trabajo colectivo. También exigimos la necesidad de que haya perspectiva de género, que las decisiones judiciales incorporen esa perspectiva. Que el derecho de igualdad se haga efectivo en ese ámbito de la vida de las personas.
¿A pesar de las capacitaciones como las que brinda la Ley Micaela todavía existen operarios judiciales que trabajan sin perspectiva de género?
Ellos tienen un programa muy interesante, obligatorio y permanente en el marco de la Ley Micaela, que realmente fue uno de los que me impulsó a presentarlo en la Cámara para los trabajadores y trabajadoras de la Legislatura. Conformamos una mesa a tal fin, porque me parece importante en todos estos ámbitos trabajar en la Ley Micaela. Considero que falta muchísimo, porque la discriminación a la que han sido históricamente expuestas las mujeres en el acceso a los máximos cargos de los poderes judiciales ignora el artículo 7 de la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer). Hay que revertir esta situación y producir una reparación histórica respecto a los derechos de las mujeres. Necesitamos, queremos y exigimos contar con una Justicia con perspectiva de género y de Derechos Humanos, que sea independiente no sólo por el bien de los chubutenses sino también por el bien de la Argentina. No podemos dejar de entender que la ausencia de las mujeres en un máximo tribunal es la exclusión histórica de las mujeres en los espacios de decisión.
¿Qué avances han logrado en torno a la eliminación de un lenguaje sexista en el ámbito judicial?
Además de la Ley mencionada, también redactamos la Ley del lenguaje no sexista. Creemos que el modo de redacción actual invisibiliza no solo a las mujeres sino al colectivo LGBTQ, tratamos de hablar de personas candidatas, personas propuestas. Esto en concordancia con una multiplicidad de tratados internacionales, normas, convenios, que son de público conocimiento. Necesitamos la presencia de juezas con perspectiva de género en el máximo tribunal porque nos va a permitir avanzar en la defensa de los Derechos Humanos de las mujeres. Vuelvo a hacer hincapié en que nunca ha habido una mujer integrando el Superior Tribunal de Justicia de Chubut. Es necesario que sigamos trabajando, hay leyes que las debemos adecuar con perspectiva de género, una mirada integral de Derechos Humanos y una transversalidad en todas las políticas públicas que se propongan en la actualidad.
Recientemente presentaste un proyecto de presupuesto con perspectiva de género. ¿Cómo podría implementarse esto en la delicada situación financiera de la provincia?
Es doblemente grave la situación que está atravesando la provincia de Chubut. Tenemos una pandemia mundial que nos está atacando fuertemente y por otro lado está el problema de la falta de pago de los salarios de los trabajadores y trabajadoras del sector público. Desde que iniciamos la gestión enviamos numerosos pedidos de informe a los fines de recabar información para poder plantear leyes acordes o proyectos de cualquier índole que apunten al beneficio de todos los chubutenses y principalmente a los sectores más vulnerados. Nos han contestado puntualmente uno, que es un Programa de Fortalecimiento Integral para víctimas de Violencia de Género. Ahí vi que el presupuesto era de 1 millón de pesos para este 2020. Eso nos hizo bastante ruido, por lo que empezamos a trabajar conjuntamente con el equipo económico de Nancy González en un presupuesto con perspectiva de género. Este proyecto lo presenté el 18 de agosto pasado, tuvo giro y también fue presentado a la comisión de Derechos Humanos y Género que presido.
¿En qué consiste la propuesta?
Consiste en las modificaciones a la Ley Provincial de Administración Financiera. Se intenta introducir pautas claras a la hora de elaborar los presupuestos anuales para lograr una distribución más adecuada y equitativa de los recursos públicos. Queremos examinar cómo ese gasto público obstruye o promueve la igualdad de género, y proponemos la herramienta del "gasto etiquetado". Si logramos aprobar ese proyecto no estamos hablando sólo de números en las planillas, sino que este "gasto etiquetado" señalará esas acciones presupuestarias que están destinadas a acortar las brechas de género. Queremos identificar los recursos que el presupuesto asigna a programas y acciones dirigidas a atender las necesidades e intereses específicos de mujeres, niños y niñas y sectores vulnerables. Esta transversalidad de género que proponemos va a incidir directamente en todas las estructuras económicas, en la distribución del gasto público, en cada sistema de recaudación.
