La antropóloga Laura Kropff, docente de la Universidad Nacional de Río Negro, aseveró que "hay que cumplir con los derechos reconocidos a los pueblos indígenas que están sancionados en la constitución nacional, en la constitución provincial y en leyes como la 2287", entre ellos, el reconocimiento a la propiedad comunitaria de las tierras que ocupan hoy las comunidades "y si esas tierras no alcanzan para garantizar la vida, la reproducción y su forma de vida, se les debe dar otras tierras aptas y suficientes para su desarrollo humano".
Explicó, en declaraciones realizadas al programa "Acá estamos, palabras andantes" en FM Austral de Viedma, consignadas por APP, que la provincia de Río Negro "no cumple con su propia ley, que es la 2287, que indica que hay que hacer un estudio sobre cómo se constituyeron los títulos de propiedad hoy vigentes en los lugares donde hay comunidades indígenas, para ver si realmente no están viciados de nulidad". "Eso que ordena la Ley Integral del Indígena el estado no lo hizo desde 1987 que es cuando se sancionó, entonces esto genera una tensión estructural que deriva en este tipo de situaciones" como la planteada en Villa Mascardi.
Laura Kropff, docente de la UNRN
Expresó que lejos de cumplir con la ley que está vigente, "es preocupante cuando el gobierno de la provincia plantea reformar la Ley de Tierras" con un criterio "productivista donde la idea es incorporar otras formas de producción que no están ley 279, como la minería, la industria, etc., y el problema fundamental que vemos en este marco es que esta reforma no considera cómo va a brindar tierras aptas a las comunidades indígenas para su desarrollo humano, ni siquiera está jerarquizada la cuestión índigena en esta ley".
Respecto al conflicto puntual planteado en la zona de Villa Mascardi afirmó que "no hay otro camino que el diálogo y en la mesa de diálogo tienen que estar todos".
Kropff recordó precisamente que a partir de la convocatoria que en su momento tuvieron del Ministerio de Seguridad de la Nación y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) terminaron participando de la Mesa Alternativa de Resolución de Conflictos con los Pueblos Originarios, convocada puntualmente para avanzar en el diálogo y evitar el conflicto y la violencia en Villa Mascardi, y en ese marco plantearon "un marco de interpretación distinto con base a nuestras investigaciones" al que presentó la gestión nacional anterior con la ministra Patricia Bullrich. Recordó que el gobierno nacional, con respaldo en su momento de los gobiernos provinciales de Chubut y Río Negro, hablaba de los mapuches de Mascardi como un grupo terrorista, la RAM, con conexiones internacionales, que manejaba armas, etc. "Se construía un enemigo interno y se mostraba como armas por ejemplo un serrucho, con lo cual cualquier poblador de la zona rural era entonces un terrorista", indicó.
"Nosotros sostenemos que lo que hay en la provincia de Río Negro es una conflictividad estructural que tiene que ver con los términos en que se distribuyó la tierra cuando este territorio fue apropiado por el estado nacional; esa apropiación se hizo sobre la base de lo que entendemos fue un genocidio", aludiendo a la llamada Conquista del Desierto, explicó.
Enfatizó que "los mapuches en esa instancia inicial fueron perseguidos por ser lo que eran, se construye esa imagen exótica y bárbara, se la vuelve sentido común y sobre la base de eso se ejerce la violencia abierta".
Indicó que "la asimilación" planteada desde el estado "nunca fue completa porque el racismo perdura como lógica genocida que estructura la sociedad hasta el día de hoy", y sobre esa base se distribuyó la tierra, se definió quién era apto para acceder a la propiedad de la tierra y quién no. Afirmó que "en Río Negro a lo largo del tiempo, durante todo el siglo XX y hasta el día de hoy, si uno estudia los expedientes que nosotros estudiamos, que están en el Archivo Histórico de la provincia de Río Negro en Viedma, puede encontrar que los criterios que fueron tomando los funcionarios estatales fueron siempre privilegiar que la tenencia de la tierra la tengan los hijos de los inmigrantes europeos y sirio-libaneses, y a los paisanos, los mapuches, los indígenas, se les daba siempre un permiso precario de ocupación y nunca se los consideraba aptos para negociar la propiedad de la tierra". "Eso es un proceso que todavía perdura hasta el día, la concentración de la tierra en la zona rural donde se privilegia por ejemplo a los extranjeros, como el caso más conocido de Joseph Lewis, sobre los pobladores tradicionales de esa zona", indicó.
Expresó que esto configura "una conflictividad estructural, porque eso además viene asociado a un montón de violencias físicas, simbólicas, económicas; la gente lo mantiene en la memoria y se transmite de padres a hijos, entonces no es raro que, en esa tensión estructural, que tiene que ver con esto, haya reivindicaciones que sean más tranquilas y otras que no, que van a estar impregnadas de mucha bronca acumulada a lo largo de décadas y generaciones". (APP)