¿De qué manera se incluye el tema del trabajo doméstico en este debate?
La modificación de la Ley es un primer paso. En una segunda etapa queremos abarcar la cuestión de los recursos. Respecto a la economía de los cuidados, estamos convencidos de que la política tributaria tiene un impacto directo en los ingresos de los hogares y en la distribución de las tareas al interior de los mismos. Nos hemos reunido por videoconferencia con compañeras, jefas y jefes comunales, intendentes, para promocionar la autonomía económica, fortalecer acciones para erradicar la violencia, facilitar acceso a la salud, a la educación, a una vivienda digna. Y por supuesto a una participación política de las mujeres en igualdad de las mujeres, plena y real. Hay un patrón cultural que insiste en que las mujeres son responsables de las tareas en el ámbito doméstico y los varones relegados al ámbito público.
¿Cómo afecta esto al acceso de las mujeres a los espacios de poder?
Este patrón cultural es de alguna manera responsable en la creación de determinados obstáculos sociales que hoy tenemos para participar en cualquiera de los ámbitos. En la Justicia los números son alarmantes, Hay mayoritariamente mujeres en los estratos más bajos de la Justicia, y a medida que subimos a los cargos más relevantes y valorados, en su mayoría hay varones. Son muchos frentes a los que debemos apuntar. Esto no es solamente una lucha mía y de mi sector político, sino de numerosas mujeres y colectivos comprometidos con lo que estamos proponiendo.
¿Tuviste oportunidad de dialogar con la Ministra de Géneros sobre dicha problemática?
Tuve la oportunidad de estar con ella cuando vino por el tema del Fiscal Rivarola, tuvimos un diálogo y de hecho tiene un diálogo permanente con la Senadora Nacional Nancy González. Estamos trabajando con el Ministerio para concretar acciones y programas con el fin de que la senadora González sea un enlace del sector con la Ministra. Respecto al Gobierno Nacional, sabemos lo que piensa y quiere, y sabe que debe accionar en pos de eso en materia de género. Tenemos muchos vínculos con todos los colectivos tanto feministas como otros, y esa cercanía nos va a favorecer también para distintos armados. Esas capacidades son las que necesitamos como mujeres, ciudadanas y obviamente también como funcionarias. Ser parte de su sector político realmente favorece a la hora de emprender determinadas cuestiones o del armado de proyectos siempre desde Buenos Aires. La senadora tiene un equipo especializado y siempre están abiertas las puertas.
¿Qué visión tenés del lugar que las mujeres ocupan en la política?
Nancy González es autora de la Ley de Violencia Política, un término que tanto costó incorporar. Creo que de a poco lo estamos visibilizando. Es esencial poder ver cuando hablamos de violencia de género de qué tipo de violencia estamos hablando y también cuando es violencia política. A las mujeres muchas veces se las violenta por el solo hecho de ser mujeres. Mucho más todavía si está en la discusión por espacios de poder. En la Legislatura es la primera vez que hay una cámara con paridad de género. Veo un acompañamiento de todo el bloque, creo que hay un cambio y un entendimiento en torno a esta reparación histórica de la exclusión de la mujer en espacios de decisión. Falta muchísimo todavía. Estamos hablando de patriarcado y de patrones culturales que dejan a la mujer en los ámbitos domésticos. Tenemos un trabajo fuerte por delante; tenemos que ir por muchísimo más. Queremos más mujeres en la Justicia y en todos los espacios de decisión; eso es un compromiso que está a la vista.
